Por Luis Fernando Cruz / AHORA EL PUEBLO.- El Gobierno boliviano, a través del bufete de abogados Greenberg Traurig, presentó el 29 de julio de 2021, en Florida Estados Unidos (EEUU), la demanda civil para recuperar el dinero robado por Arturo Murillo y Luis Fernando López, confirmó ayer el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.
Explicó que la determinación se asumió después de una minuciosa revisión de los antecedentes para restaurar el daño económico ocasionado por la compra de material bélico no letal con sobreprecio por parte de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, durante el régimen de facto de Jeanine Añez.
“Nosotros ya hemos instalado la demanda civil, se ha presentado a través de nuestros abogados luego de una exhaustiva revisión del caso y vamos a esperar que de acuerdo a los plazos jurisdiccionales de la justicia de Florida se proceda a la notificación procesal respectiva a los demandados”, sostuvo Chávez después de participar en la inauguración del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa.
Entre fines de 2019 e inicios de 2020, Murillo y López compraron gases lacrimógenos con sobreprecio, con un daño económico al Estado de $us 2,3 millones; sin embargo, la demanda civil apunta a que los responsables paguen al menos $us 4,6 millones, porque se robó ese dinero en plena crisis sanitaria del Covid-19.
El exministro de Gobierno, su ex jefe de gabinete Sergio Méndez y tres ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en Estados Unidos entre el 21 y 22 de mayo de 2021, acusados de corrupción y lavado de dinero.
AUDIENCIA
En ese contexto, el Procurador General del Estado reiteró que el Gobierno sigue de cerca el juicio iniciado contra Murillo en Estados Unidos, y dijo que de no existir algún percance, asistirá a la audiencia prevista para el 9 de agosto en Florida.
Aunque, por reporte de la agencia digital Diario Libre USA, la fiscalía estadounidense solicitó un mes más de tiempo para la audiencia del exministro de Gobierno Arturo Murillo, hasta el 8 de septiembre, para presentar los cargos de soborno y conspiración vinculados al lavado de dinero, debido a la “inusual complejidad” de los hechos.
