En esa tónica, el mandatario dijo: “Con López Obrador sentimos que la OEA ha dejado de ser un organismo que sirva para América latina. Nos acabamos de enterar que la universidad de salamanca terminó un trabajo muy exhaustivo sobre las elecciones que no le permitieron ganar a evo morales resolvió que no hubo fraude, muy diferente de lo que dijo la OEA de Almagro”.
Por otra parte, se refirió a la reunión bilateral que mantuvo con su par ecuatoriano, Guillermo Lasso, a la que calificó como “excelente”. Según explicó, en ella hablaron acerca de la necesidad de reconstruir la unidad de América Latina. En paralelo, también dialogó con Iván Duque, presidente de Colombia.
“La pandemia también dejó en evidencia lo que nos cuesta a cada uno ir por su lado y no como bloque”, concluyó Fernández.
Alberto Fernández cruzó al macrismo: “Ellos mintieron y encubrieron lo que pasaba en Bolivia”
EL DESTAPE / Buenos Aires.- Después de que se conozca que la Justicia argentina rechazó un nuevo intento de bloqueo de la investigación sobre el envío de armas a Bolivia que había pedido Mauricio Macri, el mandatario aseguró que el gobierno de Cambiemos sabía lo que ocurría durante el tiempo del Golpe a Evo Morales.
En una charla con C5N, Alberto Fernández indicó que el Gobierno de Mauricio Macri dio “balas de goma a Bolivia para reprimir. Eso fue lo que hicieron, que ahora lo expliquen ellos”. Por otro lado, añadió: “Sabían, mintieron y encubrieron lo que pasó en Bolivia”.
La Justicia volvió a denegar un recurso de apelación presentado por Mauricio Macri para frenar la investigación interna que lleva adelante Gendarmería. La fuerza busca determinar qué fue lo qué pasó con los elementos que fueron enviados a Bolivia en la previa y durante los días en el que se perpetró el golpe de Estado a Evo Morales.
La decisión la tomó el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart, quien denegó el recurso de apelación presentado por la defensa de Macri. El magistrado rechazó la apelación presentada por el abogado de Macri, Pablo Lanusse, tras considerar que la resolución atacada “no resulta ser una decisión de las comprendidas entre las expresamente susceptibles de apelación, además de no causar gravamen irreparable alguno”.Por otro lado, en la misma charla con C5N, Alberto Fernández habló sobre las próximas elecciones y añadió: “Yo creo que ha sido muy importante la forma que hemos acordado el cierre de listo. Nadie impuso nada, nos pusimos de acuerdo. Ganamos todos, y ganamos todos desde el primer día, ponernos de acuerdo y expresarlo. Ha salido muy bien. Fue una prueba de fuego y la pasamos”.
Además, agregó que “lo que tenemos a la vista es la puerta de salida de la Pandemia. La vida que nosotros queremos de ir a ver futbol, de compartir un asado y está ahí nomas, que queremos hacer, que el día después”. Por otro lado, añadió: “Hay dos modelos de país, gobernaron hace dos años, este año de acá a fin de año 5 mil millones de dólares de deuda, no es una deuda que tomaron hace dos años y lo mismos como si no tuvieran nada que ver con esa realidad”.
El juez López Biscayart rechazó la presentación del expresidente
Armas a Bolivia: Macri quiso pero no pudo impedir la declaración de los gendarmes
PAGINA 12 / Buenos Aires.- Mauricio Macri sigue fracasando en su afán de frenar las declaraciones de los gendarmes que viajaron a Bolivia con las municiones que quedaron en manos de las fuerzas que dieron el golpe de Estado contra Evo Morales. El juez Javier López Biscayart rechazó este miércoles una apelación que había presentado la defensa del expresidente y ratificó que la investigación interna que está haciendo la Gendarmería en nada perjudica a Macri o a los otros imputados por el contrabando agravado de material represivo al país vecino.
Macri pretende que la justicia frene una investigación interna que está haciendo la Gendarmería para conocer cómo fue el procedimiento por el cual las 70.000 balas antitumulto 12/70 que la exministra Patricia Bullrich había comprado para la cumbre del G20 salieron del país en noviembre de 2019 y terminaron en manos de la Fuerza Aérea Boliviana y de la policía del Estado Plurinacional. El juez López Biscayart ya le dijo que no iba a hacerlo el lunes, pero su abogado, Pablo Lanusse, apeló y el magistrado volvió a cerrarle la puerta a la intentona de Macri de frenar un procedimiento que puede aportar información trascendente a la causa.
López Biscayart le respondió que su decisión no era materia apelable y que no le causaba un gravamen irreparable, como sostuvo el exfiscal Lanusse, que asesora a Macri tanto en esta causa como en la del hostigamiento a los dueños del Grupo Indalo y en los expedientes sobre el espionaje ilegal durante su gobierno. El juez le recordó que los principios constitucionales y convencionales rigen tanto para las investigaciones penales como las administrativas. “Sin que de ellas pueda derivarse una facultad del Poder Judicial de inmiscuirse en las propias de otro poder del Estado”, resaltó el magistrado.
“Además, lo decidido no veda la posibilidad de las partes de exigir el cumplimiento de esos postulados en el marco de la actividad administrativa ni su eventual posterior control en sede judicial, en caso de corresponder”, agregó López Biscayart en la resolución a la que tuvo acceso este diario.
El sumario de la Gendarmería está a cargo de un instructor de esa fuerza que deberá recoger el testimonio de los tres contingentes de efectivos que estuvieron en Bolivia entre noviembre de 2019 y junio de 2020 con el objetivo de custodiar la embajada y la residencia del embajador. Se trata de una treintena de declaraciones.
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dispuso el pase a disponibilidad de cuatro altos cargos de la Gendarmería mientras se sustancia el sumario: el exjefe del grupo Alacrán Fabián Salas, el exjefe de Logística Rubén Carlos Yavorski, el exjefe de Operaciones Carlos Miguel Recalde y el exagregado en Bolivia Adolfo Caliba. Todos menos Salas fueron imputados en la causa por el fiscal Claudio Navas Rial, que también acusó al excomandante general de la Gendarmería Gerardo Otero.
Hasta ahora las responsabilidades de los gendarmes aparecen bastante delimitadas en el expediente en el que también están imputados Macri, Bullrich, el exembajador en Bolivia Normando Álvarez García y el exministro de Defensa Oscar Aguad en la plana política:
- Yavorski fue quien gestionó en noviembre de 2019 la salida de las 70.000 balas de goma que habrían terminado en manos de las fuerzas bolivianas. Ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) fue él quien justificó que la Gendarmería pidiera inicialmente sacar 3600 balas y, al día siguiente, pidiera llevar 70.000.
- Caliba fue quien recibió al contingente de gendarmes con las armas en el aeropuerto de El Alto el 13 de noviembre de 2019. Un informe confeccionado por el agregado naval Miguel Alonso lo situó como quien se hizo cargo de todo lo que sucedió tras la llegada del Hércules argentino.
- Otero era el jefe máximo de la Gendarmería y el 17 de noviembre de 2019 recibió un parte de Caliba, quien le comunicaba que había estado reunido con la policía del golpe y que le había pedido materiales químicos. La hipótesis del gobierno, a la que abonó el fiscal Navas Rial, es que la comunicación fue para darle una “cobertura” a la entrega de las municiones que se habría efectuado cuatro días antes. Tanto la carta de la Fuerza Aérea de Bolivia, en la que agradeció la recepción de 40.000 balas, como un inventario de la Policía de Bolivia están fechadas el 13 de noviembre de 2019, es decir, el mismo día en que llegaron los gendarmes con las armas.
- Recalde informó el 15 de julio del año pasado que los gendarmes habían agotado la totalidad de los 70.000 cartuchos en ejercicios y entrenamientos en La Paz.
El juez López Biscayart recibió el lunes un avance del sumario de la Gendarmería. La investigación administrativa tiene sus plazos para que los gendarmes puedan defenderse. Por el accionar que viene desplegando en la causa, es claro que Macri está preocupado por lo que puedan declarar. En la reunión a la que convocó Bullrich, revelada por el diario La Nación, ninguno de los efectivos fueron invitados. Ni siquiera fue de la partida Otero, que fue quien despidió a la entonces ministra con un sable de regalo que evocaba la frase de que no iba a “tirar un gendarme por la ventana” en plena investigación por la desaparición de Santiago Maldonado.
Las definiciones de la causa
En los tribunales en lo penal económico hay tres causas por el contrabando de armas a Bolivia. La que presentó el gobierno –a través de Frederic, el ministro de Justicia Martín Soria y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont– está en manos de López Biscayart. Ese expediente fue el único que estuvo activo durante la feria y tiene, por el momento, ocho imputados.
Este miércoles, López Biscayart aceptó hacerse cargo de un expediente que estaba en manos de su colega Rafael Caputo, según informaron fuentes judiciales. Queda pendiente saber si se unifica la denuncia del gobierno con la que había presentado el excamarista Eduardo Freiler. El fiscal Navas Rial pidió la unificación de los dos expedientes. La denuncia de Freiler ingresó antes, pero claramente la causa que mayores avances tuvo fue la que dirige López Biscayart.
El juez ya acumuló un importante cantidad de pruebas. A priori los documentos aportados por el gobierno muestran que las municiones salieron y que no fueron declaradas en el manifiesto de carga, lo que es fundamental para probar el delito que se investiga: el contrabando. En ese sentido, en el juzgado y en la fiscalía seguían esperando documentación desde Bolivia, que debe llegar a través de la Cancillería, y después se deberá definir si se avanza con las indagatorias. Otra definición que puede surgir del análisis de esa prueba es si se amplía el conjunto de imputados a integrantes de las fuerzas o a otros exfuncionarios macristas que también fueron denunciados por el gobierno.
https://www.pagina12.com.ar/357907-armas-a-bolivia-macri-quiso-pero-no-pudo-impedir-la-declarac
Golpe de Estado y masacres en Sacaba y Senkata: los motivos por los que ya fueron detenidos 17 militares, policías y civiles bolivianos
La Justicia boliviana aceleró las detenciones de los principales implicados en el golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales y las masacres de las ciudades de Sacaba y Senkata ocurridas en noviembre de 2019 y por las que hasta ahora ya fueron capturados 13 militares, un expolicía y tres civiles encabezados por la expresidenta de facto Jeanine Áñez, aunque se prevé que en las próximas semanas seguirán los arrestos.
Solamente en los últimos seis días fueron aprehendidos el excomandante del Ejército, Iván Inchauste; el exjefe del Estado Mayor Pablo Arturo Guerra Camacho; el excomandante general de la Armada, Orlando Mejía; el excoronel del Ejército, Luis Alberto Pacheco y el exmiembro de un grupo de élite de las Fuerzas Armadas, Franz Vargas.
Las detenciones comenzaron el 11 de noviembre del año pasado, apenas tres días después de que la asunción de Luis Arce como presidente democráticamente electo pusiera fin al régimen de Áñez.
Ese día fue capturado el excomandante de la guarnición militar de Cochabamba, Alfredo Cuéllar. Después vinieron los arrestos del militar retirado Luis Fernando Valverde; el excomandante de la División Mecanizada del Ejército, Franko Suárez; el excoronel del Ejército, Julio César Tamayo; el exjefe del Estado Mayor, Flavio Arce San Martín, y los excomandantes Jorge Pastor Mendieta, Jorge Gonzalo Terceros y Gonzalo Jarjuri.
A estos 13 militares se les suma el excomandante de la Policía en Cochabamba, Jaime Zurita, mientras que en la lista de imputados civiles, además de Áñez, están sus exministros de Energía, Rodrigo Guzmán, y Justicia, Álvaro Coimbra, exministro de Justicia.
La expresidenta de facto, sus dos exministros y cuatro militares de alto rango están acusados de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, mientras que otros nueve imputados enfrentan cargos por homicidios y lesiones: cinco de ellos por la masacre de Senkata y cuatro por la de Sacaba.
El coronel Luis Alberto Pacheco, en tanto, tiene que rendir cuentas por una muerte ocurrida durante una represión en la ciudad de Betanzos. En todos los casos, se trata de causas por violaciones a los derechos humanos.
¿Qué pasó?
La violencia política que padeció Bolivia a fines de 2019, después de las elecciones presidenciales de octubre, tuvo uno de sus puntos culminantes el 10 de noviembre, cuando Morales fue forzado a renunciar ante el acoso y las amenazas de militares y fuerzas de Seguridad.
Un par de días más tarde, Áñez se autoproclamó como presidenta, lo que detonó violentos ataques a la protesta social en todo el país, en particular en contra de los militantes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) que realizaban marchas multitudinarias para denunciar y repudiar el golpe.
Una de las represiones más graves ocurrió el 15 de noviembre en Sacaba, una ciudad ubicada en el departamento de Cochabamba, en donde fueron asesinados Omar Calle, César Sipe, Juan López, Emilio Colque, Lucas Sánchez, Plácido Rojas Delgadillo, Armando Carvallo Escobar, Marco Vargas Martínez y Roberto Sejas.
Cuatro días más tarde se llevó a cabo la masacre de Senkata, una localidad de El Alto, en la que murieron Devi Posto Cusi, Pedro Quisberth Mamani, Edwin Jamachi Paniagua, José Colque Patty, Juan José Tenorio Mamani, Antonio Ronald Quispe, Clemente Mamani Santander, Rudy Cristian Vásquez Condori y Calixto Huanacu Aguilar.
En un informe preeliminar publicado en diciembre de 2019, la CIDH denunció que, de acuerdo con los testimonios obtenidos, en ambos casos policías y militares dispararon con armas de fuego a los manifestantes desarmados, además de que los rociaron con gases lacrimógenos y también los golpearon y torturaron.
A la espera del informe
Las masacres de Sacaba y Senkata dejaron un saldo conjunto de por lo menos 18 muertos y cientos de heridos, pero la propia CIDH reconoció en ese momento que había fuertes sospechas de que la lista de víctimas en realidad fuera mayor.
A nivel nacional, reportó que, en total, en las protestas realizadas en esos días habían sido asesinadas 37 personas.
Las investigaciones sobre estos hechos tomaron un sorpresivo rumbo a principios de julio, cuando el Gobierno boliviano denunció que el expresidente Mauricio Macri había apoyado con armamento a Áñez. Una de las principales líneas de investigación es que el material se usó en las represiones.
En 2019, la CIDH recomendó la conformación de un Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), para que investigara las denuncias. Este equipo se constituyó en noviembre, con Arce ya como presidente, y el sábado pasado entregó sus conclusiones al Gobierno, el cual las hará públicas a principios de agosto.
La expectativa es que el documento de la CIDH demuestre que se cometieron violaciones a los derechos humanos y que se ayude a iniciar un proceso de reparación hacia las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, a partir de los juicios y condenas en contra de los responsables.
Cecilia González
https://actualidad.rt.com/actualidad/399048-golpe-masacres-senkata-motivos-militares-bolivia
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