Diario AHORA EL PUEBLO / La Paz.- El golpe de Estado del 12 de noviembre de 2019 no sólo fue gestado por políticos de oposición, líderes cívicos y activistas bolivianos, sino que el gobierno de facto de Jeanine Añez tuvo un importante apoyo externo, como de los expresidentes Mauricio Macri, de Argentina, y Lenín Moreno, de Ecuador, quienes colaboraron enviando material antidisturbios, proyectiles y armas de fuego para reprimir a la gente que aún se movilizaba en apoyo a Evo Morales.
El 14 de noviembre de ese año, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno autorizó el envío a la administración de Añez de 5.500 granadas y 2.949 proyectiles para reprimir a los manifestantes y, según el detalle, ese material consistió en 5.000 granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm.
Ésta no fue la única partida de material antidisturbios y bélico desde el exterior, sino que días antes había llegado a Bolivia un importante cargamento desde Argentina.
COLABORACIÓN ARGENTINA
El 8 de julio, el canciller Rogelio Mayta denunció, con pruebas, que “el gobierno de Mauricio Macri también aportó con equipamiento para que se pueda reprimir la protesta social y consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional”.
El jefe de la diplomacia boliviana mostró una carta de agradecimiento fechada el 13 de noviembre de 2019, ni siquiera 24 horas después que Jeanine Añez se autoproclamó presidenta.
Dicha misiva fue enviada por el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) general Gonzalo Terceros al embajador argentino en Bolivia Normando Álvarez.
“Tengo a bien dirigirme a su distinguida persona a objeto de agradecerle por la colaboración prestada a esta institución armada, en el marco del apoyo internacional entre nuestros países, debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”, dice parte de la nota.
Agrega: “Me permito comunicarle que se recibió el siguiente material bélico de agentes químicos: 40.000 cartuchos AT 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, cinco gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC”.
Las investigaciones sobre la llegada de esos insumos develaron que si bien siguió un curso legal con solicitudes a las instancias correspondientes, hubo otro envío irregular del cual no hay documentación de respaldo.
GASES, ARMAS Y GENDARMES
Con la excusa de proteger la Embajada y la residencia de Argentina en La Paz, el 11 de noviembre de 2019, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) autorizó a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) el envío a Bolivia de 10 pistolas semiautomáticas; 2 escopetas de repetición; 5 carabinas automáticas; 2 ametralladoras; 2 fusiles de repetición; 12 chalecos antibalas; 12 cascos balísticos; 2 escudos balísticos; 2 visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3.600 eran calibre 12-70.
Luego de que Añez se autoproclamó presidenta, se solicitó y autorizó ampliar a 70 mil cartuchos antitumultos y aumentar 100 espray de gas pimienta. También se amplió la autorización para el envío de 600 granadas de mano antidisturbios.
Todo ese material fue traído a Bolivia en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Argentina por 11 efectivos del grupo Alacrán, una entidad de operaciones especiales del país vecino sin entrenamiento para ejecutar operativos antidisturbios, sino en el uso de armamento letal.
El arribo de la aeronave fue la madrugada del 13 de noviembre a la terminal aérea militar de la ciudad de El Alto, donde fue recibida por autoridades policiales y militares, aunque se conoció que la administración de Mauricio Macri ya había organizado el envío de los gases, proyectiles y armas de fuego el 7 de noviembre de 2019, tres días antes de consumarse el golpe de Estado.
“El avión con munición y armamento arribó a Bolivia, pero llegaron otras municiones, granadas, proyectiles que no fueron ni solicitados ni autorizados por las autoridades correspondientes de turno”, aclaró el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
RECIBIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
Por órdenes del comandante de la Policía, general Vladimir Calderón, un grupo de policías fue a la terminal aérea militar para recibir a los alacranes y su cargamento, y luego los uniformados extranjeros junto con las cajas que trajeron se trasladaron a la Embajada de su país, fuertemente escoltados por los efectivos nacionales.
Se confirmó que 30 mil de las 70 mil municiones adicionales las entregaron a la Policía Boliviana y el resto a la Fuerza Aérea; sin embargo, al ser un cargamento que ingresó vía contrabando no tenía documentación ni respaldo legal.
Si bien en depósitos de la Policía se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 que llegaron clandestinamente, no se descarta que el resto fue usado por los policías y militares bolivianos, incluso extranjeros; durante las masacres de Senkata y Sacaba, principalmente.
“Hay dos tipos de materiales que ingresaron, uno legal que fue autorizado por el IITCUP, con nota previa en Cancillería para dar seguridad de la Embajada de Argentina y otro con material antidisturbios no autorizado porque no tiene registro formal, ya que no ha seguido procedimientos en la Ley 400. Sólo para la Policía, de manera irregular, ingresaron cerca de 27 mil cartuchos de perdigón de goma, 28 gases aerosol, 19 gases aerosol, 55 granadas CN, 53 granadas de gas H y 19 granadas de gas CS”, agregó Del Castillo.
HALLAZGOS Y EVIDENCIAS
El lunes 19 de julio, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó parte del arsenal enviado por la administración de Mauricio Macri para apoyar el golpe de Estado en 2019.
En depósitos de la Policía Boliviana se hallaron casi 30 mil municiones antidisturbios enviadas en noviembre de 2019, sin documentación ni respaldo.
“Estos efectivos recibieron sin ningún tipo de documentación cajas de municiones, de proyectiles de granadas para la Policía Boliviana. Gran parte también fue entregada a la Fuerza Aérea y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y que vamos a determinar si fue utilizado en las masacres de Sacaba y Senkata”, dijo Del Castillo.
El embajador Ariel Basteiro afirmó que también Estados Unidos colaboró con el régimen de facto.
“En el lote donde estaba gran parte del arsenal había granadas de gases de Estados Unidos. Lo que no se sabe es si estaban antes o llegaron junto con lo que envió Argentina (13 de noviembre de 2019)”, manifestó a Radio del Plata.
A raíz de este hecho, el diplomático agregó que “se inclinaba” a pensar que los gases estadounidenses “ya estaban en el negocio”.
LA PARTICIPACIÓN DE LA CIA
“La CIA contrató la inteligencia argentina para el golpe de Estado. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) sigue operando en nuestra región. Los movimientos sociales deben generar su propia inteligencia para hacer el seguimiento de lo que hace Estados Unidos. La DEA y la CIA viven en permanente pugna. Ambos cumplen un rol de hacer inteligencia y lo hacen a través de algunas ONG y fundaciones. Es la quinta instancia de espionaje, como la Usaid. Con eso hacen inteligencia, entonces esto nos debe crear mayor conciencia de que es necesario que gobiernos progresistas, movimientos sociales deben hacer otra forma de hacer inteligencia sobre cómo actúan los medios y redes sociales para dominar. Lamentablemente, el capitalismo contamina la televisión y la radio con mentiras, groserías y hasta con pornografía para luego decir que es la libertad de expresión. La otra batalla está en los medios de comunicación”, afirmó Evo Morales en entrevista con Página 12.
El sitio Behind Back Doors publicó un listado de espías vinculados a la CIA que tuvieron un papel importante en la ejecución del golpe de Estado.
La estación de la CIA en La Paz estaba a cargo de Rolf Olson y Annette Dorthy Blakeslee, quienes reclutaron al responsable del espionaje argentino AFI José Sánchez, el enlace con los servicios secretos de varios países latinoamericanos. Estaba a cargo de dos estaciones de la AFI en Bolivia: una en La Paz y la otra en el Consulado de Santa Cruz.
Este último fue utilizado para repartir fondos norteamericanos entre los golpistas.
También se mencionó a los generales Williams Kaliman, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, así como a los generales policiales Vladimir Calderón, además de Rómulo Delgado, ambos excomandantes de la institución del orden.
El «uniformado» en la pista de aterrizaje, pieza clave en el envío a Bolivia
El expediente avanza en una dirección que compromete particularmente a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich como responsable de Gendarmería y al expresidente Mauricio Macri en su rol presidencial. Ambos imputados ya designaron abogados defensores
La justicia en lo Penal Económico ya cuenta con un documento que puso nombre y apellido al gendarme que habría estado a cargo de recibir el avión Hércules C-130 que aterrizó en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 en el aeropuerto del Alto (La Paz, Bolivia) con un comando Alacrán de la Gendarmería Nacional y, según se sospecha, con las municiones antitumulto que constituyen ahora el eje de la causa por supuesto contrabando.
El nombre de Adolfo Héctor Caliba, comandante de Gendarmería Nacional, fue aportado al expediente en un documento elaborado por el Ministerio de Defensa que cuenta con la declaración de un capitán de navío que reconstruye con importantes detalles la llegada del Hércules a Bolivia en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales, según pudo reconstruir Télam.
El expediente avanza en una dirección que compromete particularmente a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich por haber sido la autoridad política a cargo de la Gendarmería cuando ocurrieron los hechos y al expresidente Mauricio Macri. Ambos imputados ya designaron abogados defensores para la causa que en principio habían querido tachar de inventada.
El comandante Caliba fue el encargado de coordinar con la Policía de Bolivia todos los movimientos previos y posteriores a la llegada del vuelo: se ocupó de dirigir a una comitiva argentina, escoltada, hasta el aeropuerto y supervisó la carga y descarga del avión que nunca apagó su motor en aquella madrugada; según surge del informe que ya tienen en sus manos el juez Javier López Biscayart y el fiscal Claudio Navas Rial.
Caliba es también quien, el 17 de noviembre de 2019, le envió una nota al entonces director nacional de la Gendarmería, Gerardo Otero, para informar sobre distintas protestas que por esos días se llevaban a cabo en contra del gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez.
En esa nota reconstruyó, además, una reunión convocada por la conducción de la policía boliviana de la que había participado ese mismo día: «El tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock; o bien orientar sobre mecanismos idóneos para una rápida adquisición», señaló.
Quienes siguen el expediente sospechan que Caliba es el «uniformado» al que se refirió días atrás el ministro de Gobierno de Estado Plurinacional de Bolivia, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, quien en una entrevista con el diario Página/12 afirmó que lo tenían extraoficialmente identificado pero que estaban aún buscando grabaciones y documentación oficial.
Del informe elaborado por Defensa que ya está en manos de la Justicia surge también que el vuelo del Hércules C-130 estaba previsto para el mediodía de 12 de noviembre de 2019, pero que finalmente se demoró unas doce horas sin que se especificaran los motivos.
¿La demora tuvo que ver con la decisión se enviar a Bolivia las 70.000 municiones antitumulto y otro material represivo encontrado en ese país además de aquello supuestamente necesario para proteger la Embajada argentina en Bolivia y la residencia del entonces embajador Normando Álvarez García? La pregunta está instalada en el expediente.
El informe reconstruido por esta agencia da cuenta de los documentos que autorizaban el ingreso a Bolivia del comando Alacrán con sus pertrechos, pero en ningún caso deja constancia de la internación en ese país de un cargamento antidisturbios como el que fue encontrado en un galpón de la policía boliviana, y agradecido por la Fuerza Aérea de ese país.
Esta semana, además, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, entregó al presidente Alberto Fernández un primer informe sobre las actividades desarrolladas por los dos agentes destacados en Bolivia durante el gobierno de Cambiemos.
Uno de los agentes permaneció en Santa Cruz de la Sierra durante los días en los que ocurrió el golpe y el otro, ya jubilado, estaba en La Paz y volvió unos dos meses antes de que se consumara.
Fuentes que trataron con el espía apostado entonces en La Paz informaron a Télam que «todos lo conocían» y que, además de las tareas para la cual estaba formalmente habilitado, se habría dedicado a confeccionar perfiles de funcionarios del gobierno de Evo Morales. Es un interrogante qué hizo con esa información porque no toda fue transmitida a Buenos Aires.
Un dato que sí surgió de los relevamientos de la actividad de la inteligencia argentina en Bolivia es que el 4 de noviembre de 2019 el dirigente opositor a Evo Morales, Luis Fernando Camacho, pidió asilo al cónsul argentino en Santa Cruz si fracasaba el golpe de Estado en ciernes al que se refirió como un «insubordinación civil».
Macri envió balas que se compraron para el G-20
Diario AHORA EL PUEBLO / La Paz.- Las 26.900 balas de goma que fueron enviadas por el gobierno de Mauricio Macri en noviembre de 2019 a Bolivia y que luego se encontraron en poder de la Policía Boliviana pertenecen a un lote de 91.750 cartuchos que compró el Ministerio de Seguridad de Argentina en 2018 para la cumbre del G-20, que se desarrolló en el país vecino.
Los balines, que evidentemente no se usaron durante el encuentro que se realizó en Buenos Aires, terminaron exactamente un año después en poder de las fuerzas que derrocaron a Evo Morales, revela el diario argentino Página 12.
Como parte de los preparativos del G-20, que tuvo lugar entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018 en Buenos Aires, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó en junio de ese año un acuerdo bilateral con Fabricaciones Militares —que depende del Ministerio de Defensa— para la provisión consolidada de municiones y disuasivos químicos con destino a las fuerzas policiales y de seguridad.
Se supo —señala Página 12— que las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la del G-20 en la práctica fueron la ocasión para hacer espionaje masivo y para la adquisición de parafernalia bélica.
Todo este hallazgo surge a raíz de una carta que el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros, envió a autoridades argentinas que agradecía la recepción de municiones el 13 de noviembre de 2019 durante el golpe de Estado en el país. Por esta situación se abrieron investigaciones tanto en Bolivia como en Argentina, por lo que Mauricio Macri y varios de sus ministros ya fueron imputados por contrabando agravado.
Desde Zúrich, el expresidente argentino designó como su abogado a Pablo Lanusse, que es quien le cuida las espaldas en las causas vinculadas al espionaje durante su gobierno.
ANTECEDENTE
El 15 de noviembre de 2018, a 15 días de la cumbre, llegó a la Gendarmería una partida de 91.750 balas antitumulto 12/70. Eran parte del lote 8/18 que había producido la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán y distribuido entre las fuerzas de seguridad antes del G-20. Las 26.900 balas halladas en un depósito de la Policía Boliviana pertenecían a ese lote, que no se usaron en Buenos Aires.
Macri y sus colaboradores, en el ojo de la tormenta
Por Romina Montoya /. Diario AHORA EL PUEBLO / La Paz.- La denuncia del 8 de julio del ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, en la que se revela que Argentina envió armas a Bolivia que fueron usadas durante las protestas de 2019, generó revuelo político en ese país y derivó en las disculpas del presidente Alberto Fernández a su par boliviano, Luis Arce Catacora.
La misiva llegó pocos días después de conocerse la denuncia a nivel internacional. “Me dirijo a usted con el dolor y la vergüenza que me causó haber tomado conocimiento, por medio de la publicación de la nota remitida por autoridades militares bolivianas el 15 de noviembre de 2019 al entonces embajador argentino en su país, Normando Álvarez García, de la colaboración del Gobierno del Presidente Mauricio Macri con las fuerzas que perpetuaron el Golpe de Estado contra el Gobierno Constitucional del presidente Evo Morales”, señala la carta firmada por Fernández y publicada por Arce en redes sociales.
DESMENTIDOS
La exministra de Seguridad de Argentina Patricia Bullrich, tratando de cubrir los hechos, intentó negar que el envío del material bélico haya pasado por sus manos.
Otros personajes que trataron de lavarse las manos son el exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez y el propio expresidente Mauricio Macri; sin embargo los casos se fueron destapando poco a poco y los principales actores en mostrar estas mentiras fueron los propios medios argentinos y las actuales autoridades de ese país.
La ahora ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en un diálogo con la televisión boliviana, en fecha 11 de julio, dejó en claro que el material bélico enviado por la Argentina no pudo haber salido sin el conocimiento ni la autorización de Macri y sus allegados.
“Esto realmente parece una organización internacional. Nada de lo que habría salido de la Argentina pudo haber salido sin una decisión presidencial, ya que intervinieron muchas dependencias del Estado nacional para que estas municiones pudieran salir de la Argentina”, aseguró después de calificar el hecho de gravísimo y escandaloso.
Frederic adelantó, en exclusivo al canal televisivo de C5N, que “hay información dentro de la Gendarmería que pudimos identificar en estas últimas 48 horas, que estaría confirmando el envío de estas municiones”, y aclaró que pese a que en un primer momento se habló de “40.000 municiones, figuran 70.000, o sea casi el doble” en una de las notas encontradas
DENUNCIA JUDICIAL
Después de estas nuevas revelaciones que hacía la autoridad argentina y las investigaciones que se hicieron de forma interna, en fecha 12 de julio, el gobierno de Alberto Fernández denunció judicialmente al exmandatario Mauricio Macri y a otros funcionarios de su administración por el envió de material bélico a Bolivia.
La denuncia especifica que “el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional fue encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”, señala el texto.
“La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las Fuerzas Armadas que días antes habían derrocado” a Morales, dice la denuncia judicial.
IMPUTACIÓN PENAL CONTRA MACRI
La denuncia fue recibida por la Unidad Fiscal especializada en la investigación de ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y demás materiales controlados (Ufiarm) de Argentina, que anunció el inicio de una investigación contra Macri y miembros de su gobierno por el presunto contrabando de armamento a Bolivia para reprimir las protestas sociales en 2019.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, informó que “se constató que el avión Hércules C-130, perteneciente a la Fuerza Aérea, en el que se transportó el material bélico, había salido desde El Palomar”. Al mismo tiempo, Rossi precisó que “el material bélico que llegó a Bolivia no tiene ningún soporte legal”.
Rossi añadió que “ningún elemento bélico puede salir de la Argentina sin la autorización del Departamento de Defensa” y que el avión “tenía el objetivo de transportar gendarmes y cargamento que iban a fortalecer la custodia de la Embajada argentina en Bolivia”.
El avión “llevaba un cargamento no identificado que todavía no está la información de qué era, pero sabían que estaban haciendo algo totalmente ilegal porque, sino, lo hubiesen detallado”, agregó el Ministro de Defensa.
NUEVAS REVELACIONES
El programa C5N reveló que el comandante de la Gendarmería argentina Adolfo Héctor Caliba, que estaba en Bolivia, enviaba informes de inteligencia a su país entre octubre y noviembre de 2019.
Además, de acuerdo con una carta difundida ayer, fechada el 17 de noviembre, se comprueba que “evidentemente el Gobierno argentino estaba participando no solamente en el golpe de Estado, sino que estaba muy dispuesto a colaborar con las movidas represivas posteriores al golpe”, como explicó la periodista de ese país, Irina Hauser.
“Uno de los hombres que recibió en Bolivia el armamento, que fue enviado desde la Argentina y contamos que dentro de la ampliación de denuncias que hizo el Gobierno hacía referencia a esta persona y sobre todo a una suerte de declaración o manifestación que había hecho él (Caliba) sobre una reunión que tuvo en Bolivia, donde le pedían específicamente una colaboración de armas antitumulto porque se estaban quedando sin stock”, relató la comunicadora referida a la carta enviada el 17 de noviembre, poco después de la masacre en Sacaba, en Cochabamba.
La misiva fue dirigida a Gerardo José Otero (director general de la Gendarmería) con copia a Fabián Manuel Salas, miembro del comando especial Alacrán. Se reveló que además Caliba reportaba informes de inteligencia, ya que relataba sobre reuniones que sostenían los productores de hoja de la coca y, según da cuenta el reportaje del canal argentino, habría enviado reportes previos al golpe de Estado contra Evo Morales entre octubre y noviembre de 2019.
VIOLENCIA EXTREMA
La coordinadora del área internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, Camila Barreto, dijo que el envío de material antidisturbios de Argentina para el golpe de Estado de 2019 en Bolivia es un hecho “muy grave” y violatorio de los principios sobre la protección de los derechos humanos.
Según Barreto, la provisión de material antidisturbios hizo posible también que se vulnere el principio de resolución de los conflictos por la vía política, porque se usó para la represión de sectores sociales “no contentos por cómo se están encaminando las cosas”.
El Gobierno del vecino país pidió investigar los delitos de “contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación”, expresó.
PÁGINA 12
Bajo el título ‘Las piezas que faltaban en Bolivia’, el periódico Página 12 de Argentina dio a conocer el hallazgo de las municiones enviadas por los exmandatarios Mauricio Macri (Argentina) y Lenín Moreno (Ecuador) luego del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019, las cuales fueron halladas en los depósitos de la Policía Boliviana, pertrechos que fueron mostrados por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Las investigaciones en ese país continúan y los imputados encabezados por Mauricio Macri tendrán que rendir cuentas ante la justicia de ese país sobre este atentado a la vida y la vulneración de normas y acuerdos internacionales.
Grupo Alacrán y el arsenal empleado
Diario AHORA EL PUEBLO / La Paz.-El grupo Alacrán, enviado por Mauricio Macri a Bolivia a finales de 2019 con armas de fuego, material antidisturbios y proyectiles, supuestamente para defender la Embajada y residencia de su país en Bolivia, es un comando de operaciones especiales que no está entrenado ni preparado para operativos antidisturbios.
Fue creado durante la Guerra de las Malvinas (1982). Es una unidad de operaciones especiales bajo el mando de la Gendarmería Nacional Argentina, y sus integrantes utilizan armas de fuego y proyectiles de diversos calibres.
El Ministerio de Seguridad argentino detalló que sólo los grupos destinados para ese tipo de misión son los Destacamentos Móviles Antidisturbios.
“El grupo Alacrán no es la encargada de manejar munición antitumultos, sino que utiliza armamento letal”, detalla parte del informe del Ministerio de Seguridad.
TRAJERON MÁS ARSENAL DEL AUTORIZADO
La ministra de Seguridad de Argentina, Sabina Frederic, afirmó que los 11 gendarmes que llegaron a Bolivia la madrugada del 13 de noviembre trajeron más armamento del autorizado y que la Policía Boliviana permitió su ingreso, en este caso 70 mil cartuchos de material antidisturbios y otros gases de los que no hay documentación.
En la rendición de cuentas del Servicio Administrativo financiero de Gendarmería, del 15 de julio de 2020, se informó que la agrupación Alacrán estuvo en Bolivia desde noviembre de 2019 hasta junio de 2020 y que “para mantener y acrecentar las capacidades realizaron ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”.
“Es decir, que en las supuestas instrucciones se emplearon 70 mil cartuchos calibre 12,70 MM A/T, antidisturbios, lo que no les correspondía. La fuerza Alacrán no tiene por doctrina la capacidad de hacer uso del material antitumulto, por lo que nunca podría haber usado (ese material), ni para instruirse porque no le corresponde por doctrina”, complementó Frederic.
NO USARON LOS 70 MIL CARTUCHOS
Los 11 alacranes no usaron ninguno de los 70.000 cartuchos, como lo afirmó la exministra Patricia Bullrich.
“En dichas instrucciones se emplearon la cantidad de 70 mil cartuchos”, remarcó anteriormente Bullrich; sin embargo, los integrantes del grupo especial la desmintieron.
“Ese vuelo (12 de noviembre) llevó a los alacranes, armamento y municiones. Se llevó 70 mil cartuchos, pero esas cajas tomaron otro camino diferente a ellos porque los efectivos fueron a la Embajada y la residencia para cubrir la seguridad de ambos recintos y no vieron más el cargamento”, informó la ministra Sabina Frederic.
Los 11 uniformados, según sus declaraciones, no usaron ni siquiera las municiones personales.
Se sospecha que los 70.000 cartuchos ingresaron de contrabando a Bolivia para ser repartidos entre policías y militares que los habrían usado durante las masacres.
MAURICIO MACRI Y EL TRÁFICO DE ARMAS
El fiscal argentino Claudio Navas impulsó la investigación contra el expresidente Mauricio Macri y sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa) por el presunto contrabando de armamento a Bolivia.
Las exautoridades ya están imputadas por ese delito y la justicia de Argentina lleva adelante la investigación para determinar las responsabilidades y sanciones.
El protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 2001, detalla el alcance de este delito entre naciones
“Por tráfico ilícito se entenderá la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones desde o a través del territorio de un Estado Parte al de otro Estado Parte si cualquiera de los Estados Partes interesados no lo autoriza conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo o si las armas de fuego no han sido marcadas conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del presente Protocolo”, indica.
INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA Y LA LEY 400
La Fiscalía General del Estado comenzó la investigación para conocer la verdad histórica de los hechos.
La denuncia cursa en contra del general Gonzalo Terceros por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas, tenencia y porte o portación ilícita, y los que resultaren ser presuntos autores y partícipes del hecho.
En este caso también está vinculado el general Vladimir Calderón, excomandante de la Policía Boliviana, por ello ambos podrían ser condenados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto si se comprueba su participación en el delito de tráfico ilícito de armas.
“Lo que han cometido Calderón, Terceros y el exembajador Normando Álvarez es tráfico ilícito de armas y, de acuerdo al artículo 141 (de la Ley 400), está penado con 30 años de cárcel sin derecho a indulto si el tráfico es realizado por personal militar o policial”, detalló el ministro Del Castillo.
Vulneraron los artículos 6, 26, 28 y 29 de la Ley 400, y los artículos 49 y 50 del reglamento de la misma ley.
El periodista argentino Sebastián Moro murió durante el régimen de Añez
Diario AHORA EL PUEBLO / La Paz.-
El periodista argentino Sebastián Moro, editor del semanario Prensa Rural, conductor en radio Comunidad de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y corresponsal del periódico Página 12, perdió la vida durante el régimen de facto de Jeanine Añez con signos de haber sido torturado.
Moro, especialista en cobertura de juicios de lesa humanidad y de derechos humanos, trabajaba en la radio pública de Mendoza, Argentina. El gobierno de Mauricio Macri lo despidió por denunciar presuntas irregularidades y el uso de la fuerza de seguridad hacia movilizados contra su gobierno.
En busca de nuevos desafíos y motivado por el Proceso de Cambio liderado por el presidente Evo Morales, decidió probar suerte a inicios de 2018 en el país, y después de haber peregrinado seis meses fue contratado por la radio Comunidad, donde en corto tiempo asumió como jefe de prensa y editor del semanario Prensa Rural, según relató su hermana Penélope Moro.
CORRESPONSAL
Semanas antes para la elección presidencial del 20 de noviembre de 2019, Sebastián fue contratado como corresponsal por el periódico argentino de corte progresista Página 12 para cobertura previa, los comicios como tal y la etapa postelectoral.
Los reportes enviados daban cuenta de un proceso electoral marcado por un presunto fraude electoral denunciado por los comités cívicos y candidatos de partidos de oposición a través de los medios masivos de comunicación y que no reconocerían un eventual triunfo del binomio Evo Morales – Álvaro García Linera, del Movimiento Al Socialismo (MAS), además de la marcada posición de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre una presunta irregularidad en el conteo de votos del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), lo que motivó una convulsión social que enturbió el proceso electoral y anuló el triunfo del MAS.
“Sebastián comenzó a escribir para Página 12 y también lo hacía en Prensa Rural sobre la violencia ejercida por el Comité Cívico de Luis Fernando Camacho, el candidato (Carlos) Mesa y los que comandaron el golpe de Estado. El rol de las universidades y del empresariado que fue reflejado en 11 crónicas que duran hasta el 9 de noviembre (de 2019), día en que los medios de comunicación, como la Red Patria Nueva, la toma de la Csutcb y de Bolivia TV por paramilitares”, sostuvo.
TORTURA
Penélope Moro contó que hasta el 9 de noviembre la comunicación fue fluida con su hermano, y que después de haber terminado su reporte para Página 12 y de haber ofrecido información a otros medios de comunicación, ya en la noche les dijo que iba a caminar porque estaba acongojado porque era casi un hecho la renuncia del presidente Evo Morales.
“El domingo (10 de noviembre) fue imposible comunicarse con él, enviamos a un amigo a que entrara a su casa por la fuerza, presentíamos que algo había pasado porque estaban amenazados, costó que pudiera ingresar, fue encontrado en estado de semiinconciencia en su casa, se lo internó”, relató Penélope.
“Al otro día llegue a la clínica donde estaba Sebastián, lo encontré en estado de coma, ya no hablé nunca más con mi hermano. Noté los golpes en su cuerpo. Preguntaba a los médicos si tenía relación con los golpes que tenía en el cuerpo, me decían que no necesariamente, otros me decían que son propios de una tortura y que habría sufrido golpes previos y otros no nos querían responder”, precisó.
ABANDONO
Penélope Moro denunció que el exembajador de Argentina en Bolivia Normando Álvarez abandonó a su suerte a su hermano. Dijo que pidió a Álvarez apoyo para la atención de Sebastián, pero no respondió a la solicitud, “sino que se desapareció, pero a través de los medios de comunicación decía que todos los periodistas argentinos estaban a salvo y que no se corría riesgo (…) Él (Álvarez) sabía que mi hermano se estaba muriendo, y lo más grave fue que se nos negó que un avión sanitario trasladara a Sebastián antes de que muriera porque según este embajador no podía aterrizar un avión extranjero debido al conflicto social y político que se estaba viviendo”.
PRUEBAS
Además dijo que cuando su hermano murió, desde la Embajada se aceleraron los trámites para una cremación exprés, con lo cual la investigación de las causas del deceso se enturbiaron, se ocultaron las pruebas de tortura.
“Una vez que Sebastián muere, consultamos qué hacer con su cuerpo porque muere en un país al que no pertenecía, estábamos consternadas y desde la Embajada nos dan como opción la cremación o dejar a mi hermano enterrado en un cementerio público de Bolivia. (…) Ante esa opción lo que nuestras abogadas nos sugieren es que hagamos la cremación, pero con ello se salvan porque ocultan pruebas de tortura al cuerpo de mi hermano, porque el cuerpo hablaría, diría qué pasó con él esa noche entre el 9 y 10 de noviembre (…) También estamos pidiendo a Bolivia que contribuya con esta causa (…) La muerte de Sebastián debe estar enmarcada en el resto de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron contra los hermanos de Sacaba, Senkata, Pedregal”, denunció.
EL EMBAJADOR ÁLVAREZ LE NEGÓ ASILO A FABIÁN RESTIVO
El fotógrafo y periodista argentino Fabián Restivo, en declaraciones a El Destape Radio, negó que el entonces embajador de Argentina Normando Álvarez le salvó la vida, porque se vio obligado a refugiarse en la Embajada de España hasta que salió clandestinamente a Perú por la frontera del Desaguadero.
“Yo terminé exiliado en la Embajada de España porque en principio la Embajada Argentina me fue negada (…) A mí me mandó a buscar (Arturo) Murillo. Un conocido opositor que estuvo en la reunión con Murillo me llama y me dijo que me hicieran mierda y cortó, ni siquiera me dio tiempo para agradecerle (…) Yo llamé a la Embajada Argentina y Normando Álvarez García me negó la protección”, sostuvo.
El periodista argentino Facundo Morales cayó herido por impacto de bala en Sacaba durante el régimen de facto de Jeanine Añez. El Ministerio Público instruyó su detención preventiva en un centro médico mientras era tratado por la herida y problemas renales. Fue liberado en noviembre de 2020.
CAMACHO PIDIÓ ASILO EN LA EMBAJADA ARGENTINA POR SI FALLABA EL GOLPE DE ESTADO
El expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el 4 de noviembre de 2019 solicitó asilo a las embajadas de Argentina y de España si fracasaba el golpe de Estado, confirmó el vicepresidente del Parlamento del Sur (Parlasur), Oscar Laborde.
En entrevista con radio Panamericana, dijo que por un cable del cónsul general de Argentina en Santa Cruz, Roberto Carlos Dupuy, se confirma que Camacho, ahora gobernador electo por el departamento de Santa Cruz, en una reunión junto al Cónsul de España pidió asilo preventivo si no prosperaba el golpe de Estado contra Evo Morales con apoyo de las Fuerzas Armadas (FFAA).
“Hay pruebas, porque hay un cable de Roberto Dupuy, que es el Cónsul argentino en Santa Cruz, donde dice que el 4 de noviembre (de 2019) se entrevistó con (Luis Fernando) Camacho, y el 4 de noviembre le dijo a él y al Cónsul de España que efectivamente las Fuerzas Armadas estaban decididas a pedir, a exigir la renuncia de Evo Morales y que él pedía asilo preventivo si la cosa fallara, (eso pasó) una semana antes”, sostuvo.
En ese contexto, y con información sólida, Laborde dijo que el Parlasur inició una investigación sobre qué países habrían sido parte de la ruptura del orden institucional contra el Gobierno legítimo de Bolivia, aparte de Ecuador y de Argentina. Explicó que existe el dato de que en septiembre de 2019, dos meses antes del golpe de Estado, Ivanka Trump, hija del que fuera presidente de Estados Unidos, estuvo en Jujuy, provincia limítrofe con Bolivia con una comitiva de alto nivel, así como la reciente información de la presencia de gases lacrimógenos con el sello Made in USA utilizados en la represión social de noviembre de 2019 en Bolivia.
“Todo eso nos hace pensar que es mucho más grande el problema, porque cualquier ayuda a reprimir o a interrumpir la democracia es un problema para todos, no sólo porque se veía hace unos días, sino por lo que va apareciendo hasta ahora (…) Creemos que dentro de 15 días la cosa va a estar mucho más fundamentada y que es más grave de lo que parece hoy”, advirtió el Vicepresidente del Parlasur.
El presidente del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Óscar Laborde, confirmó que en ese cuerpo se creará un comité de investigación para colaborar con las indagaciones que se llevan a cabo sobre el golpe de Estado que en noviembre de 2019 derrocó a Evo Morales en Bolivia. “Junto con la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur vamos a conformar una comisión en la que analizaremos la información que tenemos sobre las maniobras que antecedieron al golpe de 10 de noviembre de 2019 y todo lo que sucedió después”, señaló en declaraciones a Télam.
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