Documento revela que ministra de Seguridad de Macri ordenó a Gendarmería colaborar con la dictadura boliviana

Por Franco Mizrahi y Ari Lijalad / EL DESTAPE / Buenos Aires.- El golpe cívico militar que derrocó a Evo Morales fue el 10 de noviembre de 2019. Las armas argentinas que envió el gobierno de Mauricio Macri llegaron a Bolivia el 13. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, las recibió el comandante Héctor Adolfo Caliba, agregado de la Gendarmería en la embajada argentina. El 17, Caliba se reunió con la conducción de la Policía Boliviana, pieza clave del golpe.

En esa reunión los policías bolivianos pidieron armamento represivo. Caliba dejó por escrito que cooperó con ese objetivo “conforme orientación de la superioridad institucional”. Eso significa que Patricia Bullrich, por entonces ministra de Seguridad, ordenó colaborar con la dictadura boliviana.

Esa frase, “conforme orientación de la superioridad institucional”, figura en una nota que el comandante Caliba le envió a Gerardo José Otero, Director Nacional de Gendarmería. El documento forma parte de la ampliación de la denuncia contra Macri, Bullrich, Oscar Aguad y otros ex funcionarios que realizó el actual Gobierno argentino, según pudo saber El Destape. Y es parte de las pruebas que complican a Bullrich.

La nota está fechada el 17 de noviembre de 2019, a una semana del golpe de Estado. El gendarme Caliba informó: “En el día de la fecha, suscripto participó de una reunión convocada por la nueva conducción de la Policía Boliviana; a la misma asistieron la totalidad de los agregados policiales. El motivo de la convocatoria fue planteado por el nuevo Subcomandante General y Jefe de Estado Mayor Policial Cnl. DESP. Claudio Zenobio Espinoza Luna”.

Luego detalló que “el tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock; o bien orientar sobre mecanismos idóneos para una rápida adquisición”. O sea, la Policía golpista les pedía ayuda para conseguir material represivo.

El siguiente párrafo del gendarme Caliba es clave: “Conforme orientación de la superioridad Institucional, esta instancia, dio a conocer que Gendarmería se encuentra en una etapa de gestión de adquisición de dichos elementos; asimismo se orientó que dicho pedido se plantee al Ministerio de Seguridad con intervención de la Embajada Argentina en Bolivia”. Estas lineas revelan que:

– Existía una “orientación de la superioridad institucional” para colaborar con la dictadura, lineamiento que solo puede emanar de Bullrich.

– Que Caliba informó a los golpistas que la Gendarmería argentina estaba en “etapa de gestión de adquisición” de esas armas.

– Que el mismo gendarme recomendó que hicieran el pedido de armas a Bullrich a través de la Embajada Argentina en Bolivia.

Para el Gobierno argentino, según plasmaron en la ampliación de la denuncia por contrabando agravado de armas, esta nota “se trata de la primera documentación oficial en donde se plasma la intención de la Policía Boliviana de obtener material represivo por parte de fuerzas armadas o de seguridad de otros países; y, también, el primer documento que evidencia la voluntad de Gendarmería Nacional y del Ministerio de Seguridad Argentino de dar soporte armamentístico a las fuerzas sediciosas. No resulta menor que una maniobra de este tipo, a todas luces ilegal y, por lo tanto, deliberadamente oculta, haya sido registrada en un registro oficial; desbaratando definitivamente las tesis conspirativas de algunos de los imputados”.

La nota integra los “Informes sobre la situación social en Bolivia” que durante octubre y noviembre de 2019 Caliba remitía a Otero. Para los denunciantes, incluso, puede tener un intento “desincriminatorio por parte de uno de los partícipes de la maniobra de contrabando” ya que la envió cuatro días después del reparto de armas argentinas a los golpistas.

El armamento llegó a territorio boliviano en la madrugada del 13 de noviembre de 2019, de forma ilegal. Todo indica que allí se repartió a la Fuerza Aérea y a la Policía de Bolivia. Ese día, el Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros Lara –hoy detenido-, envió una nota de agradecimiento por las armas a quien era el embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García. La carta se dejó en sobre cerrado en la Misión Naval Argentina (entonces a cargo del capitán Miguel Ángel Alonso) y luego de allí se llevó a la embajada, donde se archivó el 15 de noviembre. Dos días después, Caliba menciona a Otero la reunión y el pedido de la Policía local. En su escrito, Terceros Lara había enumerado la munición recibida y agradecido “la colaboración prestada a esta institución armada, en el marco del apoyo internacional entre nuestros países, debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”.

El rol de Caliba

Héctor Adolfo Caliba era agregado de la Gendarmería en la embajada argentina en Bolivia y fue pasado a disponibilidad por la ministra de Seguridad Sabina Frederic en el marco de la investigación interna por el envío de armas del gobierno de Macri a los golpistas.
El nombre de Caliba apareció por primera vez plasmado como responsable del desembarco de las armas en la ampliación de denuncia que hizo el gobierno nacional este miércoles.

Además de la nota dirigida a Otero, un informe del 16 de julio elaborado por el Agregado y Jefe de Misión, durante el año 2019, de la Agregaduría de Defensa y Naval a la Embajada Argentina en Bolivia, el capitán Miguel Ángel Alonso, ubica a Caliba como el responsable de la recepción del armamento.

Según Alonso, en horas de la madrugada del 13 de noviembre de 2019, se encontraban presentes en el aeropuerto de La Paz el embajador Álvarez García, secretarios y el comandante Caliba, además de personal de la Embajada y familiares de diplomáticos “que serían evacuados”.

Cuando aterriza el Hércules C-130, “el mismo quedó durante todo el tiempo con los motores en marcha”, señaló Alonso. “Finalizado el desembarco del personal y equipamiento de la Gendarmería Nacional Argentina a cargo del Comandante (GN) Adolfo CALIBA, procedí a acompañar a los familiares (de diplomáticos) para su embarque” en el mismo avión en el que vino el escuadrón Alacrán, añadió el capitán.

Alonso dijo que estuvo con el embajador y secretarios y que tras la partida del avión subió a un «minimicro» con ellos. Aseguró: “En ningún momento tomé intervención en la recepción del personal de Gendarmería (Grupo Alacrán) ni el material ingresado. Dicha maniobra se encontraba a cargo del Comandante de Gendarmería acreditado en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia”, es decir, el Comandante de la Gendarmería Adolfo Caliba.

¿Esto implica que Alonso no sabía del envío? El interrogante aún no fue revelado. Sin ir más lejos, tal como publicó este medio, dos semanas después del reparto de armas, se realizó la despedida de Alonso de la agregaduría militar de la embajada argentina en Bolivia y hubo un agasajo del que participaron el Alto Mando militar golpista y el ministro de Defensa del gobierno de facto, Fernando López Julio, quien tomó la palabra en el encuentro. El evento se hizo en la sede diplomática argentina el 29 de noviembre de 2019 y también estuvieron además del embajador Álvarez García, militares de Estados Unidos, Brasil y Ecuador (que también envió armas a Bolivia para apoyar el derrocamiento de Evo Morales), entre otros.
Esto no es todo. Según pudo saber este medio, en Bolivia también surgió el nombre de Caliba en las investigaciones internas que hay en curso.

La Aduana se presenta como querellante

Otra de las novedades del caso es que la Dirección General de Aduanas (DGA) que depende de la AFIP se constituyó este jueves como querellante en la causa en que se investiga el contrabando agravado de armas a Bolivia, en el fuero Penal Económico.

Desde la AFIP informaron a El Destape que la DGA respondió los requerimientos realizados por el magistrado Javier López Bizcayart y que no se encontraron filmaciones de la carga del avión Hércules C-130 en el aeropuerto de El Palomar realizada el 12 de noviembre de 2019.

https://www.eldestapeweb.com/politica/envio-de-armas-a-bolivia/bullrich-ordeno-a-gendarmeria-colaborar-con-la-dictadura-boliviana-20217235043?

Se falseó embarque de munición en Aduana

Ámbito lo había adelantado: existían incongruencias en los documentos de Aduana, durante la gestión de Mauricio Macri respecto a la verificación del embarque que partió de El Palomar en el Hércules C-130 con la misión a Bolivia y donde cargaron un arsenal de municiones “extra” que no tenían como destino la protección de la Embajada argentina, sino que terminaron en manos de la Fuerza Aérea y de la Policía boliviana. Ahora, este diario publica, en exclusiva, la Factura Proforma 11/19 de Gendarmería con la revisión aduanera del material que se subía al avión y donde se detalla “a mano” que 61 granadas de Gas CN, 160 granadas de Gas CS y 360 granadas de Gas HC figuran con una “X” con la referencia “No embarcado”.

Esta pieza documental firmada por el verificador Cesar Martínez resulta clave por dos motivos: el primero es que todo lo que figura como no embarcado, efectivamente fue trasladado en el vuelo que partió el 12 de noviembre de 2019 a las 23.20 ya que apareció entre los pertrechos hallados en un depósito de la policía boliviana; y el segundo es que lo que figura “salvado” a mano era todo lo que la Agencia Nacional de Material Controlado (ANMAC) no había autorizado para su salida del país.

Ambas cuestiones resultan determinantes para confirmar el delito que se investiga en la Justicia por contrabando agravado. Al no estar autorizadas, no podían ser embarcadas de manera legal. Esa “inconsistencia” no aparece en el sistema informático de asiento de Aduanas, que supuestamente se carga 48 horas después de la verificación completada in situ. ¿Fue un intento de salvar la ausencia de autorización legal para incluirlas en la “exportación temporaria” que habían acordado entre Gendarmería y la Aduana bajo la gestión de Diego Dávila?

Ante este escenario, y como corresponde al delito investigado, ayer la actual titular de Aduana, Silvia Traverso se presentó como querellante por ese organismo ante el juzgado de Javier López Biscayart. Anunciaron que aportarán su expertise a la investigación que también incluye al fiscal Claudio Navas Rial. Además, ya se aportó la documentación, entre las que se encuentra el publicado por Ámbito. Solamente con lo que se revela en esta Factura aduanera que se publica, alcanza para comprobar el tipo penal de contrabando de elementos bélicos y material controlado.

Quizás otro elemento contenido en este documento, termina por graficar el grado de compromiso transversal que involucró a Defensa, Seguridad, Gendarmería, la ANMAC y la Aduana. En el ítem 18 del listado verificado y bajo la descripción “cartuchos 12,70 MM A/T” figura la cantidad de “71.350” por un valor total -en términos de tributos aduaneros- de u$s8.562. Eso confirma que el arsenal fue cargado en el Hércules C-130 adicionando los 70 mil cartuchos a los 1.350 que acompañaban al Grupo Alacrán. Entre ellos, 40 mil fueron agradecidos por carta por la Fuerza Aérea de Bolivia y casi 30 mil fueron encontrados en el depósito policial en La Paz. Se presume que ese fue el destino original del material bélico.

La Factura de Gendarmería -que consigna el valor FOB, específico para la “exportación” en términos tributarios- asentó que el valor total era de u$s39.645,15.

https://www.ambito.com/politica/aduana/se-falseo-embarque-municion-n5230453