Por Felipe Yapur y Luciana Bertoia / PAGINA 12/ Buenos Aires.- El gobierno nacional amplió la denuncia contra Mauricio Macri por el envío de municiones a Bolivia para apoyar el golpe contra Evo Morales. En la presentación ante el juez Javier López Biscayart, se hace foco en el comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, que habría estado a cargo de la maniobra de recepción del armamento y que, según figura en registros oficiales, mantenía comunicación con la policía de la dictadura de Jeanine Áñez y transmitía sus pedidos de conseguir material represivo.
La información sobre Caliba surge un día después de que el ministro de Gobierno boliviano, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, le dijera a Página/12 que ya tenían identificado al uniformado que había coordinado la entrega del material bélico.
Caliba era el enlace de la Gendarmería en Bolivia y quedó en el centro de la investigación a raíz de nuevos elementos que aparecieron en los últimos días. Por el momento, no es uno de los denunciados como sí lo están otros integrantes de esa fuerza, como su excomandante Gerardo Otero, el exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski y el exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde. Los tres gendarmes fueron imputados el viernes pasado por el fiscal Claudio Navas Rial junto con Macri, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el exembajador Normando Álvarez García, entre otros.
La prueba que pone en una situación delicada a Caliba es la siguiente, según pudo reconstruir este diario:
- El viernes pasado, declaró el exagregado y jefe de la misión militar en Bolivia ante las autoridades del Ministerio de Defensa. Esta persona dijo que estuvo el 13 de noviembre de 2019 en el aeropuerto de El Alto esperando el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. Con él estaba el entonces embajador Normando Álvarez García, dos secretarios de la representación diplomática, personal de la embajada y los familiares que iban a ser evacuados en ese vuelo de regreso. Añadió que fue Caliba quien estuvo a cargo del desembarco del personal y el equipamiento de la Gendarmería, mientras que él, junto con el embajador Álvarez García, acompañaron a los familiares para su embarque. Cuando Caliba dijo que estaban listos, todos subieron a un minimicro. El relato le da a Caliba una voz de mando sobre el material y los gendarmes, mientras que el agregado militar se muestra como parte de la comitiva.
- El enlace de la Gendarmería remitió informes periódicos entre octubre y noviembre a Otero sobre la situación social en Bolivia.
- El 17 de noviembre de 2019, Caliba le envió una nota a Otero en la que decía que ese día había participado de una reunión convocada por la “nueva conducción” de la Policía de Bolivia –léase la Policía de la dictadura de Áñez–. Ese encuentro fue coordinado por el subcomandante de la fuerza Claudio Zenobio Espinoza Luna. Allí, explicó Caliba, el tema a tratar fue la “posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón (de) que se les está acabando su stock”. Según él le informó a su superior, dijo en la reunión que la Gendarmería estaba en tratativas de adquirir el material y le sugirió orientar el pedido hacia el Ministerio de Seguridad –de Bullrich– a través de la embajada.
Para el gobierno nacional, Caliba buscó encubrir la entrega del material represivo que ya se había realizado cuatro días antes, cuando el Hércules argentino rozó suelo boliviano. Hay elementos para sostener esa hipótesis. La carta que se encontró en la embajada argentina firmada por el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros Lara está fechada el 13 de noviembre de 2019. Allí Terceros Lara agradeció la entrega de 40.000 balas antitumulto. El ministro Del Castillo también le dijo a Página/12 que se había encontrado un inventario hecho por mayores de la Policía de Bolivia en el que se detalla que la fuerza había recibido 26.900 balas de goma. Este inventario también lleva la fecha del 13 de noviembre de 2019. Pese a que pueda haber sido un intento de dar cobertura a sus actos o un nuevo pedido de las fuerzas del golpe, la nota de Caliba a Otero es la primera documentación oficial en la que se plasma el pedido de pertrechos de la Policía de Bolivia.
Sin registros
La principal hipótesis es que la Gendarmería sacó 70.000 balas antitumulto y las repartió entre la FAB y la Policía de Bolivia, donde se hallaron los 26.900 cartuchos de perdigón de goma 12/70. Inicialmente la Gendarmería había pedido sacar 3600 cartuchos 12/70. Ese pedido se hizo el 11 de noviembre de 2019. Al día siguiente, la solicitud se amplió a 70.000. Las balas antitumulto habían sido adquiridas exactamente un año antes por Patricia Bullrich a Fabricaciones Militares, cinco meses después de firmar un acuerdo bilateral con ese organismo para la provisión de municiones y agentes químicos.
El 12 de noviembre de 2019, el jefe del grupo Alacrán, Fabián Manuel Salas, le envió una nota al jefe de la Fuerza Aérea Argentina para avisarle que el Hércules que saldría ese día tendría una carga adicional: 70.000 balas, sprays y granadas. “Los mencionados efectos son los utilizados habitualmente por la Gendarmería Nacional Argentina para las operaciones ante casos de alteración del orden público”, justificó en la carta. Pero hay un detalle más que da cuenta del embarque ilegal de estas balas de goma y es que no figuran en el manifiesto de carga del Hércules C-130. Por otra parte, a Salas no se le escapa que los alacranes emplean generalmente armas letales y que ese número no es el habitual, sino el que inicialmente habían pedido de 3600 balas. Si bien el nombre de Salas recién aparece en una denuncia del gobierno, la ministra de Seguridad Sabina Frederic ya había ordenado su pase a disponibilidad mientras se sustancia el sumario administrativo por el envío de armamentos a Bolivia.
Lo curioso es que ninguno de los documentos del Ministerio de Defensa dan cuenta del traslado de las 70.000 balas, por lo que se presume que hubo una intención deliberada de ocultar el envío. Además, el gobierno remarcó que ése es parte del rol clave que habría desempeñado el entonces ministro Aguad, que, además, dio la orden verbal de disponer del Hércules para el traslado de los gendarmes y las armas.
“La gravedad del hecho es mayúscula: las autoridades del control aduanero del Estado Nacional fueron engañadas por la máxima autoridad estatal –el expresidente de la Nación, Mauricio Macri,– y altos funcionarios de su gabinete”, sostuvieron en su presentación Frederic, el ministro de Justicia Martín Soria y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont.
https://www.pagina12.com.ar/356398-el-rol-de-la-gendarmeria-y-sus-vinculos-con-los-golpistas-bo
Un nuevo documento revela la intención Gendarmería de colaborar con el golpe en Bolivia
Por Ari Lijalad y Franco Mizrahi /EL DESTAPE/ Buenos Aires.- El Gobierno amplió la denuncia por contrabando de armas a Bolivia contra Mauricio Macri. Por primera vez aparece el responsable del desembarco de las armas, el gendarme Adolfo Héctor Caliba, y un documento clave donde queda en evidencia la intención de Gendarmería de colaborar con el golpe de Estado. La presentación sumó documentación que indica que “las municiones recibidas por la Policía Boliviana no pudieron tener otro origen que no sea el envío por parte de la Gendarmería”, lo que complica más a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. También que la carga de 70.000 municiones y varios centenares de granadas en el vuelo Hércules C-130 se llevó de manera “adicional”, lo que complica al ex ministro de Defensa Oscar Aguad.
Un dato hasta ahora desconocido es el del comandante de Gendarmería Caliba, quien era agregado de esa fuerza de seguridad en la embajada argentina en Bolivia. Según la documentación que relevó el ministerio de Defensa se trata de la persona que “se encontraba a cargo” de la maniobra de recepción de las armas que Macri envió a Bolivia para apoyar el golpe.
El documento clave es una nota oficial con fecha 17 de noviembre de 2019, que ahora estará incorporada a la causa, donde el comandante Caliba le informó a Gerardo Otero, Director Nacional de Gendarmería, que participó de una reunión ese día donde “el tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock”. Para el Gobierno es un dato fundamental: “Se trata de la primera documentación oficial en donde se plasma la intención de la Policía Boliviana de obtener material represivo por parte de fuerzas armadas o de seguridad de otros países; y, también, el primer documento que evidencia la voluntad de Gendarmería Nacional y del Ministerio de Seguridad Argentino de dar soporte armamentístico a las fuerzas sediciosas”.
Parte de la ampliación que realizó el Gobierno la anticipó El Destape y está vinculado a la nueva documentación que encontró el ministerio de Defensa que comanda Agustín Rossi. Puntualmente, una nota enviada desde la Gendarmería a la Fuerza Aérea que confirma que 70.000 cartuchos 12/70 AT, 581 granadas y 100 spray de Gas Lacrimógeno se agregaron de forma paralela al equipamiento que llevaba el grupo de elite Alacrán que partió el 12 de noviembre de 2019 rumbo a La Paz para proteger la embajada argentina.
“Se incorpora la documentación de vuelo de los registros del Ministerio de Defensa, en donde consta únicamente el material que Gendarmería solicitó el 11 de noviembre de 2019, pero no la carga ‘adicional’ que solicitó el día 12, es decir, el material contrabandeado: las 70.000 municiones 12/70 AT y las granadas de gas” detallaron desde el Gobierno. El segundo lote de material bélico no figura en el “Manifiesto de carga” del Hércules C-130.
“Otro hallazgo -agregaron desde los ministerios denunciantes- evidencia que la Fuerza Aérea dependiente del Ministro de Defensa y del Presidente de la Nación (en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Aéreas) sí estaba en conocimiento de esa ‘carga extra’: ese mismo 12 de noviembre de 2019, el jefe del Grupo Alacrán de la Gendarmería (fuerza dependiente de la ex Ministra Patricia Bullrich), Fabián Manuel Salas, envió una nota formal a la Fuerza Aérea Argentina, haciéndole saber que se añadía a la carga del vuelo los 70.000 cartuchos calibres 12/70 AT, los gases lacrimógenos y las granadas de mano”. En la nota queda expuesto que no era equipamiento para los alacranes que viajaban a proteger la embajada argentina en Bolivia.
Desde el Gobierno recalcaron que esta nueva prueba sobre el vuelo Hércules C-130 que partió en la noche del 12 de noviembre de 2019 con destino a La Paz deja en evidencia que el ex ministro Aguad “tenía cabal conocimiento del traslado de ese material adicional, posteriormente desviado” y que “el hecho de que esa información no conste de ningún modo en ninguno de los documentos obrantes en el Ministerio de Defensa demuestra la maniobra de ocultamiento perpetrada por el propio Ministro, ya que, según otro informe de la propia fuerza, ‘el vuelo fue ordenado por el entonces Ministro de Defensa (Oscar Aguad) en forma verbal’”.
La ampliación de la denuncia también incorporó el hallazgo del armamento y las municiones argentinas en Bolivia. El material lo encontró la Policía Boliviana y lo informó en una conferencia de prensa. Se pudieron ver las imágenes de 26.900 cartuchos de perdigón de goma, 28 gases aerosol, 19 gases aerosol, 55 granadas gas CN, 53 granadas gas H, 19 granadas gas CS y 2 granadas tipo Béisbol. Todo el material partió de Fabricaciones Militares de Argentina y se encontró en un depósito de la Fuerza de Seguridad boliviana.
“De acuerdo a los remitos de entrega de Fabricaciones Militares, se conoció que el lote de municiones AT 12/70 encontradas en Bolivia (Lote Nº08/2018) fue comercializado a Gendarmería Nacional en noviembre de 2018. Esto significa que las municiones recibidas por la Policía Boliviana no pudieron tener otro origen que no sea el envío por parte de la Gendarmería, a través del desvío de una parte de las 70.000 balas de gomas que Gendarmería sacó del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada en el Estado Plurinacional de Bolivia. Parte de ese material fue hallado en bolsos rotulados como ‘guantes’, dando cuenta del obrar doloso y malintencionado para ocultar su verdadero contenido” describieron desde el Gobierno.
“Se corrobora así que dicho material no fue destinado a proteger la Embajada Argentina en Bolivia, como se declaró originalmente y que tampoco se utilizó en ‘ejercicios de entrenamiento’, como se intentó encubrir después. Si a partir de la prueba incorporada en la denuncia original quedaba claro que parte de ese material había sido entregado a la Fuerza Aérea Boliviana, ahora se evidencia que el material restante habría sido entregado a la Policía Boliviana” destacaron en la ampliación de la denuncia.
La ampliación fue presentada con las firmas de los ministros de Justicia Martin Soria y de Seguridad Sabina Frederic junto con la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont. Desde la AFIP informaron que la Aduana se presentará como querellante en la causa que está a cargo del juez Javier López Biscayart y el fiscal Claudio Navas Rial. El juez ya rechazó la pretensión de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado, de ser querellante, pero en el caso de Aduana todo indica que le dará lugar ya que se investiga contrabando agravado
En total, el Gobierno sumó 15 pruebas documentales y solicitó 5 medidas de prueba, que se suman a las que ya requirió el fiscal Navas Rial y fueron ordenadas en parte por el juez López Biscayart, tal como informó El Destape.
La Fuerza Aérea de Argentina sabía del envío de los pertrechos ‘extra’ a Bolivia en 2019
La ampliación de la denuncia contra el expresidente Mauricio Macri contiene datos sobre el envío de “material bélico” a Bolivia en la crisis de 2019
Autoridades de Gobierno, la Policía y el Embajador de Argentina en Bolivia mostraron el lunes los pertrechos que llegaron en la crisis de 2019.
Por Carlos Corz / LA RAZON / La Paz.- La Fuerza Aérea Argentina tenía conocimiento del envío de los 70.000 pertrechos antitumulto a Bolivia en noviembre de 2019. El grupo de élite argentino Alacran que llegó a La Paz le hizo saber vía nota oficial del material “extra” que transportaba y que era usado para enfrentar alteraciones del orden público.
El dato se encuentra en la ampliación de la demanda presentada por autoridades del gobierno de Alberto Fernández contra el expresidente Mauricio Macri y otras exautoridades por delitos como contrabando agravado debido al envío del “material bélico” a la administración de la expresidenta Jeanine Áñez, quien tomó el poder a dos días de la dimisión de Evo Morales en medio de una crisis.
El jefe del Grupo «Alacrán» de la Gendarmería, Fabián Manuel Salas, envió una nota a la Fuerza Aérea Argentina para hacerle conocer que añadía a la carga del vuelo los 70.000 cartuchos calibres 12/70 AT, los gases lacrimógenos y las granadas de mano, reveló la agencia Télam.
«Esta nota evidencia que el ministro de Defensa tenía cabal conocimiento del traslado de ese material adicional, posteriormente desviado. Y el hecho de que esa información no conste de ningún modo en ninguno de los documentos obrantes en el Ministerio de Defensa demuestra la maniobra de ocultamiento perpetrada por el propio ministro, ya que, según otro informe de la propia fuerza, ´el vuelo fue ordenado por el entonces ministro de Defensa (Oscar Aguad) en forma verbal´», según se establece en la denuncia.
Los 70.000 cartuchos, 100 spray de gas lacrimógeno, 61 granadas de gas de hostigamiento (CN), 160 granadas de gas hostigamiento (CS) y 360 granas de gas (HC) formarían parte, según la denuncia en Argentina, de un envío “extra” al equipamiento requerido el 11 de noviembre, entre ellos armamento letal y no letal.
El ministro de Defensa argentino Agustín Rossi reveló que el vuelo del avión militar C-130 con “material bélico” con destino a Bolivia debía partir al mediodía del 12 de noviembre de 2019, pero se demoró por cerca de 12 horas debido a la solicitud de carga de 70.000 pertrechos antitumulto. Dijo que solo Macri pudo haber tomado la decisión de envío.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó en reiteradas ocasiones que desde Argentina se internó a Bolivia, en medio de la crisis política del 2019, pertrechos y armamento de forma legal e irregular. Las 70.000 unidades puestas en cuestión no tienen, según aseguró, un respaldo de ingreso y autorización documentado.
Áñez tomó el poder el 12 de noviembre y la madrugada del 13 llegó el avión argentino con los pertrechos y el grupo de élite Alacran. Al momento se conoce que 26.900 cartuchos están en depósitos de la Policía y otro tanto habría sido destinado a la Fuerza Aérea Boliviana, mientras que de otro lote (más de 3.000) no se conoce su destino.
Una carta de agradecimiento del excomandante de la FAB Gonzalo Terceros al exembajador Normando Álvarez develó el envío de material al gobierno de Áñez. Ecuador, en el gobierno de Lenin Moreno, hizo lo mismo. Terceros se encuentra en la cárcel por el caso “golpe de Estado”.
También se denunció la supuesta presencia del comandante de Gendarmería, Adolfo Héctor Caliba, en la pista de aterrizaje del El Alto, Bolivia, la madrugada en la que llegó el Hércules C-130 con los pertrechos bélicos y los Alacranes, el 13 de noviembre de 2019.
Caliba informó vía comunicación oficial, enviado el 17 de noviembre, al entonces director nacional de la Gendarmería Nacional Argentina, Gerardo José Otero, sobre una reunión realizada ese día en donde «el tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock», reportó Télam según surge de la denuncia.
El Congreso argentino, vía la Comisión Bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia, también investiga si hubo espías argentinos que colaboraron en la crisis de 2019.
En Bolivia, la Fiscalía abrió un proceso.
El Gobierno busca video de la descarga de pertrechos que habría filmado un militar
Se investiga si el material faltante de lo enviado por Argentina se otorgó “a grupos paramilitares”, según el ministro Eduardo del Castillo.
El acto del lunes en que se mostró el lote de pertrechos argentinos en manos de la Policía. Foto: APG
Por Edwin Condori / LA RAZON.- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que se trata de conseguir las imágenes de toda la descarga de los pertrechos argentinos enviados a Bolivia durante la crisis de 2019, que habrían sido registradas por un militar de bajo rango.
“Tenemos un reporte extraoficial de que un militar boliviano de bajo rango habría filmado toda la descarga. Estamos tratando de conseguir las imágenes y, una vez que las obtengamos, seguramente serán difundidas conforme al marco legal vigente”, dijo Del Castillo en una entrevista con el diario argentino Página 12.
Según el ministro, un personero de la República Argentina fue quien entregó parte del material transportado a la Policía Boliviana pese a que no hay un acta de constancia. Incluso “de manera extraoficial tenemos identificada a la persona. Estamos buscando los reportes, cámaras de seguridad y hacer un seguimiento de lo que sucedió (realmente) el 13 de noviembre de 2019”, agregó.
Hace dos días, en una conferencia de prensa, la misma autoridad dio a conocer que el 11 de noviembre de 2019, el entonces embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, había enviado una nota a la Cancillería del Estado Plurinacional solicitando la autorización para el ingreso de personal, material y equipamiento para la agrupación de fuerzas especiales Alacran de la Gendarmería del vecino país.
Es decir, un día después de que Evo Morales renunció a la presidencia y un día antes de que Jeanine Áñez asuma la jefatura del Estado a través de un cuestionado proceso de transición en medio de una convulsión social.
Es así que, según su versión, el 12 de noviembre (el mismo día que Áñez asumió el mando) la Policía Boliviana autorizó la internación y el porte temporal de armas de fuego, municiones y materiales relacionados al personal de Alacran en el país.
El 13 de noviembre, el material y personal solicitados llegaron en un avión argentino C-130 a la base aérea de El Alto, pero además, de acuerdo con Del Castillo, junto “con otras municiones, granadas y proyectiles, que no fueron ni solicitados ni mucho menos autorizados”.
Entonces, “tenemos certeza de que hay armamento que llegó (también) de manera ilegal a través de un tráfico ilícito de armas”, ratificó en la entrevista con el diario argentino.
Recordó que el registro del Gobierno argentino indica que habrían salido de su país 70.000 cartuchos de goma y “esto nunca fue internado legalmente a nuestro territorio”. Y lo que se tiene conocimiento hasta el momento, según su versión, es que 26.900 fueron entregados a la Policía Boliviana, 40.000 a la Fuerza Aérea y todavía se está “investigando a dónde fue a parar la diferencia”.
Aunque “una de las primeras hipótesis que estamos manejando es que la diferencia se habría utilizado en las represiones de Senkata y Sacaba (que dejaron 20 fallecidos). Inicialmente estamos investigando si se la otorgó a grupos paramilitares, a personeros de las Fuerzas Armadas o de la Policía”, sostuvo.
Bolivia: las claves en la investigación del contrabando que ayudó al golpe de Estado
Con la reciente afirmación del ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Del Castillo Del Carpio -“la persona de Argentina que entregó el armamento está identificada”-, la investigación iniciada en el país hermano se aproxima a la verdad.
Por Jaime Iturri Salmón (desde La Paz, especial para Télam)
Se sabe el qué: un gran número de municiones de perdigones e incluso armas fueron exportadas a La Paz sin que hubiera aprobación de los Congresos, ni de Argentina ni de Bolivia.
Se sabe el cuándo: los trámites comenzaron el 7 de noviembre, cuando Evo Morales aún era presidente, y llegaron el 13 de ese mes, al día siguiente de que Jeanine Áñez se autoproclamara presidenta de Bolivia.
El cómo y el dónde están claros. Pero lo que no se sabe, todavía, es el quién.¿Quién pidió que este armamento se destinara a los uniformados bolivianos para que los usaran en la represión posterior al golpe? La pregunta, en cualquier caso, parece acercarse a su respuesta, y la investigación está pronta a revelar un dato clave.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Del Castillo Del Carpio, aseguró al diario Página/12 que “la persona de Argentina que entregó el armamento está identificada”.
“Estamos buscando los reportes, cámaras de seguridad y hacer un seguimiento de lo que sucedió el 13 de noviembre de 2019, tanto en los hangares de la Fuerza Aérea (boliviana) como en el exhotel Radisson de la ciudad de La Paz para ver si es la persona que hemos recibido en los reportes de inteligencia”, informó Del Castillo en una entrevista publicada este miércoles.
Por otro lado, el ministro de Justicia boliviano, Iván Lima Magne, declaró que se sabe que el trámite para el traslado del armamento al aeropuerto militar de El Alto comenzó el 7 de noviembre de 2019, cuando Evo Morales todavía era presidente.
Sin embargo, aclaró que no fue el gobierno del MAS el que pidió los pertrechos. Este dato ha sido corroborado por el entonces ministro de gobierno, Carlos Romero Bonifaz, quien señaló que por lo menos desde el año 2012 que no se pide ningún tipo de colaboración internacional con armamento para apoyar a Bolivia.
De manera que no es descabellado pensar que, ya para entonces, 7 de noviembre de 2019, estaba en marcha una alianza internacional de apoyo a la gestación de un golpe de Estado. Coincidencia o no, ese jueves 7 de noviembre comenzaba el motín policial por el cual actualmente varios oficiales se encuentran juzgados.
En las últimas horas ha aparecido un dato importante, incorporado por el ministro de Justicia boliviano y refrendado por el embajador de Argentina, Ariel Basteiro: el primigenio plan de enviar muchas menos municiones (estas sí destinadas a defender la embajada en caso de ataques) habría sido modificado la mañana del 12 de noviembre de 2019, cuando en Bolivia aún no existía gobierno constituido.
El 12 de noviembre de 2019 por la mañana todavía no se había aceptado la renuncia de Evo Morales y Áñez aún no se había autoproclamado presidenta (lo que ocurrió esa jornada pero recién en horas de la tarde). La llegada al gobierno de Áñez fue lo que el dirigente de la oposición boliviana Samuel Doria Medina (Unidad Nacional) llamó el “Plan B”.
El “Plan A” consistía en elegir un gobierno militar con “notables civiles”: tal era la propuesta de Luis Fernando Camacho y su grupo. Sin embargo, el expresidente Carlos Mesa planteó que la solución debería acercarse lo “más posible” a la Constitución del Estado Plurinacional.
Así se impuso el denominado “Plan Áñez” que, según el periodista boliviano Julio Peñaloza Bretel, era la propuesta incluso apoyada por Unitel, la cadena de TV más vista en Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra, propiedad de la familia Monasterios, ganaderos y bancarios.
El domingo, Peñaloza Bretel, en el diario La Razón, escribió: “La estación número uno en audiencia nacional decidió convertirse en transitoria a la par de Jeanine Áñez presidenta. De hecho, la televisora (por Unitel) nos ha regalado un documento histórico fundamental, con la senadora beniana (por Áñez, senadora del departamento del Beni) anticipándonos el 10 de noviembre de 2019 que llegaría a La Paz a asumir la Presidencia, que le correspondía, cuando todavía ni siquiera la había llamado por teléfono para ofrecerle el cargo el operador electoral de Carlos Mesa (Ricardo Paz), según sus recientes declaraciones ante el Ministerio Público”.
Pero mientras todo eso ocurría, los generales Yuri Calderón, comandante de la Policía y Jorge Gonzalo Terceros Lara, comandante de la Fuerza Aérea, habrían sido quienes pidieron que Argentina mandara la desproporcionada cantidad de 70 mil cartuchos de perdigones. Y lo hicieron sin pasar por los ministros de las áreas respectivas, que todavía estaban en funciones, porque no habían renunciado. Tampoco pasaron por Cancillería, como manda la Ley.
En resumen, ignoraron las disposiciones legales, por lo que pueden ser castigados hasta con 30 años de cárcel, según manda la Ley boliviana 400 (de Control de Armas de Fuego, Munición, Explosivos y otros Materiales Relacionados). Ellos estaban buscando que se viabilizara el golpe de Estado. Según el expresidente Evo Morales, Terceros Lara incluso llegó a intentar –infructuosamente- ser él el elegido como primer mandatario.
Una a una, como piezas de dominó concatenadas, van cayendo los argumentos de los involucrados en este escándalo: la primera ficha en desmoronarse fue la que sostenía que la firma en la carta de agradecimiento de Jorge Gonzalo Terceros Lara al entonces embajador argentino Normando Álvarez García era falsa. La aparición de las copias convenientemente selladas y firmadas comenzó a derrumbar la mentira. Y la confirmación del agregado naval argentino, capitán Miguel Alonso, de que recibió la misiva sepultó el argumento de que esta era falsa.
Luego vino la comprobación de que las municiones fueron enviadas. La aparición de las mismas en almacenes policiales demostró que realmente llegaron a Bolivia. Y la cereza del postre lo puso la curiosa afirmación de que los 70 mil cartuchos habían sido consumidos en entrenamientos. La aparición de los cartuchos sin haber sido utilizados echó por tierra el argumento.
Para el embajador Basteiro, los papeles seguirán apareciendo. Una posibilidad por cierto muy factible dado el descuido con el que se actuó, probablemente bajo el manto de la idea dominante entre los golpistas, quienes creían que su régimen duraría muchos años.
Entre tanto, en el gobierno boliviano va madurando la idea de pedir que se desclasifiquen los informes de los encargados de inteligencia del Estado Argentino que por esos meses estuvieron en Bolivia. Esos papeles podrían arrojar muchas luces sobre el golpe y sus protagonistas.
Finalmente, todo parece indicar que el expresidente Mauricio Macri y su lugarteniente y exministra de Seguridad Patricia Bullrich tendrán, también, que enfrentar a la Justicia boliviana. Una vieja maldición gitana reza: “Entre abogados te veas” y parece que el exmandatario y su entorno darán trabajo a varios de ellos, también en Bolivia.
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