ABI.- Unas 60 instituciones internacionales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigar la transferencia de equipo bélico que realizó el gobierno argentino de Mauricio Macri para respaldar al régimen de Jeanine Áñez, en noviembre de 2019, informó el abogado Tomás Becker, de la Clínica de Derechos Humanos de Harvard.
El jurisconsulto, en contacto con ABI, dijo que la solicitud fue emitida este miércoles mediante una carta dirigida al Grupo Interdisciplinario Independientes para Bolivia, entidad de la CIDH.
“La carta (se) envío hoy día. Esta carta pide al grupo de Expertos que investigue quiénes son los responsables, quiénes participaron en la transferencia de armas ilegalmente. Ellos piden que se solicite más información para entender la responsabilidad de los actores internacionales”, indicó Becker.
“Hay unas 60 ONG’s en toda la región que han pedido una investigación más fuerte por la CIDH o por el grupo de expertos internacionales”, manifestó.
“Hay varias ONG’s que han pedido al grupo de expertos que están investigando las violaciones de Derechos Humanos durante 2019, que investiguen este tema también, o por lo menos la CIDH investigue esto porque es muy preocupante”, agregó el abogado.
Las instituciones plantearon, “en caso de considerarlo necesario”, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicie una investigación específica sobre el tema que en los últimos días generó incluso una demanda penal en Argentina contra el expresidente Mauricio Macri y exfuncionarios, informó La Razón, que citó a la agencia AFP en su edición digital.
“Conociendo el poco tiempo que queda para la entrega del informe del GIEI Bolivia solicitamos que, de manera urgente, se incorpore al documento estos hallazgos preliminares y las recomendaciones necesarias para que se sepa toda la verdad sobre estos hechos”, refiere la carta enviada por el grupo de instituciones a la GIEI-Bolivia, agrega el informe.
Según los solicitantes, la coordinación entre Estados “para la represión de la protesta en el marco de una grave crisis democrática nos recuerda a la coordinación represiva del Plan Cóndor, llevada a cabo en uno de los períodos más oscuros y violentos de nuestra historia”.
Argumentaron que, si los hechos efectivamente sucedieron, constituyen una violación a los principios “más básicos del orden jurídico interamericano, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta de la Organización de los Estados Americanos y deben integrar cualquier informe que se realice sobre el periodo”, añade La Razón.
En la carta, se recordó que el 13 de noviembre de 2019 llegaron a Bolivia pertrechos de Argentina y un día después el gobierno de Áñez emitió el Decreto Supremo 4078 que dio impunidad a los militares para activar operativos contra las movilizaciones en el país. El 15 de ese mes se produjo en Sacaba, Cochabamba, la muerte de 11 personas y más de 100 heridos por impactos de bala tras un operativo policial-militar.
Asimismo, recordaron que el 16 de noviembre llegó de Ecuador “un segundo cargamento para reprimir al pueblo boliviano” consistente en 5.500 granadas y 2.949 proyectiles y que tres días después se produjo en Senkata, El Alto, la muerte de 10 personas y más de 60 heridos por impactos de bala.
Entre los firmantes figuran la Asociación Pro Derechos Humanos – Aprodeh (Perú); Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR (Colombia); Justiça Global (Brasil); Museo de la Memoria de Rosario (Argentina), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional – ASOFAMD (Bolivia).
