ABI.- La coordinadora del área internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, Camila Barreto, dijo este martes que el envío de material antidisturbios de Argentina para el golpe de Estado de 2019 en Bolivia es un hecho “muy grave” y violatorio de los principios sobre la protección de los derechos humanos.
“Nos parece muy grave y violatorio de cualquier principio de protección de derechos humanos”, expresó en una entrevista con el programa “Primer Plano” de Bolivia Tv.
Según Barreto, la provisión de material antidisturbios hizo posible también que se vulnere el principio de resolución de los conflictos por la vía política, porque se usó para la represión de sectores sociales “no contentos por cómo se están encaminando las cosas”.
Hace una semana, el Gobierno de Argentina denunció penalmente por ese caso al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (exembajador argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector general de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector ejecutivo de la ANMaC). Todos se encuentran nombrados en las circunstancias del hecho que describió la Fiscalía en su dictamen.
El gobierno del vecino país pidió investigar los delitos de “contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación”.
Los hechos salieron a la luz gracias al descubrimiento de una misiva enviada el 13 de noviembre de 2019 por el entonces comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Gonzalo Terceros Lara, actualmente detenido por su participación activa en el golpe de Estado, al entonces embajador de la República Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García.
En la carta se evidencia la recepción de 40.000 cartuchos antitumulto calibre 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, 5 gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC provenientes del Gobierno argentino.
En el caso de Bolivia, el director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación, Roberto Almendras, informó el viernes pasado que mediante la Fiscalía Departamental de La Paz se comenzó la investigación por el caso del material antidisturbios y agentes químicos que habrían ingresado en noviembre de 2019 desde Argentina.
La denuncia cursa en contra del excomandante de la FAB por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas, tenencia y porte o portación ilícita.
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