ABI.- Joel Colque de 22 años y Clemente Mamani de 24 tienen algo en común. No imaginaban que ese martes les esperaba el mismo destino. Era un día como cualquier otro, cada uno con planes del recuentro familiar al terminar la jornada; pero, horas antes de que eso suceda, las balas los encontraron cuando pasaban por la zona solamente para cumplir sus actividades cotidianas al igual que otros transeúntes.
En las calles de Senkata de la ciudad de El Alto, se guarda luto hace un año, siete meses y 28 días. Hoy, son testimonio de la masacre de ese 19 de noviembre de 2019. Ese día, otros ocho civiles perdieron la vida y 31 quedaron heridos a causa del operativo de fuerzas combinadas que se ejecutaba bajo el Decreto Supremo 4078, norma que deslindaba de responsabilidad penal a los militares que usaban armas de guerra contra el pueblo.
Por la mañana, se comenzaron a escuchar las sirenas que anunciaban el ingreso de un convoy militar a la zona. El ambiente estaba teñido por el humo de las fogatas encendidas por vecinos que se oponían a que un régimen haya tomado el poder exactamente una semana antes, el 12 de noviembre, dos días después del golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, cuando Evo Morales dimitió ante la escalada de violencia nacional.
Aproximadamente a las 10.30, el ingreso de camiones militares anunciaba la ejecución de un plan operativo conjunto entre policías y militares para exfiltración de combustible y gas licuado en la planta de YPFB. El objetivo era trasladarse al regimiento Ingavi de la urbe alteña. El convoy había roto el bloqueo de barricadas que impedían el tránsito. Hasta ese momento, todos caminaban para trasladarse de un lado a otro.
Al principio, el operativo fue exitoso. Camiones cisterna cargados de gas, diésel y gasolina salían del complejo de Senkata custodiados por el convoy militar y policial. Eso intensificó las protestas.
Cuando el convoy llegó al regimiento Ingavi, se tuvo conocimiento de que movilizados intentaban ingresar a la planta de Senkata. Ese instante, el entonces director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y general en retiro de las FFAA, Luis Fernando Valverde Ferrufino, ordenó el retorno de los camiones militares. Al llegar al lugar de conflicto, los disparos de fusil se confundían con el sonido que provocaban los petardos.
“Tenemos indicios, resultado de las pericias perimetrales, declaraciones juradas, reconstrucción y declaración de testigos, que al regresar este convoy algunos de ellos (militares) habrían disparado. Nuestra georreferenciación ha establecido que algunos de los disparos salieron del interior de la planta de Senkata”, reveló el ahora exfiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, en febrero.
No era el único escenario de duelo. La represión tenía otro epicentro cinco días antes, el 15 de noviembre de 2019, cuando uniformados ejecutaron otro operativo en la zona de Huayllani del municipio de Sacaba, en el departamento de Cochabamba. La intervención provocó la muerte de 10 personas esa jornada.
La advertencia ya fue lanzada el 13 de noviembre, un día después de que Áñez tomara el poder. En una reunión en la Estación Policial Integral de Huayllani, Cochabamba, el comandante Departamental de la Policía, Jaime Zurita, advirtió al dirigente del sector campesino Jhonny Pardo lo siguiente: “Si ustedes ingresan a la ciudad, los voy a cazar”.
El 15 de noviembre de 2019, después de despedirse de su madre que estaba embarazada, César Sipe de 18 años se sumó a las movilizaciones organizadas por habitantes del trópico cochabambino contra el régimen de Jeanine Áñez y en demanda de respeto a la democracia. No esperaba que las fuerzas combinadas usaran armas de fuego a quema ropa y elementos antidisturbios.
Cuando marchaba, aparecieron uniformados que tenían como objetivo dispersar la movilización. Durante la protesta pacífica en la zona de Huayllani, Sacaba, recibió dos impactos de bala en el abdomen. Mientras se desangraba, sus compañeros usaron las redes sociales para comunicarse con su madre y anoticiarla del hecho. Cuando ella llegó al lugar, encontró a su hijo en un ataúd, quien era parte de otra lista de 10 fallecidos.
Hoy, Juana Mérida pide que los responsables de los hechos sean sancionados y relata: “Tengo que llorar día y noche en memoria por mi hijo. No lo puedo olvidar. Siempre pido a Dios que se haga justicia”. “Extraño mucho a mi hijo, lloro todos los días”, añade al contar su pena.
El decreto de la muerte
Según datos de la Defensoría del Pueblo, en la masacre de Sacaba, además de Cesar Sipe, fallecieron también Omar Calle, Juan López, Emilio Colque, Lucas Sánchez, Plácido Rojas, Armando Carvallo, Marcos Vargas, Roberto Sejas y Juan Pinto. Todos ellos por heridas de impacto de bala.
En el caso de Senkata, perdieron la vida Devi Posto Cusi, Pedro Quisbert, Edwin Jamachi, Joel Colque, Juan José Tenorio Mamani, Antonio Ronald Ticona, Clemente Eloy Mamani, Milton David Zenteno, Rudy Cristhian Vásquez y Calixto Huanaco Aguilar. Todos por bala.
Las masacres de Sacaba y Senkata son las dos en las que las FFAA actuaron bajo el amparo del Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019 del régimen de Áñez. La norma permitió la participación de los militares en apoyo a la Policía Boliviana para reprimir protestas que cuestionaban a los gobernantes de entonces. La norma establecía que los miembros de la institución castrense estaban exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas. Tenían permiso para matar.
Las ciudades de El Alto y Sacaba no fueron los únicos escenarios de violencia. Entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, también fueron epicentros Cochabamba, La Paz, Villa Tunari, Bulo Bulo, Sucre, Santa Cruz, Montero, Potosí, Vila Vila, Challapata, Caracollo y Oruro.
“No habrá impunidad”
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) empezó su labor el 23 de noviembre de 2020, cuando se instaló de manera oficial en La Paz. Desde entonces hasta la fecha, desarrolló una agenda de trabajo en todas las ciudades que fueron escenarios de conflicto. Se esperan las conclusiones de las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos para el viernes 23 de julio.
“La información preliminar recabada hasta ahora, en las distintas reuniones con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, apunta hacia la existencia de violencia ejercida tanto por parte de actores estatales como privados, la obstrucción del debido proceso en casos de criminalización de liderazgos sociales y la denegación de servicios de atención médica a víctimas de la violencia ejercida por fuerzas del orden”, informó el secretario Ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal Melero, en entrevista con la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Al respecto, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, aseguró que el informe del GIEI-Bolivia contribuirá a que el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convoque a sesión del pleno de legisladores para emplazar la solicitud de juicio de responsabilidades contra las autoridades del régimen.
“Esa es la situación que tenemos para el mes de julio. Esperemos que para el aniversario del 6 de Agosto nuestra Asamblea nos dé la buena noticia de que no está pensando en la impunidad, que no quiere que el país siga en confrontación y que abra la puerta de los tribunales de justicia para que la señora Áñez y las víctimas de estos hechos encuentren justicia, sean escuchadas y puedan contar su versión de los hechos y tener una sentencia”, dijo Lima en entrevista con ATB, el 15 de julio.
En busca de justicia
Con el respaldo de las urnas a Luis Arce, el gobierno dio, al menos, tres pasos decisivos para esclarecer las masacres de Senkata y Sacaba: Firmó un acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), garantizó el apoyo del Estado a esa investigación y cumplió el pliego presentado por los familiares de las víctimas. Todo ello bajo los principios de “Memoria, verdad y justicia”.
Durante el régimen de facto de Jeanine Áñez se produjeron matanzas, la mayoría de civiles indígenas. Al menos 37 personas fueron asesinadas, 804 resultaron heridas y, según la Defensoría del Pueblo, más de 1.141 fueron detenidas de manera ilegal, inclusive con la participación de grupos civiles paraestatales, y sometidas a torturas y vejaciones.
Tras un histórico 55,11% de respaldo expresado en las elecciones generales, Luis Arce asumió la presidencia el 8 de noviembre de 2020. Días después, el 23 de noviembre de 2020, el Gobierno firmó el protocolo marco con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH para el desarrollo de la investigación de la violencia ocurrida entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese año, que incluye las masacres de Sacaba y Senkata.
Esa instancia de investigación internacional está integrada por Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez, Marlon Weichert y Jaime Vidal. Cuando concluya la indagación, posiblemente en este mes de julio, emitirá un informe que será entregado a la Fiscalía para que inicie las acciones correspondientes.
Al respecto, el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, informó, semanas atrás, que el informe final del Grupo Interdisciplinario identificará a los autores intelectuales, materiales, cómplices y/o encubridores de las masacres de Sacaba y Senkata, además de presentar un plan de atención integral a las víctimas.
El representante sostuvo que el Grupo de Expertos revisan más de 100.000 fojas de expedientes jurídicos, testimonios, audios y videos, además del relato de 360 víctimas de las matanzas.
Sobre la pesquisa del Grupo de Expertos, el Gobierno decidió contribuir a su trabajo. El 24 de noviembre de 2020, el ministro de Justicia, Iván Lima, recordó que el Gobierno comprometió el apoyo del Estado por instrucción del propio presidente Luis Arce, que pidió, además, garantizar que la investigación sea independiente, imparcial y con acceso a toda la información.
Es así que “se ha conformado al interior del gabinete un equipo que va a tener tareas concretas: el Ministro de Defensa estará a cargo de asegurar la información militar; el Ministro de Gobierno, lo referido a la Policía; mi persona en relación a la Justicia. Nuestro Canciller, al haber suscrito un documento, un protocolo ha comprometido el apoyo del Estado boliviano”, dijo entonces Lima.
Una tercera acción gubernamental consistió en atender el pliego de solicitudes presentado por los familiares de las víctimas de la represión y masacres ocurridas en 2019.
El pliego de pedidos de los familiares de las víctimas de la represión y masacres durante el gobierno de facto ha sido atendido satisfactoriamente, confirmó el ministro de Justicia, Iván Lima, según un reporte de prensa de ese despacho del 13 de marzo de 2021.
Más de 55 personas accedieron a una fuente laboral estable y a un bono alimenticio; se gestionaron becas para jóvenes y se reembolsó gastos médicos, como parte del proceso de atención y reparación entre el Gobierno nacional y las víctimas, indica el informe.
“Tuvimos un encuentro con las víctimas en la Casa Grande del Pueblo, estuvimos atendiendo a las víctimas que han sobrevivido a las masacres”, dijo Lima.
El Gobierno y las víctimas, el pasado 20 de enero, firmaron un acuerdo y de manera previa y posterior sostuvieron varias reuniones para poder viabilizar el cumplimiento del Decreto Supremo 4176 que establece la ayuda humanitaria para los familiares de las víctimas de las masacres y para los sobrevivientes.
Al respecto, la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, Gloria Quisbert, indicó que existe una voluntad por parte del presidente Arce y del ministro Lima para avanzar en el cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados, en la línea de la recomendación de los organismos internacionales de derechos humanos que señalan que la reparación de los daños tiene que ser asumida por el Estado, agrega el informe del Ministerio de Justicia.
En su discurso del 22 de enero de 2021, el presidente Arce dio la línea del accionar gubernamental respecto a las masacres ocurridas durante el golpe de Estado. Dijo que el proceso de recuperación de la democracia también “significa trabajar para sanar las profundas heridas causadas por las masacres de Senkata, Sacaba y El Pedregal, y para esto se requiere memoria, verdad y justicia. El proceso de reconciliación y reencuentro entre bolivianas y bolivianos no pasa por venganza, sino por justicia, y de eso estamos muy conscientes”.
Recta final de una investigación internacional
ABI.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) empezó su labor el 23 de noviembre de 2020, cuando se instaló de manera oficial en La Paz. Desde entonces hasta la fecha, desarrolló una agenda de trabajo en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Sacaba, Villa Tunari, Bulo Bulo, Sucre, Santa Cruz, Montero, Potosí, Vila Vila, Challapata, Caracollo y Oruro.
Fue creado mediante el acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Bolivia, el 12 de diciembre de 2019, para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de ese año.
“El GIEI ha recabado información de una amplia gama de fuentes y de todas las partes interesadas. Queremos agradecer a esas personas e instituciones su apoyo y confianza”, indicó Julián Burger, experto del GIEI-Bolivia.
Se tiene previsto que el informe final, que analizará los hechos de violencia y las violaciones de derechos humanos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, sea dado a conocer este mes de julio.
“Con respecto a las entrevistas que realiza el GIEI, estas son total y absolutamente confidenciales, por lo que las víctimas y testigos que decidan declarar pueden hacerlo con la absoluta confianza y certeza de que el GIEI es un espacio seguro”, sostuvo el secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal Melero, en entrevista con la Agencia Boliviana de Información (ABI).
El GIEI-Bolivia recabó, en toda su labor, más de 100.000 fojas de expedientes investigativos, judiciales y periciales que fueron objeto de revisión, y más 360 personas han brindado su testimonio en entrevistas individuales.
Los expertos y el equipo técnico se reunieron con sindicatos, asociaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la prensa, partidos políticos, personalidades públicas, miembros del gobierno, fiscales, jueces y exautoridades.
El trabajo se llevó a cabo en medio de una crisis sanitaria por la pandemia del COVID- 19. Esa situación, restringió la movilidad del grupo y la realización de reuniones con aglomeración de personas.
Con la publicación del informe final, previsto para julio de 2021, el GIEI-Bolivia dará a conocer sus conclusiones sobre los hechos investigados y sus recomendaciones para coadyuvar a las autoridades bolivianas en los temas de promoción de la justicia y de garantía de reparación a las víctimas.
Suman cuatro detenidos por las masacres y las violaciones masivas a los DDHH en 2019
ABI.- Al menos cuatro exautoridades militares y civiles se encuentran detenidas e imputadas por las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas en 2019 en el marco del golpe de Estado.
El 1 de abril de 2021 fue enviado a la cárcel el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el general en retiro Luis Fernando Valverde Ferrufino, por la acusación de haber participado y dirigido el operativo militar-policial que dejó 10 muertos y decenas de heridos por impactos de bala en noviembre de 2019 en Senkata, El Alto.
Valverde Ferrufino fue enviado por seis meses a la cárcel de El Abra, Cochabamba. Es acusado por delitos de asesinato, homicidio y lesiones graves y leves.
Según la imputación de febrero, “arrojándose atribuciones que no le correspondían en su condición de Director Ejecutivo de la ANH, quien solo tenía tuición sobre personal civil de esta institución, ordenó y lideró el retorno de seis mecanizados blindados de las FFAA (tanquetas) con personal militar a la Planta de Senkata, donde conjuntamente a otros efectivos militares de alto rango, y bajo conocimiento de exautoridades del Órgano Ejecutivo, se valieron de aquellos extremos para abrir fuego contra la población civil”, informó La Razón.
Otro de los detenidos es el entonces comandante de la División Mecanizada del Ejército, general Franco Orlando Suárez Paz, por la acusación de homicidio, lesiones graves y leves, dentro de la denuncia asentada en El Alto por la muerte de 10 personas y decenas de heridos en noviembre de 2019 en Senkata. El 19 de marzo fue enviado a la cárcel de San Pedro, en La Paz.
Un tercer caso es el del general Alfredo Cuéllar, comandante de la guarnición militar de Cochabamba, quien fue enviado a prisión domiciliaria, por decisión judicial. Está acusado de asesinato durante la matanza de Sacaba.
Un cuarto caso es de Jeanine Áñez. La Fiscalía General admitió la proposición acusatoria para el inicio de una investigación en contra de ella, tras la denuncia presentada por unos 20 familiares de las víctimas de los enfrentamientos en Senkata y Sacaba, en noviembre de 2019.
Áñez, quien se encuentra detenida, es procesada por los delitos de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte. Ella se acogió al silencio en una audiencia sobre este caso.
Tiempo atrás, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, apuntó a Jeanine Áñez como la principal responsable de las muertes en Sacaba y Senkata por ser quien firmó el Decreto 4078 que eximió de responsabilidad penal a los militares para “restablecer el orden”.
“No podemos quedarnos solamente con un proceso judicial contra un general (Luis Fernando Valverde Ferrufino). ¿Uno solo? ¡Participaron más! No podemos quedarnos con una imputación contra (Luis Fernando) López y (Arturo) Murillo (exministros de Defensa y Gobierno, respectivamente) porque hubo una presidenta que les ordenó a ellos y esa presidenta, transitoria o no transitoria, constitucional o no constitucional, ella firma el decreto donde se señala las intervenciones policiales y militares con una suerte de manto de impunidad para los militares con una teoría de defensa, de situación de legítima defensa”, aseveró Cruz en el programa de La Razón, Piedra, Papel y Tinta.
Respecto al coronel Jaime Zurita, excomandante de la Policía de Cochabamba, la justicia determinó medidas sustitutivas a la detención, por lo que podrá defenderse en libertad en el proceso que se le sigue por la masacre de Sacaba.
Zurita es investigado ya que era Comandante policial en Cochabamba durante los hechos del 15 de noviembre de 2019.
Durante el régimen de facto de Jeanine Áñez, al menos 37 personas fueron asesinadas, 804 resultaron heridas y, según la Defensoría del Pueblo, más de 1.141 fueron detenidas de manera ilegal, inclusive con la participación de grupos civiles paraestatales, y sometidas a torturas y vejaciones.
