EL DESTAPE / BUENOS AIRES.- En el marco de la denuncia del envío de armas por parte de Argentina, durante el Gobierno de Mauricio Macri, en medio del golpe de Estado en Bolivia, este lunes, a través de una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, realizó la reconstrucción de la llegada de material bélico de la Argentina a su país y confirmó que el desembarco de una parte importante del armamento se realizó por canales paralelos, de manera ilegal, por lo que denunció “tráfico ilícito” por parte de la Argentina a Bolivia.
El funcionario desmintió a la ex ministra de seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien había dicho que las armas enviadas de la Argentina a Bolivia fueron para proteger la embajada argentina. La ratificación de los hechos las expuso Del Castillo desde la sede de la Academia Nacional de Policía (ANAPOL) con la presencia del embajador argentino Ariel Basteiro y la exposición de los armamentos en el salón. Allí, el funcionario boliviano realizó una cronología del envío de dichas armas con el fin de desestabilizar y derrocar al ex presidente Evo Morales.
“Hay dos tipos de materiales que ingresaron a Bolivia el 11 de noviembre: uno legal y otro con armamento antidisturbios no autorizado. No ha seguido los procedimientos de la ley boliviana y no estaba autorizado”, lanzó y detalló que “ese 11 de noviembre el general Jorge Terceros envió una nota de agradecimiento al ex embajador Normando Álvarez García”.
Tráfico ilicito de armas: penas en Bolivia
En este marco, Del Castillo remarcó que “el general Terceros, de la fuerza aérea, el general Calderón y el embajador de Argentina han vulnerado leyes de Bolivia” y violaron tratados internacionales durante los hechos de noviembre de 2019 en Bolivia. “Básicamente la convención de Palermo y tratados internacionales no se han cumplido. Ha sido una represión contra el pueblo boliviano”, puntualizó.
“Se denomina tráfico ilícito de armas lo que cometió el general Jury Calderón, Jorge Terceros y el ex embajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García. Esto está penado en nuestro país con 30 años de prisión sin derecho a indulto”, confirmó para luego citar un fragmento de la legislación penal: “El que ilícitamente importe o adquiera, traslade, transporte, comercie, armas de fuego, municiones, será penado con una pena privativa de 10 años, situación agravada por la condición que tenían Calderón y Terceros”.
El ministro de Gobierno de Bolivia dijo que el tráfico ilícito de municiones está penado con 20 años de prisión
Eduardo del Castillo: “Ingresaron de Argentina armas de manera ilegal, sin registros”
Del Castillo confirmó que se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía de Bolivia. Es parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería pidió sacar del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada en el Estado Plurinacional. Algunas estaban escondidas en bolsas rotuladas como “guantes” y en cajas con el sello de la Gendarmería argentina dentro del depósito de la Policía en el que se hallaron.
PAGINA 12 / BUENOS AIRES.- “El tráfico de armas está penado en Bolivia con 30 años de prisión. Quiero hacer hincapié en el tema de Argentina. En bodegas de la policía boliviana se encontró material. Una parte fue enviado legalmente y otra parte se hizo de manera ilegal y lo estamos investigando”, dijo en conferencia de prensa Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno de Bolivia, y mostró parte del armamento hallado en bodegas.
Del Castillo confirmó que se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía de Bolivia. Es parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería pidió sacar del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada en el Estado Plurinacional. Algunas de estas balas estaban escondidas en bolsas rotuladas como “guantes” y otras estaban en cajas con el sello de la Gendarmería argentina dentro del depósito de la Policía en el que se hallaron.
Según información aportada por el ministro de Gobierno de Bolivia, los gendarmes argentinos llegaron al hangar de los Diablos Negros del aeropuerto de El Alto con el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. Allí el personal diplomático, que había sido escoltado por la Policía de Bolivia abordó el avión, y se comenzó la descarga de las cajas con armas y municiones. A las 7 de la mañana del 13 de noviembre de 2019, los gendarmes y los pertrechos fueron trasladados a la embajada y allí se hizo entrega del material bélico, como se había convenido con el entonces comandante de la Policía de Bolivia Yuri Calderón.
“Gran parte también fue enviada a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y debemos determinar si fue utilizado en las masacres de Sacaba y Senkata”, afirmó Del Castillo.
La hipótesis más firme es que de las 70.000 balas de goma que salieron de la Argentina, 40.000 fueron a la FAB –según surge de la carta que envió el 13 de noviembre de 2019 el entonces comandante Jorge Terceros Lara– y el resto a la Policía de Bolivia.
Del Castillo también denunció que la dictadura de Jeanine Áñez también pidió autorización el 15 de noviembre de 2019, dos días después de la llegada del contingente argentino, para que un Hércules de la Aviación boliviana entrara a Ecuador para recoger municiones –en su mayoría balas de goma y gases– que también fueron hallados en poder de la Policía de Bolivia.
Y agregó que “existía un plan continental para reprimir al gobierno boliviano organizado desde el 24 de julio cuando sin fundamento alguno el subsecretario de Estado de Donald Trump ya hablaba de fraude. Ya se tenía un manual para un golpe de Estado”.
Breve historia del golpe
“El 10 de noviembre, Evo Morales es obligado a renunciar y el 11 el embajador solicitó equipamiento al grupo Alacrán” de Argentina, dijo Del Castillo. Y continuó: “Al día siguiente, el 12 de noviembre, Jeanine Añez se autoproclama presidenta de Bolivia y efectivos Bolivianos se van a recoger personal de la embajada y el armamento y las municiones que habían solicitado desde Argentina llega para descargar las armas que habían sido solicitadas, pero también llegaron otras no solicitadas”.
Del Castillo dijo que el tráfico de armas en Bolicia está penado hasta con 10 años de prisión.
La denuncia del gobierno nacional por el envío de armas a Bolivia que realizó el gobierno de Mauricio Macri para colaborar con el golpe de Estado contra Evo Morales empezó a moverse en los tribunales en lo penal-económico, donde quedó radicada en el juzgado de Javier López Biscayart.
El escándalo no cede, especialmente después de que el exembajador argentino en La Paz Normando Álvarez García reconociera que podría haber existido un circuito paralelo para las 70.000 balas antitumulto que llevó consigo el grupo “Alacrán” de la Gendarmería, que llegó a Bolivia el 13 de noviembre de 2019, en las primeras horas del gobierno de Jeanine Añez. En el Ministerio de Seguridad, aguardan los resultados de las declaraciones que un instructor de la propia fuerza está tomando a los gendarmes que estuvieron desplegados en La Paz y que podrían explicar cómo podría haber funcionado ese “circuito paralelo”.
Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no sólo no le pidió explicación alguna a Normando, sino que lo reconoció.
Entre aplausos y honores, el ex embajador de Argentina en Bolivia y actual ministro de Trabajo de Jujuy recibió de las manos del gobernador la Medalla Orden del General Manuel Belgrano en reconocimiento a su desempeño de “alto valor humanitario” durante el golpe de Estado en Bolivia, en noviembre de 2019. Además, fue declarado “ciudadano ilustre” y “personalidad destacada de la provincia de Jujuy”.
El reconocimiento fue entregado por el gobernador jujeño cuando todavía no se acallan las repercusiones por la denuncia penal del gobierno de Bolivia al ex presidente de Argentina Mauricio Macri y al ex embajador de Argentina en Bolivia, el mismo Alvarez García, por el contrabando de material bélico para usar contra el pueblo boliviano en el 2019.
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Basteiro: “En el lote donde estaba el arsenal había granadas de gases de Estados Unidos”
El embajador argentino dijo que lo que no se sabe si estaban antes o llegaron junto al lote de material represivo que el Gobierno de Mauricio Macri envió al país vecino en noviembre de 2019. 
El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, dijo que en el lote de material represivo que el Gobierno de Mauricio Macri envió al país vecino en noviembre de 2019, cuando se consolidó el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales, “había granadas de gases de Estados Unidos”.
“En el lote donde estaba gran parte del arsenal había granadas de gases de Estados Unidos. Lo que no se sabe es si estaban antes o llegaron junto con lo que envió Argentina”, dijo el representante diplomático en diálogo con Radio del Plata.
Basteiro dijo en ese contexto que “se inclinaba” en pensar que los gases estadounidenses “ya estaban en el negocio”.
El embajador calificó como “inexplicable” que Mauricio Macri haya enviado “municiones argentinas y armas de contrabando de manera ilegal a Bolivia”, pero aclaró que no estaba “extrañado” por el accionar del expresidente.
“Es cierto que me sorprendió cuando encontré la nota y confirmamos que Argentina había enviado armamento en medio del golpe de Estado. Pero si hicieron una triangulación con Estados Unidos, me sorprendería más por lo arriesgado e impune que podría ser una acción como esta”, afirmó.
Basteiro recordó que en Estados Unidos “está preso el ministro de Gobierno de (Jeanine) Añez por haber ingresado en una triangulación con Brasil gases lacrimógenos, a través de una compra que era totalmente irregular”.
El diplomático llamó a “investigar dos cuestiones”: que al momento del golpe “había dos agente de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), uno en Santa Cruz y otro en la Paz”, y que “había personal de la CIA que no estaba en el país hace años”, y definió esta última circunstancia como “algo extraño”.
Basteiro hizo estas declaraciones poco antes de la conferencia de prensa en la que se mostraron las municiones encontradas y la documentación respaldatoria, junto con el jefe de Policía, Jhonny Aguilera, y el ministro de Gobierno, Carlos del Castillo.
Las municiones argentinas para Bolivia fueron embaladas en Estados Unidos
Así lo revelará el gobierno de Bolivia este lunes en conferencia de prensa. De esa forma, quedaría probada la participación de terceros países en el golpe y en la ayuda posterior al gobierno de facto. El material se trianguló a través de Argentina. Además, por su calibre, constituiría material de guerra así que las penas para los funcionarios podrían ser mucho más graves.
Por Fernando Cibeira / EL DESTAPE.- Las 29 mil municiones encontradas por la policía boliviana en sus depósitos que se enviaron desde Argentina por el gobierno de Mauricio Macri en las horas posteriores al golpe que derrocó a Evo Morales fueron embaladas en Estados Unidos, según denunciará este lunes el gobierno de Luis Arce. Así pudo establecerse gracias a la información recopilada por la comisión investigadora puesta en marcha por el Parlasur. Esto pondría de relieve que el golpe a Evo y la represión posterior tuvieron un planeamiento mucho mayor al imaginado, con activa participación de terceros países entre los que se encontraba la Argentina de Macri. Además, anticipaban que las municiones halladas, por su calibre, constituirían material de guerra, con lo que deberían haber contado con autorización expresa de la Cancillería y del Ministerio de Defensa, por lo que las penas que le podrían caber a los ex funcionarios involucrados serían mucho más graves.
“Ayudar a un gobierno golpista ya es grave, pero ayudarlos a que lleguen al poder es mucho peor todavía”, argumentó el vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde, quien el lunes pasado estuvo reunido en La Paz con Arce para alcanzarle la información que iban reuniendo en la comisión investigadora de la que participan también representantes bolivianos. La sospecha de un trabajo previo al golpe se vería confirmada con las municiones embaladas en Estados Unidos, que no podrían haber llegado a Bolivia de un día para el otro. Laborde alerta sobre la presencia en Bolivia de dos delegados de la AFI argentina, Luis Varela y José Sánchez, con actividad en territorio antes del golpe. También sobre las reuniones que se hacían en el consulado en Santa Cruz de la Sierra, donde se preparaba la transición. En una entrevista con Página/12, Evo Morales denunció que los agentes de inteligencia argentinos enviaban información a la CIA.
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El comandante de la policía boliviana Máximo Jhonny Aguilera Montecinos reveló la semana pasada el hallazgo en el depósito de la fuerza de seguridad de 29.600 municiones AT12/70, granadas y agentes químicos que no forman parte del inventario de la fuerza. En diálogo con este medio, Aguilera Montecinos dijo que “a partir de la información recabada hemos tenido informes en los cuales se asume que esos objetos ingresaron con fecha 13 de noviembre de 2019 a través de una aeronave C-130 proveniente de Argentina”.
En base a los datos que se siguen sumando, Bolivia anunciaría este lunes que este material fue embalado originalmente en Estados Unidos, con lo que Argentina habría cumplido el papel de triangulador de la ayuda a los golpistas. Con esto quedaría probado la participación de terceros países en la asonada contra Morales, no sólo en la represión posterior. Evo Morales aseguró que también el embajador brasileño estuvo involucrado. Por otro lado, dado el calibre de la munición de la que se habla, se trata de munición que se considera de guerra que, por convenciones internacionales, necesita de la firma de Cancillería y del Ministerio de Defensa. La omisión podría generarle un nivel de responsabilidad mucho mayor, con penas de prisión efectivas.
Por esta causa, el fiscal Claudio Navas Rial imputó a Macri y a sus ex ministros Patricia Bullrich, Jorge Faurie y Oscar Aguad, al ex embajador Normando Álvarez García y el ex jefe de Gendarmería Gerardo Otero. Lo hizo a partir de una denuncia presentada por el ministro de Justicia, Martín Soria, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, que y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont, que recayó en el juzgado en lo penal económico a cargo de Javier López Biscayart. El gobierno de Bolivia anunciará este lunes que también pedirá ser querellante en esta causa, más allá de que la justicia boliviana ya investiga el envío.
