Por Carlos Corz / LA RAZON / La Paz.- “Los golpista están arruinados”. Así el exvicepresidente Álvaro García resumió la situación de los militares y policías que participaron en el ingreso de armamento letal y no letal en noviembre de 2019 proveniente de Argentina, sin cumplir con requisitos como autorización de la Cancillería y del Ministerio de Defensa.
Además, afirmó en el programa streaming Piedra Papel y Tinta de La Razón que la Fiscalía “está en la obligación de abrir un proceso” para establecer responsabilidades en el ingreso irregular de “material bélico” el 13 de noviembre en una aeronave militar argentina que partió desde Argentina la noche del 12 de noviembre, dos días después de que renunciara Evo Morales y a horas de que tomara el poder Jeanine Áñez.
“Están arruinados, los golpista están arruinados, los militares y policías que recibieron ese cargamento con armas en la base aérea militar, los que autorizaron que aterrice, los que descargaron; si es militar tiene una pena de 30 años”, advirtió García apoyado en la ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados.
Según el expresidente, no puede ingresar a Bolivia ningún armamento sin cumplir con los procedimientos por más riesgo que tenga una legación diplomática, en respuesta a la justificación de la exadministración de Mauricio Macri sobre el envío de ese material, que inicialmente lo negaron, para el resguardo de sus instalaciones diplomáticas en La Paz.
Una carta de agradecimiento, fechada el 13 de noviembre, del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Gonzalo Terceros al exembajador argentino Normado Álvarez por “material bélico” permitió descubrir lo que el gobierno considera apoyo del gobierno de Macri a la administración de Áñez.
Según el detalle oficial, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) autorizó el envío a Bolivia, por 90 días, de 10 pistolas semiautomáticas, dos escopetas de repetición, cinco carabinas automáticas, dos ametralladoras, dos fusiles de repetición, 12 chalecos antibalas, 12 cascos balísticos; dos escudos balísticos, dos visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3600 eran calibre 12-70. Y habilitó el traslado de 11 miembros de la GNA.
Además, ingresó a Bolivia “70.000 cartuchos antitumultos marca Fabricaciones Militares y 100 spray de gas pimienta”, además de “661 granadas de mano de gas hostigamiento”.
García explicó que por la documentación que se conoce hasta el momento no hubo ninguna autorización de autoridad ya sea de Cancillería o del Ministerio de Defensa, carteras de Estado que, entre el 12 y 13 de noviembre, estaban sin autoridades.
“Este es un tema muy grave, se tiene que sancionar a quienes violaron la ley y la Constitución”, insistió y recordó que el alto mando de las Fuerzas Armadas bajo el mando de Williams Kaliman actuó desde el 10 de noviembre al margen del “mando civil”.
Según García, ese armamento antidisturbios se usó en los operativos policiales-militares que acabaron con más de 20 muertos por impactos de bala en Sacaba y Senkata de noviembre de 2019, cuando sectores sociales se movilizaban en apoyo a Morales.
“Heridos por perdigones de escopeta, esos cartuchos que regalaron, que entregaron a la Policía y las Fuerzas Armadas han matado gente, han herido gente”, aseguró y recordó que Paulino Condori y Percy Conde “murieron por disparos de cartuchos de escopeta”.
Una vez abierta una demanda penal en Bolivia, el proceso podría llegar hasta Macri y su exministra Patricia Bullrich bajo el acuerdo de Palermo que sanciona de forma transnacional el tráfico de armas
En Argentina, activaron una demanda penal contra Macri y otras exautoridades por el envío de “material bélico” a Bolivia.
Por el momento, la Fiscalía no informó del inicio de una investigación de oficio.
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García dice que Mando de las FFAA de 2019 se incrimina con orden de salir a las calles sin aval civil
“Esta es la nota de su autoincriminación, ellos actúan como fuerza deliberativa, por encima del mando civil, eso es un golpe militar”, sostuvo el exvicepresidente durante una entrevista en Piedra, Papel y Tinta.
El exvicepresidente Álvaro García expone documentación del 11 de noviembre de 2019.
Por Paulo Cuiza / LA RAZON / La Paz.- El exvicepresidente Álvaro García advirtió este martes que los comandantes de las Fuerzas Armadas se incriminaron con la orden del 11 de noviembre de 2019 de sacar unidades militares para “pacificar el país” sin una orden del Órgano Ejecutivo, desobedeciendo leyes militares y la propia Constitución que implica una sanción penal de al menos 10 años.
García dijo en entrevista con La Razón en el programa por streaming Piedra, Papel y Tinta que el 11 de noviembre, a través de un comunicado de la Dirección de Comunicación de las FFAA, el “Mando Militar” tomó la decisión de movilizar unidades.
“Quiero mostrar otro documento del 11, del día, no de la noche, otro comunicado de prensa del Comando en Jefe, del lunes 11, que dice: Las Fuerzas Armadas comunican que el Mando Militar, no dice el Ministro de Defensa, nosotros ya habíamos renunciado, pero no se había leído la renuncia en la Asamblea; el mando militar tomó la decisión, no dice el Ministro, no dice Evo Morales, de movilizar nuestras unidades para pacificar Bolivia”, detalló la exautoridad.
“Esta es la nota de su autoincriminación, ellos actúan como fuerza deliberativa, por encima del mando civil, eso es un golpe militar”, continuó García.
Uno por uno, el exvicepresidente, desglosó los artículos que contenía el comunicado de prensa en el cual se cita el artículo 244 de la Constitución Política del Estado (CPE); el artículo 6 incisos d) y g), artículo 8 inciso b) y artículo 57 inciso b) de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA).
Según García, los comandantes del Ejército Pastor Mendieta, de la Fuerza Naval Flavio Arce y de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros, más el comandante en jefe de las FFAA, Williams Kaliman, desacataron la Constitución al momento de movilizar al Ejército para conservar el orden público sin requerimiento del Órgano Ejecutivo.
“El artículo 8 (inciso b) dice que el Presidente y el Capitán General de las Fuerzas Armadas dispondrán el empleo de las fuerzas militares para: en lo interno mantener el orden público cuando las instituciones legalmente constituidas para este fin resultaren insuficientes. ¿Quién decide eso? El Presidente y el Capitán General de las Fuerzas Armadas, no decide el Mando Militar. Su ley les dice que esas decisiones las toma o el Ministro de Defensa o el Presidente del Estado”, apuntó.
“Estos señores del Mando Militar golpistas están ahora bajo la Ley LOFA y el Código Penal Militar cuyo artículo 70 señala que el que realice levantamiento de las Fuerzas Armadas, el investirse del cargo para el cual no ha sido designado será sancionado con dos a diez años en tiempo de paz y el doble en estado de guerra. Es decir, si nos apegamos a su Código Penal y la LOFA estos insubordinados mínimo tienen la posibilidad de tener una sentencia de diez años”, advirtió.
Para García, los militares no pueden tomar decisiones de apaciguar, pacificar o proteger por cuenta propia. “Eso es deliberación y está sancionado por el Código Penal Militar y la Constitución. El mando civil decide eso, el Ministro o el Presidente”, remarcó.
Luego, la exautoridad precisó que los militares intentaron blindarse demandando de Jeanine Áñez, que había asumido el poder, un Decreto Supremo para operaciones militares.
El exvicepresidente dijo que lo central de la insubordinación fue el despliegue de los aviones K8 en Challapata sin orden previa y un segundo apunte sobre un comunicado, del mismo 10 de noviembre, sobre la decisión del “Mando Militar” de ordenar la ejecución de operaciones militares y terrestres para “neutralizar grupos armados que se encuentran actuando fuera de la ley”.
“Esta es la primera prueba del golpe militar (…) ordenan operaciones militares”.
Avión Presidencial
García dijo que las Fuerzas Armadas, el 10 de noviembre de 2019, ya actuaban y operaban como un “gobierno militar” y que una muestra de ello es la orden del entonces comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros, de quitar el avión presidencial 01 al entonces presidente Evo Morales.
Precisó que a la fuerza el avión presidencial fue utilizado ese día para trasladar a Morales al Chapare, en el departamento de Cochabamba, y que el piloto llevó a los tripulantes hasta el hangar militar.
“Me bajo y le digo a Evo: tú cierra la puerta y no salgas de acá. Afuera habían seis u ocho oficiales, más atrás unos 20 carapintadas, todos armados. Pregunto ¿por qué nos han traído acá? ¡Qué nos salvó! Que llegaron cientos de personas en motocicletas y vehículos. Evo estaba aún al mando del Estado. Nos querían secuestrar, no habíamos renunciado, pero los militares, el Comando en Jefe, hacía lo que le daba la gana”, indicó.
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