DIARIO AHORA EL PUEBLO / LA PAZ.- En el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, gestado en 2019, no sólo hubo una participación material e intelectual activa de políticos opositores, cívicos, militares y policías bolivianos, también llegó ayuda externa bélica de los entonces presidentes Mauricio Macri de Argentina y Lenín Moreno de Ecuador.

Consumado el 12 de noviembre, y en el marco de un acuerdo de cooperación a la gestión golpista de Jeanine Añez, el gobierno de Moreno envió a Bolivia granadas y proyectiles en calidad de préstamo para reprimir y masacrar a los bolivianos que apoyaban a Morales.

Este acto injerencista en contra de la soberanía boliviana no fue el único, puesto que el expresidente argentino Mauricio Macri también envió gases, armamento letal, proyectiles de diverso calibre y 11 agentes especiales.

El 8 de julio de este año, el canciller Rogelio Mayta denunció al expresidente de Argentina Mauricio Macri por la entrega de material bélico para la represión social de ese entonces y mostró una carta de agradecimiento del general Gonzalo Terceros, por entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), al exembajador argentino Normando Álvarez, por el envío de dicho material.

También, la FAB certificó que un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina llegó el 13 de noviembre de 2019 a la ciudad de La Paz, transportando al personal argentino y su cargamento.

A pesar de que desde Argentina se aseguró que los gendarmes habían llegado sólo con material antimotín para resguardar la Embajada y a periodistas de ese país, se conoció que habían transportado armas de fuego y proyectiles que, se presume, fueron usados para quitar la vida a bolivianos en las masacres que sucedieron días después.

LOS ENVÍOS

Un informe del Ministerio de Seguridad de la nación argentina indica que el 11 de noviembre de 2019 la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) autorizó a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) el envío a Bolivia de 10 pistolas semiautomáticas; 2 escopetas de repetición; 5 carabinas automáticas; 2 ametralladoras; 2 fusiles de repetición; 12 chalecos antibalas; 12 cascos balísticos; 2 escudos balísticos; 2 visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3.600 eran calibre 12-70.

Una vez que Añez se autoproclamó presidenta, se solicitó y autorizó ampliar a 70 mil cartuchos antitumultos y aumentar 100 spray de gas pimienta. Esa jornada se amplió la autorización para el envío de 600 granadas de mano antitumulto.

Los 11 efectivos del grupo Alacrán, una agrupación de Operaciones Especiales, no están entrenados ni preparados para operativos antidisturbios, sino en el uso de armamento letal.

“En Argentina estamos comprometidos con la investigación a fondo y repudiamos toda la colaboración que haya hecho el gobierno del presidente Macri al golpe de Estado en Bolivia y estamos comprometidos en que se sepa toda la verdad. El acuerdo al que presuntamente llegó Macri con los golpistas en Bolivia hizo que esa decisión ponga a varias dependencias argentinas a trabajar en el envío de ese material”, dijo la actual ministra Sabina Frederic.

Añadió que todo lo enviado tuvo una autorización presidencial, además intervinieron dependencias del Estado como la Aduana, Agencia Federal de Inteligencia, Cancillería y Ministerio de Defensa.

‘BOLIVIA VERIFICA’ TUVO QUE RETRACTARSE

Una vez que el canciller Mayta denunció el apoyo de Macri al gobierno golpista y mostró la carta firmada por el general Terceros, el portal ‘Bolivia Verifica’ calificó como “falso” ese documento.

Varios activistas políticos, como Andrés Gómez Vela, aseguraron apresuradamente que se desbarataba la denuncia de golpe de Estado y acusaron a Mayta de mentir a los bolivianos, por lo que pidieron su renuncia y anunciaron un proceso penal, pero el sábado dicho portal se retractó y quitó la categoría de “falso” al documento del excomandante Terceros.

“Por tanto, ante estos nuevos elementos, los varios comentarios de nuestros lectores y la falta de una pericia grafológica obligan a retirar la categoría de ‘falso’ que ‘Bolivia Verifica’ consignó el viernes, hasta que surjan nuevos elementos que permitan emitir un criterio en torno a su autenticidad”, indicaba.

LAS MASACRES

El 16 de noviembre de 2019, Añez y sus ministros aprobaron el Decreto Supremo 4078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas al uso de armas de fuego, además los uniformados estaban exentos de responsabilidad penal.

En la masacre de Sacaba, Cochabamba, 12 personas murieron y 125 resultaron heridas debido a la represión policial y militar, mientras que la ocurrida en la zona de Senkata, El Alto, durante otra intervención combinada entre policías y militares, al menos 10 perdieron la vida y hubo decenas de heridos.

Ahora, aún se investiga quiénes dispararon y, sobre todo, qué autoridades dieron las autorizaciones para el uso de las armas de fuego.

¿QUÉ ES EL GRUPO ALACRÁN?

El grupo Alacrán es una fuerza que no tiene por doctrina la capacidad de hacer uso del material antitumulto, ya que dentro de la Gendarmería hay otra agrupación entrenada para esa misión, y se trata de destacamentos móviles.

Se puede resumir como la fuerza especial de la Gendarmería Nacional encargada de manejar armamento letal.

Esta agrupación permaneció en Bolivia desde noviembre de 2019 hasta junio de 2020 y habría usado los 70 mil cartuchos adicionales en ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro; sin embargo, sus miembros no están capacitados para usar el material antidisturbios.

“Nunca (el grupo Alacrán) podría haber usado (ese material) ni para instruirse porque no le corresponde por doctrina”, complementó Frederic.

Está confirmado que Macri y Moreno cooperaron con el golpe de Estado y el gobierno de facto para reprimir y masacrar a los bolivianos que lucharon incansablemente, aún a costa de sus vidas, en defensa del gobierno legítimamente constituido.

LOS ESPÍAS DE LA CIA

El sitio Behind Back Doors publicó un listado de espías vinculados a la CIA que tuvieron un papel importante en la ejecución del golpe de Estado.

La estación de la CIA en La Paz estaba a cargo de Rolf Olson y Annette Dorthy Blakeslee, quienes reclutaron al responsable del espionaje argentino AFI, José Sánchez, quien servía de enlace con los servicios secretos de varios países latinoamericanos. Estaba a cargo de dos estaciones de la AFI en Bolivia: una en La Paz y la otra en el Consulado de Santa Cruz. Este último fue utilizado para repartir fondos entre los golpistas de la ciudad. Los fondos, a su vez, eran proporcionados por la embajada de Estados Unidos.

También se menciona a los generales Williams Kaliman, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, así como a Vladimir Calderón, además de Rómulo Delgado, ambos excomandantes de la Policía.

EL DOLOR Y LA VERGÜENZA DE ALBERTO FERNÁNDEZ Y LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO

El presidente argentino, Alberto Fernández, mediante una carta, expresó el dolor y la vergüenza que siente por la colaboración de Macri al régimen golpista.

“Me dirijo a usted (Luis Arce) con el dolor y la vergüenza que me causó haber tomado conocimiento, por medio de la publicación de la nota remitida por autoridades militares bolivianas al entonces Embajador argentino, Normando Álvarez García, de la colaboración del Gobierno del Presidente Mauricio Macri con las fuerzas que perpetuaron el Golpe de Estado contra el Gobierno Constitucional del presidente Evo Morales”, señala parte de la misiva.

“Quiero pedirle disculpas a su gobierno y a su pueblo en nombre del pueblo argentino. Se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días”, complementa.

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, hizo pública una carta en la que pidió perdón a los bolivianos por el envío de “material bélico” y exigió que se apliquen “las penas más severas” contra los posibles responsables.

“Perdón hermanos nuestros, porque un presidente argentino, Mauricio Macri, y su banda aportaron con armas para dar el golpe de Estado contra Evo Morales y matarlos. Perdón, perdón por no habernos dado cuenta que en las filas de nuestro Ejército todavía tenemos traidores”, expresó.

Fernández y las Madres de Plaza de Mayo brindaron toda la colaboración para que se esclarezca ese hecho.

EL APORTE DE ECUADOR

El 14 de noviembre de 2019, durante una reunión del gabinete ministerial de Añez, la autoproclamada presidenta les consultó a los comandantes de la Policía y Fuerzas Armadas si existían los suficientes elementos para reprimir a los manifestantes, y ambos le aseguraron que no había para “seguir combatiendo a las hordas”.

La  entonces ministra de Comunicación Roxana Lizárraga abandonó la reunión, retornó a los 15 minutos y les dijo a los asistentes que había conseguido todo lo que se buscaba.

Ese día, Bolivia solicitó a Ecuador un permiso para el sobrevuelo de un avión Hércules C-130 sobre su espacio aéreo.

El 16 de noviembre, la aeronave se trasladó a Ecuador para traer proyectiles y granadas. El Legislativo ecuatoriano ya inició las investigaciones para establecer en qué condiciones se envió dicho material a Bolivia y quiénes lo autorizaron.

Se conoció que ‘El Zorro’ intercedió ante Ecuador para la entrega de gases destinados a reprimir.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que con el préstamo de proyectiles, granadas y gases se vulneró la soberanía de los países y de los procedimientos porque se usó la cooperación regional para la represión.

“Esperamos que el Gobierno ecuatoriano coopere con la investigación de lo que pasó esos días en Bolivia para dar con la verdad histórica del golpe de Estado. Bolivia jamás se metió en conflictos de otros países ni envió material. Siempre cuidamos la soberanía de los países, y nunca un gobierno democrático enviará granadas y proyectiles”, afirmó.

El exministro de Desarrollo Rural Mauricio Ordóñez, en la Fiscalía, afirmó que Lizárraga se comunicó con el exministro de Gobierno Carlos Sánchez Berzaín.

Por Luis Fernando Cruz 

DIARIO AHORA EL PUELBO.- El Alto Mando de las Fuerzas Armadas (FFAA) quebró el orden constitucional el 10 de noviembre de 2019 con la ejecución de operaciones militares aéreas y terrestres sin autorización del entonces Capitán General de la entidad castrense, Evo Morales, para neutralizar movilizaciones sociales contra el golpe de Estado.

Quien era director de Comunicación Social de las FFAA Gary Yul Bleichner, en conferencia de prensa, informó que la decisión fue asumida por el Alto Mando Militar para hacer frente a grupos armados que estaban actuando en contra de la ley.

“El Mando Militar ha ordenado la ejecución de operaciones militares aéreas y terrestres para neutralizar a grupos armados que se encuentran actuando fuera de la ley”, sostuvo entonces el director de Comunicación de la entidad castrense, con lo que se justificó el vuelo de aviones K-8 y de helicópteros para amedrentar a la población movilizada en el municipio de Challapata, Oruro.

El expresidente Evo Morales, la pasada semana, develó que cuando le pidió un informe al entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FFAA) Gonzalo Terceros, quien ordenó el despegue de esas aeronaves, la respuesta que éste dio fue que el despliegue tuvo el fin de evitar el enfrentamiento entre bolivianos, un hecho que no responde a la verdad.

CONFABULACIÓN

El analista Gustavo Torrico sostuvo que ese comunicado se constituye en una prueba más de que las FFAA se sublevaron antes de que renuncie Morales, en cumplimiento de un plan diseñado en reuniones en las que participó el Alto Mando Militar y la Policía para hacer que dimita el Presidente constitucional.

Recordó que la exautoridad de gobierno Teresa Morales develó que en reunión del 10 de noviembre en la Universidad Católica Boliviana (UCB), la expresidenta de la Cámara de Senadores Adriana Salvatierra dijo que no negociarían nada hasta que se permita salir el avión mexicano del país transportando el presidente Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera y otros, a lo que Jorge Tuto Quiroga dijo que no había problemas e instruyó a Terceros dejar salir la aeronave, sin ser autoridad pública.

Además, el 11 de noviembre de 2019, el comandante de la Policía Bladimir Calderón le envió una carta a la senadora Jeanine Añez pidiendo que ordene a las FFAA salir a las calles porque los policías habían sido superados por los movilizados.

“Los señores de las Fuerzas Armadas y de la Policía ya habían tomado una decisión porque estaban involucrados en el golpe de Estado antes de la renuncia del Presidente”, precisó el analista.

Torrico adelantó que la oposición ingresó en una crisis interna porque ya no tiene argumento para sostener la narrativa de fraude electoral en su intento de justificar el golpe de Estado político, militar y policial el 10 de noviembre de 2019, con apoyo de la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y de gobiernos de derecha de la región.

Denuncian a Macri y puede ser condenado a 12 años de cárcel

Télam – Argentina /

El Gobierno nacional denunció ayer al expresidente Mauricio Macri y a casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de “material represivo” a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

La denuncia, a la que accedió Télam, lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

La presentación realizada ante la justicia federal denuncia “el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.

ENVÍO DEL MATERIAL Y DENUNCIADOS

El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, de acuerdo la denuncia de las autoridades bolivianas.

Esta maniobra habría contado con la participación de Macri y “Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (exembajador argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)”, según la presentación judicial.

La denuncia señala, además, a “Gerardo José Otero, (exdirector nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (excomandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina)”.

CONTENIDO

“La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los derechos humanos, entre ellas, las recordadas ‘masacres’ (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata”, señalaron los funcionarios que firmaron la denuncia.

“No se trata de cualquier tipo de contrabando, sino de uno que tuvo como fin reforzar la capacidad de acción de fuerzas armadas que se habían levantado sediciosamente en armas contra un gobierno constitucional y contra el pueblo boliviano. Fin que las autoridades nacionales no podían desconocer: enviaron municiones y material represivo a sabiendas de que sería usado contra al pueblo de Bolivia por parte de las fuerzas sediciosas”, enfatizaron.

Figura penal del expresidente

El viceministro de Justicia Juan Martín Mena advirtió que el delito que cometieron tiene una pena de cuatro a 12 años de prisión, informó el portal noticioso El Destape.

“Claramente es un delito penal. Venimos denunciando la cantidad de delitos que cometió Mauricio Macri y su equipo de gobierno. Nunca imaginábamos que iban a terminar todo el catálogo penal (…) Son conductas criminales gravísimas”, dijo.

Mena explicó que los exfuncionarios de Macri “en Bolivia, en la causa que investiga el golpe de Estado, tendrán que responder por esos delitos cometidos”.

Sostuvo que “el principal es el contrabando agravado”, a lo cual afirmó que “está confeso por los documentos oficiales” y apuntó que es un delito que “tiene una pena de 4 a 12 años” por falsear “una salida de material de seguridad y aprovecharon el viaje para nutrir de armamento a los sediciosos en Bolivia”.

Macri y Moreno apoyaron el golpe de Estado de 2019