Por Felipe Yapur / Página 12 / Buenos Aires.- “Que se haya colaborado para reprimir una protesta contra un golpe me parece de una gravedad enorme”, aseguró el presidente Alberto Fernández poco después de que su gobierno presentara la denuncia contra el expresidente Mauricio Macri y varios de sus exministros, entre ellos Patricia Bullrich y Oscar Aguad, por haber respaldado con hechos el golpe contra Evo Morales en noviembre de 2019. Para concretar ese objetivo, dice la demanda, los entonces funcionarios llevaron adelante “una maniobra engañosa y premeditada” para disimular el envío de material bélico a los golpistas bolivianos que luego utilizaron en las masacres conocidas como Sacaba y Senkata. En ese contexto, la denuncia afirma que el gobierno de Cambiemos “contrabandeó armamento y municiones para reprimir civiles en apoyo a un gobierno de facto” y por eso, en principio, los acusan de contrabando agravado, que incluye armas y municiones de guerra, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación.
La demanda describe de manera puntillosa la sucesión de hechos que derivaron en el envío del material bélico que se justificó con una misión de protección del embajador, su familia y la embajada argentina en Bolivia que protagonizaron 10 gendarmes integrantes del grupo Alacrán. Pero los denunciantes afirman que esto tenía como objetivo el “ocultar una maniobra que convertía a sus autores en partícipes necesarios de delitos contra el orden constitucional en el país de Bolivia y de graves vulneraciones a los derechos humanos del pueblo boliviano”. Así lo dice el escrito que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el ministro de Justicia, Martín Soria y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
Los exfuncionarios macristas son acusados de eludir la participación del Congreso como entidad responsable de autorizar la salida de efectivos de la Gendarmería y del material bélico enviado con ellos, tal como lo establece la Constitución. Pero de haberse seguido este procedimiento hubiese salido a la luz la colaboración con el golpe. Al mismo tiempo, los denunciantes afirman que la maniobra de ocultamiento implicó violar tratados internacionales como el de comercio de armas, que prohíbe el envío de armas a un Estado que viva una situación de conflictividad como que por esos días atravesaba Bolivia y, por lo tanto, lo que hizo Macri fue intervenir en asuntos internos de otro país.
Además de Macri, Bullrich y Aguad, deberán responder ante la justicia el excanciller Jorge Faurie, el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García, el exdirector General de Aduanas, Diego Jorge Dávila, el exdirector de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), Eugenio Cozzi; el entonces jefe de la Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, Rubén Carlos Yavorski, Comandante Mayor Director de Logística y Carlos Miguel Recalde, Director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería.
Todos éstos participaron, según la denuncia, de “un hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”.
La maniobra
Los denunciantes afirman que todo el operativo para llevar adelante ese respaldo a los golpistas comenzó el 7 de noviembre de 2019 cuando el entonces director de Anmac, Cozzi, modificó la regulación de la salida definitiva o temporaria del país de materiales controlados. Esa decisión administrativa que flexibiliza los requisitos para las salidas temporarias de armamentos termina por eliminar las exigencias de informar a la aduana.
El 11 de noviembre Gendarmería pide la autorización de exportación temporaria del armamento que iban a usar los gendarmes. Allí mismo, dice la denuncia, se hizo una ampliación del cupo de municiones a llevar. Al día siguiente, el 11 de noviembre, la Gendarmería pidió otra ampliación del material a trasladar. Ahí figuran los 70.000 cartuchos anti-tumultos y 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de mano de gas hostigamiento. Un listado que coincide con la nota de agradecimiento que el 13 de noviembre enviará el entonces jefe de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Terceros Lara.
Un dato curioso es que en los archivos de la Anmac no existe una autorización de salida de las granadas de gas pero que existen en los listados de la Gendarmería y en el agradecimiento de Terceros Lara. Sin embargo, cuando los gendarmes regresaron en junio de 2020, tuvieron que informar y justificar el reingreso del material sobrante, nada se dijo de la exclusión de las granadas lo que para los demandantes implica un reconociminto de la salida irregular. Es necesario destacar que el Hércules en el que se trasladaron los gendarmes incluyó el transporte de 177 bultos. Ese avión de la Fuerza Aérea Argentina aterrizó en Bolivia durante la madrugada del 13 de noviembre. Jeanine Añez ya llevaba dos dias usurpando la presidencia de ese país.
Hay otro dato a destacar. El 15 de noviembre la entonces ministra Bullrich firmó y emitió la resolución que autorizaba la salida de esos efectivos. Ese mismo día, a las 20.05, la Gendarmería envió un sobre al Ministerio con la nómina de los gendarmes. Dos horas más tarde se publicó la resolución de Bullrich, pero los gendarmes estaban en la Paz hacía ya dos días. Bullrich firmó la autorización sin esperar un dictamen del departamento jurídico de la Gendarmería y mucho menos el del ministerio que conducía.
El contrabando
Todo este material transportado junto con los gendarmes representan lo que se denomina “exportación temporaria”, en este caso se trató de armas de fuego y otros materiales controlados. Esto implica la autorización para sacar esos elementos del país durante un determinado período de tiempo que, cumplido ese plazo, deben ser reintegrados al país.
Ahora bien, lo que ha detectado la Aduana son discrepancias entre el objetivo por el cual se sacaron del país y el uso que tuvieron después. Porque una exportación temporaria impide de manera taxativa la entrega de ese material bélico a fuerzas militares bolivianas tal como consta en la nota de agradecimiento de Terceros Lara y las autorizaciones del ingreso de ese materia que hizo la Policía de Bolivia y que consta en la investigación realizada por el ministerio que conduce Frederic.
Es más, en julio de 2020, cuando regresaron los gendarmes y el entonces titular de la Dirección de Operación de Gendarmería, Carlos Recalde justificó el “consumo” total de los 70.000 cartuchos “anti tumulto” con el ejercicio de entrenamiento y práctica de los uniformados.
Esta discrepancia y las otras evidencias que incluye la denuncia, le permite a los demandantes sostener la hipótesis del contrabanado y el desvío de armamento para un fin no declarado. En ese sentido, la demanda es contundente al sostener “que entre el 11 y el 12 de noviembre de 2019, Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno de todos los niveles, tomaron la decisión de utilizar el traslado de personal de custodia para ni más ni menos, contrabandear material represivo para nutrir y mejorar las capacidades del gobierno de facto que ese día asumía el poder ilegítimamente en Bolivia”.
La paz de la región
Entre los delitos que incluye la demanda está la violación de los artículos 219 y 220 del Código Penal. El primero se refiere a las penas de uno a seis años por realizar “actos materiales hostiles no aprobados por el gobierno” y que pongan en peligro la paz de la Argentina. Estas penas pueden ser de 3 a 15 años si esos actos provocan una guerra.
En el caso del artículo 220, se determina pesas de seis meses a 2 años para el que viole tratados internacionaes, treguas y armisticios. Las penas se incrementan si estos actos son cometidos por militares.
NOTA ORIGINAL DE PAGINA 12 AQUI: https://www.pagina12.com.ar/354291-el-gobierno-denuncio-a-macri-y-varios-de-sus-funcionarios-po
El Gobierno nacional denunció a Macri y exfuncionarios por el envío de material bélico a Bolivia
La presentación lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.
TELAM / BUENOS AIRES.- El Gobierno Nacional denunció este lunes al expresidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de “material represivo” a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
La denuncia, a la que accedió Télam, lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.
La presentación realizada ante la justicia federal denuncia “el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.
Los funcionarios del Gobierno nacional afirmaron en la denuncia que el objetivo de aquel envío fue “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales”.
“El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”, se indicó en la denuncia.
El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, de acuerdo la denuncia de las autoridades bolivianas.
Esta maniobra habría contado con la participación de Macri y “Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)”, según la presentación judicial.
La denuncia señala, además, a “Gerardo José Otero, (exdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (excomandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina)”.
En base a la información recolectada hasta el momento, “se observa la posible comisión de los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”, se indicó en la denuncia.
Los hechos salieron a la luz cuando la embajada argentina en Bolivia descubrió una misiva del entonces Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, dirigida al entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García, fechada el 13 de noviembre de 2019, en la que se dio cuenta de la recepción de municiones, gases lacrimógenos y granadas de gas.
La carta fue dada a conocer el pasado 9 de julio por el Canciller boliviano, Rogelio Mayta, en una conferencia de prensa y a partir de allí se suscitaron a una serie de investigaciones administrativas por parte del Gobierno Nacional, a través de las cuales se recolectó información y documentación que corrobora el envío del material.
De acuerdo a la denuncia a la que accedió Télam, el envío “se pretendió encubrir bajo la necesidad de proteger la Embajada argentina” y el material se desvió “hacia las fuerzas armadas bolivianas”.
“La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas ´masacres´ (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata”, señalaron los funcionarios que firmaron la denuncia.
“No se trata de cualquier tipo de contrabando, sino de uno que tuvo como fin reforzar la capacidad de acción de fuerzas armadas que se habían levantado sediciosamente en armas contra un gobierno constitucional y contra el pueblo boliviano. Fin que las autoridades nacionales no podían desconocer: enviaron municiones y material represivo a sabiendas de que sería usado contra al pueblo de Bolivia por parte de las fuerzas sediciosas”, enfatizaron.
La denuncia, que será sorteada este martes en los tribunales federales de Comodoro Py, incluye 14 documentos oficiales certificados y sugiere al menos 8 medidas de prueba para el inicio de la investigación.
“Estamos trabajando sobre una denuncia con distintos organismos del Estado porque también han violado tratados y convenciones”, había anticipado el ministro de Justicia, Martín Soria, quien explicó que “seguramente en las próximas horas va a haber novedades porque el hecho es gravísimo”.
El viernes pasado, el Gobierno boliviano difundió una carta en la cual daba detalles del envío desde Argentina hacia Bolivia de material bélico y de armamento para reprimir protestas sociales luego del golpe de Estado de noviembre de 2019, en el cual Jeanine Áñez derrocó del poder al presidente Evo Morales.
Al hablar con radio 10, Soria indicó que a Macri “el Código Penal le queda chico” y dijo que el exmandatario “cargó las armas de la dictadura boliviana”.
“El Código Penal argentino les queda chico a Mauricio Macri y compañía. No solamente se los investiga por las fechorías que hicieron en nuestro territorio y las penurias en las que sumergieron a todos los argentinos, sino también en otros países, por delitos graves”, completó.
El ministro resaltó que el mismo día que la exministra de Seguridad Patricia Bullrich (actual presidenta del PRO) y otros funcionarios “pedían autorización para sacar el armamento y las municiones supuestamente para defender la embajada argentina en Bolivia”, estaba asumiendo Áñez.
En el mismo sentido, el embajador de Bolivia en la Argentina, Jorge Ramiro Tapia, aseguró este lunes que “se ha corroborado” el ingreso de una nota junto a los materiales bélicos que el gobierno de Mauricio Macri envió en 2019 a Bolivia.
“La mentira tiene patas cortas, los que hicieron cosas que no debían, tienen que estar presos”, completó el diplomático a radio 10, y sostuvo que el pueblo boliviano no quiere “ni olvido ni perdón, sino justicia”.
La cuestión fue abordada en la noche del domingo entre los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Bolivia, Luis Arce, en una videoconferencia que fue emitida por la TV Pública, en la que Fernández volvió a plantear que “la Argentina de aquellos días no se portó bien con los bolivianos”.
“Estoy muy avergonzado porque la Argentina no se haya portado bien. Que el gobierno argentino de entonces (por la gestión de Mauricio Macri) no se haya portado bien. Pero tengo la íntima tranquilidad, Lucho, que sabés que siempre estuve al lado de ustedes y trabajé por la vida de Evo y de tantos compañeros perseguidos en Bolivia”, subrayó el jefe de Estado.
Desde La Paz, Arce remarcó que tanto el propio Fernández como el resto de la administración del Frente de Todos “no tenían por qué sentirse avergonzados” ya que, reconoció, “el Gobierno del pueblo argentino se ha portado siempre bien con nosotros, los bolivianos”.
En el mismo sentido le agradeció al Presidente por “todo lo que han hecho por Evo” y por “todas las gestiones que han hecho para poder darles lo mejor que tenían”.
Por su parte, la titular del PRO y ministra de Seguridad durante la gestión de Cambiemos, Patricia Bullrich, se defendió de las acusaciones a través de una carta publicada en redes sociales y dirigida al presidente Alberto Fernández.
Allí asegura que “dolor y vergüenza causa la imprudencia, la impudicia y la velocidad con las que usted compromete al Estado Argentino al reconocer semejante acusación sin la mínima indagación ni prueba, por el solo hecho de que en ese momento gobernaba el país un presidente de un partido diferente al suyo”.
“El gobierno del presidente Mauricio Macri cumplió con su deber de resguardar la Embajada Argentina en Bolivia, protección que alcanzó no sólo al señor embajador y personal diplomático, sino también a dos ministros renunciantes del gobierno del señor Evo Morales: el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la ministra de Planificación, Mariana Prado Noya”, remarca Bullrich en otro tramo de la carta.
Hasta el momento, por lo menos dos organismos del Estado anunciaron el inicio de investigaciones formales por el envío de este armamento a Bolivia.
La Unidad Fiscal Especializada en la investigación de ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y demás materiales controlados (Ufiarm) anunció el pasado 9 de julio el inicio de una investigación a cargo del fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, Gabriel González Da Silva.
Indicaron que en el marco de esta pesquisa se dispusieron “una serie de medidas probatorias, entre ellas, el requerimiento de información a la Presidencia de la Nación, a distintos ministerios de la Nación y a la Gendarmería Nacional, con el propósito de comenzar a colectar elementos que permitan avanzar a dilucidar tales episodios a la mayor brevedad posible y determinar, en su caso, sus posibles autores o partícipes”.
Por su parte, la Dirección General de Aduanas (DGA) inició una investigación para determinar “la eventual existencia de delito en la exportación de armas de fuego y otros materiales controlados al Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre de 2019”.
“El organismo que depende de la AFIP también inició una segunda investigación para controlar la regularidad de los procedimientos llevados adelante por la DGA” durante el Gobierno de Mauricio Macri, informaron fuentes oficiales.
La denuncia del Gobierno por envío de armas a Bolivia: a quiénes acusa y cuáles son los cargos
EL DESTAPE.- El Gobierno Nacional denunció este lunes al ex presidente Mauricio Macri y a una decena de funcionarios de su gestión por haber enviado material bélico a Bolivia en el momento en el que se consumó el golpe de Estado en el que fue derrocado Evo Morales. Con la firma de varios ministros, la denuncia apunta, entre otros, a Patricia Bullrich, Jorge Faurie y Oscar Aguad por el delito de contrabando.
La denuncia penal tiene la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la titular de la Administración Federal de Ingresos Público, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. La denuncia recae sobre el expresidente Mauricio Macri, pero también sobre ministros y funcionarios de su Gabinete.
En la denuncia penal se detalla que, en base a la información recolectada, se observa la posible comisión de los delitos de “contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos”. Y también “abuso de autoridad (art. 248 C.P.) y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”.
En la denuncia apuntan que Mauricio Macri, Presidente de la Nación en funciones al momento de los hechos, tenía una “su función de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas obligan a investigar su participación en estos hechos que, dada la magnitud de su relevancia institucional, razonablemente no pudieron haber sucedido sin su autorización, aval o impulso”. Incluso, vale recordar que poco después de lo sucedido, Mauricio Macri, quien estaba muy cerca de dejar el cargo, llamó “presidenta a cargo” y “presidenta electa” a la flamante dictadora Añez
En el texto se sostiene que Patricia Bullrich, que en ese momento era Ministra de Seguridad, firmó la resolución que autorizó la salida del país del Grupo Alacrán (grupo de elite de Gendarmería) por el cual se realizó el envio oculto de armas. Oscar Aguad, ministro de Defensa en ese momento, tenía a su cargo el avión Hércules en el cual se trasladó el armamento. Jorge Faurie, ministro de Relaciones Exteriores, era el superior jerárquico del Embajador argentino en Bolivia, que fue destinatario de la carta que permitió conocer los hechos.
Por otro lado, también se apunta al embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, Diego Jorge Dávila -director general de Aduanas- y Eugenio Cozzi -Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados ANMAC-. También la denuncia recayó sobre Gerardo José Otero y Ruben Yavorski, Director Nacional de Gendarmería y Comandante Mayor Director de Logística, respectivamente. Finalmente, Carlos Miguel Recalde, director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina, quien emitió una de las notas de traslados.
En el texto de la denuncia, se sostiene, además que: “más allá de la contundente prueba que significa la carta de agradecimiento y constancia de recepción de material suscripta por el entonces comandante de la fuerza aérea boliviana –hoy detenido por su participación activa en el golpe de estado-, escapa a cualquier lógica creer que un grupo de 10 agentes del Grupo Especial “Alacrán” de la Gendarmería Nacional, podría utilizar 70.000 cartuchos Anti tumultos y la cantidad de granadas que fueron trasladas a Bolivia”.
¿Cuánto fue el cargamento supuestamente enviado?
En la primera carta que salió a la luz por parte del Gobierno de Bolivia, se evidenció la recepción de 40.000 cartuchos antitumulto calibre 12/70, 18 gases lacrimógeno en spray MK-9, 5 gases lacrimógeno en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC que llegaron desde Argentina.
Por otro lado, en la documentación aportada se observó que se añadieron 70.000 municiones antitumulto a las 3.600 informadas en un primer momento. Además, en esa ampliación al pedido, se evidencias las irregularidades en las documentación que fue presentada por Gendarmería en la Aduana. Mientras que, por otro lado, también se ve que falta un pedido de autorización de armamento presentado por la Embajada ante la Policía Boliviana en la que no figuran las 70.000 municiones antitumulto, las granadas ni el gas lacrimógeno. Estos últimos serían el material desviado.
NOTA ORIGINAL DE EL DESTAPE: https://www.eldestapeweb.com/politica/envio-de-armas-a-bolivia/la-denuncia-del-gobierno-por-envio-de-armas-a-bolivia-a-quienes-acusa-y-cuales-son-los-cargos-202171218100
