AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION (ABI).- El año pasado, Luis Fernando López Julio estuvo a punto de convertirse en otro presidente de facto de Bolivia al amparo de un segundo intento de golpe de Estado que planificó una invasión armada de mercenarios de EEUU. Esa conspiración que fue interrumpida por lo nacional/popular, permanece latente y alimentada por actores políticos, incluidos algunos medios de difusión.
Lo anterior es una síntesis de una investigación difundida por la publicación The Intercept, y entrevistas al exministro de Defensa, Reimy Ferreira, y al exministro de Gobierno, Hugo Moldiz.
Fue hace apenas unos meses que el país recuperó la democracia, interrumpida 12 meses, mediante el voto y la movilización campesina/popular. Fue hace apenas una semana atrás que Bolivia se enteró de preparativos de un segundo intento de golpe de Estado, esta vez de la mano de López, contratistas militares estadounidenses y grupos renegados de policías y militares bolivianos, según la investigación de The Intercept.
The Intercept, una organización de noticias galardonada y financiada por el fundador y filántropo de EBay, Pierre Omidyar, desde 2014, difundió el 17 de junio de 2021 un amplio reportaje titulado: “Exministro de Defensa boliviano planeó un segundo golpe con mercenarios estadounidenses”.
La indagación, que incluye documentos y grabaciones de audio de llamadas telefónicas sostenidas por Luis Fernando López Julio y otros actores, desnudó un plan para desplegar a cientos de mercenarios de Estados Unidos con el fin de impedir las elecciones generales recientes o evitar que Luis Arce asuma la presidencia de Bolivia, pese a que ganó los comicios con el 55,11% de apoyo.
“Varios de los conspiradores discutieron el envío de cientos de mercenarios extranjeros a Bolivia desde una base militar estadounidense en las afueras de Miami. Estos unirían fuerzas con unidades militares de élite bolivianas, escuadrones de policías renegados y turbas de justicieros en un intento desesperado por evitar que el mayor movimiento político del país regrese al poder”, indica la pesquisa.
La más larga de las grabaciones es una llamada telefónica de 15 minutos con una persona que The Intercept identificó como Luis Fernando López, a quien en la grabación se refieren como “Señor Ministro”. Otros actores son Joe Pereira, un ex administrador civil del Ejército de los Estados Unidos (…) y «Cyber Rambo», es decir Luis Suárez, un exsargento del ejército estadounidense de origen boliviano.
En la grabación, un hombre identificado como López indica: «Los armamentos y otros equipos militares obviamente son muy importantes para reforzar lo que estamos haciendo».
“Después de la llamada telefónica que tengo contigo, haré lo mismo para coordinar con las autoridades policiales”.
“El alto mando militar ya está en conversaciones preliminares”, continúa. “La lucha, el grito de guerra, es que (el MAS) quieren reemplazar a las fuerzas armadas y policías bolivianos por milicias, cubanos y venezolanos. Ese es el punto clave. Ellos (la Policía y FFAA) van a permitir que Bolivia se levante nuevamente y bloquee una administración de Arce. Esa es la realidad «, señala López en el audio.
“Es probable que algunos oficiales militares respalden al caballo ganador (Luis Arce) porque ganó las elecciones», admite, pero insiste en que son «muy pocos».
En el audio, Pereira indica que aviones son necesarios «para recoger personal en el Comando Sur en la Base de la Fuerza Aérea Homestead en Miami». «Para cuando los C-130 lleguen, los contrataré, los prepararé y todas sus armas estarán listas», agrega.
“Vamos a poner a todas esas personas bajo contratos fantasma para empresas bolivianas que ya operan en el país”, continúa Pereira, coincidiendo con López en cada punto.
“Puedo conseguir hasta 10.000 hombres sin problema. No creo que necesitemos 10.000”, estipula Pereira. “Todas las fuerzas especiales. También puedo traer alrededor de 350 lo que llamamos LEP, Profesionales de la Aplicación de la Ley, para guiar a la policía. (…) conmigo (en Bolivia) tengo una plantilla de personal que puede manejar varios trabajos diferentes. (…) si hay algo más que necesito, los haré volar como encubiertos, como si fueran fotógrafos, fueran pastores, fueran médicos, fueran turistas”, añade Joe Pereira.
Luis Fernando López, presidenciable
Otro par de conversaciones grabadas y revisadas por The Intercept, sugieren que “López no solo estaba involucrado, sino también que los conspiradores habían colgado la posibilidad de que él se convirtiera en presidente en lugar de Arce”.
Una mujer que se refiere a sí misma como pariente de Luis Fernando López dice en una llamada que está bajo presión “para no desenmascarar el plan de Murillo”, ante lo cual otra persona indica: “Dígale a la madre de López (…) que probablemente su única opción para salir vivo, libre o como presidente de Bolivia es que atienda nuestra llamada (…). Su hijo ya está en mucho peligro”, agrega. “Tengo que hablar con él y tiene que dejar de cometer errores”.
Respecto a la veracidad de las palabras grabadas en sonido, la Policía Boliviana hizo una pericia y estableció que los audios que involucran a López, son reales.
“Aún estamos en la búsqueda de establecer quiénes son las otras personas que interactúan; pero, como les decíamos, más allá de lo que vaya a establecer el Ministerio Publico, para que esta actividad de investigación partida y surgida de ustedes tenga una materialidad legal, estamos en la certeza de que corresponde a la voz del exministro López”, afirmó días atrás el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera.
Un exmilitar, comunicador social y otros actores
López, un actor clave en la planificación de la conspiración evidenciada por The Intercept, nació el 15 de octubre de 1964 en La Paz. Con el grado de teniente, dejó la carrera militar y se tituló como Comunicador Social. Se casó con Katya Fuertes Gutiérrez.
Fue presidente de la agencia Lola Group S.R.L., especializada en comunicación integral y estrategias de marketing publicitario.
Su padre es el general Luis Fernando López Bacigalupo.
Estos lazos permitieron a López realizar las gestiones para la insubordinación militar y policial que dio viabilidad al golpe de Estado de 2019.
Fue el propio Fernando Camacho, quien reveló en un video que su padre fue quien “cerró con los militares, para que no salgan (a reprimir); por esa razón, la persona que fue a hablar con ellos y a coordinar todo fue Fernando López, actual Ministro de Defensa. Por eso él está de ministro, para cumplirle los compromisos”, dijo.
Según uno de los correos electrónicos difundidos por The Intercept, el despliegue de mercenarios y armamento con destino a Bolivia se retrasó debido al aplazamiento de las elecciones del 23 de julio, al 6 de septiembre y al 18 de octubre. “Todavía estamos en camino de que llegue lo suficientemente temprano para hacer el tema del tren y el equipo”, indicó Joe Milligan quien, junto a David Shearman, tiene una amplia experiencia en operaciones encubiertas y de contrainsurgencia en el extranjero, añade The Intercept.
Sobre Joe Pereira, el reporte indica que llegó a Bolivia hace aproximadamente una década. Dirigió la Fundación Bridge 2 Life que pretende traer pastores, médicos y maestros a trabajar en América Latina y el Medio Oriente. Un anuncio de 2014 de una charla motivacional de Pereira lo describe como un «exoficial del Ejército de las Fuerzas Especiales» y un «exmarine». Según un boletín interno, trabajó como planificador de movilización de asuntos de reserva en el Centro y Escuela de Guerra Especial John F. Kennedy en Fort Bragg, Carolina del Norte, un centro de entrenamiento del Ejército para el Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, o SOCOM, en 1999. Otra publicación lo describe como contratista civil en el mismo cargo en 2002.
La interpretación de dos exministros
Respecto al segundo intento de golpe de Estado, el exministro de Defensa, Reymi Ferreira, indicó que las declaraciones de Luis Fernando López son inaceptables ya que su plan se trató de una traición a la Patria debido a que buscó lesionar la soberanía de Bolivia, pedir la intervención de tropas extranjeras e instrumentalizar a las FFAA.
Para Ferreira, estos preparativos golpistas fueron minimizados o silenciados por los medios de difusión. “La prensa que conspiró desde el año 2016 y antes contra el gobierno del expresidente Evo Morales, y ahora sigue conspirando contra el gobierno del presidente Lucho Arce. La misma prensa ha minimizado y algunos incluso han tratado de ignorar ese tema sacándolo de la agenda informativa y sacando fuera de contexto otras declaraciones (en el video de Morales), con otro sentido (…). Eso nos demuestra la manipulación mediática, la guerra psicológica sigue operando a través de estos medios y redes”, manifestó.
Para el exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, los audios y documentos que incriminan a López y Murillo, confirman que el régimen de Jeanine Áñez buscaba evitar las elecciones o, si Luis Arce las ganaba (como sucedió), evitar su posesión.
“El centro del debate es la intencionalidad política que acompaña a López y que es congruente López por que el golpe de Estado de noviembre de 2019 no fue hecho solo para sacar a Evo Morales, fue para interrumpir el proceso de cambio y para que los pobres no vuelvan nunca más a ser gobierno”, remarcó.
La estructura golpista está latente
Tanto Hugo Moldiz como Reymi Ferreira coinciden en que estos aprestos golpistas se mantienen latentes.
“La clase dominante ha perdido en el campo de lo político, no encuentra alternativas para triunfar en el campo de lo político y esto que es bueno para lo nacional/popular, que es bueno para el bloque popular, al mismo tiempo es una advertencia porque si la clase dominante, las viejas oligarquías, la clase empresarialmente poderosa, la derecha y la ultraderecha, no tienen posibilidades de disputar en el campo de lo político, por lo tanto lo que van a hacer es virar su mirada hacia el campo de la desestabilización y el golpe. Así yo creo que está absolutamente latente”, indicó Moldiz.
Para Ferreira, aunque López fugó al extranjero y no se concretó el segundo golpe de Estado, no se ha desarticulado ese tipo de intenciones que tienen como “arma” a los medios de difusión que manipulan la información y a actores “camuflados en entes cívicos, en algunas gobernaciones, en algunos espacios de poder. Están ahí, en las sombras, viendo y articulando”, dijo.
Para evitar el riesgo de un nuevo golpe de Estado, el exministro de Defensa sugirió “no confiarse. Hay que estar atentos, principalmente dentro de las organizaciones corporativas, Policía, Fuerzas Armadas, hay que tener servicios que precautelen que el orden constitucional no sea roto desde adentro porque ellos tienen, como deber fundamental, conservar el orden constitucional. Y en eso no tiene que haber contemplaciones, se tiene que actuar con firmeza”.
Golpe frustrado
López no actuó solo. Miembros de las FFAA y la Policía Boliviana estaban involucrados en el plan. El objetivo de reclutar a mercenarios era bloquear, a la fuerza, la toma de posesión de Arce, quien logró un 55,11% en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el domingo 18 de octubre de 2020.
“Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos filtrados en donde se discute el despliegue masivo de mercenarios durante las elecciones revelan que Bolivia pudo haber visto un nuevo derramamiento de sangre en 2020”, informa el medio norteamericano.
En uno de los audios, López indica: “El alto mando militar ya está en conversaciones de apronte”. Hace referencia así a que el entonces comandante de las FFAA, el general Sergio Orellana, es quien “realmente puede generar la operación militar como tal”.
El analista y abogado Gabriel Villalba considera que las grabaciones permiten inferir en la existencia de hechos que deben ser corroborados por las instancias correspondientes.
“Estaba tan desgastado el régimen que tuvieron que recurrir a mercenarios norteamericanos para evitar la asunción de Luis Arce, hecho que no aconteció, que se frustró por las negociaciones que hay en los audios, se debela que se quiebran y también por la propia movilización social, que es importante decirlo”, sostuvo Villalba.
The Intercept indica que los desacuerdos entre ministros y la división al interior de las FFAA, empeorados por el peso de la convincente victoria de Arce el 18 de octubre 2020, parecen haber desbaratado el plan.
El escenario conspirativo de 2020 coincide con lo revelado por el expresidente Evo Morales. El domingo 20 de junio de 2021, en una entrevista en la radio Kawsachun Coca, sostuvo que policías le informaron cómo dos semanas antes de la posesión de Arce hubo un sector que consultaba, en la institución verde olivo, la posibilidad de un motín en cada departamento.
Denunció que, además, el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, el general Sergio Orellana, se reunió con otros generales para persuadir que el nuevo gobierno del MAS iba a aplicar medidas en contra de los militares. Dijo que, en esa reunión, uno de los militares se puso de pie, se identificó como afín al MAS y cuestionó los planes.
“Entre generales se gritaron, no hubo ningún acuerdo, se suspendió (el encuentro) y fracasó el general Orellana. ¿Cuál era el plan de la Áñez? Dejar la Presidencia a la junta militar y policial, esa es información reciente de la Policía”, sostuvo.
El plan consistía además en que los mercenarios norteamericanos llegaran a Bolivia como contratistas privados en compañías que ya trabajan en territorio nacional sin ninguna representación de EEUU.
Victoria del pueblo
El analista Gabriel Villalba considera que el resultado obtenido por Luis Arce en las urnas fue gravitante para contrarrestar el escenario conspirativo que se gestaba en el país por parte del régimen.
“No se llega a concretar este plan (conspirativo); pero sí existió toda la intencionalidad. Existieron todos los indicios, las coordinaciones pertinentes, es decir, estaba todo planificado para que se subvirtiera nuevamente el orden constitucional. Se llega a frustrar no por decisión de López, sino específicamente por decisión de la geopolítica de dominación imperial norteamericana y por otros intereses sociales socioeconómicos que estaban también inmersos en la última elección del 2020 que finalmente le dieron la victoria a Luis Arce”, aseguró.
El 18 de octubre de 2020, según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el MAS, que tuvo como candidato a Luis Arce, logró un respaldo de 3.394.052 votos (55,11%) en comparación al 1.775.953 (28,83%) de Carlos Mesa, quien ocupó el segundo lugar como candidato de la alianza Comunidad Ciudadana (CC).
“Ni ellos estaban esperando una victoria contundente del Movimiento Al Socialismo que desbarató cualquier posible plan de desestabilización o plan de nueva polarización de la sociedad”, indicó.
El domingo 8 de noviembre de 2020 fue posesionado Luis Arce luego de ganar la Presidencia el 18 de octubre. Tres días antes, López huyó al Brasil, porque nada de lo planificado había funcionado. (Agencia Boliviana de Información-ABI. Derechos Reservados. 1996 – 2021)
Camacho puso a su gente en Impuestos, ENTEL, BoA e YPFB durante el régimen de Añez
EL PUEBLO.- El exlíder cívico y actual gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, influyó en la designación de gente de su confianza en cargos claves de empresas públicas estratégicas del Estado Plurinacional y otras instituciones de administración, control y fiscalización, durante el régimen de facto de Jeanine Añez.
El primer hecho que salió a la luz pública, después de la restauración del sistema democrático en Bolivia con la posesión del presidente Luis Arce Catacora, el 8 de noviembre de 2020, fue la denuncia que hizo pública el actual presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, referida a la designación el 25 de noviembre de 2019, en esta entidad, de Mario Renato Nava Morales Carrasco, hombre de confianza de Camacho.
De acuerdo con la denuncia, Nava Morales Carrasco fue funcionario jerárquico del Grupo Empresarial Inversiones Nacional Vida, de propiedad del exlíder cívico, tomando en cuenta que ejercía el cargo de subgerente corporativo tributario.
El exfuncionario, según Cazón, instruyó la prescripción de deudas tributarias a importantes empresas, generando un daño económico millonario al Estado boliviano. El SIN inició los debidos procesos penales en contra del expresidente y otros exfuncionarios públicos.
El analista Hugo Siles indicó que durante la designación de cargos en el régimen de facto, una vez consumado el golpe de Estado de noviembre de 2019, se sabe por publicaciones y círculos sociales que Fernando Camacho habría influido en el nombramiento de al menos 12 autoridades que van desde ministros, viceministros, directores nacionales y de empresas públicas, entre otros.
“A medida que pasaron los meses, cuando se conocen los escándalos de corrupción o algunos hechos específicos sobre el desempeño de estos funcionarios, el señor Camacho y su gente no niegan la relación (en la designación de autoridades)”, manifestó Siles.
El 3 de junio de este año, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, dijo que el exlíder cívico puso a personas de su confianza en el SIN para evitar la fiscalización de sus empresas, lo que le permitió retirar todas sus deudas impositivas.
Un caso de corrupción que saltó a la opinión pública, a pocos meses de que inició la gestión el régimen de facto, fue el referido al exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) Elio Montes Chávez, en febrero de 2020, con denuncias de malversación de fondos económicos, como gastos dispendiosos en que habría incurrido el exfuncionario, como la compra de teléfonos celulares, el pago de finiquitos a 13 exfuncionarios, en su mayoría gerentes, por Bs 860 mil, bonos de refrigerio, vuelos privados, donaciones a comparsas carnavaleras (Santa Cruz), y asociación de mecánicos y ramas afines del oriente, además de un auspicio por más de un millón de bolivianos a un piloto de rally.
Montes, designado el 16 de noviembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Yerko Núñez, fue removido del cargo el 8 de febrero por el entonces presidente del directorio de Entel, Ibo Blazicevic. Sin embargo, pese a la destitución, el gobierno de facto no tomó acciones inmediatas contra el exgerente y éste logró huir del país el 13 de febrero rumbo a Miami, Estados Unidos.
Una publicación de El Deber, del 14 de febrero de 2020, menciona que Elio Montes saltó a las grandes ligas de los negocios gracias a su vínculo con el Comité Cívico pro Santa Cruz, institución a la que se acercó durante los días de paro cívico contra el gobierno de Evo Morales.
Por otra parte, el 9 de enero de 2020, la entonces diputada de Unidad Demócrata (UD) Claudia Mallón denunció irregularidades en la asignación de nuevos ejecutivos en la empresa pública Boliviana de Aviación (BoA).
La exlegisladora hizo conocer que un grupo privilegiado de allegados a Camacho pretendía convertir a BoA en un botín político, el cual se expandía a varias empresas del Estado. Mencionó que se nombró a exempleados de la aerolínea privada Amaszonas en cargos jerárquicos de la estatal de aviación.
Mallón denunció que los nuevos ejecutivos de BoA entregaron la ruta a Uyuni, Potosí, a Amaszonas, reduciendo los vuelos de la firma estatal a este destino turístico de 13 a sólo 4 veces por semana, mientras que la compañía privada llegaba a realizar 17 vuelos.
También reveló que personas allegadas al exlíder cívico eran designadas en puestos claves de otras reparticiones estatales, como la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) y el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Para el analista Siles, el desempeño laboral o profesional de estas personas asignadas por la influencia de Fernando Camacho no estuvo orientado a desarrollar una gestión para promover algún beneficio colectivo, sino por el contrario, sólo para favorecer a beneficios de orden privado, como lo demuestran los hechos de corrupción que se hacen públicos.
“Entonces ha sido el señor Camacho, digamos el padrino, entre comillas, del nombramiento de estas personas con el desenlace que ya conocemos”, sostuvo Siles.
En el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se presume que el actual Gobernador cruceño también acomodó personal de su confianza, tomando en cuenta que su empresa Servicio de Gas Santa Cruz (Sergas) mantiene un conflicto de muchos años por una deuda millonaria con YPFB.
El caso José Luis Parada y Herland Soliz
El analista Hugo Siles señaló que, de acuerdo a “los círculos sociales”, el exministro José Luis Parada, cabeza del área económica del régimen de facto, habría sido uno de las autoridades sugeridas por el excívico y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
El nombramiento como presidente de YPFB a Herland Soliz Montenegro, posesionado el 16 de diciembre de 2019, y sobre quien pesan varios procesos penales por indicios de corrupción en la estatal petrolera, también habría sido sugerido no sólo por Camacho, sino por el exgobernador cruceño Rubén Costas, junto a otros funcionarios, ya que fue secretario de la Gobernación de Santa Cruz por varios años.
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