Por Roberto Medina Buezo / EL PUEBLO.- El abogado estadounidense Thomas Becker indicó que Estados Unidos estaría negociando con Brasil la extradición del exministro Luis Fernando López, otro de los presuntos involucrados en los delitos de soborno y lavado de dinero por la compra y venta de gases lacrimógenos mediante sobornos y con sobreprecio.
Si bien hasta ahora no se mencionó a López como uno de los involucrados en ambos delitos, el jurista recordó que cuando la investigación se inició en el país del norte, tampoco se hizo referencia a Arturo Murillo.
“Una semana después se conoció que Murillo había sido detenido por estar involucrado. Hay una persona más relacionada a este caso y es muy probable que sea Luis Fernando López”, declaró a radio Illimani.
López huyó de Bolivia el 5 de noviembre de 2020 e ingresó a Brasil, por ello el Gobierno boliviano tramita su extradición vía cooperación entre países o mediante Interpol.
El exministro estaría relacionado en la compra y venta de gases lacrimógenos al Estado boliviano, lo que causó una afectación de $us 2,3 millones que se repartieron entre todos los involucrados.
“López no está en Estados Unidos y puede ser que se esté negociando con Brasil su extradición, y Arturo Murillo puede dar esta información, entonces esperamos saber quién es esta persona involucrada en el hecho”, manifestó.
Murillo fue detenido en Estados Unidos a finales de mayo y es investigado por los delitos de soborno y lavado de dinero, cuyas máximas sanciones son 30 y 15 años de prisión, respectivamente.
Para beneficiarse con la mínima condena en el país del norte, Arturo Murillo podría brindar más información, aunque después sería extraditado a Bolivia, donde es investigado por al menos siete procesos penales y más de 30 administrativos en el Ministerio de Gobierno.
“Lo más probable es que reciba pocos años de sentencia (en Estados Unidos), puede ser un par de años y después se concretaría la extradición a Bolivia”, explicó.
El extitular de Gobierno aún está detenido en una prisión norteamericana, a la espera de su audiencia, programada para el 9 de julio, en la que se conocerá cuál será su sanción.
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