Por Iván Bustillos / LA RAZON.- Quienes están convencidos de que hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019, y encima desconfían de la Fiscalía para llevar el caso, tienen la opción legal de ser ellos mismos, mediante una “acusación particular”, de instalar un proceso contra quienes crean responsables, interpela a la oposición el ministro de Justicia, Iván Lima Magne. “Si tienen las pruebas del supuesto fraude, es hora de que las presenten, que sustenten su acusación”, demanda el abogado.
—¿Por qué dice que el informe de la OEA no es una auditoría?
—El contexto en que se hace la auditoría de la OEA es de convulsión social; necesitábamos que un tercero dirima el conflicto que vivía el país. Lo relevante del convenio con la OEA es la palabra ‘vinculante’; siempre se discutió si se puede ceder atribuciones propias del Tribunal Electoral a un órgano externo; pero el Gobierno de Bolivia, de manera amplia, para lograr la paz social acepta este efecto vinculante. Una imprecisión que hay sobre el informe de la OEA tiene que ver con su naturaleza jurídica. Lejos de ser una auditoría o un documento equivalente a una resolución del Tribunal Supremo Electoral, es un documento sui géneris; no entra en ninguna categoría jurídica, porque es suscrito entre el país y la OEA en el marco del derecho internacional público. No es un documento que podamos equiparar a una auditoría como hace nuestra Contraloría o a una pericia de la Fiscalía.
—En todo caso, dio a que luego se anulen las elecciones de 2019. Por qué dice que el informe de la OEA no es una auditoría?
—No se han anulado los resultados de la elección; la Ley transitoria de realización de elecciones (24 de noviembre de 2019) no dice que se anuló las elecciones, tampoco que hubo fraude en la elección; es una ley por la que, evidentemente con apoyo del Movimiento Al Socialismo, se ‘deja sin efecto legal los resultados de la elección’, que es una cosa completamente diferente a decir que ha habido un fraude o a reconocer que hubo una irregularidad; no se usa la palabra nulidad, ni la palabra fraude; por mérito del acuerdo vinculante entre la OEA y Bolivia, se deja sin efecto legal los resultados, no la elección; a raíz de eso, como un acuerdo político, se cesa a los vocales electorales y se convoca a la elección. Eso es un acuerdo político, y de ninguna manera refleja un reconocimiento del MAS de que hubiera habido un fraude. En el Código Penal no hay el delito de fraude electoral; la auditoría (de la OEA) que pretenden es una pericia, aunque muchos ya le dan un carácter de sentencia; no es tal, es un instrumento de derecho internacional público en el que el gobierno se comprometió a darle efecto vinculante, y el MAS honró ese compromiso al dejar sin efecto legal los resultados de la elección.
—¿El informe de la OEA puede ser presentado como prueba para una acusación fiscal?
—Definitivamente no. El documento de la OEA habla de la ulterior judicialización de los indicios encontrados; es lo que reitera: una ulterior judicialización determinará si los indicios que ellos identifican constituye una prueba. El informe de la OEA contiene dos grandes componentes: los sistemas informáticos, el TREP y lo de los servidores, entre otros, y, lo segundo, todo lo que tiene que ver con el uso de determinada información en el cómputo de votos, me refiero a las actas, a que las haya llenado la misma persona, o que se hayan quemado y se haya tenido que recurrir a medios subsidiarios para el cómputo electoral. Esos dos elementos, en palabras de la OEA deben ser judicializados en ulteriores procesos; y no emite conclusiones al respecto. Manifiesta su preocupación, encuentra indicios en la parte informática, pero como no hace una revisión manual, esos indicios, toda esa información de naturaleza informática, pierden total relevancia por el tiempo transcurrido desde las elecciones de 2019; dos años después se ha podido computar manualmente cada una de las actas. El cómputo en Bolivia es manual, lo tenemos en actas, en papel, en firmas; por tanto, nada del cómputo informático puede ser entendido como una prueba. Toda crítica a los sistemas informáticos, en este momento, no es válida y no puede constituir una prueba de fraude. El segundo elemento, y que se está investigando, tiene que ver con la quema de información, de listas índice, de tribunales electorales. Cómo ha hecho cada tribunal departamental para recuperar la información. En el país, para la elección se emitieron nueve copias de cada acta, cada partido se quedó con una, lo mismo que el notario y el tribunal departamental. Así, la información que se tenía en diferentes niveles, en el TREP, en las actas y lo que tenía cada partido, le ha permitido a cada tribunal departamental realizar el cómputo. Si Mesa y su partido cuestionaban alguna de las actas, lo que correspondía era volver a revisar la votación; esto no ha ocurrido. Ninguna de las observaciones que ha realizado la OEA o quienes dijeron que hubo fraude es consistente; todas se refieren a errores aritméticos, de llenado; (pero) hechos completamente subsanados o subsanables. Si hay algo relevante en el proceso electoral boliviano es el principio de preclusión, cuando habla el jurado electoral, se cierra el debate, y lo único que hay que lograr es que ese resultado del jurado se incorpore en el cómputo departamental y luego nacional. La pregunta que se le debe hacer al señor Mesa es ¿por qué sus delegados no han impugnado ningún acta, en las mesas de jurados, en los tribunales departamentales o en el Supremo Electoral?
—Esta semana en Beni se dictó el sobreseimiento de los exvocales electorales de ese departamento. ¿No se los había sobreseído a principios de 2021, como anunció el fiscal general Juan Lanchipa?
—No hay ninguna contradicción. Lo que ha anunciado el Fiscal General es que los fiscales de investigación de los casos habían dictado sobreseimientos en todos los departamentos; pero de inmediato, ciudadanos, vocales, incluso la Procuraduría, impugnaron ese sobreseimiento. Lo que ha ocurrido luego, y a eso me refiero con el anuncio del Beni en esta semana, es que los fiscales departamentales han confirmado aquel sobreseimiento, excepto en Oruro, pero por un problema de la pandemia.
—¿Qué incidencia tendrá esto en el proceso a los exvocales del TSE?
—Esto es muy relevante para el Tribunal nacional, porque lo que hace el TSE es básicamente sumar las nueve actas de los cómputos departamentales y darle al país el resultado nacional. Que no exista fraude en los nueve departamentos haría prácticamente imposible la existencia de un fraude a nivel del TSE. Esto va a ser resuelto en los próximos días, esperemos, porque ya está por cumplirse el plazo para el fiscal que lleva el caso contra los exvocales del TSE. Ya corresponde que este fiscal se pronuncie, sea por una acusación, sea por el sobreseimiento.
—El fiscal Lanchipa dijo que la investigación contra los exvocales del TSE se cerrará con una “pericia informática internacional”, que diga cómo fue el manejo informático de los resultados.
—Es importante tener una pericia, pero, como dije antes, todo lo que tiene que ver con el uso de los sistemas informáticos, el TREP, los servidores, tiene que ser contrastado con las 35.000 actas, porque el sistema boliviano (de cómputo) es manual. Es accesorio, puede dar tranquilidad al país para entender qué ocurrió con el corte del TREP o la información de los servidores; sin embargo, es solo uno de los elementos más que tiene que evaluar el fiscal a tiempo de dictar sobreseimiento o acusación. Con todo, creo que el escenario en este momento está muy cercano a que en el país tengamos certeza de lo que ha ocurrido en la elección de 2019. Y eso es lo que pone nervioso al señor Mesa y a muchos miembros de la oposición, debido a que no han logrado, en un año que han estado en el gobierno, probar la existencia de un fraude. Un año para que el señor Murillo o el señor Mesa puedan presentar todas la pruebas del ‘fraude monumental’.
—Aunque siempre se quejaron de la lentitud de la Fiscalía.
—Aquí viene un aspecto fundamental en el análisis del proceso penal, que tiene que ver con la ‘acusación particular’. Si bien lo normal o usual es que la Fiscalía presente un juicio y sostenga la acusación, cuando alguien cree que la Fiscalía está actuando indebidamente, que no está presentando una acusación por falta de pruebas, negligencia o parcialización, puede presentar su acusación particular. Estoy seguro de que lo van a hacer. Si el señor Mesa dice que hubo un “fraude monumental”, él debiera presentar una acusación particular, y es lo que le he reclamado a su bancada en el acto de interpelación. Si creen que hubo fraude, si creen que tienen las pruebas para sostener la existencia de un fraude, presenten la acusación particular; lleven el caso ustedes, sin fiscal; el Código Penal se los permite. Ahí el pueblo de Bolivia va a saber quién miente, quién no tiene ni una sola prueba para sostener una acusación. Porque también tienen que estar conscientes de que si su acusación particular es declarada infundada, sin mérito, habrán cometido acusación o denuncia falsa, pasarán de acusadores a acusados; porque no puedes acusar a vocales, a familias, a personas que han hecho un trabajo adecuado y digno, de haber cometido un fraude cuando no existe una evidencia de tal fraude. Si don Carlos Mesa cree que tiene pruebas, lo invito a que presente su acusación particular, es lo mínimo que se espera del líder de la oposición en Bolivia. Ha habido gente que ha estado durante meses detenida en cárceles del país sin que hubiera hecho nada que implique una responsabilidad penal. Y eso ha sido resultado de la acusación del señor Mesa. Es un momento de buscar la verdad; ahora es el momento para que nos muestren las pruebas que tienen, y el informe de la OEA no es ninguna prueba.
—En octubre del año pasado, días antes de las elecciones, el exviceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría presentó una investigación del IDIF que documentaría el fraude a través de la intervención de 20 mexicanos en el sistema informático.
—Esta investigación a la que se refiere es una investigación de teorías de conspiración que no se sustenta en hechos legales, que no encuentra relación de causalidad, lógica, entre el acto electoral y el arribo de estos ciudadanos al país. Lo que hubo fue una conferencia de prensa muy histriónica, pero no hay relación de causalidad, no han presentado ninguna prueba. Todos sus argumentos no son más que una teoría de conspiración; por ello, usted no va a encontrar un requerimiento fiscal ni ninguna decisión judicial sobre los argumentos del señor Santamaría. No es un informe serio. Es un tema que no nos merece comentarios por su falta de seriedad.
(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón
