LA PAZ / 15/06/2021.- El ministro de Defensa, durante la Masacre de Octubre Negro (2003) del gobierno de Gonzalo Goni Sánchez de Lozada, conocido como el Zorro Carlos Sánchez Berzaín, actualmente prófugo de la justicia boliviana, impune y oculto en EEUU, apoyó la represión del régimen de facto de Jeanine Añez haciendo gestiones ante el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno para que envíe, a pocos días del golpe de Estado en noviembre del 2019, municiones destinadas a aplacar el descontento del pueblo, dejando 27 muertos y centenares de heridos en las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).
Hasta hace horas se sospechaba de la participación de Sánchez Berzaín en el golpe de Estado contra Evo y la asunción inconstitucional de la senadora Jeanine Añez como presidenta con tan solo 4% de la votación nacional que su partido había logrado. Pero fue un ministro de Añez que -ante los fiscales- reveló que la entonces ministra de Comunicación de facto, Roxana Lizárraga, una periodista difamadora serial, se comunicó con el exministro represor de Goni (El Zorro) para que le hable a Lenín Moreno del Ecuador y le pida municiones para consolidar el golpe del 12 de noviembre de 2019.
El Zorro Sánchez Berzaín vive en Miami desde que escapó de Bolivia dejando 67 muertos y 417 heridos. Los juicios por genocidio contra él no avanzan en Bolivia porque el Código Penal no permite procesos ante la ausencia del acusado. Pese a tener sobre sus espaldas tantos muertos, EEUU le da protección política para que siga conspirando y difamando usando medios de comunicación de la ultraderecha latinoamericana en los que escribe comentarios sobre libertad, democracia, justicia y derechos humanos.
Este represor, en abril de este año, fue condenado por un juez de EEUU para que junto a Goni Sánchez de Lozada indeminicen con 10 millones de dólares a las víctimas de la Masacre de Octubre Negro.
En el 2016, una investigación, que la publicamos abajo de esta nota, estableció que El Zorro tiene 9 millones de dólares invertidos en negocios inmobiliarios de Miami.
Roxana Lizárraga, de quien se dice que tiene una relación de amistad íntima con El Zorro, también fugó a EEUU, al igual que muchos políticos bolivianos violadores de derechos humanos e involucrados en gigantes robos al Estado, como es el caso del represor y corrupto ministro de Añez Arturo Murillo, actualmente detenido en Miami por haber sido descubierto “lavando” los millones que le robó a su patria.
Lizárraga pidió a Sánchez Berzaín gestionar gases de Ecuador
PERIODICO AHORA, EL PUEBLO.- “Ambas fuerzas (Policía Boliviana y Fuerzas Armadas) estaban preocupadas por la falta de gases, y realizo personalmente una gestión para que nos puedan ayudar con agentes químicos, por eso sé que al país han llegado agentes químicos”, afirmó Lizárraga durante una entrevista difundida por Interbolivia.com.
El fin de semana, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, desveló que el 14 de noviembre de 2019 hubo una reunión del gabinete ministerial a la que asistieron Añez y los entonces comandantes de la Policía y Fuerzas Armadas.
La mandataria les consultó a los uniformados si existían los suficientes elementos para reprimir a los manifestantes y ambos le aseguraron que no había para “seguir combatiendo a las hordas”.
Ante esta respuesta, la ministra de Comunicación Roxana Lizárraga abandonó la reunión y luego de 15 minutos retornó y les dijo a los asistentes que había conseguido todo lo que se buscaba.
En la entrevista, Lizárraga confirmó que se hizo la gestión con un gobierno amigo (aunque evitó dar a conocer su nombre) y que prestó agentes químicos para dispersar y controlar a la gente.
SÁNCHEZ BERZAÍN ENTRA EN ESCENA
La red ATB reportó que el exministro de Desarrollo Rural Mauricio Ordóñez, en su declaración ante la Fiscalía, afirmó que Lizárraga se comunicó con el exministro de Gobierno Carlos Sánchez Berzaín.
Se conoció que ‘El Zorro’ intercedió ante Ecuador para la entrega de gases destinados a reprimir porque Lizárraga se contactó con él por teléfono, entonces el exministro se comprometió a conversar con las autoridades de Ecuador para que presten los gases al régimen de Jeanine Añez.
“Lizárraga y el resto de ministros nos encontrábamos en reunión de gabinete y existía desesperación en Arturo Murillo y López para adquirir los gases. Lizárraga pidió unos minutos y volvió, y dijo: ‘Asunto arreglado, ya hablé con Carlos Sánchez Berzaín, hará las gestiones ante Ecuador para que envíen los agentes químicos que necesitamos y se reprima a la gente que está protestando en las calles’”, añadió, según se indicó en ATB.
DEMANDA CONTRA MORENO
Al respecto, Telesur reportó que el abogado y asambleísta ecuatoriano Fausto Jarrín Terán presentó ayer una denuncia contra el expresidente Lenín Moreno, por el delito de entrega de gases lacrimógenos y proyectiles para el uso de la fuerza pública boliviana contra la población civil durante el Gobierno de facto de Jeanine Añez.
Fausto Jarrín demanda que se abra una investigación tanto al expresidente ecuatoriano como a la exministra María Paula Romo.
“Ecuador suministró a Bolivia un total de 5.500 granadas y 2.949 proyectiles de distintos tipos en 2019. En total fallecieron 37 personas, de las que una veintena corresponden a las llamadas masacres de Sacaba y Senkata”, indica Telesur.
Exministro Ordoñez: Lizárraga dice que Sánchez Berzaín cierra ‘préstamo’ de gases de Ecuador
El exministro Mauricio Ordoñez reveló que la exministra Roxana Lizárraga informó en la reunión el gabinete del 14 de noviembre de 2019 que se contactó con Carlos Sánchez Berzaín y que aseguró el préstamo de munición no letal de Ecuador
Carlos Sánchez Berzaín.Foto: Archivo-La Razón
Por Carlos Corz /LA RAZON.- Carlos Sánchez Berzaín fue involucrado en el “préstamo” de agentes químicos de Ecuador. El exministro de Desarrollo Rural y Tierras Mauricio Ordoñez reveló este lunes que la exministra Roxana Lizárraga informó en la reunión de gabinete del gobierno de Jeanine Áñez del 14 de noviembre de 2019 que se contactó con Sánchez Berzaín para resolver la falta de gases lacrimógenos y enfrentar las protestas sociales.
“Lizárraga junto al resto de ministros nos encontrábamos en una reunión de gabinete, existía una desesperación de Arturo Murillo y Fernando López por adquirir gases lacrimógenos, Lizárraga pidió unos minutos en esa reunión de gabinete, salió de la sala de reuniones y volvió a los minutos manifestando: ‘asunto arreglado, ya hablé con Carlos Sánchez Berzaín y él hará las gestiones ante Ecuador para que nos envíe los agentes químicos que necesitamos”, contó en su declaración ante la Fiscalía, hecha pública por el portal Detrás de la Verdad.
Parte de la versión coincide con la expuesta el sábado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, cuando dio detalles del “préstamo” de agentes químicos de Ecuador. Según los datos, el material no letal fue traído el 16 de noviembre, tres días antes de la represión con muertes por impactos de bala en Senkata, El Alto.
En su declaración ante la Fiscalía dentro del caso «Gases lacrimógenos», Ordoñez sostuvo que Lizárraga dijo: “Más bien, alisten el avión Hércules para que vaya a recoger ese material y así puedan reprimir a la gente que está protestando en las calles”.
Justamente un avión Hércules fue a recoger ese material. Ecuador pidió el 27 de mayo de 2020, a través de una carta, la devolución del material prestado. Se trata de 5.000 granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM.
Del Castillo contó el sábado, coincidiendo con Ordoñez, que el “préstamo” se trató en gabinete y que Murillo, López y Lizárraga se encargaron de la logística de traslado, aunque no reveló con quién había hablado Lizárraga, hoy radicada en Estados Unidos, donde también vive Sánchez Berzaín, exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada y uno de los principales enjuiciados por las muertes de octubre de 2003.
En esa reunión de gabinete del 14 de noviembre estuvieron los hoy prófugos excomandantes de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana, y de la Policía, Yuri Calderón, quienes reportaron que el material no letal con el que contaban no era suficiente para encarar las protestas de sectores sociales en apoyo al ya dimsionario Evo Morales.
Murillo y López son procesados por la denuncia de compra con sobreprecio de $us 2,3 millones de gases lacrimógenos. Murillo está detenido en Estados Unidos por lavado de dinero y sobornos tras descubrirse que usó el sistema financiero de ese país para el negociado.
https://www.la-razon.com/nacional/2021/06/14/exministro-ordonez-lizarraga-dice-que-sanchez-berzain-cierra-prestamo-de-gases-de-ecuador/
Juez de EEUU condena a genocidas bolivianos pagar $10 millones por 58 masacrados el 2003
ANDEAN INFORMATIO NETWORK / MIAMI.- .- Hoy, un juez federal rechazó un intento del ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y del exministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzaín, de anular una indemnización por daños y perjuicios de $10 millones en su contra por la masacre de personas indígenas que no portaban armas que tuvo lugar en 2003.
Un jurado halló responsables a los ex funcionarios en el marco de la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura (TVPA) en abril de 2018, después de un juicio de un mes que incluyó seis días de deliberaciones por parte del jurado.
El juicio marcó la primera vez en la historia estadounidense que un exjefe de estado se tuvo que enfrentar a sus acusadores en un juicio de derechos humanos en Estados Unidos.
En una acción insólita, un mes después, el tribunal de primera instancia (también llamado “el tribunal de distrito”) emitió un fallo que anuló el veredicto del jurado y emitió su propia sentencia declarando que, por no haber suficientes pruebas, los acusados no eran responsables.
En agosto, el Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito de los Estados Unidos anuló el fallo del tribunal de distrito y remitió el caso al mismo tribunal de distrito para que continuara con los procedimientos.
Los acusados presentaron una segunda moción para anular el veredicto del jurado y la indemnización por daños. Hoy, el tribunal de primera instancia rechazó esa solicitud.
“Esta noticia me trae tanta felicidad”, dijo Hernán Apaza, cuya hermana Roxana fue asesinada por soldados bolivianos en 2003. “Mantuvimos la esperanza durante tantos años a pesar de tantos obstáculos para la justicia. Finalmente, aquellos que cometieron estos crímenes atroces rendirán cuentas”.
En septiembre y octubre de 2003, actuando bajo la autoridad de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, las fuerzas armadas bolivianas asesinaron a 58 de sus propios ciudadanos e hirieron a más de 400, casi todos de comunidades indígenas, durante un período de disturbios civiles conocido como la “Guerra del gas”. Entre los muertos había una niña de ocho años, una mujer embarazada (cuyo feto también murió) y personas mayores.
Después de la masacre, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron a Estados Unidos, donde viven desde entonces.
Los ex comandantes militares y funcionarios del gobierno que actuaron bajo la autoridad de los dos hombres fueron condenados en Bolivia en 2011 por su papel en los asesinatos.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron imputados en la misma causa, pero no pudieron ser procesados penalmente, pues no son posibles los juicios penales en ausencia de acuerdo a la ley boliviana.
El tribunal de apelaciones sostuvo que los demandantes proporcionaron pruebas suficientes de que “los soldados dispararon deliberadamente tiros mortales con una conciencia mesurada de que herirían de muerte a civiles que no representaban ningún riesgo de peligro. Ninguno de los fallecidos iba armado ni había pruebas de que representaran una amenaza para los soldados.
A muchos les dispararon mientras estaban dentro de una casa o en un edificio. A otros les dispararon mientras se escondían o huían”. El tribunal de apelaciones anuló el fallo del tribunal de primera instancia, también conocido como tribunal de distrito, y remitió el caso al tribunal de distrito para que éste decida si el veredicto del jurado debe restablecerse, esta vez utilizando el estándar correcto.
Hoy, el tribunal de distrito falló a favor de los familiares de las personas que perdieron su vida en la masacre, restableciendo el veredicto del jurado de $ 10 millones.
El tribunal sostuvo que los demandantes habían presentado pruebas suficientes de que las muertes constituían “ejecuciones extrajudiciales” según el derecho internacional y que los acusados eran responsables de esas muertes según la doctrina de responsabilidad del mando.
El tribunal de apelaciones también habría ordenado un nuevo juicio con relación a los alegatos de homicidio culposo porque el tribunal de distrito había abusado de su discreción al admitir cierta evidencia que le era favorable a los demandados. El juicio sobre los alegatos de homicidio culposo está pendiente.
“La decisión de hoy envía un mensaje importante: que los gobernantes que cometan abusos de derechos humanos tendrán que rendir cuentas”, dijo Thomas Becker, un abogado de la Red Universitaria Para Los Derechos Humanos. “Esta es una victoria, no solo para los familiares, sino para todos los sobrevivientes de violaciones de derechos humanos”.
El caso fue presentado por los familiares de ocho personas asesinadas durante la masacre, entre ellos Etelvina Ramos Mamani y Eloy Rojas Mamani, cuya hija Marlene, de ocho años, fue asesinada frente a su madre cuando recibió un disparo a través de su ventana; Teófilo Baltazar Cerro, cuya esposa embarazada, Teodosia, fue asesinada después de que recibiera un balazo que atravesó la pared de una casa; Felicidad Rosa Huanca Quispe, cuyo padre Raúl, de 69 años, fue asesinado a tiros junto a una carretera; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre Arturo fue asesinado a tiros mientras cuidaba sus cultivos.
“Nos complace enormemente que nuestros demandantes, que han trabajado tan duro durante tantos años, hayan obtenido esta importante Victoria”, dijo Beth Stephens, una abogada cooperante del Centro de Derechos Constitucionales.
En el juicio de tres semanas en 2018, un exsoldado del ejército boliviano testificó que se le ordenó disparar contra “cualquier cosa que se mueva” en una comunidad civil.
Otro fue testigo de cómo un oficial militar mataba a un soldado por negarse a seguir las órdenes de disparar contra civiles desarmados.
Los testigos también relataron que los tanques rodaban por las calles y los soldados disparaban durante horas, incluso contra hogares y contra civiles desarmados que huían. Fue el mes más mortífero en Bolivia desde que el país se convirtió en una democracia hace 40 años.
El caso Mamani v. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fue presentado en 2007 en el marco de la ley TVPA, que permite que se obtenga compensación por daños por ejecuciones extrajudiciales en los tribunales federales de los Estados Unidos. El caso alega que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín planearon y ordenaron los asesinatos. Los familiares están representados por un equipo de abogados del Centro por los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights), la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y los bufetes de abogados de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, y Schonbrun, Seplow, Harris & Hoffman, LLP.
Para obtener más información, visite la página del caso del Centro de Derechos Constitucionales.
La Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard trabaja para proteger los derechos humanos de clientes y comunidades en todo el mundo. A través de la práctica supervisada, los estudiantes aprenden las responsabilidades y competencias para la defensa de derechos humanos. Obtenga más información aquí http://hrp.law.harvard.edu/. Siga a la Clínica en las redes sociales: Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard en Facebook, @HarvardLawHRP en Twitter y humanrightsharvardlaw en Instagram.
El Centro por los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights) trabaja con comunidades amenazadas para luchar por la justicia y la liberación a través de litigios, defensa y comunicaciones estratégicas. Desde 1966, el Centro por los Derechos Constitucionales se ha enfrentado a sistemas opresivos de poder, incluidos el racismo estructural, la opresión de género, la inequidad económica y la extralimitación gubernamental. Obtenga más información aquí: ccrjustice.org. Siga al Centro por los Derechos Constitucionales en las redes sociales: Centro de Derechos Constitucionales en Facebook, @theCCR en Twitter y ccrjustice en Instagram.
¿Quién es Carlos Sánchez Berzaín?
POR FERNANDO MOLINA / BRUJULA.- ¿Por qué Carlos Sánchez Berzaín no es un actor válido en el conflicto y la vida política boliviana? ¿Quién es Sánchez Berzaín?
Como ministro de Defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada (2003) predicó y aplicó la línea “hegeliana”, poniendo la voluntad y la razón del Estado por encima de cualquier expresión de la sociedad civil. Su postulado máximo era respetar y hacer respetar el “orden democrático”. Solo aceptaba la libertad estatal y no la libertad social. Pensaba la democracia como un medio de conformación de los poderes (conservadurismo), no como un medio de administración del conflicto moral e ideológico (liberalismo). En consecuencia, para él, una vez que el poder se había conformado, toda protesta contra las autoridades establecidas resultaba terrorista, externa al pueblo y debía extirparse de forma violenta.
Con esta ideología, ordenó una enérgica represión de los movimientos que en 2003 se sublevaron en contra de Sánchez de Lozada. Enérgica, pero inepta (torpe, irresponsable, carente de seriedad y sensibilidad). Con la aquiescencia del Presidente, aplicó la idea criminal de romper a balas el bloqueo de El Alto para dejar pasar un convoy de cisternas de gasolina a La Paz. También tuvo la ligereza criminal de movilizar, en febrero, al Ejército contra los policías y, en octubre, a conscriptos poco entrenados contra manifestantes civiles. En su gestión a la cabeza del aparato regresivo del gonismo, siempre prefirió el Ejército a la Policía y no hizo nada para remediar la falta de carros lanzaagua y otros medios de represión incruenta en el país. Por eso, junto con Goni, es el principal responsable político e intelectual de los más de 100 muertos que se tuvo que lamentar en ambas fechas infaustas.
Sánchez Berzaín nunca se autocriticó de nada de lo que hizo; hasta hoy sigue defendiendo el capitalismo de compinches, la oligarquización del Estado, el manejo elitista de la democracia y el gobierno de espaldas al pueblo que se practicaron en la parte final del periodo neoliberal. No solo no ha enfrentado los múltiples cargos en su contra (lo que podría atribuirse a cobardía o cálculo); tampoco ha dado ninguna explicación sobre sus decisiones y gestiones, explicando el caos que resultó de las mismas con la teoría de una conspiración internacional de desestabilización. Igual que Goni, nunca asumió su responsabilidad ni rindió cuentas por lo que hizo. Ni ante el país ni ante la historia ni ante los militantes del partido que sus acciones echaron al basurero de la historia.
Por cierto, es difícil imaginar alguien tan opuesto al espíritu pragmático y “cholo” del MNR tradicional que Sánchez Berzaín, un extremista ansioso de quedar bien con unas élites a las que no pertenecía por nacimiento. Por tanto fue, y exclusivamente, un personaje del gonismo, en su aspecto de rebrote señorial –rosquero– dentro del propio partido de la Revolución Nacional. Un “falangista” con la V de la victoria en la solapa.
Luego de su fuga a Estados Unidos, se convirtió en un típico “latino” alienado que repite discursos USA-centristas o funcionales a intereses ideológicos y geopolíticos que no son los de los países latinoamericanos. De ahí su buena relación con CNN en español, controlada por esta clase de “latinos”.
Fernando Molina, periodista.
PUBLICADO EN: https://www.brujuladigital.net/opinion/quien-es-carlos-sanchez-berzain
Investigación concluye que Sanchez Berzain tiene negocios inmobiliarios de dudosa procedencia
El exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín dijo no tener ninguna firma inmobiliaria en Estados Unidos, no obstante en los registros del gobierno estadounidense se consignan “varias de las empresas asociadas a su nombre o dirección” por un valor de $us 9 millones, afirma una investigación de ProPublica.
EEUU. Carlos Sánchez Berzaín duranta la presentación de un ensayo. CR-IDD-YouTube
La exautoridad había dicho al consorcio periodístico en una entrevista desarrollada en enero: «No tengo ninguna compañía”, empero el trabajo de investigación titulado “Suspected of Corruption at Home, Powerful Foreigners Find Refuge in the U.S.” que traducido al español se lee como “Sospechosos de corrupción en casa, poderosos extranjeros encuentran refugio en los EE.UU” y que fue publicado en el portal www.propublica.org el 9 de diciembre, afirma lo contrario.
La nota hace un repaso de las exautoridades que “huyeron de la persecución” de sus países —en este caso Colombia, China, Corea del Sur, Bolivia y Panamá— hacia Estados Unidos, donde afirma que “han encontrado refugio para ellos y su riqueza”.
Si bien Berzaín dijo no tener ninguna firma inmobiliaria, en los registros del gobierno estadounidense se consignaron “varias de las empresas asociadas a su nombre o dirección”.
El exministro de Defensa y abogado de profesión rectificó y dijo, según ProPública, que tenía una consultora que ayudó a sus clientes a establecer firmas y que a veces fue agregado a la junta directiva.
Según la publicación, Berzain (que tiene residencia en el sur de la Florida) y su “cuñado” poseen o están enlistados como oficiales o miembros de entidades empresariales que tiene un valor cercano a los $us 9 millones en bienes raíces en Miami.
“Algunas de las compras se hicieron en los nombres de las entidades que parecen enumerar diversas variaciones del nombre de Berzain en expedientes del negocio”, reseña la investigación.
La entidad apunta que la práctica de la compra de bienes inmuebles a nombre de una entidad de negocio como una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) es común y legal en los mercados de alta gama de bienes raíces y permite a las celebridades y otras personas ricas proteger su privacidad.
Pero “también permite a los funcionarios extranjeros ocultar las ganancias ilícitas” puesto que las leyes estadounidenses permiten que las personas formen entidades comerciales sin revelar al beneficiario efectivo. Es casi imposible determinar el propietario real de una propiedad, precisa el consorcio periodístico.
La investigación también hace mención al exmandatario requerido por la Justicia boliviana, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien antes de asumir la presidencia del país se instaló en Chevy Chase, Maryland, un suburbio de lujo de Washington, DC.
A la fecha —detalla la entidad estadounidense— vive en una casa de ladrillo de dos pisos comprada por $us 1,4 millones por Macalester Limited, una sociedad de responsabilidad limitada que se formó en las Islas Vírgenes Británicas y que enumera una casilla de correos en las Bahamas como su dirección principal.
Goni y su residencia
La nota hace referencia al estado migratorio del exmandatario que huyó del país en octubre de 2003 tras la denominada “guerra del gas” que dejó como saldo más de 60 muertes y centenares de heridos. Sánchez Berzain y el exgobernante fueron acuados por genocidio en el caso «octubre negro» por esos hechos.
Según ProPublica, su estatus “no está claro”. En una declaración jurada en 2015 aseguró que no era un ciudadano estadounidense.
Su yerno habló con el consorcio periodístico en su nombre pero no precisó si Sánchez de Lozada había solicitado asilo.
ProPublica, según su portal web, “es una sala de redacción independiente y sin ánimo de lucro que produce el periodismo de investigación en el interés público”.(20/12/2016)
Juez de EEUU condena a genocidas bolivianos pagar $10 millones por 58 masacrados el 2003
Investigación concluye que Sanchez Berzain tiene negocios inmobiliarios de dudosa procedencia
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