Plan Cóndor 2019: Lenín Moreno dio municiones al régimen de Añez para masacrar bolivianos

Por Roberto Medina Buezo /EL PUEBLO.- Después del golpe de Estado de noviembre de 2019, Ecuador, presidido en ese momento por el Lenín Moreno, envió a Bolivia granadas y proyectiles en calidad de préstamo, en el marco de un acuerdo de cooperación con la gestión golpista, denunció ayer el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

En la misma línea del Plan Cóndor, aplicado en la década del 70 por gobiernos dictatoriales para ejecutar represión política y terrorismo de Estado, el expresidente de Ecuador Lenín Moreno cooperó a finales de 2019 con el gobierno de facto de Jeanine Añez con el envío de granadas, proyectiles y gases lacrimógenos para reprimir y masacrar a los bolivianos que resistían el golpe de Estado.

El 14 de noviembre de 2019, dos días después de que Jeanine Añez se autoproclamó presidenta de Bolivia, hubo una reunión del gabinete ministerial, calificado como ‘gabinete de la muerte’ por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, debido a que se aprobó el Decreto Supremo 4078.

El artículo 3 de esa norma indicaba que el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estaría exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con los artículos 11 y 12 del Código Penal, Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal.

“Ese decreto fue usado y aprobado en el gabinete para reprimir con base al principio de cooperación regional para la represión, porque al día siguiente de ese gabinete ocurrió la masacre de Sacaba (Cochabamba), donde se perdieron decenas de vidas y hubo más de 120 heridos”, indicó ayer en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

En dicho gabinete estaban los ministros de Añez y los entonces comandantes de la Policía y Fuerzas Armadas.

Añez les consultó a los uniformados si existían los suficientes elementos para reprimir a los manifestantes y ambos le aseguraron que no había para “seguir combatiendo a las hordas”.

Ante esta respuesta, la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, abandonó la reunión y luego de 15 minutos retornó y les dijo a los asistentes que había conseguido todo lo que se buscaba, y les consultó a los ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, de Gobierno y Defensa, respectivamente, cuánta cantidad requerían.

Al parecer, Lizárraga se comunicó, vía teléfono, con alguien que le confirmó que Ecuador podría proporcionar lo que se requería.

“Abandonaron ese gabinete los comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga para determinar las cifras que necesitaban”, explicó.

SOLICITUD A ECUADOR

Ese día, Bolivia solicitó mediante nota formal a Ecuador un permiso para el sobrevuelo de un avión Hércules C-130 sobre su espacio aéreo.

José Luis Frías Cordero, agregado de defensa y militar de Bolivia en Ecuador, se comunicó con el general Iván Inchauste, comandante general del Ejército y dispuso que el 16 de noviembre el avión se traslade a Ecuador para traer proyectiles y granadas.

El sábado 16 de noviembre partió el avión de Bolivia rumbo a Ecuador para traer el material a espaldas del pueblo boliviano.

Entre tanto, el jefe de gabinete de Arturo Murillo, Sergio Méndez, le envió un mensaje de Whatsapp a Brayan Berkman, representante de Bravo Tactical Solutions (BTS) y le dijo que la adquisición de gases lacrimógenos para Bolivia sólo sería a través de su empresa.

“Mientras Ecuador enviaba granadas y proyectiles para reprimir, de manera paralela los miembros del clan mafioso (López y Murillo, entre varios) elaboraban el plan para robarle al país porque usaron esa empresa para comprar el material de la brasileña Cóndor. Con ese negociado robaron $us 2,3 millones al Estado”, dijo.

José Luis Frías, quien ya declaró ante la justicia boliviana, embarcó las granadas y proyectiles.

Frías era parte del Ministerio de Defensa y dijo que se debería devolver los armamentos que entregó Ecuador, en tanto que el ministro de Defensa Luis Fernando López no cumplió con la Ley 400 sobre el control de armas, municiones y explosivos; porque no tramitó la autorización para el tránsito de dicho material en territorio nacional.

“El 19 de noviembre ocurrió la masacre de Senkata, donde se perdieron vidas, posterior a que Ecuador envió las granadas, gases y proyectiles; y el 26 de noviembre, Sergio Zamora, director administrativo del Ministerio de Gobierno, le envió una nota a la empresa brasileña Cóndor manifestando que Bolivia adquiriría el armamento no letal sólo a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions. Esa gente no sólo quería utilizar gases y demás armamento para reprimir, sino que trabajaba para saquear los recursos del país”, manifestó.

DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL

De acuerdo con información  proveniente del exterior, se evidenció que Ecuador compró su armamento no letal también a Cóndor y que pagó $us 12 por cada gas, mientras que en Bolivia se canceló alrededor de $us 37 por unidad.

El 16 de diciembre, el agregado de Defensa de Bolivia en Ecuador solicitó al director general de logística de la Policía de Ecuador que le explique el proceso para devolver las granadas y proyectiles.

“Hay un acta de entrega y recepción del material de Ecuador a Bolivia, entonces estos elementos ingresaron al territorio nacional, de eso no hay duda y el 27 de mayo de 2020 el comandante de la Policía de Ecuador solicitó a Bolivia que se devuelvan los proyectiles y granadas entregadas en noviembre de 2019. Medio año después no se devolvieron esos materiales”, manifestó.

PLAN CÓNDOR 2.0

El Plan Cóndor de los 70, también conocido como Operación Cóndor, incluía operaciones de inteligencia y asesinatos de opositores. Fue implementado en noviembre de 1975 por los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.

“Esta organización, que siempre mantiene el núcleo del clan mafioso compuesto por Jeanine Añez, Luis Fernando López y Arturo Murillo, se asemeja a la estrategia del Plan Cóndor de los 70, donde varios países cooperaban regionalmente para la represión”, apuntó Del Castillo.

La autoridad dejó en claro que con el préstamo de proyectiles, granadas y gases se vulneró la soberanía de los países y de los procedimientos porque se usó la cooperación regional para la represión.

“Esperamos que el Gobierno ecuatoriano coopere con la investigación de lo que pasó esos días en Bolivia para dar con la verdad histórica del golpe de Estado. Bolivia jamás se metió en conflictos de otros países ni envió material. Siempre precautelamos la soberanía de los países y nunca un gobierno democrático enviará granadas y proyectiles”, afirmó.

Arturo Murillo (der.) y Luis Fernando López, (Foto: Archivo)

La compra con sobreprecio

A finales de 2019, Arturo Murillo, Luis Fernando López, Sergio Méndez, Luis y Bryan Berkman, y Philip Lichtenfeld, entre otros, le robaron $us 2,3 millones al Estado.

Como no sucedía en anteriores administraciones gubernamentales, dispusieron, previo acuerdo de sobornos, que la compra del armamento no letal para policías y  militares sea mediante intermediario.

El gobierno de Jeanine Añez firmó tres decretos y la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS) compró dicho material de la compañía brasileña Cóndor por $us 3,3 millones.

Dos días después revendió a Bolivia lo comprado y cobró $us 5,6 millones.

Ese dinero fue enviado a bancos de Estados Unidos en dos partidas y luego retornó a las cuentas de los miembros del clan mafioso.

Los $us 2,3 millones que robaron al Estado se repartieron entre todos.

La ministra de Comunicación del régimen de facto Roxana Lizárraga hizo contactos para conseguir municiones de Ecuador

ABI.- La exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, muy cercana a Carlos Sánchez Berzaín, fue el contacto clave para gestionar la entrega de 5.500 granadas y 2.949 proyectiles de Ecuador al régimen de Jeanine Áñez, denunció este sábado el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien dijo que esta cooperación para la represión del pueblo es similar a lo ocurrido en los ’70 con el Plan Cóndor.

El Ministro brindó detalles de todo el plan, de los integrantes, entre los cuales tuvo un papel protagónico el exministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, y del operativo que permitió la llegada de suministros usados para la represión del pueblo durante el golpe de Estado de 2019.

Explicó que la planificación se evidenció dos días después de que Áñez, el 12 de noviembre, se autoproclame Presidenta del país ya que se produjo el relevo del Alto Mando Militar.

El 14 de noviembre, Áñez y su gabinete aprobaron el Decreto 4078 que instruía la intervención de las FFAA para reprimir las protestas contra el golpe, así como evitar cualquier sanción contra los militares que participaran en la represión.

En ese gabinete, relató Del Castillo, Áñez preguntó a los jefes de la policía y las FFAA si tenían suficiente equipamiento para intervenir las protestas. Ante la respuesta negativa, la entonces ministra Lizárraga dijo que haría algunas llamadas y se comunicó con alguien durante 15 minutos y luego dijo que se consiguió que Ecuador, que entonces estaba gobernado por el conservador Lenin Moreno, accedió a prestar a Bolivia insumos para la represión.

“En ese gabinete de la muerte estaba la señora Áñez, el comandante de la Policía y el comandante de las FFAA; y la señora Áñez pregunta a ambos comandantes si existían los suficientes elementos para reprimir al pueblo boliviano. De manera constante, ambos comandantes dicen que no tiene los elementos necesarios para seguir combatiendo a estas hordas”, parafraseó Del Castillo.

“No obstante, la señora Lizárraga abandona durante 15 minutos este gabinete, vuelve después de 15 minutos y dice ‘he conseguido todo lo que estamos buscando’ , le hace una pregunta al señor Arturo Murillo y al señor López Julio y les dice ‘¿cuánto es la cantidad que necesitan y precisamente qué es lo que están buscando?’”, dijo el Ministro de Gobierno.

“Abandonan el gabinete el comandante general de la Policía Boliviana, el comandante de las FFAA, el señor Arturo Murillo, el señor López Julio y la señora Lizárraga. Van a un cuarto aledaño y ahí empiezan a determinar las cifras que necesitaban”, relató Del Castillo.

Ante esa situación, el Ministro dijo que las preguntas que ahora surgen son: ¿con quién habló Roxana Lizárraga? y ¿qué habló durante esos 15 minutos para lograr la llegada de equipos de represión de Ecuador?

Lizárraga fue una periodista de varios años en la red televisiva Unitel. Ella fue vinculada varias veces a Carlos Sánchez Berzaín, exministro que se encuentra prófugo en Estados Unidos (EEUU) acusado por la masacre de 2003.

En ese contexto, el Ministro de Gobierno dijo que la gestión para la entrega de materiales destinados a reprimir al pueblo que se oponía al golpe de Estado, recuerda al Plan Cóndor, el sistema de represión política y terrorismo de Estado respaldado por Estados Unidos en los ’70 contra sectores de izquierda.

Respecto al traslado de las granadas y proyectiles desde Ecuador a Bolivia, Del Castillo dijo que “el 16 de noviembre partió el avión de Bolivia rumbo a Ecuador para traer los proyectiles y granadas y nunca esto fue de conocimiento del pueblo boliviano y por eso manifestamos que se ha manejado todo en perfil bajo para traer estas municiones a nuestro país y poder reprimir al pueblo boliviano”.

“Mientras Ecuador nos estaba enviando granadas para reprimir al pueblo boliviano, de manera paralela ya estaban elaborando el clan mafioso de Áñez y ejecutando un plan para saquear y robar al país. Utilizaron la empresa Bravo Tactical Solution para comprar de la misma empresa de origen, la empresa Cóndor, que proveía gases a Bolivia y Ecuador con un sobreprecio de $us 2,3 millones», indicó.

El 16 de diciembre el Agregado de Defensa de Bolivia en Ecuador solicitó al Director General de Logística de la Policía de Ecuador explicar el proceso que debe seguir Bolivia para devolver las granadas y proyectiles utilizados en el marco de la cooperación regional para reprimir a los pueblos.

El 18 de diciembre, el mismo Agregado de Defensa de Bolivia en Ecuador envió un informe a Luis Fernando López detallando todo lo que se debe devolver a Ecuador.

El 27 de mayo del año 2020, el Comandante de la Policía de Ecuador solicitó una vez más que se le devuelvan los proyectiles y las granadas que se entregó en noviembre del año 2019 para reprimir al pueblo boliviano.

Al respecto, el Ministro de Gobierno dijo que espera que el “gobierno ecuatoriano pueda coadyuvar en la investigación de lo que pasó en esos días oscuros para Bolivia y de esta manera dar con la verdad histórica del golpe de Estado que sufrimos los bolivianos y bolivianas el año 2019”. JML / Agencia Boliviana de Información

Del Castillo: Gabinete de Áñez trató falta de agentes en 2019; se apunta a tres exministros

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el trámite de “préstamo” de agentes químicos de Ecuador se gestionó como una «cooperación regional para la represión», como ocurrió durante la dictadura con el Plan Cóndor.

POR CARLOS CORZ / LA RAZON.- Dos días después de que asumiera el poder, la expresidenta Jeanine Áñez y su gabinete trataron junto a los entonces comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía la situación de las armas no letales para enfrentar los conflictos que se registraban. El reporte era que no había suficientes gases y proyectiles para enfrentar la crisis y se dio la solución que apunta al préstamo de Ecuador.

Los datos fueron revelados por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien informó que el exministro de Defensa Luis Fernando López estaba al tanto de todo y que instruyó a dos militares trasladarse a Ecuador para traer las granadas y proyectiles de gas. Una informe señala que se requirió ello por unidades policiales “se encontraban siendo quemadas por hordas de personas».

“Queda demostrado que los gases, las granadas y los proyectiles adquiridos eran utilizados, básicamente, para reprimir al pueblo boliviano con alevosía”, denunció Del Castillo en la conferencia de prensa en la que pidió al gobierno de Ecuador contribuir en la investigación para conocer la verdad de lo ocurrido en noviembre de 2019.

Del Castillo informó que en la reunión de gabinete del 14 de noviembre, dos días después de la toma del poder de Áñez, se pidió a los entonces nuevos comandante de las FFAA, Sergio Orellana, y de la Policía, Yuri Calderón, un informe sobre si se contaba con los suficientes agentes químicos para contener las protestas en apoyo a Evo Morales, que había renunciado el 10 de noviembre acorralado por la protesta cívica por denuncias de fraude electoral, el motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia.

El reporte fue que eran “insuficientes”. Según Del Castillo, los exministros López, Arturo Murillo y Roxana Lizárraga se reunieron y coordinaron en esa reunión de gabinete la dotación que apunta a Ecuador, mientras que de forma paralela Murillo, detenido en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero, ya gestionaba la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos a través de un intermediario.

Ecuador pidió el 27 de mayo de 2020 la devolución del material prestado. Se trata de 5.000 granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM.

“Esta parte de este funcionamiento de esta organización, básicamente, se asemeja a la estrategia del Plan Cóndor que hemos vivido en los años 70, donde varios países coordinaban regionalmente para la represión”, denunció e insistió en que Ecuador coopere en la investigación, sobre todo al anterior gobierno de Lenín Moreno.

“Se ha utilizado, básicamente, el mismo lema: Cooperación regional para la represión, hechos luctuosos que tuvimos que vivir en los años 70, en la época de la dictadura, que la hemos tenido que volver a vivir en la gestión 2019 con la señora Jeanine Áñez, otra persona que ha instalado un golpe de Estado”, cuestionó Del Castillo.

Los hechos de violencia de Senkata y Sacaba, en noviembre de ese año, acabaron con la vida de más de 20 personas por impactos de bala.

https://www.la-razon.com/nacional/2021/06/12/del-castillo-gabinete-de-anez-trato-falta-de-agentes-quimicos-en-2019-y-lopez-hablaba-de-hordas-que-protestaban/

Bolivia pide ayuda a Ecuador en el caso de municiones para reprimir durante el gobierno de facto de Áñez

El gobierno boliviano investiga a exfucionarios de Ecuador que dotaron de material antidisturbio a la administración de Añez.

Bolivien I Jeanine Anez

DW.- El Gobierno de Bolivia pidió este sábado (12.06.2021) a Ecuador su colaboración para determinar qué exfuncionarios de ese país participaron en la «dotación» de granadas de gas y proyectiles a favor de la Administración interina de la expresidenta Jeanine Áñez, durante la crisis social y política boliviana de 2019.

«Espero que el Gobierno ecuatoriano pueda coadyuvar en la investigación de lo que pasó en estos días tan oscuros en Bolivia», manifestó a los medios el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo.

El pasado jueves el Gobierno boliviano informó de la apertura de una investigación para indagar sobre la entrega de gases lacrimógenos y «municiones de guerra» desde Ecuador hacia Bolivia durante el mandato de Áñez.

El ministro boliviano estableció el flujo de comunicaciones que se produjo entre funcionarios de ambos países como parte de una «cooperación regional para la represión» que, a su juicio, se asemejaba al Plan Cóndor de los años 1970.

Del Castillo afirmó que el 16 de noviembre de 2019 el Gobierno interino gestionó que una aeronave boliviana transportara desde Ecuador para «proyectiles y granadas» antidisturbios en una operación que «nunca» fue de conocimiento público y que se manejó con «perfil bajo».

«Acá tenemos el acta de entrega y recepción del material de la República de Ecuador al Estado Plurinacional (de Bolivia)», estos elementos «han ingresado a nuestro territorio nacional», aseguró el ministro boliviano.

Esa afirmación se basó en Iván Inchauste documentos y contactos que sostuvieron el excomandante del Ejército de Bolivia y el entonces agregado de Defensa de Bolivia en Ecuador, José Luis Frías, y que fue de conocimiento de los exministros de Defensa y Gobierno, Luis Fernando López, y Arturo Murillo, respectivamente.

Reunión de gabinete

Murillo fue detenido en EE.UU. el pasado 21 de mayo acusado de corrupción y lavado de dinero en el marco del caso en el que se investiga el pago de 5,6 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos en 2019, pero que a la empresa brasileña Cóndor se le canceló solo 3,3 millones de dólares para su adquisición, por lo que hay un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.

Del Castillo afirmó que el llamado caso «gases antidisturbios» fue una operación que se hacía «paralelamente», mientras Bolivia recibía una dotación similar de Ecuador.

El ministro boliviano señaló que los contactos para el préstamo de granadas de gas y municiones se hicieron a través del entonces director Nacional de Logística de Ecuador, Fernando Correa Gordillo, que dependía del comandante de la Policía ecuatoriana, Patricio Carrillo Rosero.

El nexo principal para la adquisición de ese material se produjo durante una reunión de gabinete el 15 de noviembre de 2019, en la que, según Del Castillo, una gestión de la entonces ministra boliviana de Comunicación, Roxana Lizárraga, permitió que el Gobierno ecuatoriano accediera a la solicitud para contar con material antidisturbios.

«¿Con quién habló la señora Roxana Lizárraga?», cuestionó el ministro de Gobierno.

Del Castillo manifestó que «Bolivia jamás se ha metido en el conflicto de otros países» y que «jamás ha enviado proyectiles o granadas en los conflictos que ha sufrido Ecuador en la gestión 2019».

Sobre el Gobierno interino de Áñez están abiertas varias investigaciones para determinar su gestión en la crisis política y social de 2019, que según el Ejecutivo de Luis Arce lo que ocurrió en ese año fue un «golpe de Estado».

En los sucesos de 2019 fallecieron 37 personas, de las que una veintena corresponden a las llamadas masacres de Sacaba y Senkata.

https://www.dw.com/es/bolivia-pide-ayuda-a-ecuador-en-caso-que-vincula-a-jeanine-%C3%A1%C3%B1ez/a-57870605