AHORA, EL PUEBLO / LA PAZ / 13-06-21.- Bolivia no sólo fue golpeada en 2020 por el Covid-19, también lo fue por el daño económico causado por el gobierno de facto de Jeanine Añez al adquirir, con sobreprecio, 170 respiradores españoles que se suponía debían ayudar a la población que se encontraba en estado crítico por el virus y necesitaba una cama en terapia intensiva.
Aníbal Cruz fue el primer ministro de Salud posesionado en noviembre. Antes de que se detectara el virus en Bolivia dijo que el país estaba preparado y que veía imposible su llegada.
El 10 de marzo se evidenciaron los primeros casos de coronavirus. El gobierno de facto trató de contener la pandemia imponiendo una cuarentena rígida, pero no logró su objetivo, ya que los hospitales comenzaron a colapsar con pacientes que requerían un respirador, desatando una crisis sanitaria en el país.
El 1 de abril, a través de su cuenta de Twitter, Jeanine Añez compartió un video del exembajador de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mohammed Mostajo Radji, quien anunció la compra de los 500 nuevos respiradores que llegarían al país.
En la gestión de Cruz se comenzó con la planificación para adquirir los equipos, pero antes de que se lograran acuerdos renunció, el 8 de abril.
Marcelo Navajas fue su sucesor y casi a un mes de ser posesionado firmó un contrato con Levon SA para adquirir 176 respiradores, pero luego cancelaron el acuerdo.
En mayo de ese año, Navajas hizo la contratación de los respiradores de la marca Respira a través del intermediario IME Consulting. El dinero para la compra provino del financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que otorgó $us 5 millones para esa adquisición.
Navajas, antes de la compra de los respiradores, indicó que éstos ya habían sido examinados por el excónsul de Bolivia en Barcelona, España, Alberto Pareja.
De acuerdo con informes de la Fiscalía en una de las declaraciones del exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco, el exministro de Salud Navajas y su asesor Fernando Valenzuela presionaron para que los procesos de la compra se hicieran en el menor tiempo posible.
El gobierno de facto pagó por cada aparato con sus accesorios $us 28.080, pero la fábrica GPA Innova los vendía a $us 7.194, pagando un total de $us 4.773.600; el sobreprecio fue de 300% aproximadamente.
La sospecha de sobreprecio en la compra boliviana se sustentaba en una lista de precios que la misma empresa GPA Innova colgó en su página web.
En ésta se observa que el precio de los respiradores es: básico (el que compró Bolivia) € 6.000 ($us 6.591) y Advanced € 9.500 ($us 10.436). Precios que obviamente no incluyen ni el traslado ni los componentes adicionales, pero que alertaban sobre un posible monto inflado de casi el triple de lo pagado por el gobierno, informó Bolivia Verifica.
Pero los equipos españoles no cumplían con estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Una comisión de recepción de la Aisem al hacer la verificación informó que los respiradores no eran aptos para las unidades de terapia intensiva.
Ante la presión de Jeanine Añez y del exministro de Gobierno Arturo Murillo, los ventiladores fueron transportados al país en un vuelo chárter de Boliviana de Aviación (BoA).
Días después de la llegada de esos ventiladores, se evidenció que no eran aptos para su uso en cuidados intensivos, sino estaban diseñados para ambulancias y para terapia intermedia, además que una mayoría no contaba con los instrumentos correspondientes para poder instalarlos y, de acuerdo a las declaraciones de Navajas, la expresidenta Añez y Murillo tenían conocimiento.
Procesos
Quien fuera director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela y el exdirector general ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) Geovanni Pacheco fueron los primeros arrestados por estar vinculados al caso.
El miércoles 20 de mayo, Marcelo Navajas (hasta ese momento ministro de Salud) fue aprehendido cuando se presentó voluntariamente para declarar ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Horas más tarde se anunció su destitución y se designó a Eidy Roca como ministra interina de Salud.
La aparición de Fernando Humérez fue clave, ya que se presentó en la Fiscalía como testigo de la compra. Dijo que fue uno de los mediadores y reveló que él y sus socios acordaron cobrar $us 340 mil cada uno (un total de $us 1.020.000), dinero que calcularon haciendo que la fábrica suba el costo de los equipos de 20 mil a 26 mil dólares, a fin de que ellos puedan cobrar su parte.
Para lograrlo, señaló que contactó al abogado Wálter Zuleta (que fue defensor de Gabriela Zapata), quien a su vez se vinculó con Iñaqui García, de IME Consulting, representante de la empresa que tiene sede en Bilbao y que fue la intermediaria entre la fábrica y el Estado boliviano, y que terminó vendiendo los respiradores al Ministerio de Salud. Humérez, ahora imputado en este caso, reveló que el director jurídico Valenzuela fue el contacto.
Cuando compareció ante los investigadores, Valenzuela reveló que Humérez (testigo clave) hizo los contactos iniciales con la empresa IME Consulting, que presentó más de una cotización y que le insistía, tanto a través de su correo como por Whatsapp, pero descartó haber recibido un centavo por ello, según El Deber.
Las declaraciones del exdirector de la Aisem Geovanni Pacheco y de las funcionarias Jannet Enayda Zenteno y la auditora Gabriela Claudia Pérez, consultora en línea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), establecieron de manera cronológica que la compra de los 170 respiradores se hizo en cuatro días, del 8 al 11 de mayo.
Pacheco manifestó que su participación en el proceso de contratación fue delegar y sobre todo cumplir instrucciones emanadas del exministro de Salud Marcelo Navajas. Hizo notar que Navajas, con carácter de urgencia, pidió a la Aisem que proceda inmediatamente a la adquisición del equipamiento específico.
Alberto Pareja Lozada, fue aprehendido el 17 de junio en el marco de la investigación por el caso de la presunta compra de 170 respiradores con sobreprecio, fue destituido de su cargo como cónsul de Bolivia en Barcelona (España). Pareja se encontraba bajo medidas sustitutivas: arraigo, detención domiciliaria y fianza de veinte mil bolivianos, mientras continuaba la investigación del caso.
El país aún no recupera el dinero que fue entregado a la empresa IME Consulting.
Segundo caso de corrupción: 324 respiradores chinos
Bolivia continuaba con la crisis sanitaria en 2020 por la pandemia y la población estaba en busca de unidades de terapia intensiva para sus familiares, pero no existían suficientes respiradores.
El primer implicado en la compra de estos equipos fue el exministro de Salud Marcelo Navajas y su sucesora Eidy Roca, quienes aprobaron los contratos y entregaron los equipos chinos que fueron adquiridos con sobreprecio.
Se sabe que el primer lote de los respiradores llegó al país el 9 de mayo de 2020, y se confirmó su entrega el 22 de mayo, cuando la empresa Yueshen Medical Equipment en sus redes sociales mostró una fotografía de Navajas junto a los ministros de la Presidencia y de Gobierno Yerko Núñez y Arturo Murillo, respectivamente, entregando estos ventiladores en Santa Cruz.
Estos equipos, antes de su compra, tuvieron 40 observaciones que fueron subsanadas de manera irregular y tenían el compromiso de que serían compensados con otros 20 respiradores, accesorios y beneficios que se llegaron a dar. La entrega de los seis lotes fue de mayo a junio mediante el intermediario Grupo AGEM.
Ni la compra de respiradores de España ni de China fue informada mediante el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).
Los equipos tendrían un costo promedio de $us 8.900 por unidad con transporte incluido, pero el Gobierno los compró en $us 30 mil.
Los ventiladores fueron rechazados por los profesionales en salud, sobre todo por los médicos intensivistas que utilizaron estos equipos e indicaron que no servían para terapia intensiva, donde eran internados los pacientes más afectados por el Covid-19.
En ocho de los nueve departamentos del país, estos aparatos registraron desperfectos para atender la pandemia del Covid-19.
El gobierno de facto negó sobreprecio y justificó que éstos se hayan adquirido mediante un intermediario y con un precio mayor.
En septiembre, la Fiscalía de La Paz admitió otra denuncia contra la exministra Eidy Roca acusada de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en un proceso que se abrió por un presunto sobreprecio en la compra de estos equipos deficientes.
Los implicados aún son investigados
Los exministros Aníbal Cruz y Marcelo Navajas declararon en calidad de testigos sobre los respiradores.
Mohammed Mostajo Radji, posesionado como embajador de Ciencia, Tecnología e Innovación, es investigado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
l abogado y exfuncionario del Ministerio de Salud Jorge Sánchez emitió informes técnicos-legales que dieron paso a la compra de los respiradores chinos en el gobierno de Jeanine Añez, por lo que se lo acusó de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
La exresponsable de la Unidad de Gestión de Programa y Proyectos, Vania V. fue beneficiada con detención domiciliaria al estar implicada.
Gestión golpista no supo hacer frente a la pandemia
El Covid-19 fue identificado en diciembre de 2019. Wuhan, China, se convirtió en el epicentro de un brote de neumonía de etiología desconocida que no cedía ante varios tratamientos utilizados por los médicos en el país oriental.
En pocos días, los contagios aumentaron exponencialmente no sólo en China, sino también en varios países. El agente causal fue identificado, un nuevo coronavirus (2019-nCoV), posteriormente clasificado como SARS-CoV2, causante de la enfermedad del Covid-19.
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró a esta enfermedad como una pandemia que ya estaba en todos los países del mundo.
Bolivia
Los primeros casos de coronavirus se registraron el 10 de marzo de 2020; una ciudadana cruceña y otra orureña, ambas fueron las primeras en ser diagnosticadas luego de su llegada al país desde Italia.
La primera asistió a una recepción de bienvenida con una treintena de invitados; y la segunda viajó por tierra cruzando todo el eje del país, en un paseo donde la infectada subió al Teleférico en la ciudad de La Paz.
Una mujer de 78 años, residente en Santa Cruz de la Sierra, fue la primera víctima del virus, falleció el 29 de marzo por un distrés respiratorio severo, neumonía típica y coronavirus positivo, ella había asistido a la recepción de su familiar en Santa Cruz.
MALA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE FACTO
Desde el 11 de marzo, el gobierno de facto declaró a Bolivia en emergencia nacional por la pandemia del Covid-19, permitiendo la asignación de recursos económicos para la contención y prevención debido a la identificación de las dos personas infectadas; pero los contagiados aumentaban.
El 17 de marzo, mediante el Decreto Supremo 4196, se declaró emergencia sanitaria nacional y cuarentena rígida en todo el país, que duró tres meses y una suerte de confinamiento condicionado que se extendió hasta finales de agosto. La economía de la población fue severamente afectada, muchos habían perdido su trabajo y varias pequeñas y medianas empresas cerraron.
El Gobierno de facto también eliminó tres ministerios, dejando a todos sus trabajadores sin una fuente laboral, indicando que eran un gasto y que debían redireccionar el dinero de esas carteras de Estado para la lucha contra el coronavirus, pero no se vieron resultados.
Bolivia vivió una severa crisis en el sistema sanitario, las camas de terapia intensiva eran insuficientes, el precio de los medicamentos se elevó de manera desproporcional y muchos de los fármacos para el tratamiento del coronavirus desaparecieron del mercado.
Los artículos para el cuidado de bioseguridad igual escasearon y sus precios se elevaron sustancialmente. El gobierno de facto no hizo nada para regular la situación.
La población, al buscar una fuente de ingreso, salió a vender a la calle todo lo que le era posible, pese a la pandemia, para llevar a su hogar alimentos. Muchos fueron desalojados de sus hogares al no poder pagar el alquiler.
En julio de 2020, los bolivianos morían en las calles y en las puertas de los hospitales.
La educación de los estudiantes también fue perjudicada, desde finales de marzo ya no hubo clases y el 2 de agosto el gobierno de Añez clausuró el año escolar, afectando el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes.
Muertos en las calles por la falta de respiradores
La pandemia marcó un escenario desolador en el país. La gestión del gobierno de facto de Jeanine Añez mostró improvisación y dejó que la enfermedad le ganara la pulseta al país. Como en una escena apocalíptica, la Policía nacional levantaba cadáveres de las calles y de las casas. Los medios internacionales alarmados reflejaban el sufrimiento boliviano.
La falta de unidades de terapia intensiva con respiradores para los pacientes críticos fue determinante para aumentar la desesperación de familiares y de los propios médicos.
El 20 de mayo de 2020, Marcelo Navajas fue trasladado desde sus oficinas para brindar declaraciones en condición de aprehendido por la policía. Horas después, el gobierno anunció que la autoridad quedaba suspendida de las funciones, se hallaron indicios de corrupción en la compra de respiradores y se nombró a un ministro interino.
La BBC reportó, el 22 de julio de 2020, que 420 cadáveres en casas y calles fueron registrados en sólo cinco días. Las personas asistían a los hospitales con sus familiares enfermos sin lograr conseguir ayuda. Muchos morían en los vehículos donde eran transportados con las puertas cerradas de los hospitales.
Los respiradores, que debían ser el pulmón de la sociedad boliviana para darle aire a los enfermos, resultaron inservibles.
“Esos respiradores chinos ni para veladores de terapias intensivas han servido”, dijo el presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Joel Gutiérrez, de los respiradores de procedencia china que se compraron durante la pandemia y que ahora son objeto de litigio.
La sociedad de intensivistas aseguró que los ventiladores no eran aptos ni siquiera para el traslado de personas. Los emergenciólogos explicaron que se podía empeorar la lesión pulmorar usando los mal llamados respiradores.
El 10 de marzo de 2020 fueron confirmados los primeros casos de Covid-19 en Bolivia, días después el régimen de Jeanine Añez estableció una cuarentena rígida seguida de improvisadas medidas.
Encerrar al pueblo
La primera ola estuvo caracterizada por una sola estrategia que fue la cuarentena rígida, que afectó negativamente a la economía del país y a la del pueblo boliviano.
Pese al encierro obligatorio, en la primera ola se registró un total de 144 mil casos, con 8.949 fallecidos y la tasa de letalidad en la primera ola llegó al de 6,2.
Bolivia vivió escenas desgarradoras de hijos llorando sobre los cuerpos de sus padres a quienes les faltó un aliento de vida que se le fue arrebatado por un grupo de funcionarios corruptos que en pandemia le robaron la vida al pueblo.
Los médicos advirtieron que los ventiladores no servían para UTI
“Éstos no son ventiladores, es una bolsa autoinflable más conocida como AMBU, que se puede encontrar en cualquier servicio de emergencia. De ninguna manera se los puede comparar”, indicó entonces el presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Adrián Ávila, según el del periódico Opinión.
La primera medida fue declarar en estado de emergencia y aclarar que ellos no se responsabilizarán de las consecuencias secundarias que pudiera generar este equipo.
Según el especialista, lo único que las máquinas ofrecían era una ambulación de aire programada, ya no de forma manual.
Se nombró a tres ministros, un cónsul y un embajador
Después de la toma del poder político, la presidenta de facto Jeanine Añez, junto con su entorno, buscó aliados para cementar un plan, beneficiándose con los recursos del Estado.
El 14 de noviembre de 2019 el médico Aníbal Cruz Senzano, expresidente del Colegio Médico de Bolivia (2017), fue posesionado como ministro de Salud. El Colegio Médico fue entonces usado también para impulsar el golpe de Estado.
El 10 de marzo de 2020, Cruz dio a conocer los primeros casos de coronavirus en el país; supuestamente existían condiciones de detectar y tratar los casos sin propagar el virus, nada más falso. Cruz se vio rebasado y renunció en abril.
El 8 de ese mismo mes, Añez posesionó a Marcelo Navajas, médico especialista en neumología, como Ministro de Salud, en reemplazo de Aníbal Cruz.
En la gestión de Navajas se compraron ventiladores producidos por la empresa española GPA Innova con un precio de fábrica de $us 7.194, pero se pagaron más de $us 4,7 millones por 170 máquinas; esto significa que Bolivia pagó por unidad $us 28.000.
El Ejecutivo boliviano decidió hacer esta compra directamente en España, al parecer por intermedio del entonces cónsul en Barcelona, David Pareja, pese a que una importadora local le había ofrecido traer los mismos equipos al país por $us 12.500 dólares.
Navajas fue aprehendido el 20 de mayo por el caso de respiradores con sobreprecio. Después de 41 días logró la detención domiciliaria.
El 28 de mayo de 2020, Eidy Roca, médica cirujana, sucedió como ministra a Navajas luego del escándalo por compra de respiradores. Hoy Roca es acusada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en el caso de los respiradores chinos.
La exautoridad, en su defensa, explicó que no participó en la contratación, puesto que ésta corresponde a abril de 2020 y ella asumió el cargo a finales de mayo.
Acápite diplomático
El 10 de febrero de 2020, la presidenta de facto firmó la designación de David Alberto Pareja Lozada como cónsul de Bolivia en Barcelona y el 13 lo posesionó.
Pareja Lozada fue sindicado por el exdirector jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela como una de las personas que negoció de cerca con la empresa española GTA Innova para la compra de los respiradores.
El 23 de febrero de 2020, Añez posesionó, en el Palacio de Gobierno, a Mohammed Mostajo Radji como Representante Extraordinario en Misión Especial para la Ciencia, Tecnología e Innovación ante Organizaciones Internacionales, él fue el encargado de revisar los equipos con sobreprecio que llegaron al país.
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