Murillo ya tiene 12 juicios en Bolivia y le esperan 30 años de cárcel

Por Wilson Aguilar / LOS TIEMPOS / El exministro de Gobierno Arturo Murillo Prijic, detenido en Miami, Estados Unidos, por conspiración financiera y lavado de dinero, enfrenta en el país por lo menos una docena de procesos penales, por los que podría tener como máximo una pena de 30 años de privación de libertad.

El ex hombre fuerte y polémico del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez se ha convertido en el más denunciado y solicitado en las diferentes instancias del sistema de administración de justicia del país.

La imagen que mantuvo durante el gobierno transitorio y luego de su salida del país, presuntamente para no ser víctima de la persecución del actual Gobierno, se desmoronó totalmente tras su “sorpresiva” detención en Estados Unidos (EEUU).

Entre el 20 y 21 de mayo, la justicia estadounidense llevó adelante una serie de operativos para dar con un grupo de personas, entre bolivianos y ciudadanos de EEUU, identificado por la comisión de delitos financieros en esa nación, bajo las figuras de soborno y lavado de dinero, en la adquisición de equipos de armamento no letal mediante la empresa Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.

Entre las personas detenidas se encuentran el exministro Murillo y su exjefe de gabinete Rodrigo Méndez, involucrados en las transacciones dudosas en el sistema financiero del país del norte. Murillo guarda reclusión en un penal de La Florida,

Miami, en espera de su audiencia, prevista para este 7 de junio; se prevé que podría enfrentar una pena de 20 años de cárcel.

La acción de la Federal Bureau of Investigation (FBI) sacó a luz todos los procesos seguidos contra el exministro y activó otros nuevos.

Caso Huayllani

Este proceso se ventila en el Juzgado de Instrucción Cautelar Nº 1 de Sacaba, Cochabamba, y que tiene como imputados a los exministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, respectivamente, además de los excomandantes de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana y de la Policía, Rodolfo Montero.

Los delitos por los que son imputados son: asesinato y tentativa de asesinato en el marco de las investigaciones por las muertes de Huayllani ocurridas el 15 de noviembre de 2019. Por estos hechos podría recibir una condena de 30 años de presidio sin derecho a indulto.

Tres de las cuatro autoridades mencionadas se encuentran prófugas: Murillo, López y Orellana. En tanto, Montero se encuentra con detención domiciliaria, medida que se le otorgó en sustitución de la detención preventiva previo el pago de una fianza de 200 mil bolivianos, arraigo, prohibición de comunicarse con testigos del caso y presentarse cada semana en la Fiscalía.

El exjefe del Comando Estratégico Operacional Central (CEO) de Cochabamba Alfredo Cuéllar también se encuentra con detención domiciliaria, con dos custodios y sin derecho al trabajo, además del pago de una fianza de 250 mil bolivianos, y arraigo nacional.

El pasado 26 de febrero, el excomandante de la Policía Departamental de Cochabamba Jaime Zurita logró que se le permita defenderse en libertad, pero se dispuso su arraigo y una fianza de 200 mil bolivianos. Además, le prohibieron acercarse a unidades policiales y testigos en el caso.

Gases lacrimógenos

El 8 de junio de 2020, el entonces fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, informó que fue admitida la denuncia contra los ministros de Defensa, Fernando López, y de Gobierno, Arturo Murillo, en funciones en ese momento, por la presunta compra con sobreprecio de gases lacrimógenos.

Sin embargo, este proceso no tuvo avances significativos, pese a que, el 26 de octubre de 2020, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó un informe final de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la compra de material no letal contra disturbios, que recomendaba remitir una copia a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie las acciones penales contra los entonces ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de

Defensa, Fernando López; el titular de Economía y Finanzas, Oscar Ortiz, y el presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional, Waldo Ramos, “quienes omitieron responder a los requerimientos realizados por la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el marco del proceso de investigación”.

Este proceso, se activó tras el destape del caso en EEUU. Se procedió a la aprehensión de cinco personas allegadas a Murillo, además de funcionarios del Ministerio de Defensa.

Daniel Aliss, cuñado, y Daniel Bellot, exedecán, de Murillo fueron enviados a la cárcel. Asimismo, Mireya Murillo, hermana del exministro, se encuentra con detención preventiva.

También están detenidos el exasesor jurídico Raúl López Gonzáles y el exdirector de Logística Pedro Miguel Rea.

El caso es llevado adelante por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas, que tiene una pena de entre cinco a 10 años de cárcel.

Extradición de Lima Lobo

El Ministerio de Gobierno planteó en mayo pasado una denuncia penal contra Murillo y el excomandante de la Policía Rodolfo Montero, por frenar la excarcelación y extradición del considerado “pez gordo del narcotráfico”, Jesús Einar Lima Lobo, requerida por Brasil en 2017.

Los delitos son uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, coacción, impedir y estorbar el ejercicio de funciones y complicidad en el tráfico de sustancias controladas.

Horcones de droga

El Ministerio Público inició una investigación de oficio en contra de siete personas, entre ellas el exministro de Gobierno Arturo Murillo, por los presuntos delitos de alteración o sustitución de sustancias controladas.

El 26 de diciembre de 2019, en Tambo Quemado, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) incautó un cargamento de madera con 60 horcones. Se incautó casi una tonelada y media, pero en el pesaje se comprobó que no era así, por lo que se investiga la falta de más de 400 kilos de cocaína.

CONDENA CONTRA MURILLO DE DOS AÑOS

Después de dos años y cinco meses de que se presentó el recurso de casación, el 4 de marzo pasado, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confirmó que Arturo Murillo utilizó una libreta de servicio militar de otras personas para acceder a cargos públicos (diputado y ministro de Gobierno) y ratificó la condena de dos años de prisión dictada contra la exautoridad por el delito de uso de instrumento falsificado.

En octubre de 2018, Murillo impugnó la sentencia condenatoria de dos años de prisión dictada en su contra por el Tribunal de Sentencia Quinto de La Paz en junio de 2018 y confirmada por la Sala Penal Cuarta en agosto de ese mismo año.

La denuncia fue presentada por el Ministerio Público y del Ministerio de Defensa, en ese entonces del gabinete de Evo Morales.

EL DIRECTOR DEL SEGIP SE QUERELLA CONTRA MURILLO

El director del Servicio General de Identificación Personal (Segip) de Santa Cruz y líder del bloque “Azules del Oriente” del Movimiento Al Socialismo (MAS), Alpacino Mojica Gutiérrez, presentó una denuncia penal contra al menos 10 exautoridades entre las que están incluidas Jeanine Áñez, Arturo Murillo y Tomás Monasterio, por los presuntos delitos de tortura, tentativa de homicidio, lesiones graves y leves y otros.

“(La denuncia) es sobre todo por el abuso de poder, tortura, persecución política, también por el abuso de autoridad que hubo en ese momento y los daños psicológicos, las lesiones leves, graves que hubo en la tortura que sufrí en

Palmasola; además, por la muerte de mi madre”, refiere Mojica a la ANF.

La denuncia es en contra de los “fiscales de materia Adán Arteaga, Víctor Hugo Justiniano y José Carlos Viera Añez”. También en contra de Miguel Ángel Mercado, excomandante departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana; Mirael

Salguero Palma, exdiputado; Tomás Monasterios; el exministro de Gobierno Arturo Murillo; la expresidenta Jeanine Áñez; el exfiscal de materia Walter Suárez, y Jhonny Pérez.

Además de otros autores, instigadores, cómplices y encubridores.

OTROS PROCESOS CONTRA MURILLO

Entre otros procesos abiertos en contra del exministro Arturo Murillo están: por el allanamiento a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por el caso bebé Samanta y otro activado por el comandante de la Policía Jhonny Aguilera, estos dos últimos, por difamación.

Se ha pedido que se lo incluya en la investigación del caso respiradores españoles.

CASO GOLPE DE ESTADO

Este proceso que lleva adelante el MAS a través de la exdiputada Lidia Paty contra la expresidenta Jeanine Áñez por los presuntos delitos de sedición y terrorismo, entre otros. También se amplió la investigación al exministro de Gobierno Arturo Murillo.

Por este caso se encuentran privados de libertad, con detención preventiva, la expresidenta Áñez y los exministros de Justicia y de Energía, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, respectivamente.

También están detenidos los excomandantes del Ejército Pastor Mendieta y de la Armada Flavio Gustavo Arce y el excomandante de la Policía Boliviana Vladimir Yuri Calderón Mariscal, por haber sugerido el 10 de noviembre de 2019, la renuncia de Evo Morales.

Además, hay dos excomandantes de las Fuerzas Armadas que son buscados para su aprehensión, dentro de este caso, por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

CASO SENKATA (EL ALTO)

En febrero, la Fiscalía informó que el general del Ejército en retiro Luis Fernando Valverde era el primer imputado por el caso de las muertes registradas en Senkata durante el conflicto poselectoral de 2019. Asimismo, se dijo que los exministros Luis Fernando López y Arturo Murillo ya estaban como investigados en este proceso.

Valverde cumplía funciones como director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), del Ministerio de Hidrocarburos, quien presumiblemente estaba al tanto del operativo militar y policial para el traslado de combustible y gas licuado de petróleo desde la planta de Senkata hasta el regimiento Ingavi de El Alto.

En ese marco, los exministros están sindicados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al haber firmado el decreto que establece el plan del operativo combinado en El Alto.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210606/exministro-murillo-tiene-mas-12-procesos-enfrenta-30-anos-carcel

30 contratos de la gestión Murillo evidencian anomalías en montos

En al menos tres casos hay contradicciones entre los montos propuestos y los adjudicados. El Gobierno presume que se descalificó a varias empresas para favorecer a otras y realiza auditorías especiales.

Lunes, 7 de junio de 2021 · 05:30

“En el informe de confiabilidad presentado esta gestión se encontraron  más de 77 observaciones  a los procesos de contratación  que ahora son derivados a auditorías específicas y especiales”, señaló el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.    

Por estos casos, dicha cartera de Estado  inició 49 procesos administrativos en contra de 52 personas y cuatro penales en contra de otros siete funcionarios, entre ellos el exministro Arturo Murillo.

Contratos dirigidos

Según informes  del Ministerio de Gobierno, en  al menos nueve procesos de contratación hay indicios de que hubo un “direccionamiento” de las adjudicaciones, para favorecer a una u otra empresa. Entre estas contrataciones se encuentra la del caso   “gases lacrimógenos”, por el que  Murillo fue detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero y sobornos.   

Otro de los casos que llama la atención —y que no fue publicado en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes)—  es la  “Compra de equipos de seguridad para el comando estratégico” (caso 2, ver tabla). Una auditoría señala que ese proceso en curso fue anulado sin justificación, para luego realizar  una contratación directa. Los chalecos antibalas adquiridos  no pasaron las pruebas  de balística. 

Después de una revisión del Sicoes, se suman los casos 3 y 4, de “Servicio de alimentación (para el personal de  erradicación) en  el trópico  y los Yungas”. En ambas convocatorias  se  solicitó un certificado del Senasag que —según  las normas—  no es  indispensable. Solo la empresa  contratada tenía ese documento. 

La revisión de los  procesos muestra que la adjudicada no comprobó la  experiencia de su personal y los comensales se quejaron del mal estado en el que la comida era entregada.   Antes a la  adjudicación, la compra ya había sido anulada en una ocasión.

Según el Sicoes, en la “Adquisición de firewall para la Dirección  General de Migración” (caso 8) y en la “Adquisición de repuestos Nissan para los vehículos de la Fuerza de Trabajo Conjunto en  Chapare y Yungas” se descalificó a los oponentes de los adjudicados con observaciones que eran “subsanables”. En el caso de los repuestos, la convocatoria fue anulada dos veces y se usó una marca específica, algo  esto está prohibido.

Lo mismo sucedió en el contrato del “Servicio de tornería para motorizados de la Felcn-Occidente, gestión 2020” (caso 30) y en la “Adquisición de uniforme  militar  multicam para la Fuerza de Tarea Aérea, Diablo Negros” (caso 10).

En el caso 27, de “Mantenimiento, reparación y overhaul en el extranjero para dos Motores Pratt & Witnery PT6A-41 y Accesorios” se incumplió con la  invitación a los potenciales proponentes nacionales para proceder a una contratación internacional. No se registró la compra en el Sicoes.

“Se benefició a una empresa extranjera sin consultar si en el país  había empresas que presten el servicio. No solo se  generó   corrupción, sino,    la fuga innecesaria de divisas”, afirmó Del Castillo.

Plazos y papeles inconsistentes

Una revisión al proceso de “Adquisición de  sables plateados para los futuros oficiales, Gestión 2020, de la Anapol” (caso 29)  advirtió que la documentación se presentó en fechas irregulares. La evaluación de proponentes y la boleta de garantía -que debieron dar pie a la adjudicación- fueron hechas hasta tres   días después de la firma del Contrato Administrativo 507/2020, rubricado   personalmente por  Arturo Murillo.

Algo similar pasó en la “Adquisición de bolsas de dormir para la tropa” (caso 6), donde hay  adulteración de  fechas en los documentos. En el caso de la compra de llantas para el parque automotor Felcn (caso 7), el contrato fue suscrito el 10 de septiembre de 2020 y la boleta de garantía recién fue presentada el 30 de septiembre. Además el monto invertido es menor  al denunciado por el Gobierno.

“En la ‘Adquisición de cámaras de seguridad para el  Conaltid, Cochabamba’ (caso 26), se advirtió que las especificaciones técnicas de la orden de compra no coinciden con  las que  requeridas en el Formulario 100, ni con las que fueron entregadas por la empresa. Se pagó por un servicio y  recibimos otro”, dijo el   ministro de Gobierno.

Asimismo,  en la “Compra de un servidor y un microdata center” (caso 3),  no hubo la  resolución de inicio del proceso  y el documento base de contratación no fue aprobado. Mientras que la “Adquisición de llantas para la Fuerza de Tarea Aérea Diablos Negros” (caso 12 ), sufrió una ampliación del plazo de entrega sin justificación y no fue registrada en el Programa Anual de Contrataciones (PAC).

De acuerdo al Sicoes, en los procesos de  “Adquisición de  chamarras Multicam para Digprococa”, “Compra de talco para  la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn, actual Diprevcon)” y la  “Impresión de carpetas de trámites”,  faltan respaldos de las evaluaciones hechas para la adjudicación.

Retrasos en la publicación de formularios  

En ocho procesos  hubo retrasos de hasta 56 días en el registro de diferentes  formularios en el  Sicoes. Los casos corresponden a la adquisición de  uniformes, chamarras tácticas, equipos de computación, combustible, insumos y material de mantenimiento de activos fijos, repuestos para vehículos y equipos de aire acondicionado para Umopar.

En los casos 17, 18, 19, 21 y 22 (ver tabla) hubo retrasos  en el registro del Formulario 100, que es el  que contiene toda la información  sobre el inicio del proceso de contratación, la cuantía y verifica si la compra está inscrita en el PAC, requisito número uno para iniciar un proceso de contratación.

El formulario 500 es el que cierra todo el proceso y almacena los datos de esta etapa. Sin embargo, este se retraso o estuvo ausente en los casos 21, 16 y 13 (ver tabla).

Llama la atención que  el caso 15, de compra de  equipos de computación para las direcciones departamentales y la  Dirección General de Régimen Penitenciario, no haya sido publicado en el Sicoes.

Además en el caso 21, de compra de equipos de aire acondicionado, además del retraso en la publicación de  los formularios, el precio referencial no se encuentra debidamente sustentado. Tampoco se registró  el nombre del representante legal de la empresa.

“No sabemos cuál era el motivo porque no se transparentó esto. Esta conducta fue reiterativa evitando que se haga la fiscalización correspondiente”, señaló el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Recordó  que  el Sicoes  tiene la finalidad de difundir información para el control y la transparencia de los procesos de contratación. El omitir su uso  atenta contra el derecho al acceso de información de la ciudadanía.

Anomalías en los montos adjudicados en cuatro contrataciones  

Después de la revisión de la documentación, se  advirtió  incongruencias en los montos adjudicados de tres  procesos. Una auditoría del ministerio alerta de un cuarto caso.   

En el caso 9 de  “Servicio de mantenimiento general del equipo  de Citesc”, la adjudicada cotizó el servicio en 195.760 bolivianos, 2.000  menos que el precio referencial, lo que  le dio la victoria. Empero, la  firma del contrato se hizo por 197.282 bolivianos.

El contrato de la “Adquisición de accesorios de vuelo para la Fuerza de Tarea Aérea Diablos Negros” (caso 24)  señala que se adquirieron  89 guantes a un precio unitario de 337 bolivianos. Según ese  dato, el costo total debía ser de 29.993 bolivianos, pero se  pagó 33.553. En el informe de evaluación señala que el contrato debería ser por 193.753 bolivianos. Además la auditoría el Ministerio de  Gobierno afirma  que la empresa no tenía la certificación Air Force. 

En el caso 25, de contratación del “Servicio integral de cadena logística para la flota de aeronaves de ala fija asignadas a la Fuerza de Tarea Aérea Diablos Negros”, el monto de la adjudicación asciende a 30 millones de bolivianos. No cuenta con   la resolución expresa que toda contratación mayor a 200 mil bolivianos debe presentar  obligatoriamente.

En el caso 28, de “Servicio de aeronavegabilidad para cinco helicópteros AS332 asignados a la Fuerza de Tarea Aérea”, la auditoría de Gobierno observó que el contrato firmado con la empresa dura solo 108 días, es decir menos de medio año y dos meses deben ser para el pedido de repuestos. Según el Gobierno   el contrato es desfavorable por que el servicio  no corresponde a los 28,3 millones de bolivianos que cobró la empresa.

“Se ha realizado un contrato lesivo para el Estado. El objetivo era que las naves no funcionen”, sostuvo Del Castillo.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/6/7/30-contratos-de-la-gestion-murillo-evidencian-direccionamiento-anomalias-en-montos-297328.html#!

Gobierno instaurará proceso civil contra Murillo en Estados Unidos para recuperar dinero de caso ‘Gases lacrimógenos’

El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez. (Foto: Archivo)

ABI / Ahora EL PUEBLO / El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, informó este domingo que Bolivia planteará un proceso civil en Estados Unidos contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, para la recuperación de los recursos económicos erogados para la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos durante el régimen de Jeanine Añez.

“Como Estado boliviano, vamos a instaurar una acción civil en paralelo a la acción penal que se sigue. Esa es la instrucción que tengo y, además, que voy a cumplir. Hemos coordinado eso con nuestro equipo de abogados (…). Acá, vamos a poder instalar esa acción civil”, manifestó, en una entrevista con Radio Cepra desde Estados Unidos.

El proceso penal en Estados Unidos fue instaurado contra Arturo Carlos Murillo Prijic (57 años), Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal (51), Luis Berkman (58), Bryan Berkman (36) y Philip Lichtenfeld (48), quienes están acusados por los delitos de sobornos y lavado de dinero cometidos entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

La autoridad estatal dijo que la información precisa para el procedimiento está por ser recibida en el territorio norteamericano y servirá para la cuantificación de daños y la recuperación del dinero del caso.

Sostuvo que el procedimiento por la vía civil buscará, además, que se siente un precedente para los gobernantes que huyan del país con fortunas mal habidas.

“Queremos dejar asentado un precedente claro, también, de que nosotros perseguimos solamente justicia, esto no es una persecución política. Es solamente un sentido básico de justicia”, aseveró.

Por otro lado, Chávez dijo que viajó a Estados Unidos para representar al país este lunes en el proceso penal contra Murillo. Sin embargo, anunció que recibió la información de que la Fiscalía de ese país pidió que la audiencia sea postergada por unos días, pero todavía no se recibió la confirmación oficial.

“Se estaría viendo la posibilidad de que el señor Murillo tenga algunas negociaciones o pueda acceder tal vez a algún beneficio bajo las reglas de la justicia norteamericana. Eso no nos corresponde a nosotros determinar, son procedimientos de los Estados Unidos, de las leyes norteamericanas. Nosotros vamos a ser respetuosos de lo que se decida”, aseveró.

La autoridad gubernamental señaló que la audiencia que está confirmada para el lunes es la programada para el caso del co-procesado Beckman, quien fue la persona que recibió el dinero de la compra irregular de los gases lacrimógenos.

Gobierno instaurará proceso civil contra Murillo en Estados Unidos para recuperar dinero de caso ‘Gases lacrimógenos’