OXIGENO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, en conferencia de prensa, aseveró hoy que el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es “cómplice de las masacres” ocurridas en Bolivia durante el 2019, porque, dijo, tuvo su cuota de poder en el gabinete de la exmandataria Jeanine Añez.
Mamani aseguró que Fernando López (exministro de Defensa), Jerjes Justiniano (exministro de la Presidencia), y Roxana Lizárraga (exministra de Comunicación) fueron ministros puestos por Camacho y formaron parte del Gabinete que firmaron el Decreto Supremo 4078, eximiendo a los militares de la responsabilidad de las muertes en Senkata (El Alto), Hayllani (La Paz), Sacaba (Cochabamba) y Betanzos (Potosí).
“El gobierno de facto firmó un Decreto Supremo (…) donde se autoriza a las Fuerzas Armadas a utilizar todos los medios posibles y con esta, da carta blanca para masacrar nuestro pueblo. Queremos indicar que los responsables que ahora indican que son ‘papel blanquito’ e indican nada tienen que ver con esto del golpe de Estado. Estamos hablando del señor (Fernando) Camacho, él tenía su cuota de poder”, aseveró el Presidente de la Cámara Baja.
Con documento en mano, Mamani indicó que Camacho colocó su personal en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) para retirar absolutamente todas las deudas de sus empresas; refiriéndose al expresidente de la entidad, Mario Nava, posesionado el 25 de noviembre de 2019.
Asimismo, señaló que Elio Montes, otro hombre de confianza del gobernador y empresario cruceño, fue gerente la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL y desfalcó más de 868 millones de bolivianos.
Además, Mamani afirmó que Camacho “confesó que su papa arregló con la Policía Boliviana y militares para perpetuar el golpe de Estado”, por lo que su implicancia es evidente.
“Queremos indicar al pueblo boliviano que no nos dejemos engañar y seamos responsables de los actos que se han cometido con el pueblo boliviano”, finalizó.
Según los reportes, resultado de las investigaciones del Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras los conflictos de noviembre del 2020, se cuantificó más de 36 muertes, más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos.
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