Por Miguel Gómez / LA RAZON.- El caso Gases lacrimógenos sigue provocando un terremoto político y judicial en el país y apunta a más integrantes del gabinete del gobierno transitorio de Jeanine Áñez. El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, rechazó cualquier retraso en las pesquisas y apuntó a la Policía Internacional (Interpol) y la Cancillería que estaba al mando de Karen Longaric de haber “obstaculizado” la investigación.
El exministro Arturo Murillo y su jefe de gabinete en el Ministerio de Gobierno, Sergio Méndez, fueron detenidos en Estados Unidos junto a tres empresarios de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS), acusados por un informe de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de lavado de dinero y sobornos para la compra de material antidisturbios con un sobreprecio avaluado en casi $us 2,3 millones.
“Se ha especulado desde la parte política, de activistas, que el Ministerio Público no hubiera dado respuesta inmediata a la comunicación sobre la comisión de un ilícito en la adquisición de los ministerios de Gobierno y de Defensa sobre armamento no letal”, remarcó Quispe este lunes en conferencia, y aclaró que la Fiscalía tomó cartas en el asunto desde el 8 de junio de 2020, cuando se puso en agenda este caso.
Indicó que se verificó que hay serias irregularidades en esta compra, lo que pudo establecerse con la recolección de información, de testimonios y, sobre todo, la declaración de la firma proveedora de los gases lacrimógenos, estopines y balines de goma: Cóndor, lograda gracias a la cooperación de Brasil. Por ello, el 11 de enero de este año se imputó a Murillo y Luis Fernando López, exministro de Defensa.
A sabiendas de que estaban acorralados por este caso, Murillo y López fugaron del país el 6 de noviembre de 2020, dos días antes de que Áñez pasara el poder a Luis Arce y un día después de que la Fiscalía tenía listas las órdenes de aprehensión en su contra. Se determinó que el exministro de Gobierno huyó a Estados Unidos, a Miami, mientras que la información apunta a que López se fue a territorio brasileño.
Al respecto, Quispe dejó en claro que se tropezó con dos “obstáculos” a la hora de dar con los paraderos de estas dos exautoridades. Primero, apuntó a la Interpol, que rechazó la activación de tres sellos azules solicitados por la Fiscalía General del Estado bajo el alegato de que se había instalado una “persecución política” contra Murillo y López desde la aceptación de la denuncia, que data de junio de 2020.
“Ha tenido que ser una justicia ajena al Estado de Bolivia (la de Estados Unidos) que ha dado cuenta de estos actos de corrupción y la pretensión de legitimarlos, lo que nos ha dado la razón que como Fiscalía Departamental de La Paz, como Fiscalía General del Estado, no cumplimos ni vamos a cumplir persecuciones de orden político. Nuestra persecución está fundada en actos de corrupción en la compra de este armamento”.
Más aún, el secretario general de la Fiscalía General dijo que el otro “obstáculo” para no poder identificar anteriormente el destino de Murillo y López fue la Cancillería del gobierno transitorio, que estaba al mando de Karen Longaric. “Las misivas enviadas a la Interpol y la Cancillería no dieron frutos con el fundamento de que sería una persecución política. Esa fue su máxima bandera, lo que nos ha impedido avanzar”.
Afirmó que ahora que se tiene establecido el paradero de Murillo, y por el caso que se le abrió en Estados Unidos, se activó el proceso de solicitud de extradición. Sobre López, admitió que de “manera extraoficial” se sabe que se encuentra en Brasil, por lo cual se volvió a solicitar la activación del sello azul de la Interpol, entidad a la que exhortó a “reconsiderar su posición” para dar lugar a la petición de la Fiscalía.
A la par, admitió que está la posibilidad de que si Murillo es condenado en Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y sobornos, tenga que cumplir primero su pena judicial en ese país, para que luego el gobierno de Estados Unidos acepte su extradición, tal como adelantó la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, en una entrevista exclusiva brindada a La Razón.
Longaric, ¿fuera del país? No responde y culpa a Áñez por nombrar cónsul en Miami a la hermana de Murillo
La canciller en el gobierno transitorio afirma que objetó la designación de Jacqueline Murillo, pero fue “una instrucción muy categórica desde la presidencia”. Fue citada a declarar este martes ante la Fiscalía por el caso Gases lacrimógenos.
Karen Longaric, Jeanine Áñez y Arturo Murillo. Foto: ABI
La canciller del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, Karen Longaric, descargó toda la culpa del nombramiento de Jacqueline Mercedes Murillo Prijic como cónsul en Miami, en Áñez y Arturo Murillo, hermano de la designada y ministro de Gobierno de entonces. Y evitó responder si se encuentra en el país para asistir a la convocatoria de la Fiscalía en calidad de testigo por el caso de sobreprecio en la compra de material antidisturbios.
Un día antes de la Navidad de 2019, Jacqueline Murillo era posesionada como cónsul en Miami (Estados Unidos). El gobierno transitorio indicó que fue por una “cuestión humanitaria” ante las amenazas que recibía la familia de su hermano en Cochabamba por la lucha contra el narcotráfico y después de un “operativo de rescate”; más aún, tras haber sufrido la pérdida de su hotel en el trópico de Cochabamba, por un incendio.
“Yo como canciller de la República recibo sugerencias y también instrucciones para ocupar ciertos cargos, particularmente en el cuerpo consular”, explicó Longaric en contacto telefónico con Bolivia TV, y remarcó que el artículo 172 de la Constitución faculta al Presidente del Estado Plurinacional a “dirigir la política exterior, nombrar funcionarios diplomáticos y consulares de acuerdo a ley. Entonces, la instrucción vino de allá”.
Eso sí, afirmó que objetó la designación, tanto a Áñez como a Murillo. “Obviamente que yo hablé con la presidenta Áñez y con el propio Murillo, diciéndoles que ese nombramiento iba a traer complicaciones porque no era bueno que la hermana de un ministro vaya en el servicio consular o en el servicio diplomático. Pero fue una instrucción muy categórica desde la presidencia, respaldando (el nombramiento de esa persona), obviamente”.
“Todos los nombramientos venían desde la presidencia, hubo muchos nombramientos a los que me opuse, pero finalmente hay instrucciones de la presidenta y en ese sentido se acató obviamente la instrucción de nombrarla a la hermana de Murillo”, insistió la excanciller. “Arturo Murillo dijo en su oportunidad que la presidenta la había nombrado a su hermana por una cuestión humanitaria. No lo dije yo”, complementó la exautoridad.
La designación provocó una avalancha de críticas, sobre todo desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), pero fue defendida entonces por Murillo y también por Longaric. “Es una persona capacitada para ejercer el cargo y eso no es nepotismo. Creo que cuando una persona está capacitada para desempeñar un cargo, el tema del parentesco no debería ser un óbice para concretar esa designación”, respondió Longaric en diciembre de 2019.
Ahora, no se sabe si Longaric se encuentra o no en suelo boliviano. Inclusive la periodista de Bolivia TV señaló que se encontraría en Chile. Esa duda se despejará este martes a las 16.00, ya que la excanciller fue citada a declarar en calidad de testigo ante la Fiscalía, en el marco de la investigación por la compra con un sobreprecio de $us 2,3 millones de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma en la gestión transitoria de Áñez.
Precisamente por este caso, Murillo fue detenido en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero y sobornos, junto a su exjefe de gabinete Sergio Méndez y tres empresarios estadounidenses de la compañía Bravo Tactical Solutions (BTS) que, según las pesquisas de un agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, fue beneficiada por Murillo y Luis Fernando López, exministro de Defensa, para adjudicarse con el negocio.
Las indagaciones en ese país apuntan a que se realizaron transferencias desde el Banco Central de Bolivia (BCB) hasta oficinas del US Bank en Miami, precisamente la ciudad en que la hermana de Murillo cumplía sus funciones como cónsul y donde el exministro fugó tras estar acorralado por las investigaciones de la Fiscalía boliviana en este caso. Ahora, Murillo espera, encarcelado, su audiencia programada para la siguiente semana.
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