Por Rubén Atahuichi / LA RAZON/ 01/06/21.- La detención de Arturo Murillo en Estados Unidos, acusado de soborno e intento de lavado de dinero, sigue causando remezón político. ¿Quién lo puso en el gabinete de Jeanine Áñez? Samuel Doria Medina “fue uno de los padrinos”, develó Roxana Lizárraga, su otrora colega.
El empresario, jefe de Unidad Nacional (UN), “fue uno de los padrinos para pedirle a la presidenta Áñez que sea Arturo Murillo el ministro de Gobierno; no solamente eso, Arturo Murillo era amigo personal de Jeanine Áñez”, contó la noche de este lunes la exministra de Comunicación a radio Fides.
Doria Medina, por cuya alianza, Unidad Demócrata (UD), era senadora Áñez, fue uno de los principales impulsores del gobierno transitorio. La noche de este lunes negó las alusiones de Lizárraga. «Acepté la candidatura vicepresidencial en enero de 2020. Ahí comenzó mi relación política con Añez. ¿Cómo podía haber sugerido ministros antes? Murillo dejó UN en 2018. ¿Por qué lo querría como ministro?», respondió en su cuenta de Twitter.
En las negociaciones al margen de la Asamblea Legislativa que la Iglesia Católica y la Unión Europea propiciaban luego de la renuncia del presidente Evo Morales, el dirigente fue quien conminó a delegadas del Movimiento Al Socialismo (MAS) a tomar una decisión sobre la fallida sucesión constitucional. “Bueno, apúrense a hablar con su bancada porque con ustedes o sin ustedes tenemos un plan B”, citó a Doria Medina la exdiputada Susana Rivero en el ´’streaming’ Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
Lizárraga —quien nada más al llegar al gabinete el 14 de noviembre de 2019 dijo que el gobierno “va a actuar conforme a ley” en casos de “periodistas o pseudoperiodistas que estén haciendo sedición”— se encuentra en Washington desde marzo.
Contó que se fue de Bolivia “porque hay una dictadura que no solamente es manejada por el masismo, sino por un comunismo fracasado” y porque, en su criterio, su libertad “estaba en riesgo”.
La otrora periodista contó detalles de la llegada de Murillo al gabinete. “No tenía el respaldo de muchos de los ministros; los ministros conocíamos de las limitaciones de Arturo Murillo. Ahí empezaron los impasses con Murillo, porque creía que siendo ministro de Gobierno tenía todo el poder del mundo, cuando no es así”, comentó Lizárraga, que inicialmente fue acogida en Perú.
Dijo que uno de esos impasses ocurrió precisamente con ella, cuando la tarde del 15 de noviembre comenzaba a reportarse las muertes de la “masacre” de Senkata, como llamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Bolivia (CIDH).
“Él llega muy sofocado al gabinete; lo primero que dice, refiriéndose a mí: ‘No nos pueden hacer corretear por todo y por nada, por cinco muertos estoy aquí, tengo tanto trabajo’”, contó Lizárraga, quien —según recordó— había comentado su preocupación por los sucesos de Senkata con Áñez.
Murillo había reaccionado así delante de todos los ministros. Entonces le dije: “Prepare su despacho, el salón de conferencias del Ministerio de Gobierno, para dar el conteo de muertos, porque en el Palacio de Gobierno no va a dar el conteo de muertos, de ninguna persona”, dijo en la entrevista vía Zoom Lizárraga.
Al principio del gobierno de Áñez, una mayoría opositora al MAS había respaldado el gobierno transitorio, como los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, el entonces dirigente cívico Luis Fernando Camacho y el gobernador Rubén Costas.
Detenido Murillo en Estados Unidos, Doria Medina marcó distancia con el exministro, quien fue antes militante y legislador de UN. “Arturo Murillo dejó UN el 2018, su visión autoritaria generó desavenencias en la oposición democrática. Varias veces observé públicamente su accionar como ministro. La corrupción indigna venga de donde venga”, dijo el empresario la noche del 26 de mayo.
Fugado desde el 4 de noviembre del año pasado, Murillo fue detenido entre el 20 y 21 de mayo en Estados Unidos, acusado junto a su otrora jefe de gabinete, Sergio Méndez, por soborno, conspiración e intento de lavado de dinero.
El Departamento de Seguridad Nacional de aquel país estableció que los ilícitos fueron perpetrados en la adquisición de material antidisturbios en 2019, por el que el Estado de Bolivia pagó $us 5,6 millones a la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) en cuentas en Estados Unidos. El negociado tuvo un sobreprecio de $us 2,3 millones.
Longaric, ¿fuera del país? No responde y culpa a Áñez por nombrar cónsul en Miami a la hermana de Murillo
La canciller en el gobierno transitorio afirma que objetó la designación de Jacqueline Murillo, pero fue “una instrucción muy categórica desde la presidencia”. Fue citada a declarar este martes ante la Fiscalía por el caso Gases lacrimógenos.
Un día antes de la Navidad de 2019, Jacqueline Murillo era posesionada como cónsul en Miami (Estados Unidos). El gobierno transitorio indicó que fue por una “cuestión humanitaria” ante las amenazas que recibía la familia de su hermano en Cochabamba por la lucha contra el narcotráfico y después de un “operativo de rescate”; más aún, tras haber sufrido la pérdida de su hotel en el trópico de Cochabamba, por un incendio.
“Yo como canciller de la República recibo sugerencias y también instrucciones para ocupar ciertos cargos, particularmente en el cuerpo consular”, explicó Longaric en contacto telefónico con Bolivia TV, y remarcó que el artículo 172 de la Constitución faculta al Presidente del Estado Plurinacional a “dirigir la política exterior, nombrar funcionarios diplomáticos y consulares de acuerdo a ley. Entonces, la instrucción vino de allá”.
Eso sí, afirmó que objetó la designación, tanto a Áñez como a Murillo. “Obviamente que yo hablé con la presidenta Áñez y con el propio Murillo, diciéndoles que ese nombramiento iba a traer complicaciones porque no era bueno que la hermana de un ministro vaya en el servicio consular o en el servicio diplomático. Pero fue una instrucción muy categórica desde la presidencia, respaldando (el nombramiento de esa persona), obviamente”.
“Todos los nombramientos venían desde la presidencia, hubo muchos nombramientos a los que me opuse, pero finalmente hay instrucciones de la presidenta y en ese sentido se acató obviamente la instrucción de nombrarla a la hermana de Murillo”, insistió la excanciller. “Arturo Murillo dijo en su oportunidad que la presidenta la había nombrado a su hermana por una cuestión humanitaria. No lo dije yo”, complementó la exautoridad.
La designación provocó una avalancha de críticas, sobre todo desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), pero fue defendida entonces por Murillo y también por Longaric. “Es una persona capacitada para ejercer el cargo y eso no es nepotismo. Creo que cuando una persona está capacitada para desempeñar un cargo, el tema del parentesco no debería ser un óbice para concretar esa designación”, respondió Longaric en diciembre de 2019.
Ahora, no se sabe si Longaric se encuentra o no en suelo boliviano. Inclusive la periodista de Bolivia TV señaló que se encontraría en Chile. Esa duda se despejará este martes a las 16.00, ya que la excanciller fue citada a declarar en calidad de testigo ante la Fiscalía, en el marco de la investigación por la compra con un sobreprecio de $us 2,3 millones de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma en la gestión transitoria de Áñez.
Precisamente por este caso, Murillo fue detenido en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero y sobornos, junto a su exjefe de gabinete Sergio Méndez y tres empresarios estadounidenses de la compañía Bravo Tactical Solutions (BTS) que, según las pesquisas de un agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, fue beneficiada por Murillo y Luis Fernando López, exministro de Defensa, para adjudicarse con el negocio.
Las indagaciones en ese país apuntan a que se realizaron transferencias desde el Banco Central de Bolivia (BCB) hasta oficinas del US Bank en Miami, precisamente la ciudad en que la hermana de Murillo cumplía sus funciones como cónsul y donde el exministro fugó tras estar acorralado por las investigaciones de la Fiscalía boliviana en este caso. Ahora, Murillo espera, encarcelado, su audiencia programada para la siguiente semana.
Abogado acusa a Murillo de vender ‘necesidad extrema’ de gases y de gestionar préstamo de Ecuador para presionar
Gary Prado es abogado de los dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa enviados a prisión por el sobreprecio en la compra de gases. Dice que la trama empezó cuatro días de la posesión de Áñez.
El exministro Arturo Murillo
“El exministro Arturo Murillo había vendido a la presidenta Áñez en el gabinete y al propio ministro de Defensa Fernando López una situación de necesidad extrema de la Policía a tal punto que pide un vuelo especial de Bolivia a Ecuador porque habían logrado les preste gases lacrimógenos y estopines de goma para suplir las necesidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía”, informó en la red Uno.
Prado es abogado del exasesor Jurídico Raúl López Gonzáles y del exdirector de Logística Pedro Miguel Rea del Ministerio de Defensa, ambos fueron enviados este lunes a la cárcel de San Pedro de La Paz en la audiencia de medidas cautelares por el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en la gestión de Murillo y López.
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Murillo y otras cuatro personas fueron detenidos en Estados Unidos por lavado de dinero y pago de sobornos en la compra de los gases lacrimógenos por $us 5,6 millones. El sobreprecio asciende a $us 2,3 millones, según la investigación.
El negociado, según Prado, se vino gestando cuatro días después que Murillo fuera posesionado como ministro de Gobierno. En la trama de la compra había, dijo, presiones desde el Ministerio de Gobierno a Defensa.
“Durante el proceso de compra que es rápido porque es urgente, los funcionarios del Ministerio de Gobierno involucrados en lavado de dinero en Estados Unidos iban al Ministerio de Defensa a apurar el procedimiento, que no tenían gases”, insistió el jurista y reveló que se usó al comandante de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana, para pedir también acelerar la compra.
“Nadie sabía que el hombre (Murillo) estaba en el esquema de corrupción”, aseguró.
Los gases lacrimógenos fueron comprados a través de un intermediario, lo que –según Prado- también fue forzado como parte de la trama de involucrados en la corrupción.
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