LA RAZON.- El ayudante de Arturo Murillo y capitán de Policía Daniel Bellot fue trasladado en las últimas horas a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para comparecer en calidad de testigo ante el Departamento de Lucha Contra la Corrupción (DELCC) sobre el caso de la compra con presunto sobreprecio de material antidisturbios.
En un video se observa al agente policial ingresar a las oficinas de lucha contra la corrupción, aunque, inicialmente, se abstuvo de declarar a los medios de comunicación.
Además, se conoció de la detención del cuñado de Murillo, Daniel Leonardo Aliss, en la ciudad de Cochabamba, al retirar dinero y objetos de valor de la caja de seguridad de un banco, que estaba a nombre del exministro.
De acuerdo con un informe extraoficial de inteligencia, Aliss retiró dinero y objetos de valor el lunes y martes. Se espera que sea trasladado a La Paz para su disposición ente el Ministerio Público.
Horas antes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció la participación de un “clan mafioso” durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez en la compra irregular de material antidisturbios.
Apuntó a los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López de ser parte de la red de sobornos revelada por un agente estadounidense, por lo cual fue detenido el viernes el exjefe de gabinete de Murillo, Sergio Méndez.
Murillo y López son investigados en Bolivia por la Fiscalía, precisamente por la compra irregular del material antidisturbios. Fugaron del país dos días antes de que Áñez abandone el poder, el viernes 6 de noviembre de 2020. Diez días después, el Ministerio Público emitió la orden de aprehensión contra ambos, quienes huyeron hacia Brasil y luego, según la Policía, se instalaron en Estados Unidos, donde tienen hoy residencia.
El Gobierno denuncia ‘clan mafioso’ y apunta a Murillo y López en la red de sobornos
El ministro Eduardo del Castillo señala que el “conspirador 1” y el “conspirador 2” mencionados en el informe de un agente de Estados Unidos son los exministros Murillo y López, como integrantes de la red que compró con sobreprecio material antidisturbios.
Foto: Roberto Guzmán
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció la participación de un “clan mafioso” durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez en la compra irregular de material antidisturbios y apuntó a los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, de ser parte de la red de sobornos revelada por un agente estadounidense, por lo cual fue detenido el viernes el exjefe de gabinete de Murillo.
El 21 de mayo, Sergio Méndez fue arrestado en Estados Unidos, ya que el FBI y el agente Jonathan Eades, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentó un informe ante la juez Alicia O. Valle de la Corte del Distrito Sur del Estado de Florida, en el cual involucra al brazo derecho del exministro de Gobierno y un grupo de empresarios por los delitos de conspiración, lavado de dinero y sobornos.
Eades señala que “desde al menos alrededor de noviembre de 2019 hasta al menos alrededor de abril de 2020, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, co-conspirador 1 y co-conspirador 2 y otros utilizaron sus cargos oficiales para ayudar a la empresa intermediaria a obtener contratos para el suministro de armamento no letal y equipo táctico al Ministerio de Defensa y recibir pago del Ministerio de Defensa de Bolivia”.
El informe no brinda nombres del “co-conspirador 1” y el “co-conspirador 2”, pero advierte que son “altos cargos” de los ministerios de Gobierno y de Defensa. Además, implica a Bryan Berkman, como propietario de la intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) y su padre, Luis Berkman, aparte de Philip Lichtenfeld, como partícipes de una trama que derivó en el sobreprecio de la adquisición de gases lacrimógenos, estopines y balines.
Entre las revelaciones de Del Castillo, quien presentó este miércoles una serie de documentos, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp en la conferencia de prensa, está que Murillo tenía lazos de amistad desde el colegio con Méndez y Luis Berkman, y develó que el “conspirador 1” y el “conspirador 2” que menciona el documento del agente estadounidense son los exministros Murillo y López, respectivamente.
Las investigaciones del FBI indican que en el negocio hubo un sobreprecio de $us 2,3 millones, ya que el pago de la intermediaria a la empresa brasileña Cóndor para la dotación de los materiales solo alcanzó a $us 3,3 millones, mientras que el presupuesto asignado para ello era de $us 5,7 millones. El remanente, según el documento, fue repartido entre los miembros de esta red que usó el US Bank para el pago de sobornos.
El exjefe de gabinete de Murillo, de acuerdo con las indagaciones del agente Eades, recibió $us 582.000, el “co-conspirador 2” consiguió $us 20.000 y Lichtenfeld, quien era el contacto en Bolivia para las transferencias realizadas desde Estados Unidos y que también garantizó la provisión de los gases lacrimógenos, estopines y balines, incluso antes de la dotación de los recursos del Estado, logró una “comisión” de $us 500.000.
“Algo que venimos diciendo desde el inicio de gestión, incluso antes de ser gobierno, este gobierno de la señora Añez que encarceló, persiguió, masacró a quienes pensaban diferente, que tenía vínculos con el narcotráfico, no se dedicaba solo a estas cuestiones, era un gobierno corrupto, lo que nos demuestra este caso de gases lacrimógenos. Vamos a hablar del clan mafioso y a demostrar que esto no es una persecución”, dijo Del Castillo.
El ministro mostró fotografías en los que se ve a Áñez, Murillo y otras exautoridades junto a Méndez. El brazo derecho de Murillo “fue detenido desde el pasado viernes por violar la ley de Estados Unidos contra las prácticas corruptas extranjeras, porque es ilegal actuar de manera corrupta. La jurisdicción de Estados Unidos es porque este clan mafioso utilizó bancos de ese país para cometer los delitos”, dijo con una presentación en PowerPoint.
Afirmó que el “núcleo duro” de este clan estaba conformado por Áñez, Murillo como el “co-conspirador 1” y López como el “co-conspirador 2”, personas de confianza de la expresidenta que se encuentra detenida preventivamente en la cárcel de Miraflores de La Paz, por el caso denominado “golpe de Estado”, que es investigado por el Ministerio Público por el derrocamiento del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019.
Se determinó que Murillo, Méndez y Luis Berkman tenían una relación desde la niñez y se develó que el padre del propietario de la intermediaria BTS fue denunciado en 2001 por tráfico de armas en Bolivia, ya que pretendió trasladarlas a Paraguay. “Lo novedoso es la participación de Philip Lichtenfeld, este señor básicamente se constituye en un garante para la entrega de gases entre la intermediaria BTS y la empresa Cóndor de Brasil”.
Remarcó que el documento del FBI demuestra que apenas cuatro días después de posesionado el gobierno de Áñez, Méndez ya entabló contactos con BTS para el negocio del material antidisturbios, adjuntando una solicitud de cotización firmada por Murillo. Además, para garantizar la adjudicación a la intermediaria BTS, se envió una carta a Cóndor para que solo se haga el negocio mediante la empresa de Estados Unidos.
Asimismo, se descubrió que López “trató de enviar a una de las cuentas de BTS desde el Banco Central de Bolivia la suma de $us 5,6 millones, esta transferencia despertó sospechas de los representantes del Banco en Estados Unidos. Por tal motivo, el 29 de enero fue rechazada la transferencia”, se ve en la presentación de Del Castillo. Sin embargo, la red igual depositó por partes la totalidad de los recursos para la compra.
Eso no es todo, el Ministerio de Gobierno señaló que “el 13 de abril, Luis Berkman envió información de la cuenta de banco de un familiar de López en EEUU a Philip Lichtenfeld. El 15 de abril de 2020, Luis Fernando López se comunicó con Luis Berkman preguntando por el depósito. Tras horas después, Philip Lichtenfeld envió a Berkman una captura de pantalla con la confirmación del depósito de $us 20.000 a la cuenta del familiar”.
Murillo y López son investigados en Bolivia por la Fiscalía, precisamente por la compra irregular del material antidisturbios. Fugaron del país dos días antes de que Áñez abandone el poder, el viernes 6 de noviembre de 2020. Diez días después, el Ministerio Público emitió la orden de aprehensión contra ambos, quienes huyeron hacia Brasil y luego, según la Policía, se instalaron en Estados Unidos, donde tienen hoy residencia.
El Gobierno pedirá la extradición de Méndez y los exministros Murillo y López
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que el “co-conspirador I” y el “con-conspirador II” en el informe del FBI son los exministros de Gobierno y de Defensa.
El ministro Eduardo del Castillo cuenta los vínculos de Arturo Murillo. Foto: ABI
LA RAZON.- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció este miércoles que la administración de Luis Arce solicitará la extradición de los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López, además de Sergio Méndez, involucrados en la compra con presuntos sobreprecio y sobornos de material antidisturbios en 2019.
«Estamos pidiendo la extradición correspondiente, estamos enviando las notas correspondientes para que estos señores vengan a rendir cuentas al pueblo boliviano. No es un pedido del Gobierno, es un pedido de todo el pueblo boliviano porque durante la pandemia, por el terror que sembraron, aprovecharon de sembrar narcotráfico y corrupción en nuestro país», dijo el ministro en conferencia de prensa.
El 21 de mayo, Méndez, jefe de gabinete en la gestión de Murillo, fue detenidos en Estados Unidos a instancias del Buró Federal de Investigaciones (FBI), acusado de conspiración, sobornos y transferencias irregulares de dinero.
El agente Jonathan Eades, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentó un informe ante la juez Alicia O. Valle de la Corte del Distrito Sur del Estado de Florida, en el cual involucra al brazo derecho del exministro de Gobierno y un grupo de empresarios por los delitos de conspiración, lavado de dinero y sobornos.
Del Castillo apuntó a los exministros Murillo y López de ser parte de la red de sobornos revelada por el agente estadounidense. Ambos excolaboradores de Jeanine Áñez son investigados en Bolivia por el presunto sobreprecio en la compra de material antidisturbios.
El ministro explicó que las normas permiten iniciar el proceso en territorio boliviano y adelantó que solicitará la extradición bajo dos conductos, por la activación del sello azul y posteriormente el sello rojo, además del envío de una nota oficial al gobierno de Joe Biden.
Del Castillo aseguró que impulsará la recuperación de todos los recursos del Estado que supuestamente fueron malversados durante el gobierno de Áñez.
Agregó que la investigación por ese hecho será ampliada a la expresidenta y a todo el núcleo de su gobierno.
La compra de esos materiales tuvo un costo de $us 5,6 millones, sin embargo, el precio real pudo ser $us 3,3 millones. Según el informe del FBI, Méndez recibió un pago de $us 582.000 para facilitar la intermediación de la compra.
Aunque no cita nombres, el informe del FBI señala que en el caso están involucrados el “co-conspirador 1, un “funcionario de alto rango” del Ministerio de Gobierno de Áñez, y un “co-conspirador II”, un funcionario del Ministerio de Defensa que recibió otro soborno de $us 20.000.
Según de Del Castillo, se trata de los exministros Murillo y López, quienes, imputados y con orden de aprehensión del Ministerio Público, se encuentran prófugos desde el 4 de noviembre de 2020.
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