LA RAZON / LA PAZ / 26/05/21.- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció la participación de un “clan mafioso” durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez en la compra irregular de material antidisturbios y apuntó a los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, de ser parte de la red de sobornos revelada por un agente estadounidense, por lo cual fue detenido el viernes el exjefe de gabinete de Murillo.
El 21 de mayo, Sergio Méndez fue arrestado en Estados Unidos, ya que el FBI y el agente Jonathan Eades, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentó un informe ante la juez Alicia O. Valle de la Corte del Distrito Sur del Estado de Florida, en el cual involucra al brazo derecho del exministro de Gobierno y un grupo de empresarios por los delitos de conspiración, lavado de dinero y sobornos.
EL VIDEO Y AUDIO DEL ACTULA MINISTRO DE GOBIERNO EDUARDO DEL CASTILLO SOBRE EL ROBO DEL REGIMEN DE AÑEZ:
Eades señala que “desde al menos alrededor de noviembre de 2019 hasta al menos alrededor de abril de 2020, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, co-conspirador 1 y co-conspirador 2 y otros utilizaron sus cargos oficiales para ayudar a la empresa intermediaria a obtener contratos para el suministro de armamento no letal y equipo táctico al Ministerio de Defensa y recibir pago del Ministerio de Defensa de Bolivia”.
El informe no brinda nombres del “co-conspirador 1” y el “co-conspirador 2”, pero advierte que son “altos cargos” de los ministerios de Gobierno y de Defensa. Además, implica a Bryan Berkman, como propietario de la intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) y su padre, Luis Berkman, aparte de Philip Lichtenfeld, como partícipes de una trama que derivó en el sobreprecio de la adquisición de gases lacrimógenos, estopines y balines.
Entre las revelaciones de Del Castillo, quien presentó este miércoles una serie de documentos, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp en la conferencia de prensa, está que Murillo tenía lazos de amistad desde el colegio con Méndez y Luis Berkman, y develó que el “conspirador 1” y el “conspirador 2” que menciona el documento del agente estadounidense son los exministros Murillo y López, respectivamente.
Las investigaciones del FBI indican que en el negocio hubo un sobreprecio de $us 2,3 millones, ya que el pago de la intermediaria a la empresa brasileña Cóndor para la dotación de los materiales solo alcanzó a $us 3,3 millones, mientras que el presupuesto asignado para ello era de $us 5,7 millones. El remanente, según el documento, fue repartido entre los miembros de esta red que usó el US Bank para el pago de sobornos.
El exjefe de gabinete de Murillo, de acuerdo con las indagaciones del agente Eades, recibió $us 582.000, el “co-conspirador 2” consiguió $us 20.000 y Lichtenfeld, quien era el contacto en Bolivia para las transferencias realizadas desde Estados Unidos y que también garantizó la provisión de los gases lacrimógenos, estopines y balines, incluso antes de la dotación de los recursos del Estado, logró una “comisión” de $us 500.000.
“Algo que venimos diciendo desde el inicio de gestión, incluso antes de ser gobierno, este gobierno de la señora Añez que encarceló, persiguió, masacró a quienes pensaban diferente, que tenía vínculos con el narcotráfico, no se dedicaba solo a estas cuestiones, era un gobierno corrupto, lo que nos demuestra este caso de gases lacrimógenos. Vamos a hablar del clan mafioso y a demostrar que esto no es una persecución”, dijo Del Castillo.
El ministro mostró fotografías en los que se ve a Áñez, Murillo y otras exautoridades junto a Méndez. El brazo derecho de Murillo “fue detenido desde el pasado viernes por violar la ley de Estados Unidos contra las prácticas corruptas extranjeras, porque es ilegal actuar de manera corrupta. La jurisdicción de Estados Unidos es porque este clan mafioso utilizó bancos de ese país para cometer los delitos”, dijo con una presentación en PowerPoint.
Afirmó que el “núcleo duro” de este clan estaba conformado por Áñez, Murillo como el “co-conspirador 1” y López como el “co-conspirador 2”, personas de confianza de la expresidenta que se encuentra detenida preventivamente en la cárcel de Miraflores de La Paz, por el caso denominado “golpe de Estado”, que es investigado por el Ministerio Público por el derrocamiento del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019.
Se determinó que Murillo, Méndez y Luis Berkman tenían una relación desde la niñez y se develó que el padre del propietario de la intermediaria BTS fue denunciado en 2001 por tráfico de armas en Bolivia, ya que pretendió trasladarlas a Paraguay. “Lo novedoso es la participación de Philip Lichtenfeld, este señor básicamente se constituye en un garante para la entrega de gases entre la intermediaria BTS y la empresa Cóndor de Brasil”.
Remarcó que el documento del FBI demuestra que apenas cuatro días después de posesionado el gobierno de Áñez, Méndez ya entabló contactos con BTS para el negocio del material antidisturbios, adjuntando una solicitud de cotización firmada por Murillo. Además, para garantizar la adjudicación a la intermediaria BTS, se envió una carta a Cóndor para que solo se haga el negocio mediante la empresa de Estados Unidos.
Asimismo, se descubrió que López “trató de enviar a una de las cuentas de BTS desde el Banco Central de Bolivia la suma de $us 5,6 millones, esta transferencia despertó sospechas de los representantes del Banco en Estados Unidos. Por tal motivo, el 29 de enero fue rechazada la transferencia”, se ve en la presentación de Del Castillo. Sin embargo, la red igual depositó por partes la totalidad de los recursos para la compra.
Eso no es todo, el Ministerio de Gobierno señaló que “el 13 de abril, Luis Berkman envió información de la cuenta de banco de un familiar de López en EEUU a Philip Lichtenfeld. El 15 de abril de 2020, Luis Fernando López se comunicó con Luis Berkman preguntando por el depósito. Tras horas después, Philip Lichtenfeld envió a Berkman una captura de pantalla con la confirmación del depósito de $us 20.000 a la cuenta del familiar”.
Murillo y López son investigados en Bolivia por la Fiscalía, precisamente por la compra irregular del material antidisturbios. Fugaron del país dos días antes de que Áñez abandone el poder, el viernes 6 de noviembre de 2020. Diez días después, el Ministerio Público emitió la orden de aprehensión contra ambos, quienes huyeron hacia Brasil y luego, según la Policía, se instalaron en Estados Unidos, donde tienen hoy residencia.
El Gobierno pedirá la extradición de Méndez y los exministros Murillo y López
El ministro Eduardo del Castillo cuenta los vínculos de Arturo Murillo. Foto: ABI
LA RAZON.- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció este miércoles que la administración de Luis Arce solicitará la extradición de los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López, además de Sergio Méndez, involucrados en la compra con presuntos sobreprecio y sobornos de material antidisturbios en 2019.
«Estamos pidiendo la extradición correspondiente, estamos enviando las notas correspondientes para que estos señores vengan a rendir cuentas al pueblo boliviano. No es un pedido del Gobierno, es un pedido de todo el pueblo boliviano porque durante la pandemia, por el terror que sembraron, aprovecharon de sembrar narcotráfico y corrupción en nuestro país», dijo el ministro en conferencia de prensa.
El 21 de mayo, Méndez, jefe de gabinete en la gestión de Murillo, fue detenidos en Estados Unidos a instancias del Buró Federal de Investigaciones (FBI), acusado de conspiración, sobornos y transferencias irregulares de dinero.
El agente Jonathan Eades, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentó un informe ante la juez Alicia O. Valle de la Corte del Distrito Sur del Estado de Florida, en el cual involucra al brazo derecho del exministro de Gobierno y un grupo de empresarios por los delitos de conspiración, lavado de dinero y sobornos.
Del Castillo apuntó a los exministros Murillo y López de ser parte de la red de sobornos revelada por el agente estadounidense. Ambos excolaboradores de Jeanine Áñez son investigados en Bolivia por el presunto sobreprecio en la compra de material antidisturbios.
El ministro explicó que las normas permiten iniciar el proceso en territorio boliviano y adelantó que solicitará la extradición bajo dos conductos, por la activación del sello azul y posteriormente el sello rojo, además del envío de una nota oficial al gobierno de Joe Biden.
Del Castillo aseguró que impulsará la recuperación de todos los recursos del Estado que supuestamente fueron malversados durante el gobierno de Áñez.
Agregó que la investigación por ese hecho será ampliada a la expresidenta y a todo el núcleo de su gobierno.
La compra de esos materiales tuvo un costo de $us 5,6 millones, sin embargo, el precio real pudo ser $us 3,3 millones. Según el informe del FBI, Méndez recibió un pago de $us 582.000 para facilitar la intermediación de la compra.
Aunque no cita nombres, el informe del FBI señala que en el caso están involucrados el “co-conspirador 1, un “funcionario de alto rango” del Ministerio de Gobierno de Áñez, y un “co-conspirador II”, un funcionario del Ministerio de Defensa que recibió otro soborno de $us 20.000.
Según de Del Castillo, se trata de los exministros Murillo y López, quienes, imputados y con orden de aprehensión del Ministerio Público, se encuentran prófugos desde el 4 de noviembre de 2020.
Cae en EEUU exjefe de gabinete de Murillo por conspiración y transferencia irregular de dinero
LA RAZON.- Un informe del FBI detalla la detención de Sergio Rodrigo Méndez en Estados Unidos, acusado de los delitos de conspiración y por la transferencia irregular de montos de dinero muy altos, en el caso de la presunta adquisición ilegal de gases lacrimógenos.
En ese hecho también están posiblemente involucrados el empresario Philip Lichtenfeld, Bryan Samuel Berkman y Luis Berkman.
«Desde noviembre de 2019 continuando hasta abril de 2020, en los condados de Miami-Date y Broward, y en otros lugares, los acusados Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman, Philip Lichtenfeld y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, acordaron, conspiraron, se asociaron y se pusieron de acuerdo entre sí y con otros para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos desde fuera de los Estados Unidos hacia y a través de un lugar en los Estados Unidos, y desde un lugar con la intención de promover la realización de una o más actividades ilegales específicas», concluye el informe policial traducido por La Razón.
Según una investigación estadounidense, más de $us 2,2 millones fueron cobrados por el exfuncionario de gobierno para ayudar a una empresa intermediaria en la adquisición de un contrato por la compra de gases lacrimógenos.
Sobornos
Según los antecedentes, Rodrigo Méndez Mendizábal recibió «sobornos por un total de al menos $us 582.000», y se entregó al menos $us 20.000 a un funcionario del Ministerio de Defensa para ayudar a la empresa intermediaria de Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman, Philip Lichtenfeld y otros para la adquisición de gases lacrimógenos de la empresa Brazil Company mediante una firma intermediaria.
Para el pago de ese soborno se hicieron transferencias desde una cuenta del Banco Central de Bolivia (BCB) a cuentas bancarias pertenecientes a la compañía intermediaria ubicada en Estados Unidos, y «transferencias desde una cuenta bancaria perteneciente a una empresa intermediaria ubicada en los Estados Unidos a una cuenta bancaria controlada por Philip Lichtenfeld ubicado en Bolivia».
Según el reporte, entre noviembre de 2019 y abril de 2020, Méndez Mendizábal, y otros funcionarios públicos ayudaron a la empresa intermediaria a obtener contratos para el suministro de armamento no letal y equipo táctico al Ministerio de Defensa.
El 16 de noviembre de 2019 Méndez Mendizabal envió un correo electrónico a Bryan Samuel Berkman, representante de la Compañía Intermediadora, buscando cotizaciones para gases lacrimógenos y otros equipos no letales.
El 19 de diciembre de 2019, la compañía intermediaria firmó un contrato con el Ministerio de Defensa de Bolivia para suministrar gas lacrimógeno y otros equipos no letales por un monto de $us 5.649.137.
Sin embargo, «una orden de compra del 17 de diciembre de 2019 muestra que la empresa intermediaria compró el equipo requerido bajo el contrato de gas lacrimógeno de la compañía de Brasil por aproximadamente $us 3.357.735, lo que dejó a Intermediary Company con aproximadamente $us 2.291.402», detalla el documento.
Transferencia de Defensa
Según la cronología del informe, el 13 de enero de 2020 el Ministerio de Defensa de Bolivia transfirió de una cuenta del Banco Central de Bolivia $us 5.649.137 a una cuenta de U.S. Bank de la compañía intermediaria en Florida. Sin embargo, el 29 de enero de 2020, U.S. Bank se negó a aceptar esa transferencia bancaria y devolvió el dinero al Banco Central de Bolivia.
El 17 de marzo de 2020 los investigados hicieron una transferencia de aproximadamente $us 3.976.902 desde el Banco Central de Bolivia otra cuenta de U.S. Bank de la compañía intermediaria por un contrato de compra de gas lacrimógeno.
El 18 de marzo de 2020 la compañía intermediaria transfirió aproximadamente $us 3.357.735 a la compañía brasileña para pagar el equipo requerido por el Ministerio de Defensa de Bolivia.
El 8 de abril de 2020 los funcionarios bolivianos hicieron otra transferencia por $us 1.754.584 desde el Banco Central de Bolivia a una cuenta de la compañía intermediaria en Florida, por el mismo contrato.
«El soborno de $us 582.000 se originó a partir de los mismos fondos que la Compañía Intermediadora había recibido en su cuenta en el U.S. Bank 2 del Ministerio de Defensa de Bolivia por la compra de gas lacrimógeno», reseña el documento.
Asimismo, el 14 de abril de 2020, la compañíai transfirió $us 450.000 entre dos cuentas de U.S. Bank y el 15 de abril de 2020 transfirió $us 250.000.
Asimismo, en abril de 2020, Méndez Mendizábal transfirió $us 20.000 en beneficio de otro funcionario denominado en el informe como “co-conspirador 2”.
El 17 de abril de 2020, la compañía intermediaria transfirió otros $us 320.000 de una cuenta de Estados unidos a la cuenta de Lichtenfeld en Bolivia.
Murillo y López involucrados
Por eso caso, los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López están investigados. La Fiscalía emitió el 16 de noviembre de 2020 órdenes de aprehensión contra ambos exfuncionarios del gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
Entonces, el Ministerio Público argumentó que existen “elementos de convicción suficientes de que es autor o partícipe de la comisión del delito supra legal, y al existir indicios de que el sindicado pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del país y obstaculizar la averiguación de la verdad histórica de los hechos”.
Murillo y López huyeron del país dos días antes de que Áñez dejara en el poder, como evidenció la fotografía que la exmandataria se tomó el 6 de noviembre de 2020 junto a su gabinete al pie de las escaleras del Palacio Quemado.
DEL FACEBOOK EL ACTUAL MINISTRO DE GOBIERNO DE BOLIVIA:
Debe estar conectado para enviar un comentario.