OXIGENO / LA PAZ / 25/05/2021.- En las últimas horas salió a la luz pública un documento del FBI estadounidense que dan nuevos detalles de la compra con sobreprecios de gases lacrimógenos y armamento no letal por parte del Ministerio de Gobierno y Defensa durante el Gobierno de la expresidenta Jeanine Añez, entre noviembre del 2019 y octubre del 2020.
El documento da detalles de un soborno de al menos 582 mil dólares a favor de Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, ex jefe de gabinete del entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo. El exfuncionario ya se encuentra detenido en Estados Unidos acusado por los delitos de soborno y lavado de dinero.
La investigación del FBI, en concreto, señala que tres personas, Bryan Samuel Berkman , Luis Berkman y Philip Lichtenfeld, sobornaron a Méndez y a un exfuncionario del Ministerio de Defensa, aún no identificado, para garantizar que el Gobierno de Jeanine Añez compre gases lacrimógenos y armamento no letal a una empresa brasileña a través de una empresa intermediaria, identificada como Intermediary Company.
La empresa intermediaria, ubicada en Estados Unidos, tuvo ganancias de más de 2 millones de dólares en todo el proceso (dinero que sirvió también para pagar los sobornos a los exfuncionarios bolivianos).
“Desde al menos alrededor de noviembre de 2019 hasta al menos alrededor de abril de 2020, SERGIO RODRIGO MENDEZ MENDIZABAL , Co-Conspirador 1, Co-Conspirador 2, y otros utilizaron sus cargos oficiales para ayudar a la empresa intermediaria a obtener del gobierno contratos para el suministro de armamento no letal y equipo táctico al Ministerio de Defensa y recibir pago del Ministerio de Defensa de Bolivia (sic)”, señala el documento traducido al español.
“El 19 de diciembre de 2019 o alrededor de esa fecha, la Compañía intermediaria celebró un contrato con el Ministerio de Defensa de Bolivia para suministrar gas lacrimógeno y otros equipos no letales a por aproximadamente $us 5,649,137 (el “Contrato de gas lacrimógeno”). BRYAN SAMUEL BERKMAN firmó el contrato de gas lacrimógeno en nombre de la empresa intermediaria.Una orden de compra con fecha del 17 de diciembre de 2019 muestra que la empresa intermediaria compró el equipo requerido bajo el Contrato de Gas lacrimógeno de la Compañía de Brasil para aproximadamente $us 3,357,735, lo que dejó a Intermediary Company con aproximadamente $us 2,291,402 (sic)”, añade el texto.
La investigación del FBI, asimismo, señala que los depósitos de pago de parte del Gobierno boliviano, en específico del Ministerio de Defensa, fueron realizados a través del Banco Central de Bolivia a una de las dos cuentas que la empresa intermediaria tiene en US Bank.
La denuncia sobre la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos por parte de los Ministerio de Gobierno y Defensa, durante la gestión de Añez, salió a la luz en junio de 2020. En esa oportunidad, los entonces ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, negaron las irregularidades.
Incluso López mostró “documentos confidenciales” para desmentir tales denuncias y Murillo lanzó amenazas contra el periodista que sacó a la luz tales hechos.
Además, cabe recordar que en enero del 2021 el actual ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, denunció que tras realizar diversas auditorías se evidenció un sobreprecio de más de Bs 7 millones en la compra de gases lacrimógenos, adquisición de equipos de seguridad así como hechos de corrupción en la contratación de empresas proveedoras de insumos para la Policía durante las gestiones de los exministros Arturo Murillo y Fernando López.
El Ministro informó en esa oportunidad que en el caso de la compra de proyectiles de gases lacrimógenos la firma del contrato fue entre el Ministerio de Defensa y la empresa Bravo Tactical Solutions mediante su representante, Bryan Samuel Berkman. El Ministerio de Defensa se hizo cargo del transporte, traslado, almacenamiento, etc. pese a que eso encarecía los costos y favorecía a la empresa.
En anteriores gestiones, la compra de un proyectil de largo alcance CAL37/38 MMCS se efectuó a un costo unitario de Bs 189. Sin embargo, durante las gestiones de Murillo y López, ese mismo artículo fue adquirido a Bs 270, es decir que se detectó un sobreprecio por proyectil de Bs 81.
Algo similar ocurrió con la adquisición de proyectiles de corto alcance donde también se encontró sobreprecio.
Las auditorías detectaron direccionamiento en las contrataciones a la empresa Bravo Tactical Solutions y un sobreprecio total de Bs 7.150.000, según informó Del Castillo en esa oportunidad.
AQUI EL DOCUMENTO DE LA INVESTIGACION:
Complaint 21-Mj-6320-AOV.signed and Certified_flat BRYAN[2]-C (1) by Césarbd Sánchez Carranza
LA VERSION DE LA AGENCIA AP DE EEUU:
Boliviano cobraba sobornos en venta de gases lacrimógenos
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MIAMI (AP) — Un exalto funcionario boliviano ha sido arrestado por solicitar al menos 582.000 dólares en sobornos a un grupo de empresarios en Florida que presuntamente vendían gases lacrimógenos a precios inflados al gobierno conservador de la entonces presidenta interina Jeanine Áñez.
Sergio Rodrigo Méndez fue arrestado el 21 de mayo en Naples, Florida, y acusado de asociación ilícita para lavar dinero, de acuerdo con una demanda federal en Miami que hasta el momento no había salido a la luz.
También detuvieron a otros tres presuntos asociados, todos con doble ciudadanía boliviana y estadounidense, entre ellos el dueño de una empresa con sede en Florida proveedora de pertrechos policiales y militares y su padre, este último acusado hace dos décadas en Bolivia de contrabando de armas, según informes de prensa.
Méndez fue jefe de despacho de Arturo Murillo, ministro del Interior del gobierno de Áñez, que asumió en noviembre de 2019 después que el presidente Evo Morales renunció en medio de protestas violentas contra su reelección a un cuarto período consecutivo.
Murillo fue el responsable de la mortífera represión policial de los manifestantes a favor de Morales, calificada de “masacre” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Presentó cargos de sedición y terrorismo vinculados con los disturbios contra Morales y sus aliados.
Pero la represión de la izquierda tuvo como resultado que casi un año después el nuevo presidente, Luis Arce, un aliado de Morales, encarceló a Áñez y otros funcionarios de su efímero régimen, que contaba con el apoyo del gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump. Murillo también fue acusado, pero se encuentra prófugo y se cree que reside en Estados Unidos. La demanda federal estadounidenses no lo menciona.
De acuerdo con los investigadores, Méndez y otro “funcionario jerárquico” del Ministerio del Interior y otro asociado al lavado de dinero del Ministerio de Defensa ayudaron a una empresa con sede en Florida a obtener un contrato por 5,6 millones de dólares para proveer gas lacrimógeno y pertrechos no letales al gobierno de Áñez.
El presunto dueño de la empresa era Bryan Berkman, quien compró el gas lacrimógeno en Brasil por 3,3 millones de dólares, según la declaración jurada de un agente del Departamento de Seguridad Nacional adjunto a la demanda. Parte de las ganancias se utilizaron para coordinar pagos de sobornos a Méndez y su socio en el Ministerio de Defensa. Una parte de los fondos debía salir de una entrega de 700.000 dólares en efectivo a Bolivia.
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