Por Eduardo Paz Rada / LA EPOCA.- Cuando el gobierno del presidente Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), cumple seis meses con acciones para enfrentar las crisis sanitaria, económica y social, después de 11 meses de gobierno de facto como efecto de un golpe de Estado, desde distintos frentes ha comenzado un proceso de desestabilización y ablandamiento que busca impedir su consolidación o, en su caso, someterlo a presiones que culminen en retrocesos estructurales de los avances generados por la Revolución Democrática y Cultural y la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo inscrito en la Agenda Patriótica 2025.
La punta de lanza de esta campaña se encuentra en un conjunto de medios de comunicación (televisoras, periódicos, agencias de noticias y radioemisoras) y en redes virtuales de Internet que, mediante rumores, medias verdades y especulaciones, posicionan en la opinión pública temas como la división entre sectores del MAS y del Gobierno, el incumplimiento de ofertas electorales en aspectos económicos y sanitarios o la arbitrariedad en la detención, instruida por la Fiscalía y el Poder Judicial, de Jeanine Áñez, algunos de sus ministros, así como de jefes militares y policiales que ejecutaron la ruptura democrática y las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019.
Los mismos medios fueron impulsores del golpe de Estado y apoyaron al régimen surgido del motín policial, la insubordinación militar y la movilización de sectores urbanos acomodados encabezados por los partidos políticos conservadores y neoliberales. Para algunas de sus versiones hacen referencia a fuentes del MAS y del Gobierno, creando susceptibilidades y versiones de divisiones internas.
En esa perspectiva, varios parlamentarios opositores de Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa y Creemos de Luis Fernando Camacho se han trasladado, hace algunas semanas a Estados Unidos, donde se reunieron con miembros del Departamento de Estado, senadores republicanos de extrema derecha y miembros de la comunidad de migrantes en esa ciudad con el objetivo de “informar” sobre la situación política boliviana. Este hecho se produjo inmediatamente después que la administración de Joe Biden se manifestó rechazando la detención de Áñez y pidiendo su libertad, dirigiendo la estrategia desestabilizadora.
De igual manera, bajo la batuta de los partidos ultraconservadores y profascistas de Europa, el Parlamento Europeo se ha pronunciado criticando al Gobierno de Arce y demandando la ejecución de sanciones de parte de los países de la Unión Europea (UE). Al respecto corresponde recordar que el Embajador de la UE en Bolivia participó activamente, en octubre y noviembre de 2019, en la salida de Morales y la consolidación del golpe de Estado.
Asimismo, la jerarquía de obispos de la Iglesia católica está realizando una sistemática campaña contra el Gobierno con el argumento de la defensa de los Derechos Humanos y la libertad de las autoridades de facto, buscando esconder, sin conseguirlo, su directa participación en la conspiración contra Morales y el nombramiento de Áñez al margen de toda norma legal y constitucional del país, urdido en las oficinas de Universidad Católica. La Conferencia de Obispos se convirtió en un mecanismo que buscó legitimar la inconstitucionalidad del gobierno y ahora mantiene una posición beligerante, incluso enfrentando las posiciones del Papa Francisco sobre América Latina y Bolivia.
Finalmente, la oligarquía regional terrateniente y agroexportadora de Santa Cruz junto a las logias de poder regional, al Oriente del país, bajo la dirección del principal promotor y ejecutor del golpe de Estado, Camacho, quien, luego de ser elegido recientemente como gobernador de Santa Cruz, hizo declaraciones amenazantes contra el Gobierno y recordando que su departamento fue protagonista de la desestabilización del gobierno democrático de Evo Morales.
