AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION (ABI).- “Queremos que ver en la cárcel a Jeanine Áñez, Fernando Camacho y Carlos Mesa. Mientras ellos están libres, nosotros estamos llorando por justicia”, manifestó este martes Roberto Jukumari, representante de las víctimas de la masacre en Sacaba (Cochabamba), ocurrida en noviembre de 2019.

En contacto con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales, que se difunde por Bolivia Tv, el entrevistado contó que aquella vez fue baleado por los policías y militares en una marcha que de manera pacífica pedía respeto a la democracia y a la Wiphala.

“Decir ‘Evo no estás solo’, había sido delito. Nos gasificaron y balearon desde los helicópteros. A mí me llegaron dos balas. Hubo muchos heridos y 10 fallecidos. Pedíamos auxilio, pero ese momento no estaba ambulancias, ni la prensa para ayudarnos”, recordó.

Pese a que estuvo herido, fue arrestado y trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) donde vio que unos policías les baldearon con agua fría a las mujeres de pollera que también fueron arrestadas en las manifestaciones.

Luego de que se recuperó, Roberto asumió el rol de representante de las víctimas de Sacaba, quienes consideran que sus derechos fueron vulnerados por el gobierno de facto de Áñez y exigen justicia a las autoridades.

“Duele recordar, pero mientras tengamos vida vamos a pedir justicia, justicia por las mujeres que quedaron viudas, por los niños que quedaron huérfanos y por los heridos que tienen secuelas. Fuimos defensores de la democracia”, expresó.

Jukumari indicó que las víctimas de las masacres en Sacaba y Senkata (El Alto) se reunieron y recibieron el apoyo del gobierno del presidente Luis Arce. En ese sentido, agregó que una de las demandas que tienen es que se anule el arraigo que se aplicó injustamente a algunas personas.

Víctima de Huayllani: “A mi esposo le dispararon desde el helicóptero”

ABI.- Luscarda Tapaycu, contó que su esposo fue impactado por una bala que le atravesó su pecho y salió por la espalda, durante la violenta represión en el puente de Huayllani, Sacaba, en 2019, cuando participaba de la manifestación pacífica que pedía el respeto para las mujeres de pollera y la Wiphala.

“Ese día llamé a mi marido y dijo que estaba bien, después del mediodía, ‘estamos bien, estamos pijchando’ me dijo. Pensaba que no pasaría nada, no pensaba que iba a pasar esto, somos campesinos y ellos también tienen hijos en la Policía, sus mamás son de pollera, no pensaba pasar este accidente”, relató.

Luscarda escuchaba la radio para enterarse de lo que sucedía y luego revisó su celular donde vio la imagen de su marido sangrando en el pecho.

“Vi a mi marido herido y sangrando, pero no podía ir a ayudarlo porque no tenía con quien dejar a mis niños y estaba lejos del lugar, le pedí a mi hija, que vivía en Cochabamba, acudir a ayudarlo hasta que llegue. Lo trasladaron al Hospital Viedma pero no lo atendieron y decidieron llevarlo al Hospital Univalle, pese a la negativa de los médicos ahí lograron salvarle la vida”, testimonió Luscarda.

Agradeció porque su esposo continúa con vida, pero debido a las secuelas que le dejaron las heridas, su esposo no puede trabajar porque siente dolor cuando levanta cosas pesadas o se encuentra en el calor.

“Ahora pedimos justicia y que nos puedan ayudar, desde que trabajo sola, a la fuerza he tenido que hacer trabajar a mis hijos, tengo cuatro mujeres y dos varones y por la necesidad ahora me ayudan”, relató entrevistada por el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

Juana Mérida, madre de uno de los fallecidos en Huayllani: “Extraño mucho a mi hijo, lloro todos los días”

ABI.- El hecho de que una madre entierre a un hijo es algo que nadie desea. Juana Mérida lo refleja en su semblante mientras relata que César, su hijo mayor, le hará falta siempre. Lo extraña y lo llora.

El 2019, un operativo de fuerzas combinadas en la zona de Huayllani, en el municipio de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, quitó la vida al universitario de 18 años mientras era parte de una marcha. Esa jornada, otras nueve personas fallecieron y 120 quedaron heridas. Los uniformados usaron armas de fuego.

“Se despidió y dijo: ‘Para tres días voy a ir, mami. No te preocupes. No reniegues, te vas a enfermar’”, contó Juana, a casi dos años de los hechos, en entrevista con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

Después de despedirse de su madre que estaba embarazada ese 15 de noviembre de 2019, César Sipe se sumó a las movilizaciones organizadas por habitantes del trópico cochabambino contra el régimen de Jeanine Áñez y en demanda de respeto a la democracia.

Durante la protesta en Sacaba, recibió dos impactos de bala en el abdomen. Mientras se desangraba, sus compañeros usaron las redes sociales para comunicarse con su madre y anoticiarla del hecho. Cuando ella llegó al lugar, encontró a su hijo en un ataúd.

El Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019 del régimen de Áñez permitió la participación de las FFAA en apoyo a la Policía boliviana para reprimir protestas que cuestionaban a los gobernantes de entonces. La norma establecía que los militares estaban exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas. Tenían permiso para matar.

Hoy, Juana Mérida pide que los responsables de los hechos sean sancionados y relata: “Tengo que llorar día y noche en memoria de mi hijo. No lo puedo olvidar. Siempre pido a Dios que se haga justicia”. “Extraño mucho a mi hijo, lloro todos los días”, añade al contar su pena.