El Alto, PRENSA PROCURADORIA.- El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez Serrano, demostró hoy, de forma incontrastable, que los sucesos luctuosos de 2019 y la imposición de Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia obedecieron a un golpe de Estado porque con antelación se preparó una narrativa destinada a desconocer los resultados de las elecciones de 2019, que “no existió sucesión constitucional” ni la “vacancia” en el ejercicio del poder y que las renuncias de las autoridades legislativas fueron forzadas.

En conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Procuraduría General del Estado, el Procurador Chávez Serrano explicó que durante todo ese tiempo, el pueblo boliviano sufrió una serie de vulneraciones a los derechos humanos con las intervenciones policiales, el desconocimiento del mandato presidencial y las operaciones conjuntas realizadas entre la policía y las FFAA que derivaron en las masacres de Sacaba, Senkata, Huayllani y otras poblaciones.

Señaló también que el presidente Morales Ayma renunció el 10 de noviembre con el objetivo de pacificar el país, pero que esa renuncia era forzada.

Luego de la renuncia “no se ha dado una vacancia en el poder, pues se habilitaba la sucesión constitucional hacia el Vicepresidente, al presidente del Senado y al de diputados como señala la Constitución Política del Estado”, sentenció.

En ese sentido, recordó que en los casos de Hugo Banzer Suárez, Gonzalo Sánchez de Lozada y del propio Carlos Mesa se siguió un procedimiento claramente establecido en la Constitución y la normativa interna de las Cámaras Legislativas existiendo las constancias de sesiones de Congreso.

“En el caso de Banzer, la Vicepresidencia nos certificó que la nota de renuncia fue admitida en sesión del entonces Congreso Nacional y que luego se habilitó la sucesión constitucional del Vicepresidente”, añadió.

El Procurador General del Estado indico que similar procedimiento se realizó con los casos de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Mesa, pero que en el caso de Morales no hay respuesta alguna y eso es “porque formalmente jamás se ha dado la aceptación de su renuncia y que en consecuencia no se habilitaba la sucesión constitucional”.

Remarcó que el Tribunal Constitucional emitió, el 12 de octubre de 2019, un “comunicado” señalando la sucesión constitucional, pero como no hubo aceptación ni rechazo de la renuncia de Morales no podía aplicarse ese mecanismo.

Chávez Serrano declaró que existe un tratamiento constitucional que en el caso específico de la renuncia del presidente Morales no se siguió, mucho menos, aplicando los artículos pertinentes de la Constitución Política del Estado como el Art. 161, parágrafo 3: “Admitir o negar la renuncia de la Presidenta o del Presidente del Estado, y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado”, que está relacionado con el 169, parágrafo I. referido al impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o Presidente.

“No existe la famosa vacancia porque no hay una renuncia formalmente presentada y que tenga el sello de recepción ante la Asamblea Legislativa Plurinacional”, insistió.

Las renuncias

Con relación a este tema manifestó que, de acuerdo al Tribunal Constitucional, la renuncia debe cumplir varios requisitos: ser escrita; debe ser libre, presentada personalmente y acompañada por la cédula de identidad del renunciante.

Del mismo modo, aclaró que las decisiones del Tribunal Constitucional deben ser obedecidas cuando son sentencias constitucionales, Declaraciones Constitucionales y Auto Constitucionales.

Rememoró también que Adriana Salvatierra fue coaccionada para que renuncie, que le quemaron la casa de Víctor Borda (expresidente de Diputados) y que torturaron a su sobrino y que Borda “tampoco hace llegar al Parlamento, una renuncia escrita y formal y que no hay sello de recepción”

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Procuraduría General del Estado