La Paz, (UNICOM-MDPyEP).- El gobierno golpista de Jeanine Áñez habría ocasionado un daño económico de Bs 76 millones al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, entidades desconcentradas, descentralizadas y a las empresas públicas productivas, informó el martes por la noche el titular de esa cartera de Estado, Néstor Huanca.
La autoridad, en una conferencia de prensa, reveló que en la gestión de los ex ministros, Wilfredo Rojo, Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán, se detectaron varios hechos de corrupción, que fueron detectados por las unidades de auditoría interna, unidades de transparencia y unidades jurídicas de la cartera de Desarrollo Productivo y Economía Plural y sus entidades dependientes.
“Tengo la obligación de denunciar ante el pueblo boliviano los hechos de corrupción y malos manejos detectados hasta la fecha. Se han configurado delitos de corrupción pública como ser: contratos lesivos al estado, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, peculado, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, nombramientos ilegales, falsedad material, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de profesión, los mismos que habrían generado un daño económico al Estado de un importe que asciende aproximadamente a Bs 76 millones y que han sido objeto de denuncia ante el Ministerio Público”, manifestó Huanca.
Precisó que en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) se descubrió que el un exgerente suscribió de manera irregular y en contra de los intereses del Estado un contrato de compra para la importación de 30.000 toneladas de trigo transgénico, una empresa norteamericana, que habría ocasionado un daño económico de Bs 20,1 millones.
“En el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), se detectó que el exgerente técnico de la Empresa Estratégica de Abonos y Fertilizantes (EEPAF) y otros, realizaron la compra de fertilizantes, existiendo un faltante en almacenes que ocasionó un daño de Bs 8,8 millones”, detalló.
Puntualizó que en la Empresa Boliviana de Alimentos y sus Derivados (EBA) se detectaron varios hechos de corrupción, uno de ellos que se nombró de manera ilegal a la exgerente de esa institución, presunta pariente de Jeanine Áñez, quien no contaba con la experiencia profesional requerida ni título profesional universitario, con una posible afectación de Bs 113 mil al Estado.
Además, dijo que en EBA se incrementaron cargos y sueldos por un monto de Bs 1,2 millones; en otro caso el manejo discrecional de recursos económicos exautoridades habrían autorizado la entrega de dinero en efectivo al personal contratado para la compra de castaña sin ningún descargo por un monto de Bs 8,3 millones; luego la empresa recibió productos de diferentes proveedores para las canastas estudiantiles municipales con una afectación de Bs 12 millones y la exgerente de Frutos Amazónicos de EBA Riberalta y otros autorizaron la transferencia de recursos económicos a cuentas bancarias personales con un daño de Bs 219 mil.
Mientras que en la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), Huanca denunció que el exgerente de esa empresa habría favorecido ilegalmente la adjudicación y contratación a una empresa fraccionadora de azúcar con una afectación de Bs 1,2 millones y habrían favorecido ilegalmente en la adjudicación y contratación de otra empresa para la provisión de 4.700 toneladas de fertilizante de urea con presunto sobre precio de Bs 1,1 millones.
“En la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), el exdirector durante el gobierno golpista, emitió resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, a través de las cuales permitió la reducción de sanciones a empresas, ocasionando daño económico al Estado de Bs 362 mil. En Zofra Cobija, el exdirector habría destinado recursos económicos para la contratación excesiva de personal eventual sin justificación, incrementando su planilla de personal en plena cuarentena rígida y durante todo el periodo de su gestión con una afectación de 933 mil bolivianos”, detalló la autoridad.
En Pro Bolivia, dijo que el exdirector de esa institución contrató a su jefa de comunicación, quien habría presentado títulos en provisión nacional y certificados falsificados, cuyo contrato asciende a Bs 79 mil.
Asimismo, la autoridad denunció que el exministro Rojo entregó combustible comprado por la entidad para su uso en vehículos particulares, ajenos a la entidad, la mayoría de Santa Cruz con un daño económico de Bs 113 mil y que los exministros alquilaron aeronaves para vuelos particulares (taxi aéreo) al departamento de Santa Cruz, para su transporte y de sus allegados en la época de pandemia ocasionando un daño económico de Bs 92 mil.
Por otra parte, el ministro de Desarrollo Productivo denunció que hasta la fecha el alcalde Luis Revilla incumplió con EMAPA el pago por el servicio de provisión de las canastas escolares, a pesar de contar con el presupuesto asignado para el desayuno escolar en la gestión 2020, cuya deuda asciende a más de Bs 23,6 millones.
“Es necesario aclarar que estos hechos denunciados, ya están en manos de las autoridades jurisdiccionales competentes, a cuyo efecto todos estos hechos deben ser investigados por el Ministerio Público en el marco de su mandato Constitucional, proveyendo los elementos de convicción y prueba suficiente en el que coadyuvaremos en nuestra calidad de víctima o querellante”, finalizó la autoridad.
