LA RAZON / LA PAZ.- La Fiscalía pidió el congelamiento de las cuentas bancarias individuales y/o conjuntas de la expresidenta Jeanine Áñez, de sus dos exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, y de dos exaltos mandos de las Fuerzas Armadas procesados en el caso “golpe de Estado”.
El requerimiento está dirigido a Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y refiere: “Se proceda a realizar el congelamiento de cuentas corrientes, caja de ahorros, depósitos a plazo fijo, tarjetas de crédito en moneda nacional y moneda extranjera a nivel nacional que se tenga registrado”.
Además de Áñez, Coimbra y Guzmán, está en el requerimiento fiscal revelado por la red Gigavisión el excomandante de la Armada y exjefe de Estado Mayor Flavio Arce San Martín y el excomandante del Ejército Jorge Pastor Mendieta. Los cuatro se encuentran en la cárcel por el caso “golpe de Estado”.
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La exdiputada del MAS Lidia Patty presentó la denuncia para que se establezcan responsabilidades en los hechos que en 2019 derivaron en la dimisión del expresidente Evo Morales tras denuncias de fraude electoral, una protesta cívica, un motín policial y la “sugerencia” militar de renunciar.
El excívico y electo gobernador cruceño Luis Fernando Camacho es el principal acusado en este proceso, pero hasta el momento no lo citaron a declarar.
Denuncian irregularidades en las gestiones de los exministros Rojo, Ortiz y Guzmán por Bs 76 MM
LA RAZON.- Durante las gestiones de los exministros de Desarrollo Rural Wilfredo Rojo, Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán, en el gobierno de Jeanine Áñez, fueron cometidas una serie de irregularidades que fueron denunciadas a la Fiscalía por 11 delitos y provocar un daño económico de Bs 76 millones en esa cartera de Estado y empresas estatales.
El ministro de Desarrollo Rural, Néstor Huanca, informó que las denuncias son el resultado del trabajo de las unidades de Auditoría Interna, Transparencia y Jurídicas de las empresas públicas y entidades descentralizadas y desconcentradas.
Las denuncias presentadas ante la Fiscalía son por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, peculado, resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, nombramientos ilegales, falsedad material, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión.
El exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) Eduardo Wilde fue acusado de firmar de forma irregular un contrato para la importación de 30.000 toneladas de trigo transgénico por Bs 51 millones. El incumplimiento de ese contrato ha derivado en una demanda arbitral internacional que podría obligar al Estado a pagar $us 2,8 millones.
Otra de las denuncias implica al exgerente de la Empresa de Abonos y Fertilizante Sergio Luna y a otros por la compra de fertilizantes con un faltante en almacenes equivalente a Bs 8,8 millones, y a la exgerente de la Empresa Boliviana de Almendra y Derivados (EBA) Karina Fabiola Leyva Áñez, presunta familiar de Áñez, por incrementar sueldos y cargos con un daño de Bs 1,2 millones.
Mientras que la exgerenta de Frutos Amazónicos de Riberalta Carmen Alicia Melgar y otra exautoridad son acusados de entregar de forma directa Bs 8,3 millones a acopiadores de castaña sin conocerse hasta ahora su destino y uso. El exgerente Comercial de EBA recibió productos de diferentes proveedores para canastas estudiantiles municipales por valor de Bs 12 millones sin ningún tipo de proceso de contratación ni contrato alguno.
En la Empresa Azucarera de San Buenaventura, su exgerente Jorge Barrios, habría favorecido a una empresa con el fraccionamiento externo del producto por Bs 1,2 millones y la compra de 4.700 toneladas de urea con un presunto sobreprecio de más de Bs 1 millón.
Huanca informó que entre las denuncias también está una contra la Alcaldía de La Paz por no cumplir con el pago de Bs 23 millones por el desayuno escolar.
Ortiz y Rojo también fueron acusados por la contratación de “taxi vuelos” sin ningún justificativo hacia Santa Cruz, como el destino de combustible a vehículos particulares, entre otras denuncias.
FUENTE ORIGINAL DE LAS NOTICIAS DE LA RAZON:
https://www.la-razon.com/nacional/2021/04/27/la-fiscalia-tramita-congelamiento-de-cuentas-bancarias-de-anez-y-de-dos-de-sus-exministros/
Rodríguez demanda a Áñez por asumir la presidencia del Senado sin respetar las normas
LA RAZON.- La expresidenta Jeanine Áñez tendrá que enfrentar otro proceso penal por haber asumido la presidencia del Senado, que le dio paso para tomar la Presidencia de Bolivia, sin haber cumplido con lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) y el Reglamento General de Debates.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, oficializó la denuncia ante la Fiscalía para el procesamiento de la también exsenadora.
Se la acusa por anticipación o prolongación de funciones, atribuirse los derechos del pueblo, resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, sedición, seducción de tropas y conspiración.
Áñez asumió la presidencia del Senado en una sesión sin quórum y siendo de la bancada de minoría. Rodríguez explicó que la exsenadora debió haber convocado a una sesión para reconfigurar la directiva que, de acuerdo a Reglamento, debía recaer en la mayoría, el MAS.
“Bajo ninguna circunstancia, ningún escenario, la señora Áñez pudo haberse arrogado la presidencia del Senado. A lo máximo que podía haber llegado por obligación y en cumplimiento de su deber es haber convocado a la sesión para precisamente suplir las acefalias y conformar la directiva de la Cámara de Senadores y, de esa manera, llegar a la sucesión constitucional”, sostuvo.
Rodríguez detalló que como respaldo a la denuncia se presentaron más de 99 fojas de pruebas y cinco CD, para que sean valorados por el Ministerio Público.
Áñez se encuentra en la cárcel por el caso “golpe de Estado” y tiene en su contra cuatro proposiciones acusatorias para juicio de responsabilidades.
Revelado: Áñez desvió $1,2 millones de fondos petroleros
HISPAN TV.- Durante una conferencia de prensa, la Dirección de Transparencia Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reveló el lunes una investigación que evidencia acciones irregulares en la petrolera estatal y sus subsidiarias con un daño económico de al menos 1,2 millones de dólares, durante la administración del gobierno de facto de Áñez.
La empresa estatal petrolera anunció que iniciará “las acciones legales correspondientes” contra todos los involucrados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La investigación sobre las irregularidades apunta al exministro de facto de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y al expresidente de YPFB, Hernán Soliz, quienes durante el interinato de Áñez habrían dado curso a una resolución ministerial irregular emitida en marzo de 2020 para destinar “de manera extraordinaria e inmediata” 1,8 millones de dólares en un programa de apoyo a la campaña contra el nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, de los que se tiene el dato que se ejecutaron 1,2 millones de dólares.
“Esta autoridad no tenía competencias para emitir esta resolución por lo que es ilegal”, precisó la directora de Transparencia de YPFB, Erika Chávez, en declaraciones a la prensa en La Paz, capital administrativa de Bolivia.
Chávez agregó que se evidenció el direccionamiento en la contratación de las empresas; “les decían a quién contratar o de quién adquirir el servicio y no hay descargos con relación al destino de los insumos médicos; es decir, que si bien se habría comprado insumos no se conoce si fueron entregados a la población, dónde se encuentran o si se los llevaron”.
A su vez, el presidente de YPFB, Wilson Zelaya, enfatizó que se ha ordenado a todas las empresas filiales y subsidiarias que realicen una auditoría interna para tener mayores detalles y responsabilidades.
Desde el 13 de marzo, Áñez se encuentra detenida, junto a varios de sus colaboradores, para responder por delitos de sedición, terrorismo y cargos vinculados con el golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales.
En 11 meses, el gobierno de facto de Áñez fue manchado con al menos 24 casos de corrupción e irregularidades denunciadas como la compra irregular de respiradores y gases lacrimógenos, venta de cargos, cobros ilegales, irregularidades en las estatales YPFB, Entel, Ende y la DGAC, entre otras.
A todas estas causas se suman las investigaciones sobre la represión policial y las masacres durante casi un año que Bolivia fue gobernada por un gobierno ilegítimo. Ante estos hechos, todavía dos ministros de su falso mandato han huido del país.
http://www.hispantv.com/noticias/bolivia/491486/anez-desvio-fondos-petroleros
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