Bolivia Digital.- De un millón de hectáreas (ha) tituladas en el periodo del régimen de facto, el 76% (760 mil ha) favorecieron a sectores afines al gobierno de Jeanine Añez (empresarios agropecuarios), y sólo el 24% (240 mil ha) a las mayorías rurales, según el informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
La administración actual de la entidad estatal calificó de irrelevante la gestión del gobierno de Añez, tomando en cuenta que éste estuvo empañado de denuncias de corrupción y tráfico de influencias.
Sólo en este periodo (enero a octubre de 2020) se emitieron 43.683 títulos agrarios, mientras que de enero a octubre de 2019 —durante el entonces presidente Evo Morales— se otorgaron 154.712 títulos.
En el régimen de facto se saneó un millón de ha, mientras que en 2019 la legalización de predios alcanzó a 2,4 millones de ha.
Fue en 2010 cuando el INRA registró el pico más alto en el saneamiento de tierras con más de 11 millones de ha.
De acuerdo con el INRA, durante el periodo del gobierno de facto también se puso en riesgo el financiamiento externo comprometido para la institución estatal, debido a la baja capacidad de gestión.
Terratenientes
El 14 de abril, el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, en la presentación de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2021, informó que se paralizó el proceso de titulación irregular de 255 mil ha de tierras que pretendían favorecer a grandes terratenientes en la gestión de Añez.
Asimismo, se paralizaron 7.000 trámites de titulación y sólo se priorizó la emisión de resoluciones para otorgar el derecho de propiedad de terrenos por encima de las 5.000 hectáreas, que es contrario a la Constitución Política del Estado.
Entre otras irregularidades, en el régimen de facto se procedió a la reimpresión de 79.617 títulos —emitidos antes del golpe de Estado de noviembre de 2019— para presentarlos como resultado de la gestión de Añez.
Núñez indicó que la nueva administración recibió un INRA con baja credibilidad institucional, por lo cual exhortó a los funcionarios y la sociedad civil a acompañar en el cumplimiento de las metas de la institución para éste y los próximos años, bajo la premisa de cero tolerancia a la corrupción.
Medidas de Añez
En el gobierno de facto se aprobó el decreto supremo con el instructivo DN-INST Nro. 176/, de fecha 10 de diciembre de 2019, que estableció una pausa en el proceso de distribución de tierras, cuya medida comprometió los resultados programados institucionalmente, así como los previstos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2020 y la Agenda Patriótica.
En fecha 1 de julio de 2020, el régimen de facto dejó sin efecto el instructivo de la pausa y pese a ello no se realizó la tarea de dotación de tierras, salvo a tres comunidades que en comparación con 2019 representa apenas un 3% de la superficie de tierras distribuida. Adicionalmente se hizo un mal manejo de la información y documentación, precisó el INRA.
En 2020 tampoco se viabilizó la reactivación del financiamiento externo, reduciendo la ejecución presupuestaria.
Caso Marinkovic
-La Fundación Tierra presentó la denuncia con la finalidad de que se inicie el proceso de fiscalización e investigación al proceso de saneamiento y titulación irregular de los predios Tierras Bajas del Norte y Laguna Corazón, Santa Cruz, por más de 30 mil hectáreas, en favor de la familia del exministro de Economía, Branko Marinkovic.
