Por Tania Escobar / EXPRESO SUR.- En noviembre 2019 después del golpe de Estado y la asunción por autoproclamación de Jeanine Añez a la presidencia, rompiendo el orden constitucional y violando el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, con todo el aval de policías y militares amotinados, la Organización de Estados Americanos OEA, la Unión Europea, la Iglesia católica y Organismos Internacionales, se precipitaron diferentes acontecimientos, muy previstos en un país donde se violaron todas las leyes para que asuma el poder la derecha fascista.
Diversos sectores de la población boliviana salieron a defender la democracia y al presidente Constitucional Evo Morales Ayma, pero las fuerzas represoras de ese Estado dictatorial naciente fueron implacables en el momento de reprimir y se produjeron mínimamente 36 muertes y alrededor de mil personas heridas y más de mil quinientas detenidas.
La prensa hegemónica, los organismos de Derechos Humanos y organizaciones mundiales se quedaron con la versión inverosímil, del por entonces ministro de facto Arturo Murillo que aseguró sin pruebas, que los sectores en protesta se habían disparado entre ellos y durante el año de dictadura de Jeanine Añez no se realizó ningún acto jurídico para esclarecer todos estos hechos sangrientos.
La represión fue respaldada por el decreto supremo 4078 que eximia a los militares de cualquier responsabilidad penal, violando no sólo los DDHH sino principalmente la Constitución Política del Estado que prohíbe a las FFAA actuar en contra del pueblo.
Actores políticos que fueron los principales promotores y ejecutores del golpe de Estado, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Jorge Tuto Quiroga, entre otros y toda la prensa mercantilista callaron de forma vergonzosa estos crímenes de lesa humanidad.
El 18 de octubre de 2020 se recupera la democracia en las urnas y la justicia empieza la investigación del golpe de Estado y de los acontecimientos donde fueron ejecutadas extrajudicialmente 36 personas, entonces para las investigaciones correspondientes es citada a declarar la expresidenta de facto Jeanine Añez y 2 de sus exministros de facto, ante la ausencia a tribunales para prestar declaraciones se emiten órdenes de aprehensión y son capturados en plan de fuga por lo que en audiencias de medidas cautelares se establece prisión preventiva por 6 meses. También 3 militares implicados en las masacres de Sacaba y Senkata son aprehendidos y guardan detención hasta que se realicen las investigaciones pertinentes.
La línea entre la verdad y la mentira se tiene que ir dibujando, pero a los sectores conservadores que participaron en los hechos luctuosos de noviembre 2019 no les conviene que se encuentren a los culpables, porque sería una admisión tácita de su complicidad tanto en el golpe como en los crímenes de lesa humanidad. Entonces empieza una batalla en medios de comunicación y redes sociales acusando al gobierno del Luis Arce de dictatorial por supuesta persecución política contra Jeanine Añez, exministros de facto, exfuncionarios policiales y militares. Sin tomar en cuenta la necesidad de justicia de las víctimas y sus familiares.
Estos días un grupo de Asambleístas de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa y Creemos de Luis Fernando Camacho deciden, de forma totalmente antipatriótica y vergonzosa, viajar a los Estados Unidos a reunirse con la CIDH y la OEA, esta última la gran protagonista del golpe por emitir un informe político e injerencista de las elecciones del 20 de octubre de 2019 que fue el desencadenante del golpe de Estado, para solicitarle ayuda en relación con la supuesta persecución política.
La pregunta ineludible, imperativa y sustancial es ¿Los Derechos Humanos de Jeanine, sus exministros, militares y policías implicados en los asesinatos valen más que de las 36 personas que fueron asesinadas sin contemplaciones y del millar de heridas que además no recibieron socorro oportuno?
Se debe tener bien clara la noción de Derechos Humanos, la vida es el primer derecho que se debe respetar, cuando se dan ejecuciones extrajudiciales los culpables deben ser juzgados y sentenciados, no se puede pedir por los DDHH de los que cometieron los delitos y obviar los derechos de los asesinados y de los heridos.
La defensa de los Derechos Humanos no es oportunista ni partidista ni privilegiada, la defensa de los Derechos Humanos debe ser de forma igual para todas las personas sin que prime la capacidad economía, el respaldo político nacional o internacional, quienes se presten a la discriminación en la defensa de los Derechos Humanos, son tan culpables como aquellos que firmaron un decreto criminal o que dispararon a un pueblo indefenso.
Por lo tanto, cada uno de los asesinados en noviembre 2019 merece tener justicia y eso no depende de unos señores a miles de kilómetros que además miraron para otro lado cuando se violaban los Derechos Humanos durante el gobierno de facto de Jeanine Añez.
Añez con Derechos Humanos de un lado, humanos sin derechos del otro
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