Por Edwin Condori / LA RAZON.- El abogado de las víctimas de la masacre de octubre de 2003, Thomas Becker, afirmó que el proceso civil seguido en Estados Unidos en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, abre la puerta para el inicio de nuevos procesos en contra de otros “violadores de derechos humanos”, como los exministros del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, Arturo Murillo y Fernando López, que también se presume huyeron a ese país.
“Este caso abrió muchas puertas para las víctimas de abusos, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo, (porque) ahora (Estados Unidos), que generalmente protege a las personas que cometen abusos, ha cerrado la puerta a las personas que entran aquí después de matar a su gente; (entonces) es un mensaje muy fuerte (para esas personas) y abre la puerta (para) otros casos (…) porque si recuerdan Murillo y López (también) han escapado a los Estados Unidos, están en Florida, (…) y yo creo que puede servir para una forma de (hacer) justicia para las víctimas”, dijo el jurista en una entrevista con La Razón Radio.
El lunes, el juez estadounidense James Cohn denegó la moción presentada por Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín dentro del proceso civil seguido en ese país por un grupo de víctimas de la masacre de octubre de 2003 y con ello se ratificó el veredicto dictado por un jurado para que los dos procesados las indemnicen con $us 10 millones.
Entretanto, en Bolivia, las víctimas de 2019 continúan exigiendo el procesamiento de Áñez y sus exministros, como Murillo y López, que eran ministro de Gobierno y ministro de Defensa, respectivamente, cuando militares salieron a las calles a tratar de controlar la ola de protestas que se registraban, tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia en medio de un conflicto poselectoral, y que terminaron con al menos 36 personas muertas.
Durante esos hechos de 2019 “yo estaba en Sacaba, yo vi la sangre y hemos hecho una investigación durante ocho a nueve meses (…) y por supuesto que hubo masacres (tanto) en Sacaba, Senkata y en (El) Pedregal, eso es muy claro y yo creo que hay mucha prueba de esas violaciones de derechos humanos y hay muchos paralelos (con lo suscitado en 2003)”, agregó el abogado.
En ese sentido, citó como ejemplos el Decreto Supremo 27209 del 11 de octubre de 2003, emitido durante el gobierno de Goni, y el Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019, aprobado en la administración de Áñez, que respaldaron las intervenciones militares en ambos hechos.
Pues esas normativas “más o menos dijeron a los soldados que si matan a la gente ustedes tienen impunidad y eso es totalmente ilegal; (…) entonces son muy similares (ambos casos)”, insistió.
Además, señaló que los “pretextos y excusas” usados en ambos hechos son muy similares porque calificaron a los movilizados de los dos sucesos de “terroristas” y que no dejaban sacar combustible de la planta de Senkata.
Del mismo modo en los dos hechos existió “mucho racismo y por eso los paralelos son muy fuertes; (incluso) es importante recordar que habían muchas personas en el gobierno de Áñez que fueron parte del gobierno de Goni, por ejemplo, uno de los testigos de Goni, Jaime Aparicio, fue embajador de Áñez y ha dicho las mismas cosas en el caso Goni que está diciendo sobre las víctimas de 2019 y para mí es muy triste escuchar (eso)”, lamentó.
Por otro lado, afirmó que ahora, tanto la gente de la “derecha, izquierda y centro” considera que Sánchez de Loza es responsable de la masacre de 2003 a diferencia del momento en que se suscitó. En ese sentido, también “yo creo que en unos 10 años todos van a decir que sí hubo masacres (en 2019)”, subrayó.
Aunque admitió que esa posibilidad es lejana en la actualidad coyuntura porque la sociedad boliviana está polarizada y “todo se está tratando de politizar”.
“Pero no debemos politizar esto, las víctimas necesitan justicia y un juicio contra la Presidenta que estaba a cargo (de las Fuerzas Armadas) que mataron a la gente (…) no es político, es justicia”, puntualizó.
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