DIARIO DIGITAL OXIGENO / LA PAZ.- El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó hoy que el Gobierno insistirá en lograr la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, proceso por las masacres y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en octubre del 2003.
“Vamos a insistir con la extradición del señor (Gonzalo) Sánchez de Lozada. Tenemos un proceso que está actualmente ante el Tribunal Supremo de Justicia. En todo caso, (la extradición) es una decisión soberana de EEUU, lugar donde reside actualmente”, aseveró Lima, según informó el Ministerio de Justicia a través de su cuenta de Twitter.
Lima, en ese sentido, recordó que hay diversos procesos para iniciar juicios de responsabilidades contra Sánchez de Lozada, no solo por las mascares del 2003, sino también por delitos de corrupción. “El gobierno de EEUU usualmente no niega la extradición cuando se trata de esos delitos”, afirmó.
“Se van a empezar a abrir otras vías, además de los juicios por la masacre de 2003 en nuestra Asamblea Legislativa. Hay al menos tres acciones que están en trámite para ser consideradas y ser autorizadas por 2/3 de votos”, acotó el Ministro de Justica.
Las palabras de la autoridad llegan después de que el juez de Estados Unidos, James Cohn, fallara en contra del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín, lo que ratifica la sentencia para que ambas exautoridades resarzan económicamente a las familias de las víctimas por las masacres ocurridas en Bolivia en octubre de 2003.
Lima ya había señalado ayer que el fallo del juez Cohn es un “acto de justicia” y marca un importante precedente contra la impunidad “y abre una línea de jurisprudencia para iniciar procesos civiles en ese país en contra de responsables de delitos de tortura y ejecuciones extrajudiciales perpetrados en países fuera de Estados Unidos”.
“La sentencia de 22 páginas suscrita por el juez James Cohn estableció suficiente evidencia para demostrar que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son responsables de las ejecuciones extrajudiciales de bolivianos que se registraron después de la promulgación del Decreto Supremo 27209 del 11 de octubre de 2003, una norma presidencial similar al Decreto Supremo 4078 del 15 de noviembre del 2019 que derivó en las masacres de Senkata y Sacaba”, añadió el Ministro, según el comunicado compartido por el Ministerio de Justicia.
Ayer se conoció que el juez del estado de Florida en Estados Unidos, James Cohn, denegó la moción planteada por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín, respecto al proceso en que se los responsabiliza por las muertes de la masacre de octubre de 2003, y ratificó la sentencia que establece el pago de $us 10 millones a favor de los demandantes.
“El juez Cohn deniega las mociones de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, dictaminando que los demandantes establecieron que los asesinatos fueron ilegales según el derecho internacional y, por lo tanto, extrajudiciales, y que los acusados eran responsables”, informó el Centro por Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) que impulsa el juicio.
Como antecedentes en este caso se tiene que en 2018 un jurado determinó que Goni y Sánchez Berzaín eran culpables de las muertes extrajudiciales y otorgó 10 millones de dólares a los demandantes. Luego, ese mismo año, el juez Cohn dejó sin efecto el veredicto al observar falta de evidencia, pero posteriormente en agosto de 2020 una Corte de Apelaciones revocó la decisión del juez y le ordenó que se readecúe el proceso.
Ya en noviembre de 2020, el expresidente Sánchez de Lozada y su exministro intentaron nuevamente dejar sin efecto el proceso, presentando la moción para que el juez Cohn decida rechazar los reclamos de los demandantes o, alternativamente, se determine realizar un nuevo juicio. Sin embargo, el pedido fue denegado por Cohn mediante un fallo emitido este 5 de abril de 2021.
Así, los familiares de las personas que perdieron su vida en la masacre del 2003 deberán ser resarcidos con $us 10 millones.
“El tribunal sostuvo que los demandantes habían presentado pruebas suficientes de que las muertes constituían ‘ejecuciones extrajudiciales’ según el derecho internacional y que los acusados eran responsables de esas muertes según la doctrina de responsabilidad del mando”, detalló el CCR en una publicación.
En octubre de 2003, Sánchez de Lozada se enfrentó a una revuelta popular en El Alto y La Paz con un despliegue militar. La represión saldó con 67 muertos y más de 400 heridos. El entonces presidente y varios de sus ministros huyeron para eludir un juicio por cargos de genocidio en el país.
