PRIMER PLANO – BOLIVIA TV.- La decisión del juez estadounidense James Cohn, que denegó la moción presentada por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín, y ratificó el veredicto de un jurado que encontró que ambas autoridades eran responsables de las masacre de 2003, “es un paso más que se da en la búsqueda de justicia”, declaró esta noche el Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Mayta.
“Todo lo que exprese ahora no es tanto en el rol de Canciller, sino de una persona a la que le tocó acompañar a las víctimas de la masacre de septiembre, octubre de 2003; es un largo camino de justicia que se recorre también por varios años”, dijo Mayta, impulsor del juicio a Goni desde los años 2005, 2005.
Mayta repasó el proceso que lleva ya casi 14 años, y dijo que los análisis realizados en 2005, 2006, llevaron a la conclusión de que “era muy complicado, casi imposible que Estados Unidos extraditara” a las exautoridades, “no porque no fuera posible legalmente, sino porque había vínculos de naturaleza política, de fidelidades”, y por ese camino se corría el riesgo de dejar en la impunidad las masacres.
Por ello se optó por una acción civil en Estados Unidos, con sus leyes, sus autoridades, fundados en que los responsables de la masacre vivían allí. “Logramos articular un equipo muy importante, con la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard”, una firma de abogados que está entre las 50 más grandes del mundo, y se inició la demanda el 2007, apuntó.
Añadió que en abril de 2018 llegó un punto culminante, cuando se llegó al juicio oral, y un jurado de 10 ciudadanos estadounidenses definió, por unanimidad, que ambos tenían responsabilidad por la masacre, y se estableció el pago de una indemnización de 10 millones de dólares.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín interpusieron recursos, el juez James Cohn dejó sin efecto el veredicto del jurado, apelamos y los tribunales definieron que la decisión de Cohn “no era coherente”, se le devolvió el proceso y se haga efectiva la decisión del jurado. Ambos acusados volvieron a apelar, presentaron una moción ante Cohn, que esta vez desestimó su pedido, y dejó “incólume el veredicto de 2018 que los responsabiliza por la masacre”, resumió.
Esta decisión judicial “resulta siendo un paso importante en ese camino de justicia, es un paso muy importante”, no definitivo, porque es previsible que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín apelan a la Corte Suprema, declaró.
Mayta destacó tres temas concretos que se desprenden del proceso:
- El veredicto de ese jurado que encontró responsabilidades en ambas exautoridades está vigente.
- Más allá de que puedan impugnar ante la Suprema, cada vez les es más complicado.
- El momento culminante, cuando el caso se declare “cerrado” está cada vez más cerca.
El Canciller recordó que Bolivia planteó ya dos exhortos suplicatorios para la extradición de ambos personajes, uno en 2008 que fue rechazado en 2012, y otro en 2013 que está hasta ahora sin respuesta. “A la fecha el gobierno de Estados Unidos no aceptó ni rechazó la solicitud, no hay necesidad de hacer otra solicitud, hay una solicitud planteada al gobierno de Estados Unidos, no se ha pronunciado, y ese silencio puede interpretarse como un rechazo, aunque no sea expreso”, explicó.
No se debe bajar los brazos en cuanto al pedido de extradición, pero no se puede dejar de ver que el tema pasa por una decisión política. Con expertos en el tema, en Estados Unidos, se estableció que “la extradición era viable legalmente, hay fundamento”; pero en los hechos “era poco práctico porque son decisiones políticas que asume el gobierno de Estados Unidos”, y hay una política de Estado en ese país que “se silba aunque no se cante”, y es que “Estados Unidos no extradita a exautoridades que hayan sido cercanas a sus intereses”.
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