AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACIÓN (ABI).- La expresidenta de facto Jeanine Áñez, el exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, y el exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, fueron remitidos este domingo a la cárcel con detención preventiva por cuatro meses por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, en el marco del caso golpe de Estado.
En una maratónica audiencia cautelar virtual que duró más de nueve horas, la jueza de turno de Instrucción Cautelar en lo Penal de la ciudad de La Paz, Regina Santa Cruz, determinó la detención preventiva de Áñez en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes; mientras que los dos exministros fueron remitidos a la cárcel de San Pedro.
“Por tanto, la Jueza Novena de Instrucción en lo Penal, por las facultades conferidas por el Artículo 54, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, dispone y determina que la presente causa se desarrolle con aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva para Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo y Álvaro Rodrigo Guzmán Collao en el centro penitenciario de San Pedro, en la sección apartada de los que tienen condena. Para la ciudadana Jeanine Áñez Chávez, en el Centro de Orientación Femenino de Obrajes, de la misma manera, en una sección apartada de las que tienen condena por el lapso de cuatro meses”, determinó la jueza.
La expresidenta de facto y sus exministros escucharon la resolución de la juez en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde permanecen aprehendidos, luego de ser trasladados desde Trinidad en el marco de un operativo policial de captura.
De acuerdo con la fundamentación fiscal, “existen suficientes indicios que permiten al Ministerio Público tomar convicción de la existencia del hecho delictivo y la probable participación de los imputados”.
Según el Ministerio Público, hay indicios de que los denunciados están involucrados en actos sediciosos y conspirativos en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz como consecuencia de las elecciones presidenciales de 2019 y la demora de la publicación de los resultados por parte del Órgano Electoral Plurinacional.
“Estos hechos sediciosos y conspirativos, que fueron concatenados y ordenados, impidieron que la Asamblea Legislativa Plurinacional se reúna y que sus directivas camarales actúen normalmente, más por el contrario, las personas hoy denunciadas comenzaron persecuciones y efectuaron una serie sistemática de amedrentamientos para que autoridades electas constitucionalmente se vean forzadas a renunciar”, se lee en el documento de ampliación de imputación del Ministerio Público.
Añade lo siguiente: “De esta manera posibilitaron que la Segunda Vicepresidenta del Senado (Jeanine Áñez) asumiera la Presidencia de nuestro país de una forma amañada, los hechos de violencia y sedición tenían el propósito de consolidar la imposición ilegal e ilegítima de un nuevo gobierno contrario al orden constitucional, esto a la cabeza de Jeanine Áñez Chavez y un grupo de personas antes de la posesión, entre ellos Álvaro Rodrigo Guzmán Collao y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo (posteriormente posesionados como ministros).
En ese marco, el Ministerio Público logró la detención preventiva por la probabilidad de autoría y la concurrencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización.
La resolución de la juez fue esperada por los familiares de las víctimas del régimen que instalaron una vigilia al frente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) con carteles y fotos de quienes murieron en la represión militar avalada por Áñez mediante el Decreto Supremo 4078.
La ampliación de la imputación contra las tres exautoridades se concretó en el marco del proceso investigativo del caso presentado por Lidia Patty Mullisaca, exlegisladora del Movimiento Al Socialismo, quien denuncia los delitos presuntamente cometidos. Además, la Fiscalía toma en cuenta una declaración informativa de Ana Teresa Morales Olivera, quien aportó a las investigaciones en calidad de testigo.
AQB / Agencia Boliviana de Información
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