La Paz, 12 mar 2021 (ATB Digital).- La Defensoría del Pueblo de Bolivia publicó un informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata en el que concluye que el Gobierno de Jeaniñe Áñez cometió delitos de lesa humanidad al haber incurrido en “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil”
El informe “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019”, describe la vulneración de derechos en los hechos violentos que dejaron 37 muertes, 27 de éstas durante la intervención conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas en Sacaba, Senkata y en barrios de la zona Sur de La Paz.
El informe señala que las 20 muertes en Sacaba y Senkata se constituyen en masacres “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.
Otros siete fallecimientos, dos en el norte integrado de Santa Cruz; uno en el municipio de Betanzos; tres en las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, durante la intervención de las fuerzas policiales y personas particulares con la complicidad de la institución del orden; y otro en Sacaba el 11 de noviembre, también están considerados como delitos de lesa humanidad.
Cuestiona la labor de la Policía porque torturó a las personas aprehendidas el 11 de noviembre de 2019 en las zonas de Ovejuyo, Rosales, Pedregal y Chasquipampa de la ciudad de La Paz; en Ciudad Satélite, Villa Dolores, Faro Murillo y Villa Adela en El Alto, y trasladadas a los Distritos Policiales 4 y 3, Comando General de la Policía y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la sede de Gobierno.
“La Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han vulnerado el derecho a la verdad a través de acciones ilegales destinadas a eliminar, alterar o condicionar los elementos de convicción, al haberse evidenciado el amedrentamiento de testigos y víctimas, alteración de la escena del crimen, desaparición de evidencia y la emisión de prueba pericial que no cumple estándares técnicos”, señala el informe.
El informe fue puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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