Presidente Arce revertirá tierras que Añez regaló a su ministro Marinkovic y a terratenientes

Por Sebastián Ochoa / SPUTNIK.- El Gobierno de Luis Arce anunció que anulará los títulos de propiedad entregados de manera irregular por la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020). Los malos manejos, que fueron develados por una investigación de la Fundación Tierra, beneficiaron en gran medida a agroindustriales del oriente boliviano y a políticos opositores al Movimiento Al Socialismo.

Los 2.000 títulos de propiedad entregados a discreción por Áñez corresponden a tierras de Santa Cruz de la Sierra, donde las cálidas llanuras son apreciadas por las empresas agroindustriales, las cuales constituyen el poder político de ese departamento, que abarca el 33% del territorio nacional y produce el 70% de los alimentos del país.

Uno de los políticos de alto perfil beneficiados fue Branko Marinkovic, exministro de Áñez en las carteras de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas. La Fundación Tierra dio a conocer que su familia obtuvo la titulación de más de 33.000 hectáreas, correspondientes a las estancias Laguna Corazón (12.400 h) y Tierras Bajas del Norte (21.000 h), en el departamento de Santa Cruz de la Sierra (este). Marinkovic denunció a su director, Gonzalo Colque, por difamación, calumnias e injurias.

“Hay una demanda judicial en curso, que se ha paralizado por las vacaciones judiciales. Ellos [los abogados de Marinkovic] han pedido que el juez autorice el estudio de peritos sobre las publicaciones que hemos hecho y que van a ser la prueba para demostrar que hemos hecho difamación e injurias”, dijo Colque a Sputnik. Y agregó: “Entiendo que esta causa se va a reactivar en cualquier momento”.

Según la denuncia —que la Fundación difundió parcialmente—, el exministro de Áñez alegó ante el juez: “Dediqué mi vida al trabajo honrado, a la representación empresarial, a la labor cívica y, por un corto periodo de tiempo, al servicio público como ministro de Estado, gozando en todo este proyecto de una excelente reputación y reconocimiento social”.

Marinkovic, quien regresó al país días después del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2020, había estado entre 2009 y 2019 escondido en Brasil, porque en Bolivia tenía una causa judicial por su cercanía con Eduardo Rózsa Flores, acusado por la Fiscalía boliviana de ser el líder de una banda paramilitar.

Según el director de la Fundación Tierra, Marinkovic tiene “una actitud amedrentamiento, para acallar a las instituciones que supervisan que haya transparencia en el proceso agrario. Esa es nuestra labor y entendemos de esa manera el objetivo que tiene esta denuncia”.

A pesar de la persecución judicial, “por supuesto que vamos a asumir la defensa, por supuesto que vamos continuar con las investigaciones que tenemos, porque hemos demostrado con documentación que han hecho un proceso fraudulento para apropiarse de estas tierras”, agregó.

Colque comentó que la titulación se realizó “mediante procedimientos y en extensiones que no están permitidas por las leyes bolivianas. Nosotros vamos a seguir denunciando este tipo de hechos”.

Luego de la denuncia contra Colque, 80 organizaciones sociales de Bolivia emitieron un pronunciamiento en defensa del director de la Fundación Tierra, organización que trabaja desde hace 30 años en la temática agraria. “La utilización de tipos penales contra el honor (difamación, calumnias e injurias) para evitar que la sociedad civil cuestione el trabajo de una autoridad pública atenta contra la libre expresión de la sociedad civil, fomentando un clima de criminalización y autocensura”, dice el documento.

“La denuncia penal contra Colque no es solo responsabilidad de Marinkovic, sino también de los administradores de justicia, que no adecuan su accionar a los estándares internacionales y democráticos de protección de la libertad de expresión”, agrega el pronunciamiento de las OSC.

La investigación realizada por la Fundación tuvo mucha repercusión a finales de 2020. Las autoridades recién asumidas del Gobierno de Arce prometieron investigar la presunta titulación fraudulenta firmada por Áñez; muchas de las tierras que se repartieron entre agroindustriales son reclamadas legalmente como territorio ancestral por los originarios.

Las comunidades campesinas y del pueblo indígena Guarayo, que viven en territorios lindantes con los de la familia Marinkovic y otros terratenientes, se sumaron a la exigencia de que se aclare en qué condiciones se repartieron los documentos de propiedad en 2020. El 6 de febrero pasado, campesinos e indígenas de 15 comunidades decidieron cortar en la población de Ascensión de Guarayos la carretera que une a los departamentos de Santa Cruz con Beni (este). Al día siguiente llegó allí el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, quien dialogó con los manifestantes y se comprometió a anular los títulos emitidos por Áñez.

“Entre los acuerdos suscritos se encuentran: la anulación de titulaciones emitidas sin respaldo legal en el Gobierno de facto a personas extranjeras o ajenas a las comunidades afectadas, y la presencia del equipo técnico del Ministerio para dar respuestas inmediatas a otras problemáticas sobre tierras”, dice un comunicado de esta cartera, difundido por el diario Los Tiempos.

Para el director de la Fundación Tierra, este anuncio gubernamental “es una consecuencia de las denuncias públicas que nosotros hemos hecho. Entendemos que es un trabajo político del Gobierno nacional, pero también de las comunidades indígenas que están afectadas por estas entregas arbitrarias de grandes propiedades y de tierras fiscales”.

Según Colque, “una vez titulada la propiedad, quiere decir que el proceso de cuestionamientos, de objeciones, de demandas y contrademandas ha terminado. Es como un juicio: una sentencia que ha llegado hasta el final”.

Anular estos títulos agrarios requeriría un decreto presidencial. También la Asamblea Legislativa Plurinacional (con mayoría oficialista) puede pedir la nulidad del proceso, el retorno al punto cero y la verificación en el terreno de los contenidos técnicos y jurídicos del derecho propietario sobre las tierras, comentó el director.

Una tercera opción sería que intervenga la Procuraduría General del Estado, “una entidad que se ha creado con la nueva Constitución (en 2009), con el objetivo de defender, proteger y pedir la devolución a favor del Estado de las tierras, de los recursos naturales que pertenecen a todos los bolivianos”, dijo Colque.

El director se mostró esperanzado en que “efectivamente el Gobierno nacional emita un decreto o alguna resolución ministerial anulando los procedimientos mediante los cuales —durante el Gobierno anterior— la familia Marinkovic y otros se han adjudicado tierras sin transparencia y saltándose todos los procedimientos regulares que establece la ley”.

Desde que fue aprobada la Constitución de 2009, en Bolivia está prohibido comprar una propiedad de más de 5.000 hectáreas. Pero esta ley fue obviada por Áñez al momento de entregar ocho títulos agrarios a propiedades que sobrepasan esa medida. “Hay otras propiedades [además de la de Marinkovic] sobre las cuales vamos a presentar información más detallada. Hay una colonia Menonita que ha logrado titular más de 25.000 hectáreas en la gestión de Áñez”, adelantó Colque.

Y advirtió que parte de los 2.000 títulos entregados por la expresidenta serían inobjetables, porque cumplen con todos los requerimientos de la ley. Por ello se requiere una revisión detallada de cada documento propietario.

“Hay un compromiso político del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de anular estos procesos irregulares, pero no existen datos exactos de cuáles son esas propiedades y bajo qué criterios van a proceder a la anulación de los procesos irregulares de la gestión pasada”, dijo Colque.

Agregó que se deben revisar casos anteriores al Gobierno de Áñez. “Las denuncias de tráfico de tierras y las denuncias de dotación irregular de tierras vienen desde 2012. Hay muchísimos funcionarios públicos involucrados en estos procesos irregulares”, aseguró. Y sostuvo: “Si el Gobierno de Arce realmente quiere transparentar estos hechos irregulares, tiene que también ampliar la investigación a gestiones anteriores”.