Por Marco Antonio Chuquimia / EL DEBER.- 14 meses después de ser acusados por una decena de delitos, cuatro exvocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz y tres exfuncionarios de esta oficina regional fueron sobreseídos por los mismos fiscales que los acusaron: Javier Cordero Salcedo y Mirtha Mejía Salazar. El Ministerio Público no encontró ninguna responsabilidad en las exautoridades electorales y tampoco en los funcionarios.
“Los suscritos fiscales de materia disponen resolución de sobreseimiento a favor de Sandra Kettels Vaca, Eulogio Núñez Aramayo, Ramiro Valle Mandepora, Gober López Velasco, Jhoseph Pinaya Velázquez, Saúl Vargas y Miguel Ángel Vargas Cabello, la misma que deberá ponerse formalmente en conocimiento del superior jerárquico y de las partes conforme a lo previsto por el artículo 324 de la ley 1970; asimismo, hacerse conocer al señor juez encargado del control jurisdiccional”, señala la parte resolutiva del documento final.
El 13 de noviembre de 2019 los exvocales fueron enviados con detención preventiva al penal de Palmasola, acusados de una decena de delitos electorales. Días después, los exfuncionarios del Servicio de Registro Cívico (Sereci) también fueron aprehendidos y enviados a prisión.
“Definitivamente vamos a tomar acciones contra todas las instancias que vulneraron los derechos humanos de personas que son inocentes. Lo que hicieron con nosotros no tiene nombre y no puede volver a ocurrir. El 10 de noviembre de 2019 fuimos expuestos como delincuentes siendo personas inocentes”, dijo la expresidenta del TED, Sandra Kettels.
Relató que el expediente de este caso tiene 24 cuerpos que acreditan todas las pericias que se habían solicitado y que se pusieron como prueba de su inocencia. La resolución de sobreseimiento tiene como base esos documentos.
El fundamento
Sobre el informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que afirma que hubo irregularidades, los fiscales señalan que los expertos del organismo multilateral, “no acudieron de forma presencial al departamento de Santa Cruz para el relevamiento de la información”.
Sobre las presuntas fallas de la cadena de custodia, se solicitó informe a las FFAA que envió un documento en el que detallan la relación nominal de instructores y policías militares que participaron en ese proceso incluyendo la asignación logística para su desenvolvimiento.
“La cadena de custodia fue cumplida a cabalidad, tanto por las Fuerzas Armadas en provincia, así como la Policía departamental en capital, se realizó bajo normativa electoral y fue replicada, por ello, en las elecciones nacionales de 2020”, dice el informe de los fiscales.
Asimismo, figura el testimonio de Osvaldo Machuca Padilla delegado político de UCS quien declaró, “que no existió ninguna irregularidad durante el cómputo departamental, que todo se llevó a cabo en el marco de lo previsto en presencia de los delegados de las organizaciones políticas”. Los fiscales califican como “importante” esta comparecencia, porque corresponde al delegado de uno de los partidos que perdió en esas elecciones.
La Fiscalía relata que el Sereci nacional, en febrero de 2020, remitió un informe en el que señala que los exvocales no tuvieron acceso a claves de usuarios y contraseñas para ingresar o modificar la base de datos en el sistema de resultados preliminares y afirma que fue la empresa Neotech la que estuvo a cargo de todo este proceso de emisión de resultados, no así las autoridades electorales.
El informe pericial informático revela que no hay responsabilidad penal en los acusados, puesto que no determina y tampoco individualiza un grado de participación o modificación de ningún resultado electoral informático.
La pericia documentológica que se realizó a las actas tampoco estableció ninguna responsabilidad en los exvocales. En las actas de cómputo departamental no existe ninguna observación o impugnación de alguno de los delegados de los partidos.
Finalmente señala que hubo revisión de las actas electorales y se comparó con las actas de las elecciones de 2020. “El informe final de la OEA, observa únicamente nueve actas electorales de las 8.621 que formaron parte del componente departamental de la gestión 2019. Además, en el portal de Santa Cruz, durante las elecciones generales del 18 de octubre de 2020, se reitera porcentualmente el comportamiento electoral y se repiten incluso todos los patrones”, señala la resolución fiscal.
La vocal Kettels dijo que analizan con sus abogados una demanda internacional contra el Estado boliviano por el daño que les ocasionaron y recordó que ellos manejaron 13 procesos electorales en cuatro años y nunca hubo una observación. Asimismo, demandarán a las instituciones que los expusieron sin ninguna consideración.
AQUI LA RESOLUCION COMPLETA DE LA FISCALIA DE SANTA CRUZ:
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