LA NACION, BUENOS AIRES.- La “W” no solo aparecía en los panes de cocaína que caían del cielo en la zona de Anta y Metán, en Salta, sino también en los secuestros de droga en operativos en el conurbano bonaerense, en Rosario y en Córdoba. Y además, la “W” figuraba en la agenda del expresidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Alejandro Maurín, condenado a 14 años en setiembre de 2018.
Fiscales federales de Salta no tienen dudas que esa letra corresponde a Wilson Maldonado Balderrama, un empresario boliviano que está acusado de ser uno de los proveedores de cocaína más grandes de la región, y carga con un pedido de captura desde el 30 de marzo de 2016 y una solicitud de extradición que llegó a Bolivia el 16 de junio de ese año.
Después de cuatro años, Balderrama fue atrapado ayer por Interpol en Santa Cruz de la Sierra, cuando circulaba con una camioneta Toyota Tundra y fue enviado a la prisión de Palmasola, a la espera que se concrete la extradición a la Argentina.
Según informaron fuentes judiciales a LA NACION, el juez federal de Salta Julio Bavio recibió ayer la comunicación oficial de parte de la oficina de Interpol en Santa Cruz de la Sierra. Ahora, la Argentina deberá iniciar los trámites de extradición, a través de Cancillería, de este hombre acusado de ser uno de los proveedores de cocaína más grandes de Bolivia, con contactos estrechos en Argentina desde la década del 90.
La notificación de la detención de este “magnate” de la cocaína sorprendió a las autoridades argentinas, porque Bolivia no era partidario históricamente de autorizar las extradiciones de sus conciudadanos involucrados en narcotráfico.
Esta postura no solo había quedado expuesta con Balderrama sino también con otro proveedor de cocaína como es el caso del empresario del transporte José Luis Sejas Rosales. Cuando la Argentina pidió su extradición por 11 causas en su contra, en Bolivia los fiscales de Santa Cruz de la Sierra iniciaron un proceso por lavado de activos.
Con Balderrama ocurrió lo mismo, cuando la Argentina pidió que fuera enviado para juzgarlo en Salta las autoridades bolivianas lo detuvieron por lavado de activos.
En la justicia federal argentina se interpretó que era una forma de bloquear la extradición de estos peces gordos del narcotráfico.
Trece días después de que Interpol pusiera a Maldonado Balderrama con el sello rojo en la lista de los prófugos más requeridos en 2016, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia detuvo al empresario de 63 años, oriundo de Villa Montes, Tarija.
Chichín, como llaman en Bolivia, fue detenido en ese momento en la casa de su madre en el barrio de Los Chacos. Las fuerzas de seguridad allanaron siete propiedades de Balderrama valuadas, según la fiscalía de Tarija, en 2.700.000 de dólares.
Historial criminal
Maldonado Balderrama tiene un largo historial criminal en la Argentina, luego de que fuera detenido en Buenos Aires con 27 kilos de cocaína en 1993.
Su caso es recordado por los abogados penalistas porque marcó a fuego la jurisprudencia, con la causa 24/93 “Maldonado Balderrama, Wilson y otros s/ inf. ley 23.737”. La Corte Suprema de la Nación terminó por absolverlo cinco años después del procesamiento por deficiencias en la instrucción.
A este hombre vinculado al negocio del combustible y la madera, como así también a los caballos y el tráfico de cocaína, la justicia boliviana le abrió una causa por “legitimación de ganancias” (lavado de dinero) para determinar si los bienes que se secuestraron fueron originados con actividades ilegales, entre ellas el narcotráfico.
El otro ejemplo que es casi idéntico al de Maldonado Balderrama es el del empresario Sejas Rosales. Ambos comparten haber sido también favorecidos por la justicia argentina, en tiempos en que el exjuez Raúl Reynoso ocupaba el juzgado federal de Orán. Reynoso fue condenado en marzo de 2019 a 13 años de prisión.
Balderrama está involucrado en la causa conocida como Febrero Blanco. En ese expediente fue sentenciado a 14 años de prisión el expresidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza Alejandro Maurín.
En el juicio fue clave el testimonio del gendarme Mario Benítez, que contó que en la casa de un acusado secuestraron tres celulares, uno de ellos satelital, y documentación de una avioneta boliviana en la que aparentemente transportaban la droga desde el vecino país y que les proveía Maldonado Balderrama.
Ese testimonio reforzó los argumentos del fiscal Carlos Amad de que la cocaína con el sello de la W ingresada desde Bolivia en vuelos clandestinos y que los cargamentos eran arrojados en el departamento Anta, particularmente en la finca Los Rosales, donde era acondicionada para luego distribuirse en los grandes centros urbanos del país.
En mayo de 2019 fue detenido en Santa Cruz de la Sierra otro eslabón clave de esta organización: el exconcejal del Frente Grande Mauricio Gerónimo.
Balderrama es contratista del Estado en varios rubros en Santa Cruz de la Sierra y Tarija. Su fuerte es la comercialización de combustible, a través de Coseca SRL, pero también posee firmas que se dedican a la obra pública, con la compañía Maldonado y la Asociación Accidental Carapari, con las que obtuvo licitaciones a pesar del pedido de extradición en su contra. A la par, es el fundador del club hípico de Villa Montes, donde Maurín, además de ser concejal es veterinario, lo conoció por su hobby de los caballos de carrera.
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