PLURINACIONAL NOTICIAS / 22/01/2021 / LA PAZ.- Les ofrecemos un resumen del discurso del presidente Luis Arce, que pronunció durante el acto por el duodécimo aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia celebrado este 22 de enero.
Querido pueblo de Bolivia: Desde la colonización, las luchas de los pueblos indígena originario campesinos fueron acumulándose y configurando un estado permanente de resistencia al poder colonial que se reprodujo en la República ante las miradas indiferentes de las clases gobernantes que perpetuaron el racismo, la discriminación, así como la exclusión política, económica y social de la gran mayoría de las bolivianas y bolivianos.
Año tras año se fueron sumando luchas, y con mucha sangre derramada, se fueron conquistando derechos. Las demandas desatendidas se fueron convirtiendo en cadenas inagotables de luchas conectadas unas con las otras hasta conformar una gran interpelación a la partidocracia tradicional que se extinguía. La voz popular exigía nuevas formas de participación política, donde la inclusión de los sectores sociales históricamente marginados, diera paso a una participación decisiva en la construcción del Estado y la sociedad.
Era el final de la exclusión social, de la marginalidad política y la intolerancia hacia el otro, esas miles de mujeres y hombres que llegaban de los sectores populares, de las organizaciones sociales, de los pueblos olvidados, del campo y de los sectores de miles de obreras y obreros abandonados por una República que benefició, históricamente, a grupos sociales dominantes que solo habían privilegiado de forma persistente sus exclusivos intereses económicos.
La vieja partidocracia segregacionista agotó su cada vez más reducida legitimidad y una histórica Asamblea Constituyente instaurada el año 2006, durante el gobierno del primer presidente indígena de nuestra historia, Evo Morales Ayma, dio paso a una nueva forma de organización política y democrática en nuestro país.
Atrás quedaban los intentos del multiculturalismo neoliberal, de las reformas aparentes y los acuerdos de una democracia pactada que ambicionaba preservar, al menos unos años más, la debacle de una clase política que había hecho de la indiferencia y la exclusión su forma característica de gobernar. Era ya el tiempo de lo plurinacional, de la inclusión política, económica y social, de la democracia intercultural, de los derechos de los excluidos, de las oportunidades igualitarias en la representación política. Era el momento de poner fin al Estado colonial republicano y refundar nuestro país para construir el Estado Plurinacional de Bolivia. Un Estado más justo, más inclusivo, un Estado que represente la diversidad social y cultural que nos identifica.
Como bien describe el preámbulo de nuestra Constitución, “El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado”. Era el año 2009, cuando promulgamos nuestra Constitución Política del Estado, y en 2010 se establece el 22 de enero de cada año como el “Día de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia”.
A partir de entonces, una nueva democracia irrumpió en nuestra vida social y política. Se fueron configurando los tiempos de nuestra Revolución Democrática y Cultural, donde lo social era el objetivo mayor y donde la distribución económica de nuestra riqueza acompañaba un proceso de mayor participación de los sectores sociales históricamente marginados. Fue la constitucionalización de nuestra plurinacionalidad, el reconocimiento justo de nuestra ancestralidad y sus milenarios códigos de convivencia pacífica, fue visibilizar a millones de hermanas y hermanos que siendo ciudadanos eran invisibilizados por el Estado y las viejas roscas de poder.
Este cambio en lo más profundo de las estructuras de la injusticia en Bolivia no podía producirse sin resistencias e intentos regresivos al viejo orden colonial y neoliberal. Las búsquedas de generar rupturas institucionales fueron varias y reiteradas, una y otra vez buscaron por diversas formas, alterar y extinguir el Estado Plurinacional.
En octubre de 2019 instalaron una narrativa para generar la indignación de los sectores sociales urbanos, hablaron de un fraude electoral monumental con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, que nunca pudieron probar. En complicidad con sectores insubordinados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes rompiendo la cadena de mando y en franca insubordinación al Presidente del Estado Plurinacional, Capitán General de las Fuerzas Armadas, forzaron la renuncia de las autoridades democráticamente electas, para instaurar un régimen no constitucional, sustentado en el temor del uso de la fuerza.
El resultado de aquellas penosas jornadas fue el quiebre constitucional y la consumación de un golpe de Estado. Con el gobierno de facto en el poder, siguió una larga noche de persecución dirigentes y líderes sociales, sindicales, políticos, y un proceso de cancelación de los derechos y las garantías de miles de bolivianas y bolivianos.
El 10 de noviembre de 2019, se produjo la interrupción de 37 años de democracia continua provocando una ruptura constitucional. La Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Senadores en una irregular sesión se autoproclamó como Presidenta del Senado y posteriormente en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, en una presunta sesión sin quorum reglamentario, declaró “asumo de inmediato la Presidencia del Estado” y después se le impuso la banda presidencial, ante el desconcierto de que por primera vez desde la recuperación de la democracia un militar en traje de campaña coloca la banda presidencial a una autoproclamada autoridad.
El golpe de Estado de 2019 intentó extinguir la democracia intercultural desde las primeras horas de su gobierno, buscando retrotraernos al Estado Republicano y a la eliminación de los símbolos del Estado Plurinacional, como nuestra wiphala, que fue cortada, pisoteada y quemada.
Después, la pandemia del Covid-19 se instrumentalizó buscando modular la agenda política y electoral. Lamentablemente volvimos a un país, donde quienes no tenían los votos de la confianza popular, buscaban mandar como elegidos. Abusaron, violentaron nuestros derechos, racializaron despectivamente las relaciones con los sectores campesinos e indígenas para intentar apagar el Estado Plurinacional.
Pero gracias a la conciencia, unidad y lucha del pueblo boliviano, el 18 de octubre de 2020, luego de todos los intentos de prorroguismo del gobierno de facto, se realizaron las Elecciones Generales, y con el resultado contundente de las urnas se restableció el orden democrático constitucional, luego de mucho dolor y sangre en un periodo nefasto en nuestra historia, que se caracterizó por una sistemática persecución, procesamiento, detenciones ilegales, enjuiciamientos y supresiones de las garantías y libertades más elementales del ser humano.
¡Recuperamos nuestra democracia! La victoria es del pueblo. ¡Honor y gloria al pueblo boliviano! ¡Honor y gloria a las organizaciones sociales indígenas, campesinas y obreras! ¡Honor y gloria a los caídos, heridos, presos y perseguidos! ¡Honor y gloria a grandes luchadores del pueblo como Orlando Gutiérrez Luna, Osvaldo “Chato” Peredo y Felipe Quispe Huanca “El Mallku”!, que son fuerza, luz y semillas en nuestro camino.
Hermanas y hermanos, han pasado 75 días desde que asumimos el gobierno con la misión de reconstruir nuestra Patria. 75 días en los que la lucha del pueblo boliviano es lo que nos da siempre fuerzas en medio de las enormes dificultades que estamos atravesando, y de los intentos de desestabilización por parte de grupos antidemocráticos que no cesan.
Cuando fuimos elegidos por una amplia mayoría, el pueblo nos encomendó recuperar la democracia, enfrentar la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 y superar la crisis económica. Y estamos trabajando sin descanso para cumplir con esos mandatos.
La recuperación de la democracia no se limita al acto eleccionario. Significaba muchísimo más. Significa reconstruir Nuestra Patria, retomar la senda de construcción del Estado Plurinacional, de la descolonización y despatriarcalización, devolver la dignidad y libertad al pueblo.
Significa trabajar para sanar las profundas heridas causadas por las masacres de Senkata, Sacaba y El Pedregal, y para esto se requiere memoria, verdad y justicia. El proceso de reconciliación y reencuentro entre bolivianas y bolivianos, no pasa por venganza, sino por justicia y de eso estamos muy conscientes. Por ello, como gobierno suscribimos el protocolo marco con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para el desarrollo de la investigación de la violencia desatada durante las protestas postelectorales de 2019, que incluye las masacres. ¡Memoria, verdad y justicia!
Recuperar la democracia también significa investigar, auditar y establecer responsabilidades de la gestión del gobierno de facto, plagada de irregularidades y hechos de corrupción que hicieron tanto daño al pueblo boliviano. También estamos avanzando en esta tarea.
Segundo: enfrentar la crisis sanitaria. De manera acelerada se desencadenó la segunda ola de la pandemia de COVID-19. Los casos se multiplicaron y fue necesario adoptar medidas integrales para enfrentarlos. En el gobierno de facto, el pueblo fue abandonado a su suerte, hoy sabemos que hubo una prevalencia oculta de más del 100%, por lo tanto los datos que nos mostraban no eran los reales y la falta de voluntad para adquirir pruebas a fin de identificar los contagios, denota la intencionalidad de ocultar la verdad al pueblo, que en su gran mayoría recurrió a medicinas alternativas y tradicionales para superar la enfermedad, las cuales fueron despreciadas por el gobierno de facto.
En nuestro gobierno hemos aprobado un plan estratégico de salud para enfrentar a la pandemia, que a diferencia del pasado, no está cimentado en el miedo y la represión, sino en la prevención y contención de la pandemia. Estamos trabajando bajo tres pilares para enfrenten al COVID-19 sin afectar nuestra economía, tan golpeada desde noviembre de 2019.
El primer pilar de este plan estratégico es el testeo masivo, pruebas, pruebas y más pruebas para identificar los contagios y disminuir la letalidad. El diagnóstico temprano permite atacar la enfermedad en sus primeras manifestaciones y no cuando los daños son severos y en muchos casos irreversibles. Estamos promoviendo la atención de los pacientes en los primeros síntomas, utilizando los protocolos establecidos por el sistema médico y ayudándonos con la medicina tradicional.
Durante la primera ola de la pandemia solamente se realizaron 250.000 pruebas de PCR –RT, pruebas de mucha sensibilidad y especificidad pero que necesitan laboratorios de alta complejidad y tiempo para la entrega de resultados, además de ser costosas para las familias bolivianas.
Para hacer frente a la segunda ola de esta pandemia, el Gobierno del Estado Plurinacional autorizó la contratación directa, para la adquisición de vacunas, pruebas diagnósticas, medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico, así como otros bienes, obras y servicios, para la contención, diagnóstico y atención de la COVID-19.
En un efectivo esfuerzo se logró adquirir 2,2 millones de pruebas (1.6 millones corresponden a pruebas antígeno nasal y 556.027 corresponden a reactivos para PCR) que nos permiten la identificación temprana de los nuevos casos. Las pruebas están siendo entregados a los gobiernos subnacionales para que se realicen de manera gratuita.
El segundo pilar de esta estrategia es la solución estructural, las vacunas. Si el gobierno de facto se hubiera ocupado de hacer lo que correspondía en lugar de pretender obtener ilegales beneficios económicos para sus allegados, ya estaríamos en este momento aplicando las vacunas a nuestra población, pero más allá de algunas cartas de intenciones, no se concretó nada, e incluso antepusieron temas ideológicos a la hora de gestionar cooperación de varios países, perjudicando la salud del pueblo. Nuestro gobierno, desde el primer día realizó gestiones directas con quienes están produciendo las vacunas, y logramos asegurar la provisión de más 15 millones de dosis que comenzarán a llegar al país la próxima semana, para tranquilidad de la población.
La vacunación universal, gratuita y voluntaria contra el COVID-19 de todas y todos los bolivianos mayores de 18 años es una prioridad.
Hemos logrado a través de las gestiones de nuestro gobierno, la firma de dos importantes contratos con los laboratorios Gamaleya de Rusia y el Instituto Serum de la India para poder acceder a vacunas Sputnik V garantizando 5,2 millones de dosis y AstraZeneca (Oxford) con 5 millones de dosis, además de haber logrado acceder a vacunas a través del Mecanismo Covax (vacunas gratuitas para el 20% de la población), lo que significa 5,1 millones de dosis.
El Estado asegura que todo el proceso de compra y distribución de aquellas vacunas que cumplan con requisitos para lograr la autorización por la autoridad regulatoria nacional, se está llevando a cabo sin intermediarios, de manera transparente y cumpliendo los estándares de seguridad y eficacia.
Estamos cumpliendo con lo establecido en la Ley de Vacunas, que señala que el Gobierno Nacional debe asegurar los fondos para la adquisición de vacunas e insumos requeridos para garantizar la protección de su población en mayor riesgo; los Gobiernos Departamentales y Municipales deben asegurar recursos económicos para actividades operativas y de promoción.
El tercer pilar del plan estratégico es la coordinación con todos los niveles subnacionales de gobierno. El trabajo debe ser conjunto, coordinado y asumiendo las competencias que tienen cada nivel, todas y todos contra un enemigo común: el coronavirus, sin hacer distinciones políticas como sucedió en el gobierno de facto.
Se han liberado los recursos necesarios para contratar personal médico e insumos. Las autoridades subnacionales están asumiendo su responsabilidad en la gestión sanitaria y unidos estamos enfrentando a la pandemia.
Hemos trabajado para ampliar el número de camas de Terapia Intensiva, para garantizar la contratación de recursos humanos con recursos del nivel central, además de ampliar el número de camas de internación.
Las gobernaciones y municipios cuentan con recursos disponibles del IDH COVID no ejecutados en la gestión 2020 por Bs274,6 millones, de los cuales presupuestaron para este año Bs66,1 millones y hemos reiterado en varias oportunidades que utilicen estos recursos para la atención y contención de la COVID-19.
Adicionalmente, las Gobernaciones tienen saldos no ejecutados de los recursos del Sistema Único de Salud por Bs76 millones de la gestión 2020, que pueden ser utilizados para la compra de insumos y de manera excepcional en la contratación de consultores médicos y trabajadores en salud en la gestión 2021.
Finalmente, las Entidades Territoriales Autónomas tienen un presupuesto aprobado por Bs6.880,9 millones, en programas de atención de la salud pública.
Cuando hay compromiso con la salud y la vida del pueblo, es posible avanzar. Cuando hay buena fe, se construye y de la adversidad nace la fuerza para continuar, cada uno desde el lugar que le corresponde: las familias, cuidando a sus seres queridos; las trabajadoras y trabajadores, respetando las medidas de bioseguridad, comprometidos también con la reconstrucción de nuestra economía; el personal médico, desde la primera línea de combate a la pandemia; los jóvenes, tomando conciencia de la importancia de proteger la salud con el uso de barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento social. Cuidándonos, cuidamos a nuestras familias y cuidamos a Bolivia.
Los estudiantes, los padres y los maestros, comprendiendo que por encima de todo, se debe cuidar la vida, pero preservando el derecho a la educación que tienen las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de toda Bolivia, del campo y la ciudad.
El tercer mandato del pueblo boliviano fue reconstruir nuestra economía que resultó seriamente afectada no solo por la pandemia, sino también por las decisiones erróneas y la ausencia de políticas económicas claras, oportunas y efectivas desde 2019. La situación en la que nos dejaron nuestra economía es crítica y el pueblo debe saberlo ya que no será fácil superar esta crisis, pero unidos lo lograremos como lo hicimos en el pasado.
Al segundo trimestre de 2020, Bolivia registraba un decrecimiento de más del 11%, algo que no habíamos experimentado desde 1986, cuando se observó un decrecimiento de 2.6%.
A octubre de 2020, se registró una caída general de 9% del Índice de Cantidad de Consumo de Servicios Básicos (electricidad, agua potable y gas licuado de petróleo).
En similar periodo, el valor de ventas y/o servicios facturados en restaurantes, decreció en un 53%.
La inscripción de empresas, que entre enero y octubre de 2019 fue de 16.011, a octubre de 2020 cayó en 26%.
También cayeron las exportaciones y las importaciones en aproximadamente 30%.
La inversión pública ejecutada se contrajo en 66%, de $us3.272 millones en 2019 a $us1.107 millones.
La tasa de desempleo abierto urbano se duplicó, de 4,8% a 8,7%.
Y la deuda interna del Tesoro General de la Nación pasó de $us5.950 millones en octubre de 2019 a $us9.457 millones.
Estos tan solo son algunos indicadores que reflejan la profunda crisis económica en la que nos dejó el gobierno de facto. Aumentó la incertidumbre, el desempleo, la pobreza y el hambre.
Por eso, el pago del Bono contra el Hambre fue una de las primeras medidas de adoptamos. Hasta hoy, 3 millones y medio de bolivianos y bolivianas fueron beneficiados por este bono.
Con el fin de apoyar a uno de los sectores más vulnerables como son los adultos mayores, y de mantener el poder adquisitivo de la población rentista del Sistema de Reparto y de los jubilados del Sistema Integral de Pensiones (SIP), el gobierno nacional determinó el aumento adicional y extraordinario en las rentas mensuales de ambos sectores. Más de 219 mil jubilados y rentistas se beneficiaron con esta medida.
Pero era necesario, también, garantizar que la población boliviana pueda generar recursos inmediatos para dar continuidad a sus negocios y actividades con el apoyo de las entidades financieras. Se logró que los prestatarios puedan pagar cada una de sus cuotas diferidas en los meses que sucedan a la última cuota de su plan de pagos, prohibiendo pagos adicionales de intereses.
Asimismo, con el fin de apoyar la recuperación del aparato productivo, la generación de empleos, la reactivación del mercado interno, y en el marco de la política de sustitución de importaciones del gobierno nacional, se constituyeron dos Fideicomisos para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional, por un monto de más de Bs911 millones. Estos recursos son otorgados a través de créditos para la elaboración de materias primas, insumos y manufacturas que sustituyan las importaciones. Estos créditos tienen una tasa de interés preferencial anual de 0,5% a 15 años plazo, ya sea para financiar capital de operaciones y/o de inversión.
Se determinó otorgar un período de gracia de seis meses para la reprogramación y/o refinanciamiento de créditos. Con esta modificación se posibilita que los prestatarios dispongan de un período de tiempo para retomar el cumplimiento de sus obligaciones crediticias, en el cual no se pagará capital ni intereses.
Con la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 se impulsó la reconstrucción económica a través, principalmente, del incremento de los niveles de inversión pública, variable que se constituye en un pilar fundamental del modelo económico por su efecto dinamizador de la economía y además por su papel de canal para la redistribución de los excedentes hacia los sectores productivos y sociales.
Avanzamos en nuestra política de austeridad, redujimos el gasto corriente del gobierno general, especialmente en sueldos, salarios, y gastos de funcionamiento. Pero también se dio continuidad al gasto asociado a los programas sociales y priorizó el sector de salud y educación con la asignación de recursos del 10% del presupuesto.
El Reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), es una medida contracíclica en esta etapa de pandemia, que está enfocada principalmente al beneficio de la población que percibe menores ingresos económicos, en el marco de nuestra política de redistribución del ingreso.
Con estas medidas, acompañamos al pueblo boliviano en el camino de la recuperación económica. Pero es necesario que el esfuerzo sea compartido y bajo una lógica de progresividad. Por eso pusimos en marcha el Impuesto a las Grandes Fortunas que se aplica a quienes poseen un patrimonio superior a Bs30 millones, es decir a la población más acaudalada. Aproximadamente unas 152 personas en el país pagarán este tributo.
La inexplicable paralización de la inversión pública, así como de nuestras empresas y proyectos estratégicos, generó millonarias pérdidas para nuestro Estado, como el caso de la planta de Urea. Hemos encontrado a nuestra principal empresa, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en una situación francamente caótica, con serios problemas en el suministro de líquidos y en la producción de crudo y de condensados.
Estos hechos se suman a los privilegios otorgados a grupos reducidos de grandes sectores privados, a quienes no solo se les entregó recursos de créditos internacionales sin ningún tipo de transparencia y a fondo perdido, sino también se benefició con varias normativas que estaban en contra de los intereses del pueblo.
Estamos desmantelando el modelo neoliberal que estaba impulsando el gobierno de facto y restaurando el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, para beneficio de todas y todos los bolivianos. Hemos reactivado la inversión pública, estamos dinamizando la demanda interna, fortaleciendo nuestra política social de redistribución de los ingresos para volver a reducir la pobreza, así como las desigualdades económicas y sociales. Estamos volviendo a la senda de la estabilidad política, económica y social, de la diversificación productiva, de la industrialización de nuestros recursos naturales, de la sustitución de importaciones, del crecimiento con justicia social.
Hermanas y hermanos, sabemos que las familias bolivianas están pasando momentos muy difíciles por la pandemia y la crisis económica, pero estamos trabajando sin descanso para superar estas múltiples crisis, y ahora más que nunca, necesitamos de la unidad del pueblo. Les pido acompañarnos en cada paso que damos para volver a sentar las bases del futuro que se merecen nuestras hijas e hijos.
¡VAMOS A SALIR ADELANTE!
¡Qué viva el pueblo boliviano!
¡Qué la lucha de las organizaciones sociales!
¡Qué viva el Estado Plurinacional de Bolivia!
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