BOLIVIA DIGITAL.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), definió un plan de investigación sobre la violación de los derechos humanos después de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019 en el país.
El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal Melero, en entrevista con la Agencia Boliviana de Información (ABI), explicó que a pesar de la contingencia de la pandemia por el coronavirus (Covid-19) se cumplió con el objetivo de la etapa preliminar, entre el 23 de noviembre y 20 de diciembre de 2020, con la recopilación de información y documentos de relevancia de autoridades de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de organizaciones de la sociedad civil, las víctimas y familiares de los fallecidos.
Además de establecer comunicaciones directas con autoridades para el acceso a datos y documentos de relevancia, también se han remitido solicitudes de información a varias instancias, y se espera respuestas.
“Todo este trabajo permitió generar un panorama contextual respecto de los hechos acontecidos, y con esto generar un plan de trabajo e investigación sólido que enmarca en sus diferentes etapas acciones enfocadas a dar cumplimiento al mandato del GIEI”, sostuvo.
Vidal Melero señaló que todas las instancias consultadas en la etapa preliminar coinciden en la necesidad de garantizar los derechos de justicia y verdad por los hechos de violencia de 2019 para consolidar la reconciliación en la población boliviana, después de una polarización que se generó en el contexto político electoral y que requiere ser atendida. “Así que hay una demanda de ser escuchados, de retomar todas las visiones y perspectivas del conflicto y que esas voces sean reflejadas en el informe”, manifestó.
Adelantó que a corto plazo hay demandas para hacer una revisión a los procesos abiertos y cerrados por los hechos acontecidos. Atender las posibles acciones de hostigamiento y criminalización que puedan seguir existiendo, así como el pedido de una demanda de atención médica por las víctimas.
“Existe no sólo la necesidad sino la obligación estatal de reparar a las víctimas. Si bien el informe puede fungir como una medida adicional de reparación y reconocimiento, el Estado debe asumir la responsabilidad de reparar a cada una de las víctimas de los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos”, precisó.
Insistió en que en la primera fase se logró un mapeo de actores clave y contacto con víctimas que permitió establecer con claridad las líneas de investigación, el método y las formas de trabajo que el GIEI va a encarar, así como la necesidad de contar con peritajes especializados.
“Es importante mencionar que, más allá de las fuentes oficiales, GIEI-Bolivia recurrirá a múltiples fuentes de investigación que considere relevantes, y que también hará uso de fuentes de información proporcionadas por organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales”, declaró.
Jaime Vidal, de nacionalidad chilena y española, es abogado egresado de Derecho en la Universidad de Barcelona. Desde 2016 desempeñó varios cargos en la CIDH, entre otros como responsable de relatorías temáticas. Es coordinador de la Sección de Seguimiento de Recomendaciones e Impacto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta 2015 ejerció como oficial de derechos humanos en la Oficina Regional para Sudamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Santiago de Chile.
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