La Paz, 5 ene 2021 (ATB Digital).- La ex presidenta Jeanine Áñez, su gabinete de ministros y varias autoridades de las Fuerzas Armadas y la Policía están a un paso de ser enjuiciados por graves delitos que comprenden, genocidio, asesinato, torturas, desapariciones y otros tipificados en el Código Penal boliviano.
Así lo recomienda el último Informe Final de Conclusiones (Inf. Cemihon Nro 001/2019-2020) de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por la Vulneración de los Derechos y garantías Constitucionales, en los sucesos acaecidos en el país, por las movilizaciones que tuvieron lugar a partir del 21 de octubre del 2019.
El informe, que podría ser aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional en las siguientes semanas, recomienda un juicio de responsabilidades y otro ordinario contra la ex mandataria Jeanine Áñez, y juicios ordinarios contra su primer gabinete y autoridades militares y policiales, por los delitos de genocidio, asesinato, lesiones graves, asociación delictuosa, privación de libertad a terceros y desaparición forzada de personas por los hechos luctuosos ocurridos en el puente Huayllani y Sacaba en Cochabamba y la planta de Senkata de El Alto.
El documento dice en sus partes concluyentes, que la investigación, por ejemplo, ha determinado que durante los hechos luctuosos ocurridos a partir del 21 de octubre se ha atentado contra población civil usando a francotiradores, quienes dispararon desde los helicópteros de las Fuerzas Armadas, a personas desarmadas quienes fueron víctimas de disparos dirigidos a sus órganos vitales. “Se ha acreditado que las fuerzas conjuntas han utilizado armamento letal desproporcionado”, dice el documento de manera textual, lo que ha provocado “semejante violación a los derechos y garantías constitucionales” por lo que se ha definido que, “lo sucedido en Senkata fue genocidio y asesinato, ambos delitos de lesa humanidad”.
Señala además que durante los hechos de Sacaba y Senkata las fuerzas del orden han sometido a ciudadanos a brutales golpizas, vejámenes y torturas, las mismas que están respaldadas en “aterradoras” declaraciones de las víctimas quienes además denuncian que se les “plantaron evidencias” para luego ser acusados por delitos que no cometieron.
Así mismo, apunta al Decreto Supremo Nro. 4078, firmado por Áñez y sus ministros como el que otorgó una “vergonzosa impunidad legal” al régimen y las fuerzas conjuntas de militares y policías, para perpetrar esos delitos, “violando la Constitución”, por lo que deberían ser enjuiciados por la vía ordinaria las siguientes ex autoridades: Karen Longaric Gutiérrez, Jerjes Enrique Justiniano Atalá, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, José Luis Parada Rivero, Álvaro Rodrigo Coimbra Collao, Yerko Núñez Negrete, María Elva Pinkert De Paz, Mauricio Samuel Ordoñez Castillo y Roxana Lizárraga Vega por lo que los mencionadas autoridades podrían ser acusadas por los delitos tipificados en el Código Penal, que comprenden la firma de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimientos de deberes.
En otro acápite, el informe dedica otra recomendación, pero sólo para los ex ministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, a quienes sugiere instaurar otro procesos penales por los delitos de genocidio, asesinato, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte, asociación delictuosa y otros, por los hechos de Huayllani, Sacaba y Senkata, donde murieron más de 35 personas, según la Defensoría del Pueblo.
En lo que respecta a las autoridades militares y policiales, los legisladores identificaron a Jaime Zurita Trujillo, ex comandante de la Policía Departamental Cochabamba y Alfredo Cuellar, ex comandante de la Guarnición Militar también de Cochabamba, a quienes se acusa de asesinato, genocidio y otros.
Así mismo, menciona al coronel Iván Rojas Tellería, ex comandante de la Policía de La Paz, y al coronel Franko Orlando Zuares Gonzáles, ex comandante de Acción Conjunta también por delitos de asesinato, genocidio y desaparición forzada de personas y otros.
Williams Kaliman, ex comandante de las Fuerzas Armadas también podría ser acusado en un juicio ordinario, por los delitos de asesinato, por haber autorizado la salida de las Fuerzas Armadas en los hechos de Ovejuyo en la Zona sur de La Paz y Betanzos en Potosí.
También se plantea otro juicio ordinario contra el coronel de la policía, Rodolfo Antonio Montero y Sergio Carlos Orellana Centellas, ex comandante de las Fuerzas Armadas, quienes fueron posesionados en el régimen de Áñez, antes de los sucesos luctuosos en Huayllani, Senkata y Sacaba.
En su parte final recomienda la destitución de la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque Gutiérrez, por no haber acelerado los procesos por los hechos de Betanzos.
Debe estar conectado para enviar un comentario.