NODAL.- El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, dictó una orden de detención contra 800 militares en servicio activo y retirados por un nuevo caso de fraude dentro del Ejército, por unos 3.000 millones pesos.
El caso, derivado de una investigación iniciada en 2018, involucraría a unas 800 personas y unos 3 mil millones de pesos.
El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, dictó una orden de detención contra 800 militares en servicio activo y retirados por un nuevo caso de fraude dentro del Ejército, por unos 3.000 millones pesos.
La investigación comenzó en 2018 y, según el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), los fondos públicos se destinaron a pagar deudas privadas de los efectivos militares, publica este domingo El Mercurio.
Esto, porque la defraudación se realizó a través del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), que recibía aportes mayoritariamente de subtenientes de la IV división del Ejército en Aysén, y que buscaba dar indemnizaciones en caso de retiro o traslado de los suboficiales. No obstante aquello, el organismo quedó sin fondos y quebró.
Por ello, según los antecedentes de la investigación, el Ejército usó dineros fiscales para poder reintegrar los dineros de los suboficiales, entre ellos, pagos por servicios que nunca se realizaron, financiamiento de estudios y viajes, entre otros.
Así, el fraude se realizó a través de contratos a honorarios o pago de sueldos a personal retirado y comisiones de servicios que no se realizaron pero donde sí hubo un pago a modo de compensación por pérdidas económicas individuales.
Palma ya lideró en 2018 un registro en los Comandos de Personal, Telecomunicaciones y Dirección de Finanzas del Cuartel General del Ejército en Santiago. Entonces eran poco más de 300 los militares investigados.
“Una vez que el Fondo de Ayuda Mutua se cerró (en 2006), se implementaron medidas para paliar el perjuicio causado a los funcionarios y en un primer momento, esas medidas estaban dentro del marco reglamentario y legal, que era realizar comisiones de servicios o dar prioridad a aquellas personas que habían sido perjudicadas económicamente”, explicó Palma en 2018.
“Sin embargo, y eso es lo que se está investigando desde el punto de vista penal, en algún momento las comisiones de servicio se decretaban y pagaban pero no se hacían; los contratos de trabajo que se suscribían no llevaban aparejado en la práctica la realización de trabajo, por lo tanto existía salida de dinero sin justificación, y en algunos casos, extensión de los beneficios post retiro a un plazo mayor al legalmente permitido”, detalló.
Investigación internacional llama a prohibir el uso de gas lacrimógeno a Carabineros: «Puso en riesgo las vidas de los manifestantes»
Las concentraciones de este gas que se registrararon en las inmediaciones de la Plaza de la Dignidad durante este año «superaron en 135 veces» la concentración máxima que los mismos manuales de Carabineros han establecido, concluyó una investigación realizada por la agencia de investigación Forensic Architecture a petición de la agrupación «No más lacrimógenas».
En el corazón de las protestas que emergieron en Chile en el 2019 en contra del gobierno de Sebastián Piñera, estaba la Plaza de la Dignidad. La plaza setransformó en uno de los epicentros de la violencia policial, la que incluyó el uso extensivo de agentes químicos, tales como el gas lacrimógeno, en contra de los manifestantes y transeúntes.
El 20 de diciembre de 2019 cientos de cartuchos de gas lacrimógeno fueron usados en contra de los manifestantes en una tremenda muestra de desprecio en contra de la salud pública por parte de las autoridades chilenas. Las mismas tácticas policiales siguen siendo usadas un año después, luego de que los manifestantes volvieran a las calles después del término de la cuarentena, en octubre de este año.
Por ello, 6 de diciembre de 2020, la Comisión Chilena de Derechos Humanos hizo una denuncia en contra de los funcionarios de las unidades de Control de Orden Público de Carabineros de Chile por el uso ilegal de armas químicas en contra de manifestantes en la plaza, entre octubre y diciembre de 2020, luego de la evidencia entregada por reportes médicos en relación a infecciones químicas y dermatitis.
En ese contexto, y en colaboración con No+lacrimógenas –una agrupación formada por vecinos afectados y científicos activistas- y con académicos del grupo de investigación Forensic Architecture (FA), con sede en la Universidad de Londres, se realizó una investigación que incluyó la utilización de técnicas de investigación visual, software de detección a medida de objetos, modelación digital y simulaciones avanzadas de dinámica de fluidos para examinar la escala del uso de gas lacrimógeno a lo largo de un día de protestas, el 20 de diciembre de 2019, y evaluar así la severidad de los riesgos a la salud a los cuales estuvieron expuestos los manifestantes.
Resultados
Así, el estudio concluyó que durante la tarde y la noche del 20 de diciembre de 2019, se usaron al menos 594 cartuchos de gas lacrimógeno en contra de civiles que protestaban pacíficamente en el área de la Plaza de la Dignidad, además de los múltiples despliegues de vehículos que lanzaban agentes químicos similares al gas lacrimógeno a los manifestantes.
En esa línea, se logró establecer que la densidad de los químicos tóxicos en el aire en algunos puntos de la Plaza de la Dignidad excedió por lejos los niveles de toxicidad considerados seguros de acuerdo al manual de utilización de estos gases de Carabineros, el cual FA revisó.
Durante un período determinado de esa noche, la concentración de gas lacrimógeno en un cierto volumen de la rotonda llegó a niveles de toxicidad alrededor de 135 veces el límite recomendado, lo que -literlamente- «puso en riesgo las vidas de los manifestantes«, concluyen las investigadoras.
Aquel 20 de diciembre, se registraron concentraciones de 54 mg/m3 de gas lacrimógeno; 135 veces el límite de exposición de 0,4mg/m3 que establece Carabineros para su uso en el «Manual de Operaciones para el Control de Orden Público».
Además, la cifra supera en 27 veces los 2mg/m3 que el Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional de Estados Unidos y la Administración de Seguridad y Salud Ocupal del mismo país reconocen como «Inmediatamente peligroso para la vida y la salud».
Además, las académicas establecieron que siguiendo la dirección del viento, las partículas de gas fueron arrastradas más allá del perímetro de la rotonda y depositadas en el Río Mapocho, afectando así el medio ambiente, ya que este río irriga los campos del sur de Santiago.
La investigadora del Forensic Architecture, Martyna Marciniak, dijo: “Nuestro trabajo demuestra que, a pesar de que existen regulaciones para el uso de gas lacrimógeno, en la práctica, estas regulaciones simplemente no pueden ser implementadas ni verificadas in situ, y que como consecuencia, los límites establecidos de gas lacrimógeno son transgredidos ampliamente. Pudimos demostrar que, además del debilitamiento más inmediato de los manifestantes, los niveles de toxicidad en el aire son muy peligrosos y que muy posiblemente causan efectos duraderos para la salud, impactando también el medio ambiente. Por todo esto, el gas lacrimógeno debería ser prohibido«.
Por su parte, la Dra. Samaneh Moafi, también nvestigadora del Forensic Architecture, señaló que «el espacio urbano -las calles y las rotondas- fue un aspecto crucial de las revueltas del 2019 en Chile, Hong Kong, el Líbano y otros lugares. La gente usó calles y plazas para producir prácticas colectivas de expresión de su descontento. Para suprimir a los manifestantes, las autoridades llenaron el espacio aéreo con químicos tóxicos. Los informes médicos evidencian su impacto brutal».
En ese sentido, explicó sobre esta investigación, que «tomando un solo día como foco, hemos desarrollado un nuevo conjunto de técnicas para proveer un punto de referencia para la exigencia de responsabilidades«.
Forensic Architecture
Forensic Architecture es una agencia de investigación interdisciplinaria basada en Goldsmiths, Universidad de Londres. Realizan análisis espaciales y de medios para fiscales internacionales, grupos de derechos humanos y ONGs. Su investigación es presentada en foros políticos y legales, comisiones de verdad, cortes y reportes de derechos humanos, así como también en exhibiciones y eventos públicos.
“Nunca una causa puede justificar violencia”: Delgado reafirma rechazo a proyecto de indulto
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, reafirmó la postura del Gobierno sobre el proyecto de ley impulsado por senadores de oposición para indultar a personas detenidas en medio de los desórdenes registrados en paralelo al “Estallido Social”.
“Las causas, por muy plausibles que sean, no pueden ser un paraguas para la violencia”, dijo el ministro del Interior.
De paso, fue consultado sobre los casos de personas que siguen en prisión preventiva a la espera de un juicio.
“Siempre quisiéramos que toda investigación avance lo más rápido posible (…), pero los procesos y la velocidad que tengan estos procedimientos no me corresponde a mí comentarlos”, dijo.
Y agregó que “las causas, por muy plausibles que sean, no pueden ser un paraguas para la violencia. Podemos diferir de que si me parece que una causa es más justa que otra, pero nunca una causa, cualquiera sea, puede justificar violencia contra otras personas”.
“Hay que hacer una separación muy clara entre aquellos que se manifiestan pacíficamente y los que van directamente con ánimo delictual”, dijo Delgado.
Además, manifestó que “si alguien piensa que en Chile hay presos políticos, le diría que los presos políticos en el mundo se definen como aquellas personas que son privadas de libertad por decir lo que piensan, pertenecer a algún partido político o por manifestar su ideología, que no es el caso de estas personas. Estas personas han sido privadas de libertad por cometer delitos, delitos que tiene que ser juzgados oportunamente”.
Chile | Ordenan la detención de 800 militares activos y retirados por corrupción
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