En un juzgado de Argentina avanza el juicio contra Añez y sus ministros por genocidio

AHORA CORDOBA NOTICIAS.- El abogado cordobés Rafael Ortiz, representante de las víctimas de la represión en Bolivia durante el golpe de Estado de noviembre de 2019, urgió al Senado de aquel país para que envíe el último informe producido sobre los crímenes cometidos por el gobierno de facto de Jeanine Añez. La causa, en la que se pide se investiguen los delitos de lesa humanidad, está siendo impulsada en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, desde 2019.

El proceso legal está radicado en el Tribunal Federal de Córdoba a cargo del Juez Alejandro Sánchez Freytes, a la espera de la resolución de la Cámara Federal Sala B. El tribunal ya aceptó como “amicus curiae” a Nora Cortiñas y a una serie de organizaciones de Derechos Humanos.

Ortiz, abogado de la querella, representa a la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares y -en ese carácter- fue invitado especialmente a la asunción del actual presidente constitucional Luis Arce el pasado 8 de noviembre.

La denominada “jurisdicción universal” para delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos es la que permite a la Justicia argentina llevar adelante la investigación. Avalados en esta normativa, el Comité de Solidaridad presentó en noviembre de 2019 una querella contra el gobierno de facto. Ahora, y con la recuperación de la democracia en Bolivia, los denunciantes esperan la agilización del proceso.

En una nota con AM530 Somos Radio (programa TODAS LAS VOCES que se emite los sábados de 10 a 13 horas), el abogado Ortiz explicó que –en momentos en que la situación en Bolivia ha evolucionado favorablemente- esperan “conseguir los informes para que haya investigación y juicio al gobierno de facto y las fuerzas represivas por lo ocurrido durante el golpe”.

“Todavía no hemos recibido el informe desde el Senado boliviano –explicó Ortiz- y nos serviría para impulsar nuestra causa. Sí hemos visto que el actual gobierno democrático promovió el enjuiciamiento y la detención de un jefe militar en Cochabamba y lo mismo ha hecho con Iván Rojas, brazo ejecutor de la represión. Todo esto es muy positivo para impulsar nuestra investigación”, dijo.

Rafael Ortiz

El letrado agregó que “en un marco de no injerencia, vemos con preocupación la permanencia de más de 1.500 presos políticos, que aún están detenidos en Bolivia”.

“La Justicia boliviana –se lamentó- es la gran ausente en todo esto y, si allá no se pone en marcha, vamos a avanzar en el marco de la justicia universal para que no haya impunidad”.

Ortiz destaca que la Justicia argentina puede interceder ante este tipo de delitos, tal como ya lo hizo con los crímenes del franquismo o el genocidio armenio.

La presentación que lidera el abogado está solicitando a la Cámara Federal cordobesa que cite a Añez y a otros acusados; además de pedir que se investiguen las circunstancias del asesinato del periodista argentino y colaborador de Página/12, Sebastián Moro (40 años), quien llevaba dos años trabajando en Bolivia y, durante la represión desatada para derrocar al presidente Evo Morales, fue encontrado inconsciente por un colega. Internado posteriormente en un hospital estuvo varios días en coma hasta que falleció, según los médicos, como consecuencia de los golpes recibidos.

Denuncias en Argentina

Originalmente existieron tres denuncias en la Justicia argentina contra los delitos de lesa humanidad cometidos en Bolivia. La primera fue formulada por miembros de la comunidad boliviana ante el Juzgado Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de María Servini de Cubría. El fiscal Guillermo Marijuan inmediatamente pidió la desestimación de la causa aduciendo «imposibilidad para proceder». La magistrada dio lugar al pedido del fiscal y rechazó la presentación. La segunda fue llevada adelante en CABA por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) ante el juez Criminal y Correccional Federal Nº 8, Marcelo Martínez de Giorgi. Ante la similitud con la causa iniciada en Córdoba (la tercera), el juez pidió su unificación. Ahora el proceso legal avanza en el Tribunal Federal de nuestra provincia.

Avanza en la Justicia cordobesa una causa contra los golpistas de Bolivia

Aguardan que Cámara Federal de Córdoba reactive investigación para enjuiciar a Añez por genocidio

La Paz, 19 dic (ABI).- El abogado de la querella que encabeza el «Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos», Rafael Ortiz, informó este sábado que se aguarda que la Cámara Federal de Córdoba, en Argentina, reactive las investigaciones para iniciar un juicio contra la presidenta de facto Jeanine Añez por el delito de genocidio.

Ese Comité, que reúne a una serie de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, presentó una denuncia contra el gobierno de facto de Áñez en noviembre de 2019, la cual fue aceptada por esa instancia como «amicus curiae».

«Nosotros estamos impulsando que la Cámara Federal de Córdoba finalmente habilite la posibilidad de investigar esos crímenes de lesa humanidad que denunciamos el 29 de noviembre del año pasado», informó en una entrevista con el programa «Todas las voces», emitido por radio Illimani.

Ortiz explicó que ese proceso fue paralizado por la apelación de un fiscal afín al gobierno de facto de Bolivia en ese entonces; sin embargo, manifestó su confianza en que ese proceso se reencamine, ya que en Bolivia retornó la institucionalidad.

«Desde Córdoba y Argentina queremos aportar para que definitivamente haya investigación, hacer juicio y haya castigo contra denunciados del gobierno de facto», manifestó el jurista argentino.

La denominada «jurisdicción universal» para delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos es la que permite a la Justicia argentina llevar adelante la investigación.

La denuncia presentada por el Comité señala como responsables de delitos de lesa humanidad a la expresidenta Jeanine Áñez, a los exministros de de Gobierno, Arturo Murillo; de Justicia, Álvaro Coimbra; de Defensa, Fernando López; de la Presidencia, Jerjes Justiniano; y de Comunicación, Roxana Lizárraga.

También apunta a los dirigentes opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho; al excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman; a su sucesor, Carlos Orellana Centellas; así como el exjefe de la Policía Boliviana Vladimir Calderón, y a su actual reemplazo, Rodolfo Calderón.

La acusación sostiene que todos ellos participaron en la planificación y ejecución del golpe de Estado que derrocó a Morales y a Álvaro García Linera. «Practicaron diversos actos de terror generalizado y sistemático contra las autoridades legítimamente electas y en ejercicio», sostiene la denuncia.

Además, señala que antes, durante y después del golpe se persiguió a miembros del partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS). «Para eliminar su participación política e institucional mediante torturas, vejaciones públicas, incendio, saqueos de viviendas y lugares públicos, secuestro de familiares y coacción, afectando su integridad física para imponer la renuncia de los funcionarios, así como la quema y pisoteo de símbolos indígenas como la wiphala», puede leerse en la causa judicial.
Red central-vic/CEM               ABI

La denominada “jurisdicción universal” para delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos es la que permite a la Justicia argentina llevar adelante la investigación.

LA ESTRELLA DEL ORIENTE / SANTA CRUZ DE LA SIERRA.- El abogado de la querella que encabeza el “Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos”, Rafael Ortiz, informó este sábado que se aguarda que la Cámara Federal de Córdoba, en Argentina, reactive las investigaciones para iniciar un juicio contra la presidenta Jeanine Áñez por el delito de genocidio.

Ese Comité, que reúne a una serie de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, presentó una denuncia contra el gobierno de Áñez en noviembre de 2019, la cual fue aceptada por esa instancia como “amicus curiae”.

“Nosotros estamos impulsando que la Cámara Federal de Córdoba, finalmente, habilite la posibilidad de investigar esos crímenes de lesa humanidad que denunciamos el 29 de noviembre del año pasado”, informó en una entrevista con el programa “Todas las voces”, emitido por radio Illimani.

Ortiz explicó que ese pro-ceso fue paralizado por la apelación de un fiscal afín al gobierno de Bolivia en ese entonces; sin embargo, manifestó su confianza en que ese proceso se reencamine, ya que en Bolivia retornó la institucionalidad. “Desde Córdoba y Argentina queremos aportar para que definitivamente haya investigación, hacer juicio y haya castigo contra denunciados del gobierno de facto”, manifestó el jurista argentino.

La denominada “jurisdicción universal” para delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos huma-nos es la que permite a la Justicia argentina llevar adelante la investigación. La denuncia presentada por el Comité señala como responsables de delitos de lesa humanidad a la expresidenta Jeanine Áñez, a los exministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Justicia, Álvaro Coimbra; de Defensa, Fernando López; de la Presidencia, Jerjes Justiniano; y de Comunicación, Roxana Lizárraga.

También apunta a los di-rigentes opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho; al excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman; a su sucesor, Carlos Orellana Centellas; así como el exjefe de la Policía Boliviana Vladimir Calderón, y a su actual reemplazo, Rodolfo Calderón.

La acusación sostiene que todos ellos participaron en la planificación y ejecución del presunto golpe de Estado que derrocó a Mora-les y a Álvaro García Linera. “Practicaron diversos actos de terror generalizado y sistemático contra las autoridades legítimamente electas y en ejercicio”, sostiene la denuncia.

Además, señala que antes, durante y después del presunto golpe, se persiguió a miembros del partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS). “Para eliminar su participación política e institucional mediante torturas, vejaciones públicas, incendio, saqueos de viviendas y lugares públicos, secuestro de familiares y coacción, afectando su integridad física para imponer la renuncia de los funcionarios, así como la quema y pisoteo de símbolos indígenas como la wiphala”, puede leerse en la causa judicial.

En Argentina, por genocidio: Comité aguarda reactivar investigación contra Áñez