Periódico Bolivia.- El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anunció ayer que acudirá ante la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar a los responsables de la vulneración de derechos humanos en el trópico de Cochabamba, durante el gobierno de facto de Jeanine Añez.
Explicó que un equipo recolectó evidencias y pruebas de la violación a los derechos de las personas en la represión de Sacaba y otras similares en contra de las regiones que tuvieron que soportar el corte de suministro de combustible en abril de 2020.
“Hemos trabajado en una comisión antes de que sea senador, una comisión multidisciplinaria con dirigentes y abogados para investigar por nuestra parte lo que pasó en Sacaba y todo el trópico, los daños que causaron en el bloqueo de la distribución de carburantes han sido un daño irreparable”, indicó.
Señaló que las pruebas recolectadas debían ser entregadas a la expresidenta de la Cámara de Senadores Eva Copa para que las lleve ante la Corte Penal Internacional, pero terminó antes su gestión.
Además dijo que los videos, audios y escritos de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 fueron cedidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Cada detalle que se menciona tiene su prueba contundente, entre videos y audios que los propios abogados y algunos expertos han colaborado, han garantizado su autenticidad”, aseguró el presidente del Senado.
¿Jeanine Áñez pagará por las masacres que cometió su dictadura en Bolivia?
Por Orlando Rangel
La dictadura de Jeanine Áñez en Bolivia se instauró tras el golpe de Estado contra Evo Morales. Duró casi un año y estuvo involucrada en miles de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Sus acciones incluyeron masacres, desapariciones, asesinatos, persecuciones políticas y judiciales.
Su salida del poder se logró mediante el voto del pueblo boliviano a Luis Arce en elecciones presidenciales. Sin embargo, eso significa que los crímenes cometidos durante la dictadura de Áñez hayan prescrito. Al contrario, la justicia boliviana tiene la deuda de investigar y castigar a todos los culpables.
Al respecto, el nuevo ministro de Justicia, Iván Lima, ofreció una entrevista a la agencia NODAL. En ella, abordó distintos temas sobre la necesidad de recuperar el Estado de derecho en Bolivia. Eso significa -entre otras cosas- luchar contra la impunidad y reivindicar los derechos vulnerados durante el régimen ultracatólico de Jeanine Áñez.
Durante el golpe de Estado de noviembre de 2019, policías y militares reprimieron a la población que rechazaba esa acción. En ese momento hubo dos masacres en las localidades de Sacaba y Senkata. Entra ambas se registraron al menos 26 personas asesinadas, según un informe de la CIDH.
Desde que Arce asumió la presidencia, comenzaron las acciones legales contra los responsables de estos hechos. Así, el Poder Judicial inició investigaciones contra los exfuncionarios del gobierno de facto.
En su política represiva, Jeanine Áñez emprendió una persecución judicial contra la dirigencia del partido MAS, incluyendo líderes gremiales y activistas. Actualmente, se contabilizan al menos 1.500 presos políticos que esperan su liberación. A continuación, extractos de la entrevista de NODAL.
¿Qué pasará con los presos políticos y las causas judiciales contra dirigentes del MAS?
Existen roles institucionales que se deben cumplir. En el Ministerio tenemos al Servicio de la Defensa Pública y al Servicio Plurinacional de Atención a las Víctimas (SETAVI). Estas instituciones deben atender a los presos políticos y a todos los bolivianos que vieron afectados sus derechos humanos en el anterior régimen.
Muchos tienen procesos penales y será defensa pública la encargada del trabajo operativo para que dejen de ser perseguidos políticos. Igualmente, el SETAVI atenderá a las víctimas de Senkata y Sacaba y a todas las personas que hayan sido afectadas. Un brazo defendiendo a los imputados, a los acusados y el otro brazo asesorando a las víctimas.
El titular de la acción penal en Bolivia es el fiscal general. El Poder Judicial dictará sentencias y el deber del Ministerio de Justicia es asegurar que esas dos instituciones funcionen bien. No es un tema de los presos políticos del MAS, sino del país entero y de quienes apoyaron al presidente Luis Arce. Todos necesitan justicia.
No podemos seguir teniendo un sistema judicial indolente que solo persigue a quien piensa diferente. La Justicia debe ser independiente.
Este gobierno no atenderá desde el Ministerio de Justicia casos concretos. Vamos a construir políticas públicas de respeto a la Constitución y de garantías a todos los ciudadanos, vengan de donde vengan y sean del partido que sean
¿Serán juzgados Jeanine Áñez, los golpistas y los autores de crímenes de lesa humanidad?
Son temas que no se pueden subrayar. Definitivamente, el fiscal tendrá que construir una política criminal que dé prioridad a estos casos que son emblemáticos.
Decir que hubo un golpe de Estado no es labor del ministro de Justicia, ni siquiera del fiscal general. Definitivamente, la evaluación de lo que ocurrió en la transición tiene que ser resultado de una decisión judicial. Y, a mi criterio, debe ser definida y perseguida por los niveles políticos y por el fiscal general.
Evaluar qué ocurrió tras la asunción de Jeanine Áñez debe ser resultado de acciones concretas derivadas de nuestra Asamblea Legislativa. Se está revisando desde el Congreso lo que pasó en ese tiempo. La anterior Asamblea lo hizo y la nueva debe terminar de definir el alcance de la transitoriedad y las graves vulneraciones a los derechos humanos. Ya tenemos un instrumento normativo que regula esto.
¿A qué instrumento normativo se refiere el ministro?
La ley que construimos con el canciller Rogelio Mayta de estados de excepción. Esta da plazos concretos a la Asamblea para revisar las graves vulneraciones a los derechos humanos durante el periodo de Áñez. Disfrazó de ‘combate a la pandemia’ la persecución contra ciudadanos, activistas y rivales políticos que ella tenía.
Hubo hechos graves que se dieron durante la pandemia. Por ejemplo, los decretos que otorgaron impunidad a las Fuerzas Armadas para utilizar armas de fuego contra la protesta social. También están los decretos que restringieron la libertad de expresión. Igualmente, hechos más graves como tener a cientos de bolivianos en la frontera con Chile, congelándose a bajísimas temperaturas. La excusa fue que ‘había que cumplir los protocolos de la OMS’, cuando un trato así no puede darse de ninguna manera.
Todas las violaciones de derechos humanos (de Jeanine Áñez) tienen ya un marco jurídico: la Ley de Estado de Excepción. Se van a juzgar, se impulsarán juicios y se respetará la independencia judicial y el rol del fiscal. Ese es el objetivo de este gobierno.
¿Qué se hará ante los discursos violentos y golpistas como los de Luis Fernando Camacho?
Son discursos que necesariamente tienen que ser evaluados por la población. Esa gente está buscando un nivel de confrontación con el actual Gobierno y no lo van a encontrar.
Hay pelea cuando los dos quieren pelear y el gobierno no tiene interés en discutir con Luis Fernando Camacho. El país tomó conciencia y sabe que es una persona poco seria. No tiene propuestas concretas, ni alternativas y solo quiere el enfrentamiento entre los bolivianos.
Si quiere seguir construyendo un discurso de odio, el fiscal general deberá actuar. Si contrariamente quiere comenzar a construir un nuevo país, una nueva patria con resultados para la gente, las puertas están abiertas.
Definitivamente, no podemos construir un país con un discurso de odio (como el de Áñez). Tiene que dejarlo de lado y empezar a generar propuestas. Solamente así, dejando de buscar confrontación con nosotros, podrá construir un proyecto político serio.
¿Qué desafíos tendrá el gobierno en cuanto a la reforma del Poder Judicial y la selección de magistrados?
El problema principal de la reforma en la Justicia es la falta de independencia del órgano judicial. Hemos asumido un compromiso de aprobar cinco leyes de emergencia. Una es la de carrera judicial y hay dos que ya veníamos trabajando en la Asamblea, aprobadas por el Senado desde antes asumir Luis Arce. Todas son parte del paquete de leyes estructurales.
La primera es una reforma a la Ley 44, de juicios y responsabilidades. Hay una total impunidad de consejeros y magistrados en Bolivia. Estas autoridades han otorgado medidas cautelares para suspender la tramitación de acciones y juicios contra consejeros, magistrados y altas cortes.
Bueno, esta ley tiene como objetivo destrabar esta retardación de justicia y terminar con este sistema de impunidad. También busca viabilizar los juicios de responsabilidades.
¿De qué tratan las otras leyes ya aprobadas por el Senado?
La segunda ley tiene que ver con la justicia constitucional, con su nueva estructura, con la carrera judicial y con la evaluación del desempeño. Se dialogó con el Tribunal Constitucional Plurinacional y se espera que sea la segunda ley de emergencia en aprobarse.
Las otras leyes comienzan de cero. Una tiene que ver con la reforma de derechos reales, el tema registral, de la propiedad pública en ciudades que tienen una ley de hace dos siglos que no responde a las expectativas de la población. Queremos sanear el 100% de la propiedad de inmueble urbana y solucionar el problema que tenemos con la grave corrupción en derechos reales.
Y otra ley de emergencia es sobre la adopción. Ni siquiera sabemos la cantidad de niños que están en hogares institucionalizados. Se habla de una cifra que va entre los 8.500 y 15.000 niños. Sin embargo, ninguna ley ha resuelto el problema.
La idea es volver operativo al Ministerio de Justicia, otorgándole mayores facultades para la coordinación y el desarrollo del trabajo. El ministro buscará destrabar, solucionar, reglamentar y acelerar los procesos de adopciones que en los últimos dos años no se concretaron. Esta línea de trabajo incluye la adopción internacional, porque queremos ser nuevamente un país solidario que proteje a los más vulnerables.
¿Jeanine Áñez pagará por las masacres que cometió su dictadura en Bolivia?
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