Por Miguel Lazcano / LA RAZON.- En el marco de la política de austeridad, el Gobierno ajustará el próximo año la estructura del sector público para evitar duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades, previa evaluación de ingresos y gastos, a objeto de precautelar la sostenibilidad financiera a largo plazo.
La determinación está incluida en el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2021 (PGE 2021), aprobado ayer por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados. La norma establece que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se encargará de llevar adelante este ajuste en la administración pública.
“Dicha propuesta será aprobada mediante Decreto Supremo, independientemente del nivel normativo de creación de la entidad, normas que se entenderán como abrogadas o derogadas, según corresponda”, se lee en la parte final del Artículo 9 (Política de Austeridad) del citado documento.
En el PGE 2021, modificado por la actual administración gubernamental, se prevé un déficit fiscal menor al proyectado por el gobierno transitorio. El índice se situará en 9,74%, menor en casi dos puntos porcentuales al fijado en el proyecto original (11,34%).
El gasto corriente también se reducirá de Bs 133.342,5 millones a Bs 129.807 millones.
Antes de dejar el gobierno, el Banco Central de Bolivia (BCB) y los ministerios de Economía y de Planificación del Desarrollo firmaron el 14 de septiembre el Programa Financiero Revisado 2020 que preveía que este año se cerraría con un déficit fiscal de 12,1% debido a los efectos ocasionados por la pandemia del COVID-19.
Hasta junio de este año ya se había generado un hueco financiero que alcanzó los Bs 20.000 millones ($us 2.874 millones al tipo de cambio vigente), un déficit que sobrepasó el calculado para este 2020.
El 7 de diciembre, ya con el nuevo gobierno constituido, el BCB y el Ministerio de Economía firmaron el Programa Financiero 2020-Segunda Revisión que establece un déficit fiscal de 12,3% y una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 8,4% para la presente gestión.
“La economía boliviana ha sido golpeada por el mal manejo económico y, obviamente, la pandemia ha ahondado más la crisis. La gestión económica del gobierno transitorio lo que ha hecho es acelerar la caída”, declaró durante la firma del acuerdo el ministro del área, Marcelo Montenegro.
El déficit fiscal se produce cuando en una administración pública los gastos son mayores que los ingresos fiscales en un periodo de tiempo, normalmente un año. Se origina cuando una administración pública no es capaz de recaudar suficiente dinero para afrontar sus gastos.
El déficit fiscal empezó en 2014 con un -3,4%, en 2015 sube a -6,9%, en 2016 retrocedió un poco a -6,7% y se agrava en 2017 y 2018, subiendo estrepitosamente a 7,8% y 8,1%, respectivamente. En 2019 el déficit fiscal cerró en 7,2%.
