La Paz, 14 dic (ABI).- Tras un mes de gestión a la cabeza de la Procuraduría General del Estado, Wilfredo Chávez brindó este lunes un informe en el que denunció irregularidades correspondientes al periodo de gobierno de Áñez. Entre las anomalías detectadas señaló persecución política, incumplimiento de pagos a abogados externos que fueron contratados por la institución, y gastos elevados por concepto de viajes y viáticos.
“Nos ha preocupado sobremanera que el Estado o que la Procuraduría no haya honrado el pago de los honorarios profesionales de los abogados, existiendo contratos vigentes y existiendo, además, el presupuesto adecuado para cubrir dichos honorarios”, afirmó en conferencia de prensa.
El Procurador dijo que en esta “acción omisiva” por parte de exautoridades se evidenció la intención de “perjudicar al Estado”, generando una “tendencia de perder procesos internacionales”.
También indicó que para el próximo año se busca realizar una serie de ajustes en la institución, los cuales contemplan la optimización del uso de los recursos previstos en el Plan Operativo Anual (POA) 2021, principalmente aquellos destinados a viajes y viáticos.
“Me ha alarmado que el día que yo estaba ingresando a esta oficina aún se realizaban pagos, y solo ese día se han pagado 90.000 bolivianos por concepto de viáticos y viajes de la gestión saliente. Estábamos en pandemia, ustedes saben muy bien, han abusado del uso de pasajes y viáticos”, sostuvo.
Resaltó que, entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre, se ha desembolsado aproximadamente 11,2 millones de bolivianos, ejecución que calificó como “extraña”. “En menos de un mes se ha gastado 11,2 millones de bolivianos, estamos averiguando en qué se ha gastado ese dinero”, acotó.
Sin embargo, Chávez señaló en el último periodo se pudo establecer un equipo de trabajo conformado por profesionales calificados que tendrán la tarea de devolverle la institucionalidad a la Procuraduría. “Tenemos un equipo que se ha ido, de a poco, consolidando para devolver institucionalidad en la defensa legal de los intereses del Estado”, afirmó.
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