Por Julio Peñaloza Bretel / LA RAZON.- La inoperante y nociva política exterior del gobierno de facto de Jeanine Áñez, o, mejor, la No política exterior de Bolivia producida entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, ayuda a entender que ni siquiera con cierta complicidad foránea el régimen autoritario de transición se dejó ayudar: su fundamentalismo antimasista lo sepultó. Con apenas un trío de embajadores nombrados a dedo, sin autorización del Senado, conforme a ley, el país dejó de ser interlocutor válido ante la comunidad internacional, incluso para Estados Unidos de Donald Trump, que a través de su secretario de Estado, Mike Pompeo, saludó presuroso el triunfo de Luis Arce Catacora en las urnas con el que el Movimiento Al Socialismo (MAS) retornó al poder, demostrando que se había podido sin Evo, que se había tratado de un proyecto nacional popular o de izquierda nacional, como dirían los movimientistas de antes, con vida propia, sustentado por un sujeto colectivo que ha demostrado que las urnas pueden ser poderosamente contestartarias contra cualquier imperialismo y todo su aparataje de dominación y sometimiento.
Como por arte de prestidigitación en que aparecen-desaparecen las cosas instantáneamente, se fue poniendo de manifiesto que la detención preventiva, la detención domiciliaria y el autoexilio para escapar de la persecución política sustituyeron al debido proceso, ese que en muchos casos también fue sepultado en la última administración de Evo Morales y que, como la falta de pruebas o de materia justiciable, se hacían escandalosamente evidentes en la gran mayoría de los casos; ese puñado de fiscales mandados a operar por el poder político comandado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y secundado por el de Economía, Óscar Ortíz —entendido éste como el estilo gubernamental que caracterizó la presidencia de la señora Añez, tan decorativa ella—, se vieron obligados a rectificar sus infracciones procedimentales y a recular en sus intentos extorsivos como ese del millón y medio de dólares y la entrega de la propiedad de una emisora televisiva a cambio de la libertad de uno de los tantos perseguidos de turno.
Así se gobernó Bolivia durante casi un año: sin servicio exterior formalmente nombrado, con oportunistas encargados de negocios que fueron becados para ir de paseo, y en La Paz, atropellando y expulsando a personeros y ciudadanos de países como Cuba y Venezuela, que tan mal le caen a ese anacrónico anticomunismo que, entre otras cosas, pone en evidencia lo poco actualizada y casi nada leída oposición al MAS, que en su prepotencia estaba convencida de que narrar ante los medios los pormenores de cómo se convenció a policías y militares de amotinarse y rebelarse contra el orden constituido resultaba hasta anecdótico y simpático. De esta manera quedó debidamente registrado que Luis Fernando Camacho formó parte del gobierno inconstitucional con la presencia de dos ministros que lo representaban (Presidencia y Defensa) y un presidente de empresa estatal (Entel), lo que certifica su participación durante la interrupción parcial del Estado de Derecho, que en su momento —pensaron— podía extenderse al cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que fue el escenario institucional no conculcado, hecho que condujo a medios como The Economist a afirmar que en Bolivia se había instalado una democracia híbrida.
Hasta aquí llegamos con el cúmulo de información que se refiere a la persecución política en Bolivia —publicada desde septiembre, aquí, en el Animal Político de La Razón— que data desde tiempos de Tupac Katari y Bartolina Sisa, y que encuentra sus momentos más significativos y nefastos a lo largo de nuestra historia republicana en el período hegemónico del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), resultante de la Revolución de 1952, y durante las dictaduras militares que se extendieron hasta principios de los 80, con un descenso significativo en términos estadísticos y cambios de método persecutorio durante la etapa caracterizada por la democracia pactada (1985-2005), y puesta nuevamente en funcionamiento durante los gobiernos de Evo Morales a través de un mecanismo al que se ha denominado “fiscalato” y elevada a índices de escándalo durante el “oncemesino” gobierno de Añez-Murillo-Ortíz, trío al que se debe agregar los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez, y de Obras Públicas, Iván Arias, quienes también habrían hecho uso de su influencia política para digitar acciones en el Ministerio Público, en tareas de criminalización de militantes, simpatizantes, dirigentes sindicales y empresarios con distintos grados de sintonía con el Movimiento Al Socialismo (MAS).
En el contexto del falso debate entre fraude versus golpe de Estado, las órdenes judiciales y las actuaciones de algunas fiscalías departamentales fueron revirtiendo sus decisiones y apenas posesionado Luis Arce como presidente del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana dejaron de tener esa presencia callejera que hasta hace unos meses garantizaba la circulación de grupos de civiles en conductas paramilitares y parapoliciales, con los que se demostró que una porción minoritaria de nuestra sociedad ha demostrado una vocación linchadora en el convencimiento de que se puede hacer justicia por mano propia.
Si, como se prevé, se enjuiciará a los golpistas por sus distintos grados de responsabilidad en los hechos de noviembre de 2019, que se lo haga sin conculcar libertades y derechos ciudadanos, ya que hasta un fascistoide como Camacho tiene derecho al debido proceso, mecanismo que podría contribuir a recuperar la credibilidad en un sistema de justicia ahogado en una profunda crisis y que debe restituir con privilegio el ejercicio y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Se trata, en consecuencia, de acabar con la persecución política a cargo del poderoso de turno. La historia nos ha enseñado que, independientemente del color ideológico que caracteriza a quien detenta el poder, la tentación autoritaria es inherente a su ejercicio. Bolivia no necesita más San Román, Gayán, Arce Gómez, Guerrero o Murillo. Es hora de inventar a los jueces y a los fiscales probos y desterrar —ojalá que para siempre— a los torturadores, represores y criminalizadores que tanta impotencia y dolor han sembrado a lo largo de toda nuestra historia, sobre todo en ese mundo popular que por defender sus derechos y expresar su visión del mundo ha sido asediado con violencia extrema hasta provocar su eliminación física, como infelizmente sucedió en Senkata y Sacaba en noviembre de 2019.
