Por Carolina Méndez / Página Siete / Santa Cruz.- El silencio, la falta de castigo, el encubrimiento y la dificultad por obtener justicia ante la pederastia abrió una herida en la infancia de al menos 60 víctimas que sufrieron agresiones por parte de miembros de la Iglesia Católica entre 2007 y 2020. De todos los casos conocidos tres alcanzaron sentencia, pero sólo dos de los acusados cumplen condena en cárceles. El resto de los procesos se encuentran dilatados.
Las víctimas son niños y niñas, menores de 15 años que en gran medida eran vulnerables por venir de familias fragmentadas y por ser de escasos recursos.
“Ahí entra en juego la manipulación. El agresor hace pensar a la víctima que nadie le va a creer si denuncia o que, sobrevendrá algo malo para su entorno si es que habla. Por eso a veces tardan muchos años en denunciar”, explica la abogada Jessica Echevarría, representante de la Red Ciudadana Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil.
Existe una relación de poder del agresor sobre las víctimas, explica el teólogo Juan José Tamayo. “Empieza por el control de las almas, sigue con la manipulación de las conciencias y llega hasta la apropiación de los cuerpos en un juego perverso que, como demuestran los casos de pederastia, termina con frecuencia en las agresiones sexuales más degradantes para los que las cometen y más humillantes para quienes las sufren”, advierte.
El año 2016, el entonces vicepresidente Álvaro García Linera anunció que el Gobierno iniciaría una investigación y elaboraría un informe sobre las denuncias de violación a niños y niñas cometidas por miembros de la Iglesia Católica durante las últimas décadas en el país. Dicho informe nunca salió a la luz.
El último caso de abuso a una menor denunciado contra un miembro de la Iglesia fue registrado en los primeros días de diciembre y conmocionó a todo un pueblo. El sacerdote de 53 años fue acusado de violar a una niña de 10 años en la iglesia de San Matías.
Mancha en la iglesia matieña
El pueblo entero entró en shock. La revelación de que el párroco había aprovechado que la niña asistió a la iglesia en vísperas de su primera comunión para conducirla a su habitación, dejó indignados a los vecinos. El sacerdote, hasta ese momento muy bien recibido en todos los hogares de San Matías y en varios pueblos de la Chiquitania, gozaba de popularidad y cariño.
Muy pronto todo se desmoronó. Un grupo de padres y familiares de la menor acudieron al lugar del hecho en la iglesia y confirmaron su decepción.
“Encontramos tres armas, fotos de niños y videos de pornografía en la habitación del sacerdote”, cuenta indignada y al borde de las lágrimas por la impotencia, la tía de la víctima.
De acuerdo con el cuaderno de investigaciones, Caso: FELCV-SM 44/20, el hecho ocurrió el día miércoles 2 de diciembre de 2020. La menor asistió a la parroquia para cumplir con el confesionario requerido para la primera comunión, y el sacerdote, Eulalio P., la llevó a su habitación donde cometió el delito sexual.
La niña contó lo sucedido a sus familiares, quienes presentaron la denuncia ante la Felcv y recurrieron a una médico forense que confirmó la vejación.
Según la declaración de la víctima, no era la primera vez que el sacerdote cometía abusos contra ella. El párroco aprovechaba cuando la niña lo acompañaba a las comunidades -era parte del coro parroquial-, según refiere el cuaderno de investigación.
“El sacerdote iba a la casa de la niña a visitar a la familia constantemente. Ella vive con sus abuelitos porque sus papás son divorciados. Esa es una de las cosas que más les duele, porque ellos le abrieron la puerta de su casa”, relató a Página Siete un amigo de la familia.
El acusado tiene 22 años de servicio sacerdotal y es oriundo de San Ignacio de Velasco, lugar donde presuntamente tiene denuncias de violación, según el informe preliminar dado por el director de la Felcv, José María Velasco.
Contrario a ello, la Iglesia aseguró que nunca antes se registraron denuncias contra el párroco. “Es la primera vez en sus 22 años de servicio sacerdotal que pesa sobre él cualquier acusación de mala conducta”, se lee en un fragmento del comunicado firmado por monseñor Robert Flock, obispo de la Diócesis de San Ignacio de Velasco.
El comunicado asegura que la Diocesis actuará en favor de la protección de los menores de edad y procederá responsablemente frente a cualquier “denuncia creíble”.
Tras el informe forense que confirmó el delito en San Matías, el sacerdote acusado fue trasladado a Santa Cruz donde fue sometido a una audiencia cautelar que determinó su detención preventiva en el penal de Palmasola. La familia afectada se trasladó hasta la capital cruceña para seguir el caso y lograr que no quede en la impunidad.
“Los padres de familia hicieron una colecta para ayudar a la madre y a la abuela de la niña para que viajen a la ciudad a buscar justicia”, contó una vecina del pueblo que pidió mantener su nombre en reserva.
Nueve casos en 13 años
Si bien no existe un registro sistemático y público de los casos de violencia sexual contra niños atribuidos a sacerdotes en Bolivia, los reportes de prensa dan cuenta de al menos nueve casos con más de 60 víctimas entre 2007 y 2020. De todos ellos, sólo dos acusados cumplen sentencia.
El 1 de noviembre de 2007, el sacerdote Juan José Santana Trinidad fue denunciado por violar alrededor de 30 menores en un internado de Tapacarí, uno de los municipios más pobres del departamento de Cochabamba. “Con profundo dolor, tengo que comunicar a la opinión pública que uno de nuestros sacerdotes ha cometido abusos deshonestos contra menores albergados en uno de nuestros internados”, declaró en ese momento el entonces arzobispo, monseñor Tito Solari, quien se presentó ante la Fiscalía para colaborar con las pesquisas.
Santana huyó del país y se refugió con su familia en Salto, Uruguay. Tres años después de su salida de Bolivia fue entrevistado por el diario La República y no negó las acusaciones en su contra: “Son ciertas. Es lo que te puedo decir. Estoy muerto”, declaró. La justicia boliviana no emitió orden de captura internacional y 13 años después, el delito prescribió.
El mismo año 2007, el sacerdote Eduardo Revich fue acusado de abusar a 12 menores , mientras era párroco en un Centro de atención para niños y adolescentes de escasos recursos, en Icla, municipio del departamento de Chuquisaca.
Una profesora del internado de donde provenían los menores presentó la denuncia tras conocer el hecho. “Viajó con algunas víctimas hasta Sucre, porque en provincia una denuncia como esta no hubiese prosperado”, señaló el abogado Ariel Coronado, impulsor del proceso contra Revich.
Según la investigación, el sacerdote elegía a algunos alumnos varones, los llevaba a una habitación y luego abusaba de ellos.
Revich tuvo una primera sentencia de seis años de cárcel, que sólo consignaba cuatro abusos. Tras la apelación, el 12 de abril de 2011, la parte acusatoria logró que se le condenara a 12 años de prisión.
En 2013, cuando el sentenciado iba a ser aprehendido, huyó de la parroquia de Zudáñez donde todavía radicaba y se ahorcó.
Los que pagan sentencias
El 5 de julio de 2009, el sacerdote José Mamani fue detenido tras ser denunciado por cometer vejámenes contra 19 menores acogidos en el centro San Benito de la localidad de Itapaya, Cochabamba.
A inicios de ese año, Mamani fue cambiado de parroquia por “malos manejos administrativos” y se fue al nuevo destino acompañado de los menores a los que abusaba. Según la investigación del periodista Julián Maradeo, uno de los adolescentes escapó del centro y contó todo a su madre, con quien acudió a denunciar ante el entonces arzobispo, monseñor Tito Solari.
Mamani fue expulsado de la Iglesia, enjuiciado y sentenciado a 22 años de prisión. La fiscal Cinthia Prado, que siguió el caso en su totalidad, declaró a la agencia EFE que el acusado “comenzaba a bañar a los niños, a realizar toques impúdicos, para después proceder al abuso”. Actualmente, el exsacerdote cumple su pena en la cárcel San Sebastián.
El 7 de junio de 2019, un juzgado de Cochabamba condenó a 25 años de cárcel al exsacerdote Javier Temo, acusado en 2013 de abuso sexual de un menor de 11 años. Temo logró por un tiempo que el niño permaneciera callado regalándole juguetes y diciéndole que lo que pasaba “era un juego entre ellos y que no debía contarlo a nadie”, según la nota de la Fiscalía.
Los abusos duraron hasta fines de 2014, cuando el menor contó a sus padres lo que le hacía el que llamaba “tío”. El exsacerdote cumple condena en el penal de El Abra.
Otros casos denunciados
En junio de 2018 en la Villa Primero de Mayo (Santa Cruz) se denunció un presunto abuso sexual por parte de un párroco en contra de un niño de 11 años, que era monaguillo de la iglesia. Ese mismo año, también en la capital oriental, el Ministerio Público anunció una investigación en contra de un sacerdote, quien fue acusado de haber abusado sexualmente a un menor de 15 años, en una casa de oración de la parroquia.
Otros dos casos fueron denunciados el año 2019 en Puna (Potosí), cuyo párroco fue acusado de abuso sexual a dos estudiantes de una unidad educativa, motivo por el cual fue enviado preventivamente al penal de Cantumarca.
También en ese año, un exreligioso acusó a un jesuita español de haber abusado sexualmente de niños en un internado del oriente boliviano durante la década del 2000. La denuncia se sustentaba en fotografías comprometedoras de menores que se tomaron de la computadora del denunciado.
El denunciante dijo a EFE que había grabado esas imágenes hace una década cuando el sacerdote olvidó un CD en el computador de una sala común de los jesuitas. “En el archivo del disco había muchísimas más fotos, algunas peores”, aseguró el exreligioso. Según la agencia, las imágenes muestran partes íntimas de niñas y niños.
Consultado por EFE, el sacerdote acusado dijo entonces que el señalamiento era de “mal gusto” y aseguró que jamás tuvo contactos sexuales con niños. Meses después y tras ser aislado por la Iglesia, el religioso falleció producto de su avanzada edad.
“Es necesario dar atención con celeridad cuando se trata de una víctima menor; hay que proteger a toda costa al niño, niña o adolescente. Entendiendo que es muy difícil denunciar, ya que hay mucho miedo de por medio”, señala Echevarría, quien desde su trabajo en la Red asiste a menores que rompen el silencio ante el abuso.
Iglesia investiga y abre línea de denuncias
“En la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) trabajamos sobre todo en la documentación, porque hay que desarrollar instrumentos específicos para aplicarlos en Bolivia para saber cómo juzgar a un religioso que haya incurrido en alguna falta”, informó a Página Siete la asesora jurídica de la CEB, Susana Inch.
La abogada se refiere a las líneas guía para investigar abuso sexual dentro del clero, una de las medidas adoptadas por la Iglesia para acabar con los casos de pederastia.
Inch señala también que se busca incidir en prevención y no sólo en denuncia. La consigna de la Iglesia Católica es “tolerancia cero” a los abusos sexuales perpetrados contra menores de edad.
Alejandro Cossio, encargado de prensa de la Conferencia Episcopal Boliviana, explicó que además de las líneas guía, se ha creado una comisión de investigación de las denuncias de abuso sexual para no dejar ninguna sin esclarecimiento.
La comisión está compuesta por monseñor Braulio Sáez García, obispo emérito de Santa Cruz; monseñor Aurelio Pesoa, secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana CEB; P. José Fuentes Cano, secretario general adjunto de la CEB; P. Bismark Terrazas, P. Álvaro Rocabado, de los padres salesianos en Bolivia; y Susana Inch, asesora jurídica de la CEB.
La Iglesia también habilitó una línea telefónica gratuita para recibir denuncias de quienes hubieran sido víctimas de abuso sexual por parte de clérigos en Bolivia. La línea es 800 16 1213.
Cossio explicó que este tema preocupa no sólo a la Iglesia en nuestro país sino a la Iglesia en el mundo. Por ello, el papa Francisco convocó a todos los presidentes de las Conferencias Episcopales para analizar el tema de la protección de menores en la Iglesia, a inicios del año 2019.
Ese año, el Pontífice promulgó dos nuevas leyes que, entre otras cosas, eliminan el secreto pontificio, impuesto desde 1972, en los casos de abusos a menores por parte de representantes de la Iglesia.
José Fuentes brindó entonces una conferencia sobre el encuentro y lamentó que los abusos sean una realidad.
Con notable pesar ante los hechos, manifestó: “La Iglesia de Bolivia siente dolor y vergüenza y que hay que reconocer que en la antigüedad estos temas se trataron desde el punto de vista moral. Hoy día ya no se tratan así, sino con claridad, contundencia, transparencia y puesta en conocimiento de las autoridades del sistema judicial”.
Los casos locales
El caso más reciente es de la semana pasada, cuando el sacerdote de San Matías (Santa Cruz) fue acusado de violar a una niña de 10 años. El acusado está detenido.
2007 El sacerdote uruguayo Juan José Santana Trinidad fue acusado de cometer “abusos deshonestos” a al menos 30 niños de un internado de Tapacarí. Fue destituido por la Iglesia y fugó a un pueblo de su país.
2007 El sacerdote boliviano Eduardo Revich fue condenado a 12 años de prisión por abusar de 12 niños del internado en el municipio de Icla, en Chuquisaca. Antes de cumplir su sentencia, se suicidó ahorcándose en 2013.
2009 El sacerdote José Mamani fue acusado de abuso de 17 menores en el centro San Benito, que él dirigía. Fue condenado a 22 años de prisión, sentencia que aún cumple.
2018 Se desveló que en los años 90 dos sacerdotes españoles condenados por abuso fueron destinados a Bolivia. Uno partió a Chile y el otro cumplió su condena hasta que murió.
2018 En Villa Primero de Mayo de Santa Cruz se denunció un supuesto abuso sexual por parte de un párroco, de 78 años, en contra de un niño de 11 años, que era monaguillo. El Arzobispado anunció una investigación
2019 Un exreligioso acusó a un jesuita de haber abusado sexualmente de niños en un internado del oriente boliviano durante la década del 2000. El acusado falleció meses después con más de 80 años.
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